El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Homofobia, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Murcia, Parlamento de Andalucía, PP, VOX

¿Cuántas personas LGTBI, cuántas mujeres habrán votado a este partido misógino, xenófobo, homófobo y antiinmigración?

Los que tenemos canas nos acordamos de la soledad del franquista Blas Piñar en el Congreso de los Diputados clamando contra la Ley del Divorcio: “Dios y yo somos mayoría“… Resultaba patético y los nostálgicos del Franquismo iban viendo reducirse sus manifestaciones de la Plaza de Oriente año tras año… Y es que Alianza Popular, madre del Partido Popular les acogió con los brazos abiertos… Pero no los domesticó y ahora reaparecen en sus hijos y nietos alimentados por su odio a todo lo que huela a Diversidad…

Por primera vez en la reciente historia democrática española, un partido de extrema derecha pura y dura consigue un importante éxito electoral. Vox, formación política que nació como una escisión por la derecha del Partido Popular, entra en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados y un 10,98% de los votos. Se convierte además en árbitro de la situación política andaluza, dado que sus votos son necesarios para que la suma de las fuerzas de derecha (Vox, PP y Ciudadanos) desbanque de la Junta de Andalucía al PSOE, incapaz de sumar mayoría absoluta con Adelante Andalucía (la marca electoral bajo la que concurrían Podemos e Izquierda Unida).  Y , todo apunta a que el «efecto contagio» al resto de España convertirá en los próximos años a la extrema derecha en protagonista de la política española. Una mala noticia, sin paliativos, que amenaza muy directamente el futuro de los derechos LGTB en nuestro país.

Susana Díaz (PSA-PSOE) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

El PSOE de Susana Díaz  ve reducido su porcentaje de voto al 27,95% y consigue solo 33 diputados, frente a los 47 que obtuvo en 2015. El PP también cae con fuerza, quedándose con el 20,75% de los votos y 26 diputados (tenía 33). Ciudadanos, en cambio, obtiene una considerable subida. Se coloca como tercera fuerza política en Andalucía, con el 18,27% de los votos, y pasa de 9 a 21 diputados. Adelante Andalucía, en cambio, queda muy por debajo de lo que en 2015 consiguieron por separado Podemos e IULV-CA: 16,18% de los votos y 17 diputados, frente a los 20 que reunieron entonces. Vox, por último, irrumpe en el Parlamento andaluz, consiguiendo 12 diputados y un 10,97% de voto. La extrema derecha consigue representación en todas las provincias andaluzas, con especial éxito en Almería, la provincia andaluza tradicionalmente más escorada a la derecha, donde se sitúa como tercera fuerza política tras PP y PSOE. Un excelente resultado para una formación que hasta hace pocas semanas era marginal, a la que la esta pasada noche la mismísima Marine Le Pen se apresuraba a felicitar en Twitter.

Los resultados, en definitiva, cierran la puerta a un posible pacto de gobierno entre PSOE y Adelante Andalucía, la opción que hasta este domingo parecía la más probable de acuerdo a las encuestas previas. PSOE y Ciudadanos tampoco suman mayoría, como sí lo hicieron en 2015 . Sobre el papel, PP, Ciudadanos y Vox, que sí reúnen mayoría absoluta, serán los que tendrán que ponerse de acuerdo para de una forma u otra desbancar al PSOE de la Junta. El PP de Pablo Casado y Ciudadanos, de hecho, nunca han manifestado rechazo expreso a pactar con Vox, partido con el que comparten su defensa a ultranza de la unidad de España y su hostilidad al nacionalismo catalán como elementos centrales de su ideario.

Una opción alternativa que algunos comentaristas políticos han puesto encima de la mesa pasaría porque el PSOE ofrezca a Ciudadanos la presidencia de la Junta de Andalucía y que este partido acepte un acuerdo con los socialistas que precisaría, además, de la abstención de Adelante Andalucía. Una operación políticamente complicada, cuya única razón de ser sería el neutralizar a Vox como árbitro político, algo que por el momento Ciudadanos no ha dado muestras de considerar necesario blanqueando a Vox con el único fin de desplazar de la Junta de Andalucía al PSOE, partido que ha gobernado esta comunidad de forma ininterrumpida desde las primeras elecciones autonómicas.

La mala, malísima,  noticia es la irrupción de la extrema derecha. Vox, es una formación no solo contraria al matrimonio igualitario, sino a cualquier reconocimiento jurídico expreso de la realidad familiar LGTB. Propone derogar las leyes de igualdad y no discriminación aprobadas por las comunidades autónomas, y su programa para Andalucía incluye la derogación de la correspondiente norma andaluza. A nivel educativo considera que hay un «evidente adoctrinamiento en ideología de género» y propone la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad». También propone excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y esto por mencionar aspectos relacionados únicamente con los derechos LGTB.  A esto hay que añadir los aspectos relacionados con el estado de las Autonomías que pretenden suprimir, la inmigración o la violencia de género y la igualdad de género.

La Santísima Trinidad
(El Padre Casado, el hijo Rivera y el Espíritu Santo Abascal)

El problema, sin embargo, no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no tiene aún fuerza para imponer, al menos en su totalidad) como la consolidación de una agenda política marcada por las demandas de la extrema derecha y el desplazamiento general hacia la derecha del discurso del resto de los partidos, al que ya venimos asistiendo desde hace semanas. E incluso de un cierto sector de opinión en la izquierda política, todavía minoritario pero cada vez mas ruidoso, que en los últimos tiempos viene lanzando diatribas contra lo que llaman «políticas de identidad», a las que culpan del ascenso de la extrema derecha. Un sector de opinión que reclama que la izquierda deje de considerar como uno de los elementos centrales de su causa la lucha por los derechos civiles de las minorías (y muy singularmente la LGTB), que según ellos la distancia del electorado obrero, y vuelva a un esquema clásico de «lucha de clases». Argumentación curiosa si se tiene en cuenta que Vox es una formación profundamente neoliberal en lo económico y que a día de hoy carece de respaldo entre los sectores socialmente más desfavorecidos. Entre los que por cierto hay muchas personas LGTB.

Habrá multitud de opiniones sobre los factores que nos han llevado hasta aquí: la crisis catalana y la consecuente exacerbación del sentimiento nacionalista español; la machacona presencia en las últimas semanas de Vox en los medios pese a ser hasta ahora un partido extraparlamentario (alguien debería estudiar muy seriamente el papel que programas de televisión de corte supuestamente progresista están jugado como «caja de resonancia» de la extrema derecha); la amplísima difusión en redes sociales de contenidos relacionados con Vox y con su líder, Santiago Abascal (en muchos casos haciendo burla de su campaña, pero al mismo tiempo contribuyendo a amplificarla); el blanqueamiento de la formación («Vox propulsa al centro derecha», podíamos leer hoy mismo como uno de los titulares en la portada del diario económico Expansión) o el fortísimo abstencionismo (la participación en las elecciones andaluzas ha caído cuatro puntos respecto a 2015, llevando la abstención por encima del 40%). Lo cierto es que la situación es ya difícilmente reversible. Se abre un ciclo político que en materia de derechos para las minorías no augura nada bueno. Y los LGTB, recordemos, llevamos siempre las de perder en estos casos.

Y estos son los 12 “apóstoles” del “evangelio” machista, homófobo, xenófobo…

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Benito Morillo, Rafael Segovia, María José Piñero, Manuel Gavira, Francisco Ocaña, Rodrigo Alonso, Eugenio Moltó, Ana Gil, Ángela Mulas, Luz Rodríguez, Francisco Serrano, Alejandro Hernandez. La mayoría  son abogados

Ojalá estemos aún a tiempo de reaccionar.

Con información de Dosmanzanas/El País

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La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) y Teresa Rodríguez (Podemos).

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para promover de forma conjunta una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía, después de que el pasado mes de octubre el Parlamento andaluz aprobara la toma en consideración de sus dos proyectos, que diferían, sobre todo, en el tratamiento legal de la transexualidad en menores. Tras el acuerdo, la preferencia explícita que el proyecto de Podemos daba a la voluntad del menor sobre la de sus padres a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal durante la pubertad (algo a lo que se negaba en redondo el PSOE) queda sustituida por una redacción más genérica, que sigue considerando como valor supremo el derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad, pero sin establecer preferencias explícitas en su articulado.

El Parlamento andaluz aprobó en octubre la toma en consideración de dos proposiciones de ley. La del texto de Podemos recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas (ello no significa que el resto de grupos estuvieran de acuerdo con su articulado, sino con el hecho de que el proyecto debía tramitarse). La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, que esperaba que el trabajo parlamentario permitiese hace confluir ambas propuestas.

¿Cuál fue la causa de que se presentasen dos proposiciones? Podemos optó por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo con varios colectivos LGTB andaluces, especialmente ambiciosa en materia de transexualidad en menores. Su texto, por ejemplo, daba preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que iba en la línea de respetar al máximo el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE estaba en desacuerdo. No es algo nuevo: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE, que entonces gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar detalles y remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añade de hecho aquella ley.

El PSOE, por su parte, prefirió elaborar un proyecto alternativo de ley de igualdad y no discriminación, que en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans remitía simplemente a esos mismos textos de la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojas, ambos partidos han llegado a un acuerdo para retirar sus dos textos y presentar uno conjunto. El texto acordado mantiene el derecho de los menores trans a recibir tratamiento hormonal en el momento adecuado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su misma edad e identidad, pero la formulación que daba preferencia explícita a su voluntad sobre la de sus padres será sustituida, según adelantaba Infolibre, por una fórmula que garantiza “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual” y establece que la administración velará para que los padres “desarrollen adecuadamente sus responsabilidades”, garantizando “el interés superior del menor”. A la espera de conocer el texto definitivo, parece que ambos partidos han cedido: el PSOE acepta que la ley reconozca de forma expresa el derecho de los menores trans al tratamiento hormonal, mientras que Podemos acepta que la preferencia de la voluntad de los menores sobre la de sus padres (que el PSOE rechazaba que figurase de forma explícita en el texto) se refleje de una forma mucho más genérica.

Posible acuerdo unánime

El acuerdo entre PSOE y Podemos, que juntos tienen mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (aunque PSOE gobierna gracias a un acuerdo con Ciudadanos) garantiza que la ley saldrá adelante. Es esperable, en cualquier caso, que lo haga también con el apoyo tanto de Ciudadanos como de IULV-CA (que en el Parlamento andaluz es una fuerza independiente de Podemos).

La incognita será lo que haga el PP, aunque en Andalucía este partido mantiene posiciones más abiertas que en otras comunidades respecto a los derechos LGTB. De hecho, durante el debate de la toma de consideración de los anteriores proyectos, la portavoz popular, Esperanza Oña, reconocía expresamente que el texto de Podemos era “más avanzado”. Un posicionamiento que abre la puerta a que el texto pueda ser aprobado por unanimidad, como ya sucediera en 2014 con la ley integral de transexualidad. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adolescentes LGTB, Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, IULV-CA, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Parlamento de Andalucía, Podemos, PP, PSOE-A, Transexualidad

El Pleno del Parlamento de Andalucía aceptó el pasado miércoles la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una presentada por Podemos y otra por el PSOE, contra la LGTBIfobia y la no discriminación de las personas LGTB. La toma en consideración del texto de Podemos, más ambicioso, recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas. La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, grupo que espera que se pueda llegar a un acuerdo y confluir en un único texto. Ambas proposiciones deberán ahora ser trabajadas en comisión. Esperamos que ahora todos los grupos políticos sean capaces de dejar atrás sus rencillas y consigan, en efecto, aprobar la mejor ley.

¿Cuál es la causa de que se hayan presentando dos proposiciones? Podemos ha optado por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo de la formación con varios colectivos LGTB andaluces. Ello ha dado lugar a un texto especialmente ambicioso, que incluye por ejemplo dar preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que va en la línea de respetar el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE está en desacuerdo.

No es algo nuevo, por cierto: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE andaluz, que en aquel momento gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar en más detalles y simplemente remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añadía de hecho el texto de aquella ley. Una solución un tanto ambigua que el texto presentado ahora por Podemos clarifica.

El PSOE, por su parte, ha preferido elaborar un proyecto alternativo al del Podemos, que ha presentado posteriormente. La propuesta socialista, en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans, remite simplemente a la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

No se trata, de todas formas, de único punto de discrepancia. Las hay, e importantes, a nivel laboral. El texto presentado por Podemos recoge una reserva de cuota de empleo público específica para personas transexuales. E incorpora el principio de inversión de la carga de la prueba: en casos de discriminación por LGTBIfobia, será el infractor el que deberá demostrar que no ha cometido la infracción.

Rivalidades políticas de fondo

PSOE y Podemos bien podrían haber intentado llegar a un acuerdo previo, pero lo que resulta en cualquier caso poco comprensible es la actitud de los socialistas, oponiéndose incluso a que el texto de Podemos fuese tomado en consideración. Una opinión extendida es que PSOE andaluz no ha querido que Podemos “se apuntase un tanto” ante el colectivo LGTB. En este sentido, resulta llamativo que tanto Ciudadanos como el PP hayan apoyado la toma en consideración de ambas propuestas, y que incluso la portavoz popular, Esperanza Oña, haya reconocido expresamente que el texto de Podemos es “más avanzado”. IULV-CA, por su parte, apoya el texto de Podemos.

Cabe destacar, de hecho, que el apoyo del PP a la toma en consideración de la propuesta de Podemos ha levantado ampollas en círculos conservadores. Buen ejemplo es el artículo publicado en ABC por Antonio Burgos, uno de los más ilustres representantes de la carcundia, que utilizando su habitual lenguaje faltón reprocha al PP que apoye “algo que les encanta a los votantes del PP (¡tararí!): una ley para que los menores puedan cambiar de sexo sin permiso de los padres y para que en el funcionariado reserven plazas para homosexuales y transexuales. Como ven, grandes preocupaciones que traen sin sueño a los votantes del PP”.

Un argumento de fondo, por cierto, que Burgos comparte con la diputada socialista en el Parlamento de Andalucía Soledad Pérez, encargada de defender la propuesta de su grupo el pasado miércoles. “Y, señora Oña, y señores y señoras del Partido Popular, ¿es menos o más ambicioso, que sin permiso paterno y sin pedirle ni opinión a los médicos, un menor de edad, transexual, se pueda hormonar solo? ¿Eso es más progresista o no? Eso es lo que dice la iniciativa del Grupo Podemos. ¿Eso es progresista, eso es avanzado…?”., le espetó la socialista a la diputada popular, después de que esta anunciase su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Podemos.

Mar Cambrollé pide al PSOE que “deje de utilizar a los menores transexuales”

Todo apunta a que el tema de los menores transexuales seguirá dando que hablar. La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, ha solicitado de hecho al PSOE y al Gobierno andaluz “el cese de la campaña iniciada por este partido contra la ley contra la LGTBIfobia redactada por los colectivos” y en concreto ha pedido a Mario Jiménez, portavoz socialista en el Parlamento andaluz (por cierto, uno de los miembros de la gestora que actualmente gobierna al PSOE tras la caída de Pedro Sánchez) “la rectificación inmediata” de unas declaraciones en las que el socialista precisamente pedía al PP que pensase “si es coherente con su trayecto y pensamiento político aprobar una norma que permite que los menores, por su cuenta y riesgo, sin consentimiento paterno, puedan iniciar un procedimiento de reasignación de sexo” (cabe precisar, en este punto, que el procedimiento en discusión no es la cirugía de reasignación, sino un tratamiento médico que permite al menor que tras la pubertad su desarrollo corporal no se produzca en sentido opuesto a su identidad de género y que es reversible).

El político socialista, de hecho, cargaba en esas mismas declaraciones contra el hecho de que “la administración tenga que reservar plazas para transexuales en las convocatorias públicas”, algo que en su opinión “no es coherente ni razonable y que rompe la igualdad de oportunidades”, e incluso contra el principio de inversión de la carga de la prueba, algo que no se acaba de entender cuando ese mismo principio ha sido incorporado ya en diversas leyes autonómicas contra la LGTBfobia que han contando con el respaldo del PSOE o que incluso han sido promovidas directamente por este partido…

Y ahora otras organizaciones critican a Cambrollé

Para acabar de embrollar aún más el asunto, este viernes varias organizaciones (Junt@s tod@s por la igualdad, Glaidis, Fraternidad Apostólica de María, Adriano Antinoo, DeFrente y Andalucía Diversidad) hacían público un comunicado en el que “lamentan” el protagonismo de Mar Cambrollé y piden directamente a Podemos que elimine de su proposición de ley los aspectos que ya se abordan en la ley andaluza de transexualidad. “Ni Cambrollé ni su supuesta asociación son representantes de las personas LGTBI en Andalucía. No compartimos en absoluto las manifestaciones de Mar Cambrollé, quién se arroga una representatividad que no tiene, ya que no representa, ni mucho menos, al conjunto de entidades que se ven afectadas por el contenido de estas iniciativas legislativas”, expresa el comunicado, que llega incluso a considerar que Cambrollé “no está legitimada para ser portavoz del colectivo transexual desde el mismo momento en que fue expulsada de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por unanimidad de los representantes del área trans de esta federación”.

Para estos colectivos, es más adecuado “encauzar las reivindicaciones en materia de transexualidad en la evaluación de la ley integral aprobada en Andalucía” y muestran su rechazo a que “se inicie la tramitación de dos leyes en el Parlamento de Andalucía, porque esto generaría un bloqueo, un retraso en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”. “Creemos que este tema no puede esperar y ante el análisis de las dos iniciativas consideramos que el texto del Grupo Socialista es el mejor punto de partida posible porque incorpora todas las sensibilidades y permitiría un acuerdo unánime de la Cámara andaluza”, añade el texto.

Mar Cambrollé, por su parte, ha expresado a dosmanzanas su indignación por unas acusaciones que directamente considera calumniosas hacia su persona. La presidenta de ATA insiste, en primer lugar, en que en ella habla en nombre de su asociación. Y respecto a su salida del área trans de la FELGTB, Cambrollé asegura que fue ella la que en su momento presentó la dimisión por propia voluntad, por lo que es “absolutamente falso” que fuera expulsada. Cambrollé señala, de hecho, que está estudiando emprender acciones legales para defender su honor e imagen.

Chrysallis Andalucía, a favor de la propuesta de Podemos

También la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis Andalucía ha terciado en la polémica, rechazado “el uso demagógico en la batalla política que se ha hecho del articulado de la proposición de ley presentada por Podemos en el Parlamento autonómico para garantizar los derechos de las personas LGTBI”. Chrysallis asegura en un comunicado que las afirmaciones de que esta permite que los menores inicien un procedimiento de reasignación de sexo sin consentimiento paterno simplemente “no se ajusta a la realidad”.

Chrysallis insiste en que a lo que se refiere el texto es a los “tratamientos hormonales, bloqueadores del inicio de la pubertad y cruzados, no a ninguna cirugía de ‘reasignación’ o reconstrucción genital, ‘como insidiosamente se ha pretendido hacer ver’”. Tratamiento que “para los y las adolescentes trans es esencial para su bienestar emocional, de modo que negárselo es tanto como abocarles al suicidio. Por ello todas las leyes autonómicas que han regulado en las últimas fechas esta materia recogen expresamente el derecho de los menores trans a recibir ese tratamiento hormonal; leyes en la mayoría de los casos aprobadas por unanimidad en sus respectivos parlamentos, porque en esta materia no debería haber intereses partidistas”.

Es por eso, según Chrysallis, que para proteger el interés del menor y dar cobertura a los profesionales sanitarios “que se encuentran impotentes antes la negativa injustificada de algunos padres, consideramos muy acertada la previsión contenida en la Proposición presentada por Podemos y cuya toma en consideración ha contado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del socialista”. “Instamos a todos los grupos parlamentarios a que den prioridad al interés superior de estos menores trans que no cuentan con el apoyo de alguno de sus progenitores, y que están siendo objeto de arma arrojadiza en una batalla política que no debería haber llegado a producirse”, añade el comunicado.

Confiemos en que se imponga el sentido común

El PSOE tiene en su haber una larga trayectoria de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTB, eso es indiscutible. Pero eso no debería suponer un cheque en blanco para que se arrogue en exclusiva una causa que no pertenece a ningún partido. En este sentido, no podemos sino calificar las mencionadas palabras de Soledad Pérez durante el pleno del miércoles, o las declaraciones de Mario Jiménez (anteriores a la votación), como muy poco afortunadas. Resulta especialmente difícil de entender que el portavoz socialista pareciese en ellas más preocupado de descalificar la propuesta de Podemos o de que el PP se saltase “sus propios principios y lo que viene defendiendo desde hace mucho tiempo [sic]“ que de defender las bondades de la propuesta del PSOE.

Es legítimamente discutible si esta ley debe entrar o no de lleno en la realidad sanitaria de los menores trans o ese capítulo debería reservarse para las discusiones sobre el desarrollo de la ley trans. Pero la descalificación de fondo que han hecho los portavoces socialistas del derecho de los menores trans a su autodeterminación de género, y sobre todo los términos en los que la hacen, es absolutamente reprochable.

Ojalá el PSOE sea capaz de reconducir la situación y en lugar de entrar en una absurda pelea para ver quien “se pone la medalla” sea capaz de confluir con la propuesta de Podemos y dar lugar al mejor texto posible. Y que las asociaciones LGTB andaluzas, libres de intromisiones de partidos y gobiernos, personalismos y luchas cainitas, remen también en ese sentido. Por el bien de todo el colectivo.

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Para todos los que queráis conocer las posturas de los grupos políticos sin intermediarios, en este enlace podéis acceder a la transcripción literal del debate que tuvo lugar el día 5 en el pleno del Parlamento andaluz (Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, páginas 6 a 32 del PDF).

Para los que queraís consultar las dos propuestas legislativas que están sobre la mesa, aquí tenéis el texto presentado por Podemos (páginas 8 a 38 del PDF), publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 5 de agosto, mientras que aquí podéis consultar el presentado posteriormente por el PSOE (páginas 3 a 32 del PDF), publicado en ese mismo Boletín el 20 de septiembre.

Fuente Dosmanzanas

General Adriano Antinoo, Andalucía, Andalucía Diversidad LGBT, Antonio Burgos, ATA, Chrysallis, Defrente, Discriminación, Esperanza Oña, Fraternidad Apostólica de María, Glaidis, IULV-CA, Junt@s tod@s por la igualdad, LGTBfobia, Mar Cambrollé, Mario Jiménez, Menores, Parlamento de Andalucía, Podemos, PP, PSOE, Soledad Pérez, Transexualidad

En los últimos cinco años, 21.000 personas se han hecho la prueba rápida de detención del VIH en Andalucía, solo el 2 % dio resultados positivo.

500 diagnósticos positivos en cinco años en Andalucía

Existe un repunte de transmisión de VIH en mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres.

El pasado viernes, en el salón de actos, el Parlamento de Andalucía ha acogido un encuentro, organizado por la ONG Adhara, de responsables de salud pública y expertos médicos, investigadores y psicosociales en el que se ha reflexionado sobre la situación de la epidemia del sida en Andalucía.

General Adhara, Andalucía, Diego García, Fernando Lozano, Josefa Ruiz, Junta de Andalucía, OMS, Parlamento de Andalucía, Plan Nacional sobre el SIDA, VIH/SIDA

Se cumplen tres años de legislatura de Rajoy y de recortes en derechos LGTB

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La amenaza del gobierno de Mariano Rajoy de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley integral de transexualidad aprobada con la unanimidad de todos los grupos representados en el Parlamento andaluz continúa despertando asombro e indignación. Asociaciones de transexuales de Andalucía e Izquierda Unida coincidían este martes en defender el anclaje jurídico de una ley “de la que no nos moveremos un ápice”. Y es que, como bien señalaba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, “lo que es inconstitucional es no equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en el Parlamento andaluz, Alba Doblas (portavoz adjunta del grupo de IULV-CA) aseguraba que ya en su momento los servicios jurídicos del Parlamento dieron su visto bueno al texto tras un trabajo arduo en el que no se dejó ningún fleco suelto. Doblas, eso sí, reprochó a la Junta de Andalucía no haber informado “desde el minuto cero” a los colectivos y a su fuerza política de la amenaza del Gobierno central, de la que al parecer no tuvieron conocimiento hasta que se hizo pública por parte de la Junta la creación de un grupo de trabajo mixto que ponga solución a los puntos de fricción e impida el recurso. No obstante Doblas aseguró que “se tiende la mano a la Junta para que entre todos, desde esa unanimidad de partidos y colectivos que hemos abanderado la defensa de la ley, podamos trabajar unidos para contrarrestar ese chantaje del gobierno del PP y defender la soberanía del Parlamento y del pueblo andaluz”. En este sentido, Doblas se mostró dispuesta a aclarar todas las dudas del gobierno, pero añadiendo que “no hay nada en este texto que pueda ser recurrido”.

Alba Doblas añadió, en referencia al PP (que apoyó la ley en Andalucía) que “una vez más se demuestra el nulo papel del PP andaluz ante el Gobierno de la nación” en tanto “el Gobierno de Rajoy ha demostrado que no le importa ni la unanimidad de la Cámara andaluza ni la opinión del PP andaluz”.

Mar Cambrollé, por su parte, tras agradecer la actitud de IU, aseguro que “nos sentimos molestos, también las familias de menores, por habernos enterado por el BOJA [Boletín Oficial de la Junta de Andalucía] y por la prensa y no por la Junta, de estas intenciones del Gobierno de Rajoy”. Para la presidenta de ATA, en cualquier caso, “lo único que hay inconstitucional es no reconocer el libre desarrollo de la personalidad del menor, el interés superior del menor, el derecho a la propia imagen, al honor y la dignidad de los menores” por lo que “inconstitucional es no querer equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”. Cambrollé dijo sentirse tranquila ”porque lo único que puede hacer el PP es el mismo ridículo que con el matrimonio igualitario” en tanto “se opone a cualquier avance en derechos civiles”.

María Orellana, vicepresidenta de la asociación de madres y padres de menores transexuales (Chrysallis Andalucía), recordó por su parte que “no pedimos que nuestros niños sean más que el resto de niños, sino que sean iguales” e invitó a los que tengan dudas a “venir a conocer la realidad de esos menores”.

Daniel González, coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA (ALEAS Andalucía), destacó finalmente que la fortaleza de la ley radica precisamente en que el texto original surgió del propio colectivo transexual y este estuvo presente en el proceso hasta el final, por lo que considera que la actitud del gobierno de Mariano Rajoy es, en último término, “un chantaje al colectivo de transexuales de Andalucía”.

PSOE-A y la Junta de Andalucía se mantienen firmes en la defensa de la Ley d Transexualidad

Por otra parte, la Junta no va a “cambiar de posición” sobre la ley en el grupo de trabajo que va a crear con el Gobierno de la Nación para proponer una solución a las “discrepancias” expresadas por el Ejecutivo central sobre varios artículos de la normativa.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo ha insistido en que las “discrepancias” que puedan existir por parte del Gobierno de Rajoy sobre varios aspectos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales no van a suponer “ningún cambio” en la posición del PSOE-A ni tampoco del Gobierno andaluz.

Asimismo, ha dicho que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario”, ya que, según ha explicado el socialista, es el paso previo que siempre se da cuando el Gobierno de la Nación plantea la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha subrayado Cornejo.

Gobierno y Junta decidieron poner en marcha este órgano el pasado 15 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según recoge un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En dicho acuerdo, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” en relación con los artículos 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4 de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Estos artículos regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la “identidad de género manifestada” por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores “con disconformidad de su identidad de género” a “utilizar libremente el nombre que hayan elegido” o la inclusión en la “cartera básica de servicios” sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.

Fundación Triángulo Andalucía lo considera una “desvergüenza”

También Fundación Triángulo Andalucía se ha pronunciado, denunciando que el PP actúa una vez más contra el colectivo LGTB “apurando los plazos, dilatando los procesos y generando indefensión y malestar en todas las poblaciones trans de Andalucía y del resto del estado español”. “No es nuevo, ya lo hizo en 2005 generando una situación de desamparo legal durante 8 años a todas las parejas del mismo sexo, y, por ende, sus familias a raíz de la ley de matrimonio igualitario; para después demostrarse lo que ya se sabía, que era legal. Pero durante 8 años mantuvo un recurso que para siempre quedará como el de la vergüenza”, expresa en un comunicado.

“Pero la desvergüenza de este partido en esta ocasión es incluso mayor, ya que todo apunta a que volverá a repetir la jugada, pero, ahora con la singularidad de que los diputados y las diputadas populares en el Parlamento andaluz votaron a favor de dicha ley. Cinismo en estado puro”, ha declarado Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía, que considera que “la utilización torticera de la Constitución del 78 y del Tribunal Constitucional ha sido sin duda lo que más ha debilitado a este país, y eso se lo tendremos que agradecer al Partido Popular”.

Triángulo Andalucía pide al PP explicaciones sobre “como puede ser que un día voten a favor y al día siguiente piensen que 6 artículos que apoyaron son anticonstitucionales”. “O hacen muy mal su labor parlamentaria o simplemente no piensan en Andalucía y sus ciudadanos, sino en los intereses de los lobbies ultraconservadores que, una vez más, demuestran el poder que tienen en el PP”, concluye la nota.

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El Parlamento de Andalucíaaprobó este miércoles y por unanimidad la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una normativa integral que busca dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio, que desde 2007 permite la legislación estatal. El proyecto, tercero que se aprueba en España de estas características (tras los de Navarra y Euskadi) es de todo ellos el más ambicioso, al recoger sin matices como principio fundamental el del derecho a la libre autodeterminación de género.

La nueva ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo. Situaciones tan lamentables como las vividas hace unos meses, cuando una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado en Málaga que se negó a respectar su identidad de género, tendrán mucho más difícil volver a repetirse una vez se proceda al desarrollo reglamentario de la ley.

Con la aprobación de la ley culmina un proceso que ni mucho menos ha estado exento de dificultades. Mucho han luchado los colectivos trans andaluces, huelgas de hambre incluidas, para ver este sueño hecho realidad. Pero por fin, después de más de un año y medio de debate, vacilaciones, esperas, discusiones, enfados y tensión, hace pocas semanas se producía el acuerdo de los tres grupos del Parlamento andaluz: los dos proponentes y el PP, que ha querido sumarse al proceso de discusión en su fase de tramitación parlamentaria y ha votado finalmente a favor de la ley. Una actitud que por cierto contrasta con la que ese mismo partido ha mantenido en la Asamblea de Madrid (donde hace pocas semanas se negó a tramitar un proyecto similar presentado por el grupo socialista).

¿Actuará ahora al Congreso de los Diputados?

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que fue luego aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU), si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales y a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

Curiosamente, también en Andalucía se ha hablado de elevar este tema a las Cortes, aunque el punto de partida es distinto: aquí ya hay una ley que protege y reconoce sus derechos a las personas transexuales en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, que es muy amplio. Lo ha hecho la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha anunciado que su formación va a presentar esta ley integral en forma de proposición de ley en las Cortes y ha pedido al resto de los grupos que la apoyen “con el mismo ímpetu” que en Andalucía para que pueda ser extensible al conjunto del Estado.

Merece la pena recordar que también el Parlamento canario ha llegado recientemente al acuerdo unánime de admitir a trámite un proyecto similar.

Un paso más en la larga lucha por la despatologización

La ley andaluza, además de su importancia práctica a la hora de luchar contra la discriminación, supone un paso muy significativo en la larga lucha por la despatologización de la transexualidad. Y es que hasta la fecha son todavía muy pocas las iniciativas legislativas que incorporan de forma plena ese principio. La pionera fue sin duda la magnífica leyaprobada en 2012 por Argentina, que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un ejemplo que hace pocos días seguía Dinamarca.

España, aunque dio un gran paso en 2007 con la aprobación de la ley que permite la modificación registral del sexo sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de cirugía de reasignación (sigue siendo de hecho una de las más avanzadas de Europa en esa materia) sigue manteniendo sin embargo el requisito del diagnóstico previo y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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En relación con las enmiendas del PSOE-A se ha aprobado suprimir tres artículos incluidos en el apartado de la ley que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales.

Cuatro horas y media que fueron “bien aprovechadas”, según ha declarado la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas. Doblas ha explicado que el texto ha incluido la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha afirmado. En aras del acuerdo también ha habido varias enmiendas que se han quedado fuera, aunque los grupos las consideran secundarias. El texto será previsiblemente debatido en el último pleno de este mes de junio (jueves 26). Una excelente forma, sin duda, de celebrar el Orgullo LGTB en Andalucía.

Según ha apuntado la parlamentaria, el texto del proyecto de ley ha sido mejorado incluyendo la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones, aunque muchas de ellas han sido transaccionadas. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha destacado.

IULV-CA ha renunciado a varias de sus enmiendas registradas. Una de ellas por entender que suponía una “desautorización” del sistema médico. En concreto, se pedía que en procedimientos de asistencia a los transexuales no podrán incluirse terapias aversivas o que supongan un intento de anulación o menoscabo del derecho de autodeterminación de género.

También se ha renunciado a la disposición adicional que se demandaba, en relación a la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de esta ley, que se reuniría periódicamente y contará con la participación de la Junta y de las organizaciones de transexuales. El grupo ha considerado que esta enmienda “no aportaba nada”.

Entre las enmiendas que sí han salido adelante de IULV-CA, destacan que los medios públicos promuevan el conocimiento de la realidad transexual, o la creación de programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.

Entre los cambios introducidos a la ley, destaca la supresión, a iniciativa del PSOE, de tres artículos incluidos en el apartado que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales, con el objetivo de desarrollarlos en un reglamento que se aprobará con posterioridad. Se mantiene en el texto, sin embargo, el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole, y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Si bien, continúa en el proyecto de ley el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole; y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Uno de los tres artículos suprimidos se refiere a que la administración quedará obligada a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para garantizar que en todos los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

El segundo de ellos, recogía que cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.

En el último, se incluía que la Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos y bases de datos de la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, Alba ha explicado que las enmiendas del PP-A que han sido rechazadas son las relativas a “ampliar la cartera de servicios”. Según ha manifestado, es inviable incrementar desde la Junta de Andalucía estos servicios, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “no nos deja margen económico para ello”.

Una vez aprobada, la ley será la más avanzada de las aprobadas en Europa en esta materia. Permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Nuestra felicitación, en este punto, a los colectivos trans andaluces que tanto han peleado por sacar adelante este proyecto, huelgas de hambre incluidas.

Canarias, muy posiblemente la siguiente

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi. La ley andaluza sería la tercera, pero no será previsiblemente la última. Hace solo dos semanas el Parlamento canario aprobaba, también con la unanimidad de todos sus grupos, admitir a trámite un proyecto similar.

Pero no Madrid

La que no tendrá por el momento ley integral de transexualidad es la Comunidad de Madrid, donde el PP, que dispone de mayoría absoluta, se negó hace pocas semanas a tramitar el proyecto presentado por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid pese a haber dado señales de que sí lo haría en los días previos.

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que era aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU) la semana pasada, si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales. El PP también se negó a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

En definitiva, Madrid se queda sin ley integral de transexualidad, aunque se hace un llamamiento al gobierno central a promover una ley de alcance nacional. Está por ver que tenga un resultado práctico…

Insertamos a continuación la reveladora intervención de la diputada socialista y activista transexual Carla Antonelli en el pleno de la Asamblea en el que se debatió la proposición:

Fuente Dosmanzanas y  Cáscara amarga

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