Los activistas LGBTQ+ advierten que Ron DeSantis utilizará su campaña presidencial de 2024 como un intento de “exportar su agenda extremista”, que ha atacado a las personas LGBTQ+ en Florida, a la nación.

La candidatura presidencial de Ron DeSantis es una peligrosa amenaza para las libertades estadounidenses, advirtieron los activistas después de que el gobernador de Florida iniciara su campaña.

Las primarias presidenciales republicanas de 2024 comenzaron en serio el miércoles (24 de mayo) por la noche cuando DeSantis anunció su candidatura con un evento plagado de fallas en el Twitter de Elon Musk.

En una transmisión de audio estropeada por cortes, se apegó al guión usado por los republicanos para denunciar a la administración de Biden por complacer la llamada agenda “despertada”.

Y en un video de campaña publicado poco después, el gobernador de Florida, de extrema derecha, afirmó que se postulaba para “liderar nuestro gran regreso estadounidense” antes de promocionar su historial de políticas conservadoras en Florida, que creía que podrían funcionar a escala nacional.

Presentó a Florida como un modelo para el resto de los EE. UU. al enumerar cómo su administración eligió “educación sobre adoctrinamiento”, una referencia a su vilipendiada ley ‘Don’t Say Gay’, que ha inspirado la educación restringida LGBTQ-inclusiva en todo el mundo. UU., y “ley y orden sobre disturbios y desorden”.

Ron DeSantis ‘incendiaría las libertades civiles’ como presidente

Los activistas LGBTQ+ han denunciado rotundamente la candidatura presidencial de Ron DeSantis para 2024, advirtiendo que amenaza décadas de derechos ganados con tanto esfuerzo para las personas LGBTQ+, las mujeres, las personas de color, los inmigrantes y otras comunidades marginadas.

Brandon Wolf, secretario de prensa de Equality Florida y sobreviviente del tiroteo en el club nocturno Pulse, dijo que DeSantis ha “infligido un daño profundo y duradero” en Florida, “erosionando los derechos fundamentales mientras explota la palabra ‘gratis’ como un eslogan de campaña vacío“. “Ahora está buscando exportar su agenda extremista a la nación”, dijo. “Deberíamos tener los ojos claros sobre la amenaza que DeSantis representa para la libertad y cómo se verá el país si obtiene las llaves de la Oficina Oval”.

Wolf continuó: “Él prohibirá los libros sobre sus familias. Pondrá al gobierno entre usted y su médico. Le arrancará la atención médica a sus hijos. Ejercerá el poder del gobierno contra las empresas que disienten. De costa a costa, prenderá fuego a las libertades civiles para alimentar su propio ego. DeSantis ha dicho que tiene la intención de ‘Hacer de Estados Unidos Florida’, y debemos creerle. Esa perspectiva debería ser un llamado a la acción aleccionador para todos los que valoran la libertad y la democracia. Debemos detener a DeSantis”.

La presidenta de la Human Rights Campaign (HRC), Kelley Robinson, denunció la campaña presidencial de DeSantis, que caracterizó como “divisiva, cruel y caótica” como otros “políticos de MAGA e imitadores de Trump”, como un intento “peligroso” de revertir los derechos de las personas LGBTQ+ y otros el gobernador “los considera su enemigo político”.

“Peligrosamente fuera de sintonía con las opiniones de los estadounidenses promedio sobre la libertad y la igualdad, DeSantis ha armado su posición como gobernador para atacar y castigar a cualquiera que considere su enemigo político, incluidas las familias LGBTQ+, los floridanos negros y morenos, los inmigrantes y las empresas privadas”, dijo Robinson. .

Agregó: “Incluso con la mayoría de los floridanos que se oponen enérgicamente a sus leyes anti-LGBTQ y a pesar del creciente apoyo a las familias LGBTQ+ a nivel nacional, DeSantis no reconoce los deberes del trabajo por el que está haciendo campaña. La ‘libertad’ que vende Ron DeSantis es libertad para unos pocos a expensas de la libertad para todos”. Robinson dijo que el HRC trabajará para garantizar que el “camino destructivo de DeSantis de entretejer el odio y la intolerancia en la ley pública termine en la frontera de Florida”.

El tiempo de Ron DeSantis como gobernador de Florida ha visto al estado implementar una lista cada vez mayor de legislación anti-LGBTQ+

En 2021, DeSantis firmó una ley que prohíbe los deportes trans. Luego, un día después, cortó los fondos vitales de asesoramiento de salud mental para los sobrevivientes del tiroteo mortal de Pulse.

El 17 de mayo, promulgó un proyecto de ley que prohíbe la atención médica de afirmación de género para jóvenes trans y promulga barreras para los adultos que intentan acceder a este tratamiento médico que salva vidas.

Poco tiempo después, DeSantis firmó más proyectos de ley que atacan a la comunidad LGBTQ+, incluidas restricciones en el uso de pronombres en las escuelas, una prohibición de baños trans y medidas para evitar actuaciones de drag.

También se ha visto envuelto en una disputa con Disney, uno de los mayores empleadores de Florida, después de que el gigante de la animación se opusiera a su ley ‘No digas gay’. La ley apunta a la enseñanza de temas e identidades LGBTQ+ en las escuelas públicas de Florida.

Disney prometió que trabajaría para derogar la odiosa ley, por lo que, a cambio, DeSantis buscó eliminar los poderes de autogobierno que la compañía ha disfrutado durante mucho tiempo en el estado.

Ron DeSantis es considerado en gran medida el retador más cercano al expresidente Donald Trump en la carrera por la nominación republicana.

Las primarias republicanas de 2024 también incluyen al exgobernador de Arkansas  Asa Hutchinson, al senador de Carolina del Sur Tim Scott, a la exgobernadora de Carolina del Sur  Nikki Haley, al pastor de Texas Ryan Binkley, al presentador de programas de entrevistas conservador  Larry Elder, al empresario Perry Johnson, y al empresario Vivek Ramaswamy.

Fuente PinkNews

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Activistas por los derechos del colectivo LGBT en África manifiestan su creciente preocupación por la influencia negativa de Donald Trump que podría traducirse en el retroceso de los pocos logros alcanzados en un continente mayoritariamente homofóbico. 

Que defender los derechos del colectivo LGBT en África, donde muchos países tienen leyes contra la homosexualidad, puede ser muy peligroso lo sabe bien Joseph Achille Tiedjou, de 32 años de edad, quien vive en Camerún con la amenaza diaria de ser acosado, como lo fuera hace meses su colega Jules Eloundou, o arrestado con el mínimo pretexto. Si bien en la última década se sentían amparados de alguna manera por el apoyo de la Administración de Barack Obama y la solidaridad internacional, los activistas temen ahora que este escenario se revierta a la vista del retroceso favorecido por el efecto Donald Trump, así como que se traduzca en la revocación del apoyo proporcionado por los Estados Unidos para la lucha contra el VIH, el sida y otros programas que indirectamente han contribuido a la formación de grupos que defienden los derechos humanos.

«Tengo tantas preocupaciones con la nueva administración (…). Se sabía que Obama estaba muy comprometido. Hillary Clinton fue una campeona de los derechos LGBT y obtuvo muchas garantías al abordar específicamente estos problemas», declara el activista preocupado por medidas como la prohibición de que las personas transexuales formen parte del ejército estadounidense y otras medidas tomadas por su administración en lo que prevé será un progresivo retroceso de los derechos en los Estados Unidos, que podría influir en el continente africano donde ya es uno de los colectivos más vulnerables.

El gobierno de Obama llegó a hacer de los derechos del colectivo LGBT un pilar de su política interior, influyendo muy positivamente también en su mensaje al exterior, en lo que en África algunos interpretaron como un empuje de las «ideas occidentales», al crear la figura del enviado especial sobre los derechos LGBT, como también constituía posteriormente la ONU, figura que una coalición de 54 países africanos reclamaba desapareciera. El hecho de que Donald Trump haya mantenido en este puesto a Randy Berry no ha servido para tranquilizar a aquellos que viven en países donde la homosexualidad es perseguida o incluso castigada con penas de muerte, incrementándose su alarma ante el constate retroceso de los derechos de la comunidad, una agenda confirmada definitivamente el pasado viernes por el propio presidente estadounidense.

Fuente Universogay

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Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.

Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:

• La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
• La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
• Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.

Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.

Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:

.@statedeptspox comments on a vote related to the death penalty at the @UN #HumanRights Council in Geneva. #UNHRC pic.twitter.com/nSugkMrBZC

— Department of State (@StateDept) 3 de octubre de 2017

La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):

Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Fact: The vote that took place in Geneva is the same US vote that took place under the Obama admin. It was not a vote against LGBT #Fact

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.

No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.

Países que castigan la homosexualidad con la muerte

De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

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A expensas de que sea confirmado por el Senado, Donald Trump nombra como embajador de los Estados Unidos en Alemania a Richard Grenell, un exdiplomático abiertamente gay, superviviente de un linfoma, cocreador de una aplicación para ayudar a los pacientes con cáncer a personalizar y rastrear los efectos de la quimioterapia, que lleva 15 años con la misma pareja y ambos son cristianos evangélicos conservadores.

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El juez federal Richard Mark Gergel ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo establecida en las leyes de Carolina del Sur viola la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia ha quedado en suspenso hasta el próximo 20 de noviembre, tiempo ofrecido a la administración del estado para que pueda presentar recurso. El fiscal general de Carolina del Sur ha comunicado que apelará el fallo del juez ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Carolina del Sur (Estados Unidos) está más cerca de poder celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Un tribunal federal ha admitido a trámite el recurso contra la prohibición del matrimonio gay en este estado, el único del Cuarto Circuito de Apelaciones que todavía mantiene esta oposición a los enlaces igualitarios.

La jueza Michelle Childs mantiene que los demandantes han presentado argumentos suficientes y pueden seguir adelante con su demanda contra el fiscal superior del estado. Lo decidió el este lunes (10 de noviembre), según revela la prensa local.

El recurso fue presentado por una pareja de lesbianas, Katherine Bradacs y Tracie Goodwin (en la fotografía con sus tres hijos), dos militares casadas en Washington DC, que demandan al estado para que reconozca su unión. Mantienen que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, que vulneran sus derechos y la igualdad ante la ley. La pareja había denunciado a la gobernadora y al fiscal general.

La jueza no se ha pronunciado sobre este caso, pero señala que “la demanda plantea cuestiones constitucionales federales y no debe ser trasladada a un tribunal estatal”.

Childs dictamina que la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a escuchar una apelación de una decisión del Tribunal del Cuarto Circuito de Apelaciones, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en Virginia “establece que, de ser probados, la falta de reconocimiento de un matrimonio entre personas del mismo sexo legal fuera de estado y sus correspondientes derechos va en contra de la Decimocuarta Enmienda”. Esta enmienda incluye, entre otras, la Cláusula del Debido Proceso y la Cláusula de Protección Igualitaria.

La decisión del alto tribunal en este caso abrió el camino para acabar con la prohibición del matrimonio gay en otros estados del circuito.

Childs ha desestimado la decisión contra la gobernadora Nikki Haley como acusada en la demanda, pero mantiene que la acusación puede continuar contra el Procurador General Alan Wilson. Wilson, por su parte, dice que este caso pertenece es competencia de la justicia del estado, no a nivel federal.

En Carolina del Sur existen otros tres recursos presentados contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien los jueces de momento solo se han pronunciado en este.

Carolina del Sur era el único estado dependiente de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito en el que aún no se había dictado sentencia sobre el derecho al matrimonio igualitario. Esta Corte de Apelaciones ya había respaldado el fallo favorable a los enlaces entre personas del mismo sexo en Virginia, en el que se establecía que su prohibición violaba el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Contra esta decisión se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, sin que fuera admitido a trámite.

Por ello, al igual que ocurrió recientemente en el caso de Carolina del Norte, el juez Gergel se ha limitado en su exposición a acatar esta jurisprudencia, indicando que los argumentos en contra del matrimonio igualitario presentados por la fiscalía de Carolina del Sur ya habían sido desestimados en la disposición de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito en el caso de Virginia. Esa disposición, en palabras del juez, “establece, sin lugar a dudas, el derecho de los demandantes a contraer matrimonio como parejas del mismo sexo”.

El juez, sin embargo, ha querido garantizar el derecho a la apelación de la administración de Carolina del Sur, dictando una suspensión temporal de su sentencia hasta el próximo 20 de noviembre, a semejanza de lo que establecieron los jueces que dictaminaron en los casos de Wyoming y Kansas. El fiscal general del estado sureño, Alan Wilson, ya ha comunicado su intención de recurrir ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito. El fiscal cree que es su obligación defender las leyes estatales siempre que haya un camino viable para ello, y la reciente decisión contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito crea un conflicto que, según el fiscal, debe ser dirimido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, objetivo final de su apelación.

Rechazada la suspensión de la sentencia de Kansas (ACTUALIZACIÓN)

En Kansas hubo una sentencia favorable al matrimonio igualitario, que quedó en suspenso hasta las 5 de la tarde del 11 de noviembre para que pudieran formalizarse los recursos. Las primeras bodas de parejas del mismo sexo, por tanto, deberían haber empezado a celebrarse este jueves 12 de noviembre.

Pero la Fiscalía General presentó una solicitud de suspensión permanente de la sentencia ante Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que fue rechazada. Sin embargo, la administración de Kansas recurrió esta decisión ante la juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, supervisora del 10º Circuito, que decidió suspender cautelarmente la sentencia hasta que el panel completo del alto tribunal decidiera al respecto. Esta medida garantista era semejante a la que tomó el juez Anthony M. Kennedy en el caso de Idaho, que finalmente se resolvió con la desestimación de la solicitud de suspensión.

Y, efectivamente, antes de acabar la jornada de este 12 de noviembre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido una orden por la que rehúsa la suspensión de la sentencia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en Kansas, que ya es de total aplicación. Como novedad respecto a casos anteriores, en la orden se aclara que la decisión se ha tomado con los votos en contra de los jueces Scalia y Thomas, lo que quizás pueda servir de pista para futuras decisiones del alto tribunal sobre este asunto.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

Con la incorporación definitiva de Kansas, el matrimonio igualitario ya es completamente legal en 33 estados de los Estados Unidos. En Carolina del Sur, como ya hemos visto, la sentencia favorable está suspendida cautelarmente, aunque su Corte de Apelaciones correspondiente ya ha sentado jurisprudencia favorable. Únicamente restaría Montana como estado cuya Corte de Apelaciones (el 9º Circuito) ha dictaminado a favor de los enlaces entre personas del mismo sexo, pero donde aún no se ha dictado sentencia sobre este asunto en un tribunal federal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen será recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según han comunicado los equipos legales que defienden a las parejas del mismo sexo demandantes.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y Misuri (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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