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Un juez de Kentucky rechaza todos los casos de adopción de parejas del mismo sexo

Miércoles, 3 de mayo de 2017

mitchell-nance-judge-kentucky-05012017_1493674198646_9340504_ver1-0Un juez de familia de Kentucky descara los casos de adopción relacionados con parejas del mismo sexo al condierar que el «mejor interés» de un menor nunca podrá estar cubierto por «un homosexual practicante».

«Como cuestión de conciencia», explica el juez W. Mitchell Nance, «bajo ninguna circunstancia» podría promoverse el «interés superior de un menor por la adopción por un homosexual practicante». Es la contundente circular que este juez de Kentucky ha enviado este jueves, 28 de abril, a todos los abogados que practican en los dos condados en lso que ejerce, los de Barren y Metcalfe, advirtiéndoles de que su decisión de descartar los casos de adopción relacionados con parejas del mismo sexo. Una conducta que va en contra de las leyes estatales de adopción.

«Sostengo la ley que he citado, la cuestión de conciencia que he indicado y la decisión que he tomado», confirma el juez Nance en una entrevista, manteniendo su rechazo a casos de adopción que estén relacionados con parejas del mismo sexo a pesar de admitir que no tiene conocimiento, favorable o desfavorable, de ningún padre o madre adoptivo homosexual, pero tampoco ninguna investigación que contradiga su punto de vista, basado únicamente en sus creencias religiosas y que justifica en base a una regla ética que permite a los jueces rechazar los casos que les afectan de una manera personal. Una postura que no parece tener ningún interés en cambiar cuando la propia Universidad de Kentucky publicaba en octubre del año pasado un estudio inidicando que los hijos adoptivos de las familias homoparentales les va fenomenal.

«Si este juez no puede cumplir sus obligaciones debido a prejuicios personales, debe renunciar», afirma Chris Hartman, director Fairness Campaign, como también afirman otros expertos sobre el tema consultados quienes señalan que teniendo unas convicciones religiosas tan radciales, ni siquiera debería litigar ningún caso que afecte a alguna persona homosexual. Sin embargo, el Juez Nance no sólo no se cuestiona la dimisión, sino que fue reelegido sin oposición en 2014 por un mandato de ocho años que concluye en 2023.

La declaración del juez Nance está en consonancia con una situación similar producida en Kentucky hace dos años, cuando Kim Davis, Secretaria del Condado de Rowan, se negara a emitir licencias de matrimonios igualitarios incluso después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos los legalizara en todo el país. En su caso, aseguraba que actuaba «bajo la autoridad de Dios», por lo que es la justicia terrenal la que le lleva a ser encarcelada por cinco días. Actualmente permanece en su puesto y tiene previsto presentarse para la reelección en 2018. Con el objetivo de que no volviera a producirse este conflicto, Matt Bevin, gobernador de Kentucky, aprobaba una ordenanza mediante la que excluía que fuera necesaria la aparición de los nombres de los empleados del registro en las licencias matrimoniales, pero este mismo gobernador también firmaba el mes de marzo una ley que legalizaba la discriminación a cualquier miembro del colectivo LGBT en el ámbito escolar, abonando de alguna manera comportamientos como los de Davis y Nance.

Fuente Universogay

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El gobernador de Kentucky legaliza la LGTBfobia en las escuelas

Jueves, 23 de marzo de 2017

bevinEl gobernador republicano de Kentucky aprueba una ley que permite a los grupos estudiantiles en colegios públicos discriminar a sus posibles miembros basándose en su “libertad religiosa”.

Al gobernador de Kentucky ya le conocemos. Se llama Matt Bevin y es el señor que cambió la legislación sobre cómo se entregan los certificados de matrimonio en su estado para evitar que Kim Davis fuera a la cárcel. Sí, evidentemente es republicano.

Y como buen republicano que es está ahora empeñado con el tema de las leyes de libertad religiosa, que son la excusa que se han buscado ahora para poder legalizar la LGTBfobia y poder discriminar a los demás sin que se les acuse de nada. Y pasa esto porque aún hay mucha gente que dice que apoya mucho al colectivo LGTB pero que entiende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, algo que no dicen sobre, por ejemplo, el racismo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en que la LGTBfobia no es una opinión, gente como Matt Bevin no podría hacer lo que ha hecho.

Y es que el gobernador de Kentucky acaba de anunciar que ha aprobado la ley SB 17. Esa ley anula el requisito fundamental de que todas las organizaciones estudiantiles sean inclusivas y permite que se salten la cláusula del “todos bienvenidos”, una cláusula que obliga (más bien obligaba) a esas organizaciones a no discriminar a ningún estudiante en base a su raza, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género.

La nueva ley redefine eso del “todos bienvenidos” y le da la vuelta al concepto de la discriminación para convertir al opresor en oprimido. La ley dice: “Ningún cuerpo educativo debe interferir en organizaciones estudiantiles religiosas o políticas para provocar que sean discriminadas en cuanto a sus asuntos internos, la selección de líderes o miembros, la definición de sus doctrinas y principios, la resolución de disputas organizativas con respecto a su misión, o en su determinación de que sólo personas comprometidas con dicha misión formen parte de sus actividades.

Básicamente: la ley prohibe a los centros educativos prohibir a las organizaciones que discriminen a los posibles miembros en base a los criterios que les dé la gana (mayoritariamente, criterios de “libertad religiosa”). Y no sólo eso, la ley también protege la “libertad de expresión” de los estudiantes que quieran compartir sus puntos de vista, opiniones o material religioso o político aunque éste sea LGTBfóbico.

La directora legal de la Human Rights Campaign ya ha tildado esta ley de vergonzosa y discriminatoria y asegura que pone en riesgo las políticas antidiscriminación de los centros educativos públicos: “Ningún alumno debería temer ser excluido de un club escolar o de participar en una actividad por ser LGTBQ. Mientras que los grupos privados deben tener toda la libertad de expresar sus ideas religiosas, no se les debería permitir discriminar injustamente a nadie con dinero de los contribuyentes.

Fuente: Human Rights Campaign, vía EstoyBailando

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