La justicia condenó a un influencer por discriminación en entornos digitales contra una mujer trans.

El ultraderechista Manuel Jorge Gorostiaga, conocido en las redes como Danann, ridiculizó y humilló a una mujer transgénero en redes sociales. Lo hizo el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El influencer deberá pagar una multa y no podrá mencionar a la víctima en ninguna plataforma digital.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. En un fallo histórico, el influencer libertario Manuel Jorge Gorostiaga (@danannoficial en redes sociales) recibió una condena por discriminación. Se trata de la primera condena por discriminación en entornos digitales.

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el influencer deberá pagar una multa en efectivo. Además, se le impuso la prohibición de volver a nombrar o referirse a la víctima en cualquiera de sus plataformas o medio de alcance público.

El caso fue llevado a juicio por la fiscala Andrea Scanga, titular de la Fiscalía especializada en Discriminación del MPF CABA.

En la denuncia consta cómo el posteo del influencer condenado incitó a “comentarios agraviantes y descalificatorios hacia su persona y colectivo que representa”. También explica que en más de una ocasión tuvo miedo “de ser agredida en la calle por desconocidos.”

Un fallo que sienta precedentes

El comunicado emitido por el MPF, explica. “Es la primera condena a un influencer por discriminación. Para llegar a eso la fiscalía tuvo en cuenta que el nombrado, haciendo abuso de su derecho a la libertad de expresión, viralizó la imagen de una mujer trans con comentarios despectivos negándole su condición de mujer y su posibilidad de autodeterminación”.

La jueza Paula Nuñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) 21, condenó al imputado por la contravención de discriminación, según el artículo 71 del código contravencional.

“Es un fallo histórico muy importante porque sienta un precedente. Respecto de la respuesta de la justicia a la violencia y discriminación en las redes sociales”, dijo María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

“La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo sobre libertad de expresión. Establece primero el principio de libertad de expresión. Pero después también dice que cuando estas expresiones lesionan los derechos o la reputación de terceros debe tener responsabilidades ulteriores fijadas por ley”, expresó Rachid. “Establece que no puede haber censura previa. Pero que si hay responsabilidades ulteriores, cuando esas expresiones lesionan derechos de terceros o la reputación de otra persona.”

En ese sentido, Rachid aclaró que en el ordenamiento jurídico de la Argentina hay legislación en donde se establecen las consecuencias de estas conductas. También que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece el delito de injurias y calumnias cuando se lesionan derechos como el derecho a la no discriminación, o el derecho a la identidad de género.

🗣️ “Danann fue un agente de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, se llama en realidad Manuel Jorge Gorostiaga y hace abiertamente campaña por Milei y por Bullrich, posa con un Falcón verde, posa con armas”, @arilijalad en #ElPase

Miralo acá 👉 https://t.co/5hU6CbNt3d pic.twitter.com/VVs0nvCHaA

— El Destape Radio (@eldestape_radio) October 17, 2023

Discriminación a gran escala

De acuerdo a la presentación que se realizó, la publicación realizada por el influencer fue vista por 75 mil personas y tuvo más de 700 comentarios de odio al momento de la denuncia, en 2023.

Esto fue puesto en consideración por parte de la fiscalía, al igual que se trata de una persona que tiene al menos 4 millones de seguidores y hasta recibió el premio Martín Fierro “Influencer de Opinion”.

En ese sentido, la fiscala Scanga sostuvo que hasta el momento de la agresión la víctima tenía un perfil social desconocido y fue expuesta en forma masiva. Y que la conducta del agresor en redes, atentó contra derechos personales como el honor, la dignidad, su imagen, su derecho a autodeterminarse y su identidad de género. Destacó que el posteo fue un acto de discriminación no solo contra ella en particular, sino contra todo el colectivo trans.

Hoy se hizo justicia!
Un popular influencer fue condenado por la Justicia porteña, a través de la decisión de la Jueza Paula Viginia Nuñez Gelvez, por sus dichos discriminatorios y odiantes hacia las personas trans. La condena representa un antecedente único, esperando que (+) pic.twitter.com/IvHumgDAss

— Federación Argentina LGBT+ (@FALGBT) March 12, 2024

Un límite para la violencia

Rachid dijo que era importante destacar el trabajo que desarrolló la Fiscalía Especializada contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la coordinación de la fiscal Scanga y la participación del Instituto Contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría LGBT.

“Desde el instituto emitimos dictámenes de opinión. En este caso participando en el juicio. Personalmente yo fui a declarar explicando cuál es el ordenamiento jurídico de la discriminación en Argentina”, manifestó Rachid. “También explicando por qué, qué efecto tienen este tipo de expresiones en la vida de las personas trans en nuestro país y en el mundo”.

Rachid resaltó por qué un fallo de estas características sienta precedente. “Explica también por qué constituyen violencia bajo distintos pretextos, entre ellos el de identidad de género. Es un fallo muy importante y esperamos que haya otros en el mismo sentido. Vamos a seguir trabajando para que haya un límite a tanta violencia y tanta discriminación en todos los ámbitos y esto incluye las redes sociales, por supuesto”.

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, FALGBT, INADI, Influencer, María Rachid, Personas LGTBIQ, Personas trans

BUENOS AIRES, Argentina. En una decisión que el activismo consideró “histórica”, el Poder Judicial porteño ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente en el plazo de 90 días un programa habitacional para personas trans. Además, lo instó a realizar un relevamiento de esta población que reside en la ciudad. El material probatorio, un dictamen de 65 páginas del fiscal y la insistencia de las organizaciones LGBTIQ+ fueron claves en la decisión.

Se trata de un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo que tuvo lugar el 1° de febrero de 2024. Fue firmado por los jueces Horacio Guillermo Aníbal Corti y Hugo Ricardo Zuleta, con el voto disidente de la jueza Gabriela Seijas.

“Los programas habitacionales del GCBA no contemplan las dificultades del colectivo actor para acceder a ellos, lo que ocasiona que dichas políticas no resulten adecuadas y no brinden un umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, asegura el escrito.

Un logro del activismo

Desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Defensoría LGBT celebraron la sentencia.

“Luego de unos años de batalla judicial logramos esta sentencia de Cámara que ordena al Gobierno de la Ciudad a desarrollar un plan habitacional para las personas trans en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, en diálogo con Presentes, María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Ya hemos solicitado al GCBA ponernos a trabajar lo antes posible en este plan y esperamos que así sea. Ojalá la Ciudad no apele. En definitiva es lo que tiene que hacer un gobierno: trabajar para que todos sus habitantes accedan a sus derechos”, continuó Rachid.

La causa inició en 2018 a partir de un amparo presentado por el Defensor oficial de primera instancia y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) contra el GCBA para obtener un alojamiento adecuado.

El proceso se transformó en una demanda colectiva a partir de una decisión del juez Roberto Gallardo. Así se adhirieron la FALGBT y la Defensoría LGBT, mientras la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos fue admitida como amicus curiae.

En aquella ocasión el gobierno porteño rechazó la demanda y luego, en agosto del 2022 el doctor Martín Converset rechazó la acción de amparo. Frente a esto, el Ministerio Público de la Defensa, la FALGBT y la Defensoría LGBT apelaron.

El desamparo de una gran población

Los jueces llegaron a la actual decisión a partir del material probatorio adjuntado a la causa. Ésta ilustraba “la experiencia negativa de personas integrantes del colectivo trans al intentar obtener ayudas adecuadas en materia de acceso a la vivienda”. Además, se sumaron informes socio ambientales, relevamiento de hoteles y entrevistas producidos por el Ministerio Público de la Defensa.

Los jueces Corti y Zuleta coincidieron con lo planteado por el fiscal Juan Octavio Gauna, quien elaboró un dictamen de 65 páginas. Allí describió de forma detallada los problemas que obstruyen el derecho a la vivienda de la población trans en el distrito y la necesidad de modificar o crear políticas acordes. Además, pidió que se revocara la sentencia que rechazó al amparo y que se hiciera lugar parcialmente a la demanda.

“(Las personas trans) en situación de vulnerabilidad que residen en la Ciudad no consiguen créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda local (IVC), al no contar con los ingresos estables exigidos, sin calificar tampoco dentro del esquema de prioridades estipulado por dicha autoridad que promueve el beneficio para las familias con hijos y personas con discapacidad”, sostuvo el doctor Gauna.

También quedó demostrado, según el fiscal, que el subsidio habitacional que brinda el gobierno porteño “no soluciona eficazmente el déficit en materia habitacional que sufren las personas integrantes del colectivo, al existir barreras para el acceso a los hoteles y pensiones que habitualmente se utilizan en esta clase de programas”.

Además, advirtió que no hay datos oficiales sobre la población trans en el distrito.  “Esta omisión de información es un factor que coadyuva a explicar por qué los programas sociales que lleva adelante la Ciudad en materia de vivienda no han dado una respuesta adecuada para los integrantes del colectivo trans”, aseveró.

Noventa días para presentar un plan

Los jueces hicieron lugar al recurso de apelación y revocaron la sentencia que había rechazado el amparo de las organizaciones. A su vez ordenaron al Ministerio de Desarrollo Social porteño a presentar un programa de acceso a los planes habitacionales para la población trans vulnerable que reside en la Ciudad en el plazo de 90 días. Este deberá “contemplar difusión, plazos de ejecución y organismo a cargo”, indicaron.

También ordenaron al GCBA a realizar un relevamiento del colectivo trans del distrito con relación a la vivienda y programas sociales en el mismo plazo.

La jueza Seijas votó en disidencia al considerar que no se probó que el Estado “haya dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias”. 

Al ser consultada por esta agencia, Pamela Malewicz, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del gobierno porteño, dijo que “somos conscientes del problema habitacional que en la actualidad sufren las personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires”. También reconoció que “la población trans ha experimentado históricamente un perjuicio significativo en cuanto a la cuestión habitacional”.

En este sentido compartió que la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría articula con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para “dar una respuesta inmediata a la demanda espontánea de refugio” en los paradores para personas en situación de calle o situaciones de violencia.

Y señaló que este trabajo “no se centra únicamente en la respuesta inmediata a la emergencia”, sino “en el acceso a derechos de las personas trans para mejorar las perspectivas a largo plazo”.

Las políticas actuales son insuficientes

A lo largo de su dictamen, el fiscal Gauna había advertido sobre la política de hogares y paradores que ofrece el GCBA. “Incluso limitando el examen a aquellos donde se admiten con un cupo a personas trans y travestis, no es adecuada al no representar una solución sostenible. Son ámbitos donde la intimidad de las personas no está debidamente resguardada, prevén estadías temporarias y la permanencia durante el día es excepcional”, sostuvo.

Para el fiscal, “si bien el GCBA cuenta en la actualidad con diversas normas, programas y organismos que se ocupan del problema de la falta de acceso a la vivienda digna en su jurisdicción, con enfoque en las personas más vulnerables de la población, (…) en lo que atañe al colectivo trans en situación de vulnerabilidad que reside en la Ciudad, dichas políticas públicas, cuando pueden llegar a sus destinatarios, lo hacen en forma desarticulada y sin contemplar sus particularidades”. 

“Ello provoca una situación de sistemática ineficacia de las apuntadas acciones, en tanto no logran brindar oportuna protección al grupo, en el umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, concluyó.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Comunidad Homosexual Argentina (CHA), FALGTB, María Rachid, Personas trans, Programa habitacional

Hace una década, la comunidad travesti trans inició una incansable lucha por una Ley de Reparación Económica que reconozca los daños sufridos durante la dictadura militar (1976-1983) y los primeros 28 años de democracia.

La historia de la comunidad travesti está marcada por décadas de discriminación y marginación, una realidad dolorosa evidenciada por numerosos testimonios de sobrevivientes y la investigación «La Revolución de las Mariposas», específicamente el capítulo «Envejecimientos y vejeces en travestis y personas trans, algunos asuntos pendientes», dan cuenta de la difícil situación que han vivido y que actualmente también padecen las personas travestis y trans mayores.

Norma Gilardi 28/10/2023 Entrevista Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Fotografía María Eugenia Azar.

Hace una década, la comunidad travesti trans inició una incansable lucha por una Ley de Reparación Económica que reconozca los daños sufridos durante la dictadura militar (1976-1983) y los primeros 28 años de democracia, que, según el colectivo, la democracia para la comunidad travesti trans comenzó con la promulgación de la Ley de Identidad de Género en junio de 2012.

A lo largo del tiempo, el camino legislativo hacia la reparación económica ha experimentado cambios significativos. Inicialmente enfocado en la violencia institucional, evolucionó para abarcar la violencia sufrida durante la dictadura militar, incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio. A continuación, se presenta un recorrido por varios proyectos de ley y esfuerzos (algunos exitosos) en distintas regiones del país para lograr la anhelada reparación económica o pensión no contributiva para la comunidad travesti trans sobreviviente, acompañado de conmovedores testimonios de personas mayores de 50 años, auténticas supervivientes de una lucha histórica que aún no ha concluido.

A lo largo del tiempo, el camino legislativo hacia la reparación económica ha experimentado cambios significativos. Inicialmente enfocado en la violencia institucional, evolucionó para abarcar la violencia sufrida durante la dictadura militar, incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio.

Los distintos proyectos y políticas

En los últimos años se ha hecho un recorrido por varios proyectos de ley y esfuerzos (algunos exitosos) en distintas regiones del país para lograr la anhelada reparación económica o pensión no contributiva para la comunidad travesti trans sobreviviente, acompañado de conmovedores testimonios de personas mayores de 50 años, auténticas supervivientes de una lucha histórica que aún no ha concluido.

La legisladora María Rachid presentó un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires para establecer una pensión no contributiva mensual para personas travestis y trans mayores de 40 años, solo podían cobrarlo quienes tuvieran ingresos menores a 5810. Este proyecto en sí mismo carecía de un espíritu reparador, además de exigir el cambio registral, contradiciendo el espíritu de la Ley de Identidad de Género.

Norma Gilardi, sobreviviente de la dictadura, relata: «Mi familia me marcó mucho, no podía creer que prefiriesen tenerme muerta antes que viva. No se podía andar en la dictadura, me acuerdo que el 13 de noviembre de 1976 esa misma noche me sacan del teatro, de ahí fui a parar a la cárcel y recuperé la libertad cuando asumió Alfonsín”

Nadia Natali Saavedra, sobreviviente de la Panamericana. 28/10/2023 Entrevista Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Crédito: Pili Cabrera

La diputada Diana Conti presentó un proyecto en el marco de la campaña «Reconocer es Reparar». Buscaba beneficiar especialmente a quienes sufrieron violencia policial. Aunque incorporó mejoras, como un aumento del 30% en casos de violencia sexual y tenía compatibilidad con toda prestación contributiva o no contributiva, el monto se regulaba de acuerdo a la categoría D, plana permanente del Sistema Nacional de Empleo Público.

En 2016 se lanzó la campaña para convertir en ley el proyecto Nº 8194 de pensión a travestis y trans víctimas de violencia policial, pero el expediente caducó el 28-02-2019.

«Las palizas que nunca voy a olvidar son las de mi madre»

Nadia Natali, sobreviviente de la Panamericana, comparte su experiencia de abandono y abuso: “Se entera mi familia y las palizas empezaron, porque no es como ahora que te aceptan todo, las palizas que nunca me voy a olvidar de mi madre, así que me cansé de tanto, tanto que me maltratara mi madre, de ser el puto de la familia, la oveja negra, me fui un día diciendo que me iba al colegio con algo de ropa en la mochila”, “desgraciadamente era una criatura y bueno para comer tenía que tener relaciones, siempre existió el hombre degenerado antes, ahora y va a estar siempre, entonces tenía que tener relaciones por sándwich, cosas, por lo que sea, trece años tenía”

Vigente desde el 2012, originariamente establecía una pensión para aquellas personas que fueron detenidas durante la última dictadura militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles, a partir de la fecha se incorporó a la orientación sexual y/o identidad de género esta ley sigue vigente al día de hoy beneficiando a unas 30 personas travestis y trans.

Reparación para sobrevivientes de la dictadura

Fanny del Valle Chamorro Franco foto del 27/10/2022 Crédito: Pili Cabrera

En 2023, se promulga la Ley de Reparación Histórica para las Sobrevivientes Travesti-Trans Post-Dictadura, alrededor de 140 compañeras travestis recibirán este beneficio.

Fanny del Valle Chamorro Franco, fue una de las reparadas por la Ley 13.298 de Santa Fe. Activista, fallecida recientemente, destacaba su incansable lucha por sus compañeras: “yo hice muchos reportajes, salí con José de Zer, con Silvia Fernández Barrio, hice muchas denuncias yo fui a la Panamericana adonde hacía los reportajes con los periodistas, fui a las revistas a todos lados cuando tuve que tocar puertas toqué, por mis compañeras porque era todos los días dos o tres muertas, todos los fines de semana tres o cuatro muertas”.

El gobernador Axel Kicillof firma el proyecto de ley que, establece un beneficio equivalente a tres sueldos básicos. Se toma el monto de la Categoría ingresantes del Agrupamiento Administrativo – Clase 4, A diferencia de otros proyectos la pensión es incompatible con el fallecimiento de la beneficiaria, por otro lado es si compatible con todo tipo de ingresos de parte de la beneficiaria sea sueldo, otra jubilación y cualquier otra indemnización, reparación que tuviese.

Karina Pintarelli 14/10/2023 en Casa Leonor de Merlo Provincia de Buenos Aires. Crédito: Pili Cabrera

Karina Pintarelli, 65 años, narra su experiencia y la lucha por la reparación: «Recién en 2018 pude, con el apoyo de Abosex, iniciar los trámites para pedir la reparación.»

Cómo avanza la pensión reparatoria

En la reciente reunión de la diputada Mónica Macha con las Históricas Argentinas, se discutió el proyecto consensuado entre las organizaciones del colectivo travesti trans. Un aspecto central fue el monto de la pensión, un tema debatido y resistido por las travestis mayores, quienes entendían que una jubilación mínima no cubría las necesidades de quienes enfrentaban una situación extrema de vulnerabilidad.

El último proyecto de ley establece que la «Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis, Transexuales y Transgénero» equivale a UNA (1) jubilación mínima abonada por la ANSES, con percepción mensual y sujeta al calendario de aumentos de la misma, no obstante existe la posibilidad de solicitar incrementos, dicho incremento se otorgará en la medida de las pruebas que se deberán presentar en cada caso.

Mónica Ríos

**Incrementos:**

– **En un 50% más:** A las personas privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género, tanto por las Fuerzas de Seguridad federales como por autoridades judiciales o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Esto incluye a quienes hayan sufrido las disposiciones del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina, así como a aquellas privadas de su libertad por causas similares a nivel provincial.

– **En un 70% más:** A las personas que cumplan con las condiciones del 50% y además hayan sufrido lesiones gravísimas según la clasificación de los artículos 90 y 91 del Código Penal, o hayan sido víctimas de delitos contra la integridad sexual (arts. 118 a 133 del Código Penal).

**Pruebas para la Solicitud del Incremento:**

a) **Prueba Inequívoca:** En casos en que a las personas alcanzadas por esta Ley se les hayan aplicado los incisos “f”, “h” e “i” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.

b) **Informe Oficial:** Los organismos oficiales deben proporcionar los informes solicitados por la autoridad de aplicación en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles para facilitar la presentación de pruebas.

c) **Prueba Adicional:** Se admite el ofrecimiento y producción de prueba testimonial, informativa, documental y cualquier otro medio idóneo para acreditar los hechos referidos.

d) **Prueba de Oficio:** En caso de falta de materiales probatorios suficientes por parte del solicitante, la autoridad de aplicación procederá a la producción de prueba adicional de oficio.

e) **Admisión de Prueba Adicional:** La autoridad de aplicación debe admitir la producción de prueba adicional de oficio cuando sea necesario.

Este proyecto representa un paso significativo hacia la reparación histórica para la comunidad travesti trans, abordando no solo el reconocimiento económico sino también la complejidad de las experiencias vividas por las personas afectadas.

Noelia Luna, Alma Fernández, la diputada Mónica Macha y Sandra Igor de Bariloche en el despacho de la diputada. Crédito: Pilar Cabrera

Pilar Cabrera

Pilar Cabrera

Fuente Agencia Presentes

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Absolvieron al juez que en 2019 había sido denunciado y suspendido por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera.

Un jurado absolvió a Juan José Ruiz de La Plata, el juez denunciado por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera, en un acto que organizaciones sociales y de la diversidad sexual consideraron discriminatorio. En el fallo, además, el magistrado había nombrado a la mujer, Claudia Córdova Guerra, en masculino. También a las testigas que dieron testimonio.

Presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, el jurado de enjuiciamiento absolvió a Ruiz de La Plata por “mayoría”. Así, el juez vuelve a entrar en funciones. Lo habían suspendido en el cargo que ocupaba en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata por las denuncias que presentaron distintas organizaciones por su condena “discriminatoria”.

“La absolución nos sorprendió”, expresó a Presentes María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT).

Rachid había realizado una denuncia personal ante el juez. También la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA) y la Comisión provincial de la Memoria.

La condena discriminatoria

En abril de 2014, Claudia Córdova Guerra, una mujer trans de nacionalidad peruana, fue detenida por el delito de “tenencia de estupefacientes para su comercialización” en La Plata. Ruiz, que en ese entonces era juez del Tribunal en lo Criminal 1, condenó a la mujer a 5 años y 3 meses de prisión, y consideró como agravante que era extranjera.

“El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”. Así lo explicó en la sentencia.

Además, el fallo del juez trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, solo utilizando el autopercibido como un “alias”. Y hacía menciones a “persona travestida”, en lugar de mujer trans. También trataba en masculino a las testigas que acompañaron a la acusada, las cuales se identificaban como feminidades.

Ser migrante y trans

Para María Rachid, “la calidad de migrante de la persona denunciada lejos de agravar su situación, la protege por estar como migrante dentro de lo que llamamos en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional una ‘categoría sospechosa’ de ser víctima de discriminación”. Y explicó “Toda distinción por este motivo (su calidad de migrante) debe probarse -con escrutinio estricto- como no discriminatoria”. Y alertó: “Hay un procedimiento para esto con gran consenso en el campo del derecho al que no se han ajustado en este proceso”

“El mismo juez que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. En ningún momento respetó la Ley de Identidad de Género. Esto solo -probado a través de su sentencia y el testimonio de la persona imputada- debería ser suficiente para destituir a este juez”, aseguró Rachid.

En noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, ante la apelación, la modificó. Ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia. Pero además cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (eliminando la “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por Ruiz.

Absuelto por la impunidad del Poder Judicial

Con las denuncias de las organizaciones sociales y de la diversidad sexual, Ruiz fue suspendido por el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari. Sin embargo, el juez luego afrontó un jury -que podía valerle la destitución-, y en él fue recientemente absuelto.

Para la doctora de Comunicación Social y militante travesti trans, Claudia Vásquez Haro, “es lamentable que estos jueces tomen decisiones basadas en su mirada del mundo, tan reduccionista y sobre todo discriminatoria”. “Sabemos muy bien que el fallo tiene un componente profundamente xenófobo, racista. Esta es una cuestión que tiene que ver con la ideología a la hora de dictar sus sentencias”, afirmó, en diálogo con Presentes.

Frente a la absolución, la también presidenta de OTRANS Argentina, señaló que “esto habla una vez más del grado de impunidad que existe en el poder judicial”. También “de una falta de perspectiva transfeminista, interseccional y de Derechos Humanos”. “Pone una vez más a la luz que es necesario una reforma judicial para transformar este tipo de prácticas. Lesionan la vida no solamente de una persona sino, en este caso, de un colectivo, que es el más excluido de esta sociedad civil”, concluyó.

Fuente Agencia Presentes

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La investigación de Presentes revela que en Argentina existen organizaciones que ofertan técnicas para “orientar” la identidad sexual.

“Dios me mostró que la próxima vez que te alejes te va a agarrar sida y te vas a morir”. 

Leonel estaba por salir de la iglesia, ya cerca de la puerta, cuando escuchó que el pastor Cristian Méndez lo llamaba. Entonces, el pastor le dijo que dejara de “jugar con estar con un pie en el mundo y un pie en el camino de dios”. Y entonces lanzó esa frase, que parecía más una amenaza, o un mal augurio. Leonel tenía 15 años, hacía unos meses que había llegado al Centro Cristiano Dios es Amor. Quedó quieto, helado. Y pensó que era cierto, que debía cambiar.

Por unas semanas había dejado de ir a la iglesia por una “recaída”. “Te hacían sentir culpa si estabas con un chabón”, cuenta ahora, después de casi doce años. El pastor Méndez es evangélico pentecostal y aún dirige esa iglesia junto a la pastora Jorgelina Montero. En el último tiempo ganaron tantos adeptos que se mudaron a un lugar más grande, un predio que antes era un boliche bailable: Rodríguez 887, pleno centro de Tandil, una ciudad turística de las sierras en la provincia de Buenos Aires.

Lo primero que se ve al entrar en el edificio es un hall enorme, dos escaleras a los costados, arriba una especie de bandeja que ocupa la mitad del salón. En cada esquina, hay personal de seguridad vigilando que nadie se acerque al pastor y a los sitios vedados al público. La otra mitad de arriba está descubierta para que se pueda ver el escenario, donde ocurre la prédica, los gritos, los “exorcismos”.

Era 2011. Leonel tenía problemas en su casa, en la escuela, con su pareja. Buscaba refugio. Una amiga le dijo que ahí pasaban cosas raras, que tenía que ir. Lo recibieron con abrazos y mucha alegría, hasta que supieron más de él. Un día llevó a su novio ante el pastor, a una consejería, a solas. Quería ver si podía orar por ellos.

“Esta relación no es de dios”

El pastor Cristian Méndez y Jorgelina Montero

“Le comenté mi situación: ‘Él es mi pareja, estamos mal’. Yo de pendejito ingenuo e inocente, como lo había visto muy paz y amor, muy gente buena que aceptaba todo, me pensé que me iba a decir: ‘Bueno, está todo bien, voy a orar por ustedes, los voy a aconsejar’. Y no, el tipo agarró, abrió la biblia y dijo: ‘Esta relación no es de dios’, la biblia habla esto, esto y esto de la homosexualidad. Y le empezó a preguntar al que era mi pareja en ese momento si él había sido abusado de chico, cómo era su relación con su padre. Todas cosas que el pastor creía que podrían haber sido motivo de que él terminara siendo homosexual”.

Ese día se terminó la relación. Leonel les creyó: “Hacían exorcismo. Todo con imposición de manos. A los gritos. Lejos de dudarlo, me creí todo. Yo lo veía en las películas. Pensaba: él no quiere cambiar, no quiere dejar de ser gay. Le corté. Estuve semanas llorando, deprimido. Estaba haciendo el duelo para matar esa parte de mí, mis deseos, el volver a estar con un chico. Ellos le llaman morir a los deseos de la carne y el yo. Así que básicamente acepté lo que ellos me dijeron y entré en ese proceso”.

Tenía que dejar de mirar y hablar con chicos, alejarse de “las juntas”, de sus amistades, de su familia. Dejar de escuchar música que el pastor decía “mundana” (Arjona, Evanescence, The Rasmus). Entonces, alejado de todo, le quedaba muchísimo tiempo para servir en la iglesia. Empezó a manejar los micrófonos, y llegó hasta las redes sociales del pastor. También juntó cartón con otros chicos y se quedó jornadas enteras pintando el nuevo edificio. Sin ningún tipo de retribución económica.

Leonel lo supo nueve años después, cuando logró salir: en ese momento, siendo menor de edad, fue víctima de las “terapias de conversión”.

“Una “terapia de conversión” es cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, con un fin predeterminado: siempre ir de la no heterosexualidad a la heterosexualidad. O impedir que una persona transicione, o si ya transicionó que detransicione”, explicó a Presentes Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.

Presentes pudo confirmar que en Argentina siguen existiendo estas terapias que buscan “convertir” a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ni el Estado nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron.

“Es muy poco lo que se sabe en la Argentina y lo que está documentado. Hay una cierta naturalización de esas cuestiones que pueden ser muy sutiles”, explicó a Presentes Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Las llamadas terapias fueron nombradas por el relator LGBT de la ONU como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG).

Pablo Salum es el fundador de la Red Libre Mentes, y acompaña a víctimas y familiares de lo que llama organizaciones coercitivas (lo que comúnmente se conoce como “sectas”). Él mismo fue víctima de una. Según lo investigado por Salum, es muy variada la gama de camuflajes en que se esconden estas “terapias de conversión”: aparecen detrás de actividades populares como cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u ovnilogía y terapias alternativas, entre otras.

En la mayoría de los casos, dejan secuelas, perjuicios, trastornos, tanto físicos como psicológicos a sus adeptos, en distintos grados. A medida que fueron pasando los años, y las organizaciones LGBTIQ+ ganaron lugar, las personas y grupos que llevaban adelante estas terapias les fueron cambiando los nombres, y ya no se muestran abiertamente como “curadores de la homosexualidad”, sino que hablan, por ejemplo, de que te ayudan a “abandonar el estilo de vida degradado”.

La Ley de Salud Mental

Las leyes que regulan los servicios de salud mental en Argentina indican que una persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Pero no son leyes que prohíban explícitamente las terapias de conversión. La Ley de Salud Mental fue sancionada y promulgada en el año 2010.

“Esto hace que a nivel institucional esté bastante difundido que no está legitimado cuestionar o asociar la identidad u orientación sexual o la expresión de género a una enfermedad, y por lo tanto no es susceptible de tratamiento”, explicó a Presentes, Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Sin embargo, de acuerdo con el informe “Poniéndole límites al engaño. Estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión”, de ILGA Mundo: “Se puede argumentar que el hecho de que las “terapias de conversión” no se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un mensaje claro que condene estas prácticas”.

La muerte de Federico Gómez

Federico Gómez murió el 19 de enero de 2021 en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. Su familia aseguró que había sido perseguido, hostigado y discriminado por miembros de los Testigos de Jehová donde él asistía, y que lo habían citado a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada”.

En marzo de 2021, 100% Diversidad y Derechos intervino en la causa judicial. Le pidió al juez Leonardo Manuel Balanda Gómez que “contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio a su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima”.

También, le solicitaron que pida asistencia técnica a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) para coadyuvar en la instrucción de la causa.

“En Misiones salimos a denunciar. Estaba claro que había habido un hostigamiento por parte de su comunidad, lo habían citado por su llamado ‘estilo de vida’. Era un chico gay. Ellos eran Testigos de Jehová en el NEA”, contó Vallarino a Presentes.

En ese momento, el activista Jorge Víctor Ríos expresó en una nota publicada por 100% Diversidad y Derechos que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ de esa provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos”.

Otras situaciones que conocen desde la organización ocurren en ciertas comunidades evangelistas en la provincia de Chaco, que promueven abiertamente el estigma hacia las personas LGBT. La forma sutil de indicarlo es: “amar al pecador, pero no al pecado”.

“En muchos lugares continúa esta aproximación a decir: no al hostigamiento o violencia abierta, pero sí decir que las personas están equivocadas y la cura es el amor. Este es el discurso público que se ve, no se esconde. Dan a entender que hay algo erróneo. No dicen que es una enfermedad abiertamente, pero de alguna manera lo indican como una desviación moral o pecaminosa”, explicó Vallarino.

En esas comunidades, de acuerdo a lo registrado por 100% Diversidad y Derechos, es muy extendida la práctica de presionar: existen testimonios de parejas de lesbianas que fueron presionadas a separarse.

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Por Rosario Marina

Fotos:Legüera/Archivo Presentes

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 69 personas LGBTIQ+ fueron atacadas, asesinadas, o sufrieron abandono por parte del Estado. Fueron 69 crímenes de odio, uno más que lo registrado el año pasado, pero con un problema adicional: los efectos de la pandemia de Covid-19, especialmente crueles en las mujeres trans.

“Hay compañeras que han muerto de Covid y están en las morgues de los hospitales porque nadie las retira, algunas no tienen documentación, algunas son migrantes. Nos llaman del Muñiz y otros hospitales de CABA para ver si las conocemos”, denunció Marcela Romero, presidenta de ATTTA.

Los datos son del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación. La información que publican provienen de los medios masivos de comunicación, y de lo recolectado por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales y contactos telefónicos. También hay datos que aporta el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.

Muertes por ausencia del Estado

Al igual que el año pasado, las más afectadas por los crímenes de odio son las personas trans: el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 16% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 4% de los casos le siguen las lesbianas; y por último con el 2% los varones trans.

De los 69 crímenes de odio registrados, 32 fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y 37 son ataques, violencia física que no terminó en muerte.

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19% de los casos son asesinatos; el 6% suicidios; y el 75% restante son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.

Las más afectadas: mujeres trans y travestis

Las travestis y mujeres trans siguen siendo las que se ven más afectadas por los crímenes de odio. En el primer semestre de 2020 hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; 2 suicidios -de mujeres trans-; y 24 muertes por abandono y/o ausencia estatal – todas ellas fueron de mujeres trans-.

“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al número real, ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras mujeres trans”, indica el informe.

Una de las que sufrió ese abandono por parte del Estado fue Katalina Martínez Yancha, una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principio de este año se encontraba en la Unidad penitenciaria N°32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito.

A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis (TBC) -.enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses- los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos, y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Según el comunicado publicado por Aramis, abogadx y activista y Naomi Lozano, prima de Katalina, “al momento de atenderla no revisaron su capacidad respiratoria y quien la atendió le dijo que no podía recetarle ‘ni un ibuprofeno porque no era doctor’.”

De todas las lesiones al derecho a la vida relevadas en el informe, el 91% fueron dirigidas a mujeres trans. “Estos alarmantes números muestran cómo la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que termina con sus vidas”, advierten desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.

“La mayoría de las muertes de las personas trans, no sólo los travesticidios o transfemicidios, son crímenes de odio porque son el resultado de un abandono estructural del Estado. No es actual ni coyuntural, sino que tiene que ver con décadas de explotación, exclusión, marginación, violencia y dicriminación hacia las personas trans”, explicó a Presentes María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA.

¿Quiénes lxs matan?

En el 51% los crímenes de odio son cometidos por personas; el 49% son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje el 13% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional

El informe explica que existe un subregistro muy grande de estos casos de violencia institucional, porque no suelen atreverse a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

“Hay lugares en que la pandemia lo que hizo también es recrudecer la violencia. La policía salió a cazarnos. Cada vez que ven una mujer trans le piden documento, las violentan, las insultan. Siempre hay mucha amenaza de que te van a hacer un acta”, explicó a Presentes Marcela Romero, presidenta de ATTTA.

Un joven gay de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes homoodiantes de Infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). Contó que mientras estuvo alrededor de seis horas detenido, en el contexto de la pandemia, le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. La denuncia está en el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la jueza Marcela Quintana.

En los casos en que los agresores no son policías o funcionarios, la mayoría son son vecinos/as o personas conocidas por ellas. Luego, en segundo lugar, quienes atacan son  personas desconocidas por las víctimas y en tercer y cuarto lugar están: la pareja, noviazgo, ex pareja o ex novio/a, y clientes del trabajo sexual. También los/as victimarios/as pueden ser familiares. Sólo en el 17% de los casos totales no se registran datos de la vinculación víctima-victimario/a.

Atacadxs y asesinadxs en cuarentena

Karly Sasha Chinina Palomino, una joven trans de 33 años, fue asesinada en la madrugada del 5 de marzo en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Era oriunda de Perú, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y sobrevivía ofreciendo servicios sexuales, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural.

La Fiscalía número 5 de San Martín intervino en la escena del crimen a partir del llamado del 911. El cuerpo de Karly yacía en avenida Rivadavia y Granaderos, ahí donde la avenida corre paralela a las vías del tren y hay un paso a nivel.

En abril, Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales.

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

El sábado 25 de abril al atardecer, Tamara Denise Morales –una mujer trans de 36 años– fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vive con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus, contaron sus allegadxs. Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellxs. Finalmente la policía la encontró muerta.

En Reconquista – una las ciudades más importantes del norte de Santa Fe- y donde por estos días proliferan las marchas contra la expropiación de Vicentín, asesinaron el sábado 13 de junio a Roberto Monje, de 40 años, activo militante gay de esa localidad. Trabajaba en un comercio céntrico, por eso era conocido por la mayor parte de la ciudadanía reconquistense.

El cuerpo sin vida estaba en el baño de su casa, con decenas de heridas de arma blanca, la mayoría en la zona del cuello. Algunos puntazos en sus manos indican que intentó defenderse. En base a las imágenes que captaron cámaras de seguridad cercanas a ese domicilio, en la calle Ludueña al 1020, el supuesto asesino llegó a la casa de Roberto en bicicleta, el viernes alrededor de las 20, y se retiró del lugar 11 horas después.

Los efectos de la pandemia: violencia e intentos de desalojo

“Se deja constancia de la gran preocupación de este observatorio por la diversidad sexual en el actual contexto de pandemia, y en particular la especial y delicada situación que están atravesando las personas trans. Miles de mujeres trans en nuestro país se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos”, explica el informe.

Aunque el gobierno nacional haya decidido suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, y aunque el decreto presidencial incluye a hoteles y pensiones, la mayoría de las travestis y trans que habitan en esos sitios y que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedaron expuestas a extorsiones y amenazas por parte de los/as

propietarios/as que incumplen el decreto. Según el informe, se reportaron cientos de casos donde estos/as las arrojaron a las calles por no poder continuar abonando. Uno de los casos más conocidos fue el del barrio porteño de Balvanera, el dueño del Hotel Saavedra amenazó con desalojar a ocho travestis que vivían allí.

Las cárceles en pandemia

En abril, a pocos días de decretarse la cuarentena obligatoria, en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.

Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.

Un mes después, a principios de mayo, en los pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios ya denunciaban la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET dio cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

Ya el 30 de marzo se notaba: la cuarentena por el coronavirus había destapado la olla de la violencia estructural. La primera semana de aislamiento preventivo obligatorio en Argentina dejó en evidencia, entre otras cosas, la emergencia habitacional y las condiciones precarias de vida de la población de personas travesti y trans. La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual y a partir de estas nuevas normativas por la pandemia de coronavirus no han podido generar recursos para la subsistencia. Esto se tradujo en muchos casos en no poder pagar las piezas que alquilaban y ser amenazadas de desalojo o, como ocurrió en Córdoba, ser echadas a la calle con violencia en plena cuarentena por la pandemia.

“El Covid desnudó no solamente la falta de políticas, sino la carencia y el incumplimiento de los derechos humanos de las personas trans en Argentina”, apuntó Marcela Romero.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, María Rachid

El 15 de julio de 2010 Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo 

Era de madrugada, hacía un frío invernal y llovía, cuando el 15 de julio de 2010 la Cámara del Senado argentino, tras una maratónica sesión de 13 horas, votaba a favor de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en esta nación suramericana, con lo cual Argentina se convertía en el primer país de la región en dar este gigantesco paso hacia la igualdad y el décimo en el mundo, después de Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia.

La ley – conocida como Ley Nacional 26.618- se aprobó con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. El nuevo instrumento legal contemplaba la reformar el Código Civil cambiando la fórmula de “marido y mujer” por el término “contrayentes”. Además, incluyó la igualdad de los derechos de las parejas homosexuales con las heterosexuales, como lo son derechos de adopción, herencia y beneficios sociales.

Para el vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), Esteban Paulón, la Ley del Matrimonio Igualitario fue el comienzo de una serie de políticas públicas para que “esa igualdad que se logró en las leyes se transforme en igualdad en la vida cotidiana de las personas”. Actualmente, Argentina cuenta con leyes como la de Identidad de Género, de Reproducción Humanamente Asistida y contra la Discriminación en la Ciudad de Buenos Aires.

El trabajo aún continúa. La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario significó años de luchas, es por eso que para la secretaria general de la Federación, María Rachid, “son 8 años de un trabajo que no cesa”, aún aguardan por su aprobación la aprobación de la Ley Antidiscriminatoria y la Integral para Personas Trans, “con cupo en la administración pública e incentivos para la inclusión laboral y la terminalidad escolar, que permitan lograr la total igualdad de derechos para todos”.

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Aniversario, Argentina, Esteban Paulón, FALGBT, María Rachid, Matrimonio igualitario

El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina.

Por Lucas Gutiérrez

“Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro a Emanuel, un joven discapacitado que salía de la Fiesta Plop. “Yo a vos no te llevo a ningún lado”, agregó. Los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero, quien cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida de los pasajeros por más de 40 minutos hasta que intervino la policía.

Al salir de la Fiesta Plop, una conocida fiesta gay de Buenos Aires, a Emanuel Moyano no lo quisieron dejar subir al colectivo. “Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro.

Cuando estaba por bajarse, los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero. Acto seguido, el chofer cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida por más de 40 minutos hasta que intervino la Policía: si no se bajaba Emanuel, no arrancaría. Según dijo a Presentes, ayer a la tarde presentó la denuncia en la Defensoría de la Ciudad. Desde la empresa San Isidro no quisieron hablar con este medio.

Emanuel, de 26 años, explicó que eran pasadas las 3 de la madrugada cuando subieron al colectivo, en la parada de Alvarez Thomas y Lacroze, en el barrio de Colegiales. Antes de ellos, subió una pareja heterosexual, pidió dos boletos y pagó utilizando una misma tarjeta SUBE. Cuando Emanuel pidió dos pasajes para él y su amigo con una misma SUBE, el chofer se negó. ¿Por qué no tenía la propia? Ante la pregunta, Emanuel le dijo que se había olvidado su carnet del certificado único de discapacidad (CUD) para poder viajar.

“Yo a vos no te llevo a ningún lado, andá a buscar otra SUBE o un carnet de mentira, si no tenés ni debes tener nada, mentiroso de mierda“, siguió diciendo el chofer en la parada frente a las inmediaciones de la conocida Fiesta Plop. “Discapacitado y encima puto. Vos no tenés nada, sino no estarías entrando acá enfrente”, repetía el conductor.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es tener poca información, un discapacitado no está solamente postrado. ¡Yo tengo derecho a salir! Sino me voy a morir, no por la enfermedad sino por depresión”, dijo a Presentes Emanuel.

“Estoy más discapacitado por la sociedad que por la enfermedad”

“La ley de discapacidad por la cual me dieron el carnet dice que yo no tengo por qué decirle a nadie qué enfermedad tengo”, explica Emanuel. El joven comenta que si bien su enfermedad, una enfermedad mixta del tejido conectivo, es de conocimiento público ya que es un caso que tuvo difusión en los medios por tratarse de una extraña y compleja situación, “estoy más discapacitado no por la enfermedad sino por la sociedad que me está matando. No estoy incluido en nada. Ni siquiera tengo la posibilidad de tener un buen trabajo”.

Al no bajarse Emanuel, el chofer de la línea 168 decidió cerrar las puertas no dejando bajar a nadie y quedándose estacionado. En su descargo en redes sociales, el joven cuenta que durante esos más de 40 minutos el conductor mantuvo encerrada incluso a una joven claustrofóbica. Esto también está narrado junto a los videos que acompañan el texto en Facebook.

Solidaridad

“Entre los pasajeros me regalaron siete tarjetas SUBE. Incluso una chica usando internet puso una a mi nombre”. Pero el chofer no accedía. “Por ser gay me quería bajar”, explica Emanuel. Hasta que no intervinieron varios policías la unidad no retomó su recorrido habitual.

Emanuel dice que al principio se iba a bajar del colectivo. “Le decía a mi amigo que nos bajemos, que la gente tiene que ir a trabajar”, pero la gente no quería que se bajara. “Al otro día de este hecho tuve ataques de epilepsia”, relata con una tonada que comparte su origen cordobés. “Sé que cualquier cosa me puede afectar, yo ya no quiero volver a estar en terapia intensiva”, explica Emanuel, quien tiene EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo), una enfermedad rara autoinmune que se manifiesta como tres enfermedades distintas: lupus, esclerodermia y polimiositis.

Agencia Presentes se comunicó con la empresa Expreso San Isidro, responsable de la línea de transportes 168. Desde la oficina de personal, un empleado que se negó a identificarse correctamente, informó que no hablarían con este medio.

¿Qué se hace en estos casos?

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a Presentes que van a asesorar y acompañar a Emanuel respecto a las denuncias que puede hacer ante la justicia -civil y penal- y ante organismos como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Vamos a abrir un expediente desde el cual vamos a citar a la empresa y al chofer. También vamos a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a quien le propondremos algunas líneas de trabajo para que estos hechos no se repitan ni en esta ni en ninguna otra línea de colectivos de corta ni larga distancia”, explica Rachid.

Visibilizar para que no se repita

Emanuel dice que dudó antes de visibilizar esta situación. “Al principio pensé que si yo hacía algo podía perjudicar a una familia, porque él seguro tiene una. Pero tantas veces me repitió ‘así como bajo a tantos acá (en la zona de la Fiesta Plop) ¿te pensás que no te voy a bajar a vos?’. Entonces si yo no hago algo esta situación va a seguir repitiéndose”, contó el joven.

Mientras en Argentina las cifras nos alertan del aumento de agresiones al colectivo LGBT+, Emanuel cuenta con testigos y ya está encaminado a realizar las denuncias pertinentes ante la justicia. “No me gustaría que esto le pase a otra persona”.

El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina. Así lo ha dado a conocer el organismo a través de un comunicado, en el que explica que la sanción contra el conductor denunciado, Leonado Benítez, se tomó “por desconsideración a los pasajeros”. Del mismo modo, también han abierto una investigación sobre este caso de discriminación.

“Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos. En este sentido, la normativa aplicada es la Resolución CNRT 28 de 2016 – Inciso I, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero”, afirma el comunicado, y amplía: “A partir de este momento, comienza una investigación que comprende evaluación psicofísica para determinar si el conductor se encuentra en condiciones de realizar su oficio de manera responsable. De acuerdo a los resultados que arroje dicha investigación, la sanción puede extenderse y agravarse, en caso de comprobarse los hechos citados”.

El episodio fue denunciado por la víctima, Emanuel Moyano, quien narró en su cuenta de Facebook los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado pasado, cuando salía de un local de ambiente gay conocido como la Plop junto con un amigo.

Fuente Agencia Presentes/Agencias, vía SentidoG y Cáscara Amarga

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Será la primera vez en diez años que ocurre. Desde el Gobierno adujeron que el pedido del escenario se realizó con poco tiempo de anticipación. En Plaza de Mayo sí hubo un escenario.

Este sábado 18 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires se realizaba la 26ª Marcha del Orgullo LGBTIQ. Cómo cada año, el desfile y actividades serán las voces un colectivo que tiene mucho para reclamar y visibilizar. Pero este año no hubo escenario principal para el cierre en el Congreso de la Nación, el punto de llegada.

Desde la Comisión Organizadora de la Marcha (COMO) se emitió un comunicado donde las organizaciones que la integran responsabilizaron al gobierno nacional por esta ausencia, a la que adjudican un peso simbólico. Referentes de dicha comisión explicaron que desde el gobierno adujeron dicha negativa a que el pedido del escenario se realizó con poco tiempo de anticipación.

La comisión organizadora es un espacio integrado por más de 50 agrupaciones de la diversidad y disidencia sexual. Es una instancia abierta a quien decida acercarse a colaborar y ser parte de la organización de la marcha anual, el único requisito para participar es la presencia en las reuniones.

Si bien hace años que este escenario se gestiona con el Ministerio de Cultura, desde la COMO explicaron que esta vez no hubo un trato directo con el mismo, sino que quién les informó esta negativa fue Diego Borisonik, director de Políticas Integrales de Diversidad Sexual (Secretaria de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación).

María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) dijo a Presentes: “La Marcha del Orgullo se organiza todos los años hace 26 años. Ningún funcionario al que le ha tocado hacer algo relacionado a su organización puede alegar desconocer este hecho. La decisión de bajar el escenario es una decisión política que claramente expresa la importancia que tiene la política de diversidad y la libertad para expresarnos y manifestarnos para un gobierno nacional que por primera vez en muchos años nos niega el escenario para la Marcha del Orgullo”. Y agregó: “Este mensaje se condice con el protocolo de seguridad que nos regalaron para el mes de la diversidad y con la falta de presupuesto para el INADI y el Instituto Nacional de las Mujeres entre otros espacios que atienden las necesidades de los grupos vulnerados por la discriminación y la violencia.”

Por ahora, el cronograma de la 26ª Marcha comenzó con la ya típica Feria del Orgullo en Plaza de Mayo y a las 16hs partirá hacia el Congreso. En Plaza de Mayo sí habrá un escenario que fue gestionado con Gobierno de la Ciudad. En este se realizarán varias de las actividades que estaban previstas para el cierre.

Los ánimos para marchar están caldeados desde el año pasado. En la edición 2016, la marcha terminó con un sector del público arrojando huevos, botellas y palos al escenario frente al Congreso.

El cierre histórico este 2017 no será el mismo. Así lo expresó la Comisión Organizadora de la 26ª Marcha del Orgullo LGBTIQ en un comunicado:

“La Comisión Organizadora de la 26ª Marcha del Orgullo LGBTIQ, que integramos más de 50 agrupaciones de la diversidad y la disidencia sexual, invita este sábado 18 a las 16 horas a participar del acto y marcha cuya consigna central es ‘Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados.’

Hoy la ministra Bullrich nos amenaza con su protocolo “LGBT”, que atropella la ley de identidad de género y habilita la tortura policial. La gobernadora Vidal no aplica la ley provincial de cupo laboral trans. Y a la vez el gobierno de Macri nos negó el escenario habitual en Plaza Congreso, en otra muestra de su autoritarismo y su ajuste a todas las políticas públicas. Pero nada detiene nuestro orgullo. Por eso esta vez haremos el acto central con nuestros reclamos en Plaza de Mayo y luego marcharemos al Congreso.

·Ante el desprecio oficial por los derechos humanos, reclamamos verdad y justicia por Santiago Maldonado; justicia por el travesticidio de Diana Sacayán; cupo laboral trans en todo el país; reconocimiento del genocidio trans y resarcimiento para esa comunidad, e inclusión laboral de las personas que salen de un contexto de encierro.

· Ante la injerencia clerical en la vida pública, exigimos la separación Iglesia/Estado, basta de subsidios a la Iglesia Católica y no al proyecto de ley religiosa; aplicación de la ley de educación sexual integral; inclusión de las infancias y adolescencias trans.

· Ante los incumplimientos de la ley de identidad de género, reclamamos que se cumpla en el ámbito de la salud y se respete en el ámbito deportivo. También reclamamos la nueva ley de VIH, el aborto legal y la producción pública de misoprostol.

· Ante la continuidad de las discriminaciones y violencias, decimos: basta de violencia machista hacia las lesbianas y mujeres bisexuales; ley antidiscriminatoria ya; basta de racismo, xenofobia y sexismo; libertad de los cuerpos intersex.

· Ante la persecución institucional a lxs trabajadorxs sexuales, exigimos sus derechos sociales y laborales; reforma de la ley de trata que lxs criminaliza; abajo los códigos contravencionales; alternativas laborales para las personas en situación de prostitución.

· Ante el ataque a los derechos democráticos, decimos: no al protocolo “LGBT”; libertad a Milagro Sala, Facundo Jones Huala y demás presxs políticxs; que se legalice el autocultivo y consumo de marihuana, y se despenalice la tenencia simple de droga.

· Ante la nueva reforma precarizadora, defendemos los derechos laborales. Como bien decía el FLH en los ’70, queremos ‘amar y vivir libremente en un país liberado’”.

Fuente SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Buenos Aires, COMO, Diana Sacayán, Diego Borisonik, FALGBT, Feria del Orgullo, Marcha del Orgullo, María Rachid, Santiago Maldonado

Organizaciones argentinas de defensa de los derechos de la comunidad LGTB convocaron un “besazo” masivo para protestar contra la detención de dos mujeres por besarse en una plaza.

La Colectiva Diversidad Córdoba, hizo un llamamiento para protestar contra la arbitraria detención de dos chicas que se besaron en la céntrica plaza Colón de la la ciudad argentina de Córdoba. Una protesta en la que destacará el amor puesto que se realizará una besada masiva el próximo domingo 30 de octubre frente a la Central de Policía.

Hay noticias que hay que leerlas más de una vez para poder creerlas. Resulta insólito que tras doscientos años de vida, el Museo del Prado haya abierto esta semana sus puertas por primera vez al arte en femenino… y resulta aún más impensable que en un país como Argentina se haya detenido a dos mujeres por demostrar su amor en la calle.

Y sin embargo estas cosas suceden. El sábado pasado, los viandantes que pasaban por la plaza Colón de la ciudad de Córdoba asistieron atónitos a un espectáculo lamentable. Un show protagonizado por la policía y su intolerable actitud que se llevó detenidas a dos chicas por besase en público.

Si atendemos a la actuación policial podríamos entender que estaban buscando a dos delincuentes peligrosas puesto que hasta tres coches de policía se acercaron a la céntrica plaza para llevarse a las dos jóvenes a comisaría acusadas de “actos obscenos en la vía pública” y de actuar con poca “ética ciudadana”.

Tras pasar unas horas en comisaría, las chicas fueron liberadas por ser menores de edad. Sin embargo, como afirma la asociación Colectiva Diversidad Córdoba, el daño ya está hecho puesto que las dos jóvenes implicadas temen por su seguridad y han solicitado no hacer visible su identidad.

Lamentable episodio de lesbofobia

”Actos obscenos en la vía pública” y actuar con poca ”ética ciudadana”, aunque unx tenga más paciencia que Ghandi, los motivos esgrimidos por la policía son tan peregrinos y absurdos que consiguen enervar hasta a las piedras.

Leticia Veber, miembro de la organización Devenir Diverse, ha explicado al diario ‘Clarín’ que “el ‘delito’ que estaban cometiendo estas compañeras fue que se estaban besando en una plaza, un espacio público. Un compañero nuestro que pasaba por ahí vio el operativo, exagerado, con tres móviles para dos chicas; y le preguntó a los policías por qué tanto despliegue, si era nada más que un beso de dos personas enamoradas”.

“Nosotros entendemos que no se trata de situaciones aisladas, sino de una verdadera política de represión a la libertad sexual, como ya sufrieron otras personas homosexuales, como las chicas de la Biela o los chicos apaleados en Mar del Plata“, ha lamentado.

Como a la intolerancia no hay que escucharla sino combatirla, las asociaciones LGTB del país han decidido movilizarse. De este modo, desde Colectiva Diversidad Córdoba han anunciado que presentarán una denuncia penal, otra denuncia ante el Tribunal de Conducta Policial y una besada masiva por la visibilidad lésbica que se celebró el pasado domingo 30 de octubre a las 17 (hora local) frente a la Central de Policía.

Ante el odio, una buena ración de amor.

Así, la protesta, bajo la consigna de “las lesbianas existimos y resistimos” y que congregó a unas 300 personas, se realizó el pasado domingo frente a la sede central de la Policía en la ciudad argentina de Córdoba, donde los organizadores llamaron a besarse “en repudio a la violencia institucional” y en protesta por los hechos que ocurrieron a finales de octubre, cuando dos mujeres que se besaban en la plaza Colón de Córdoba fueron detenidas por cometer “actos obscenos en la vía pública” y posteriormente liberadas con la advertencia de estar fuera de la ética ciudadana.

“Es una Policía (la de Córdoba) que se caracteriza por ser especialmente represiva, es una Policía que tiene muchas denuncias, pero la violencia institucional es algo que va en aumento y esto es por un mensaje aval del Estado”, dijo María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Transexuales.

Según Rachid, se está detectando que “policías de algunas provincias están volviendo a comportamientos represivos”, como pedir sobornos o amenazar a miembros de la comunidad LGTB. “Aún quedan artículos legislativos que tienen expresiones como ‘atentado al pudor y las buenas costumbres’ que son herramientas para perseguir a grupos minoritarios”, apuntó la secretaria de la Federación.

Para Rachid, la solución a estos problemas pasa por dos ejes: el primero cambiar “radicalmente la capacitación de la Policía” para la actuación en casos que involucran a minorías e implementar un control civil de las fuerzas y el segundo cambiar “el mensaje del poder político”, que no debe “avalar la violencia institucional”, sino ponerse del lado de las víctimas.

El pasado agosto ya se produjo otro “besazo” masivo similar al convocado para hoy, en Buenos Aires, después de que dos mujeres fueran advertidas en un céntrico bar de que era inapropiado acariciarse y el incidente terminase con la expulsión de ambas del establecimiento.

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Una manifestación, que llamaron “Besazo”, tuvo lugar frente al bar La Biela, en Recoleta. Fue convocada por Belén Arenas, la joven de 25 años que fue maltratada y echada del lugar por besarse con su novia.

El “Besazo multitudinario y homosexual” se celebró a las 20 del día lunes frente al histórico café, cuyos administradores niegan haber incurrido en un acto de discriminación. “El objetivo de este besazo, del tortazo que estamos convocando, es probar que cada vez somos más los que tenemos ganas de vivir libremente y menos la cantidad de gente que piensa como cavernícola“, dijo Belén, bailarina y performer sobre lo ocurido el lunes pasado a las 23.

Distintas organizaciones de defensa de los derechos homosexuales, como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) participan de la manifestación que fue convocada a través de las redes sociales.

César Cigliutti, que preside esa organización, recordó que “una de las maneras de enfrentar la discriminación es visibilizarla y denunciarla”.

“Realizar estos actos públicos de besarnos es responder con una expresión de amor y de celebración de la diversidad a estos resabios de homo-lesbo-transfobia que todavía existen. Reiteramos el reclamo de la modificación de la Ley Antidiscriminatoria para que incluya la orientación sexual e identidad de género”, clamó.

Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA, agregó: “En el bar La Biela se discriminó a nuestra comunidad y expulsarnos de un bar o de cualquier lugar es algo que no vamos a permitir y que no puede ocurrir de ninguna manera.”

https://www.youtube.com/watch?v=G4gbB_2093A

El hecho ocurrió el lunes entre las 23.10 y las 23.30 del lunes 29 de agosto: “En ese lapso llegó mi pareja al bar, angustiada por un problema personal y yo me senté a su lado a consolarla, acariciándole la mejilla y abrazándola. Hasta que llegó el mozo a increparnos”, contó. “Tienen que tranquilizarse, no pueden estar así acá”, detalló Belén y explicó que cuando le pidió mayores precisiones al empleado le contestó que fueran a discutir con el encargado del lugar.

“Entonces -continuó- me acerqué a hablar con este señor, a decirle que me estaban discriminando por lesbiana y me contestó que lo que hacíamos era inapropiado para el lugar. Le pregunté qué era exactamente lo que hacíamos, que lo verbalice; le pregunté si era consciente de que vivía en un país con ley de matrimonio igualitario y me contestó ‘sos una ridícula’”, relató Belén Arenas, bailarina y performer de profesión.

“Y cuando estoy por llamar al 911 me dice que no hace falta, que había una policía justo saliendo del baño que me llevó afuera agarrándome del hombro y una vez en la vereda me dijo que tenía que hacer la denuncia”, describió. “Fue como vivir en el mundo del revés. Viví la injusticia otra vez en carne propia, porque es la cuarta vez que me pasa“, admitió la joven.

Tras el incidente, el encargado del establecimiento, Carlos Gutiérrez, se justifica alegando que las dos jóvenes “se estaban acariciando mal” y que habría actuado de la misma manera ante “cualquier pareja normal”. Al tener conocimiento del besazo que se iba a celebrar en la puerta del establecimiento, declaró que sólo esperaba que «todos se comporten como personas». Por su parte, Joaquín Mauri, jefe de salón de La Biela, ofreció una versión distinta de los hechos: “Nosotros nunca nos metemos en esas cosas, lo que pasó fue que otro cliente se quejó de lo que estaban haciendo y se pusieron a discutir. Lo que no queremos es escándalo dentro del salón”. “Nadie la echó, ella se sintió agredida, les pedimos que no discutan. Esta casa no discrimina a nadie, convivimos con clientes que la mayoría son de origen judío, armenio, árabe”, agregó.

Consultado sobre el “Tortazo” del lunes, el empleado advirtió que “intentarán hablar con la gente que se acerque para que entren en razones”. “Esto no se soluciona con agresión, esta chica -por Belén- o la comunidad -homosexual- están usando la imagen de la empresa para tener un poco de publicidad“, concluyó.

Por su parte, María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, advirtió que “todavía hay muchas denuncias de ese tipo de trato discriminatorio en algunos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país“. “Son situaciones que a veces se dan por desinformación o desconocimiento, pero otras a pesar de los avances de igualdad se insiste en tomar posiciones sumamente discriminatorias y violentas hacia nuestras familias”, agregó. “Lo importante -agregó- es que todas las parejas y demostraciones de afecto sean tratadas por igual. Pero las chicas dicen que mientras ellas estaban en el bar había parejas dándose besos, manifestaciones de afecto a las que los mozos no les llamaban la atención. Eso nos parece de mucha gravedad”.

Inmediatemente después de que se difundiera la situación, Rachid explicó que además de ofrecerle a Belén canalizar la denuncia a través del Instituto, enviaron una carta a los dueños de La Biela para “investigar lo que sucedió y poder resolver algo al respecto”. “De confirmarse el hecho de discriminación -agregó- en principio sugerimos que se pida una disculpa pública; o que las partes involucradas en el hecho discriminatorio hagan algún curso o taller de Derechos Humanos relacionados al tipo de discriminación al que nos referimos, en este caso, diversidad sexual. Por supuesto, las organizaciones también pueden presentar una denuncia por discriminación y las personas afectadas pueden reclamar daños y perjuicios y si lo consideran“.

Fuente La Nación, vía SentidoG

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Reglamentan una ley de 2015 que prevé un cupo de 1% del empleo público.

Unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse paulatinamente al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses. Esto es así a partir de la reglamentación de la ley 14.783, que dispone un cupo del 1% de los empleos públicos para ese colectivo.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo a La Nación que se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 “en los próximos meses”. Ahora Cantón articulará con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de esta ley, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables.

“La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible”, dijo a este diario María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

Antes deberán quedar resueltos los requisitos para acceder a estos empleos públicos, dado que posiblemente muchas de las personas trans no cuentan con experiencia laboral previa en el Estado. Se intentará que el trabajo incluya además alguna forma de capacitación.

“Lxs trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo“, dijo Rachid.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las “ausencia del Estado”.

El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo. La idea es que la condición quede demostrada mediante una declaración jurada para acceder al cupo. Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación, Cantón se reunió la semana que pasó con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la FALGBT.

La reunión tuvo lugar luego de que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidiera al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura provincial.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

En los fundamentos de la ley se explica: “La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato”.

Fuente: La Nación

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María Alejandra Aranda, Secretaria de Educación de la FALGBT, fue electa representante de la Comuna 6 por el Partido Socialista (ECO). Se convierte de este modo en la primer Comunera abiertamente lesbiana electa en la Ciudad.

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans celebra la asunción de su Secretaria de Educación, María Alejandra Aranda, como representante de la Comuna  6 por el Partido Socialista. Aranda había sido electa en las pasadas elecciones porteñas del 5 de julio participando en representación del Partido Socialista en la alianza ECO.

Cabe destacar que que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 15 Comunas, las cuales se rigen bajo la Ley 1.777 sancionada en 2005. Cada una de estas comunas es un órgano de Gobierno compuesto por la Junta Comunal y su Presidente. Los 7 miembros que componen a la Junta son elegidos por los vecinos en las elecciones y se mantienen en sus cargos por cuatro años.

Las Comunas tienen poder de decisión sobre diversas custiones vinculadas al espacio público y la convivencia urbana por lo que la elección de Aranda constituirá un aporte importante para la promoción de actividades vinculadas a la igualdad y no discriminación en la ciudad.

Al respecto Marcela Romero, Presidenta electa de la FALGBT expresó «es una gran alegría celebrar la asunción de nuestra compañera Marita Aranda, actual Secretaria de Educación de la FALGBT, como Comunera elegida por la elección popular»

Asimismo agregó «como siempre acompañaremos a Marita en este nuevo desafío y en el impulso a acciones de visibilidad en materia de igualdad y no discriminación».

Para finalizar María Rachid, Secretaria General electa de la FALGBT valoró«desde la FALGBT impulsamos la visibilidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans en cargos de elección popular. Me tocó personalmente esa experiencia al ser electa como primera Diputada abiertamente lesbiana en la Ciudad y no tenemos dudas que Marita Aranda lo hará fantásticamente, representando a todas las vecinas y vecinos de la Comuna 6».

Fuente Prensa FALGTB

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Esteban Paulón, actual presidente de la FALGBT, fue convocado por el gobernador de Santa Fe para poner en marcha la Subsecretaría de Diversidad provincial.

Esteban Paulón, actual presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) ha sido convocado por el gobernador de Santa Fe para poner en marcha la Subsecretaría de Diversidad provincial.

El organismo, uno de los primeros en su tipo en el país, es una iniciativa del gobernador electo de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y forma parte de las propuestas contenidas en el Plan de Ciudadanía LGBT, impulsado por la FALGBT junto al Sistema de Naciones Unidas en Argentina. El actual presidente de la FALGBT, y electo vicepresidente de la entidad, Esteban Paulón, tendrá la responsabilidad de llevarla adelante.

La FALGBT celebra la creación de la Subsecretaría de Estado de Diversidad de Santa Fe y felicita por la iniciativa al gobernador electo de esa provincia Miguel Lifschitz.

La Subsecretaría, que funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Social pero con actuación transversal, tiene por objetivo promover la inclusión e igualdad de lesbianas, gays, bisexuales y trans de toda la provincia, a partir de la promoción de acciones y políticas en las diversas áreas del Gobierno de Santa Fe, de la mano de las organizaciones sociales que trabajan la temática.

Entre sus principales tareas se destacan la inminente creación del Consejo Provincial de la Diversidad, la promoción de reformas legales que garanticen remover las barreras discriminatorias aún existentes, la implementación de programas de inclusión integral con especial foco en población trans y la realización de campañas y acciones de sensibilización y capacitación en diversidad sexual a agentes estatales, sector privado, medios de comunicación, gremios y sindicatos y empresas entre otros.

Cabe destacar que este nuevo organismo es el primero en el país que cuenta con rango de Secretaría de Estado, tal como lo propone la Federación Argentina LGBT en el Plan de Ciudadanía LGBT que nuestra organización promueve junto al Sistema de Naciones Unidas en Argentina.

Al respecto Marcela Romero, presidenta electa de la FALGBT expresó “es una gran alegría poder acompañar desde nuestra organización la creación de la Subsecretaría de Estado destinada a la Diversidad Sexual. Creemos que es fundamental contar con más espacios institucionales que permitan trabajar para construir la igualdad real, tras la aprobación de las leyes de igualdad en nuestro país”.

Asimismo agregó “queremos felicitar al Gobernador electo Miguel Lifschitz por esta iniciativa tan importante, y desear el mayor de los éxitos a nuestro compañero Esteban Paulón en este desafío apasionante que en breve pondrá en marcha”.

Para finalizar María Rachid, secretaria general electa de la FALGBT valoró “desde la FALGBT impulsamos la creación de institucionalidad de Diversidad Sexual a nivel gubernamental desde el año 2010 en el marco del Plan de Ciudadanía LGBT, elaborado en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Que hoy Santa Fe dé este paso nos llena de orgullo y alegría, y esperamos pronto se habiliten espacios como este en todas las provincias argentinas y en el Gobierno Nacional”.

Fuente: Prensa FALGBT

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La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) informa que ha suscripto un convenio de cooperación recíproca con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Participaron de la firma del mismo el ministro de la cartera nacional, Dr. Julio Alak; el presidente de la FALGBT, Esteban Paulón; la secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y Legisladora porteña, María Rachid; la vicepresidenta de la FALGBT, Claudia Castrosín Verdú y la Defensora LGBT de Buenos Aires, Flavia Massenzio.

El convenio tiene por objeto:

a. Intercambio de experiencias y desarrollo de actividades de cooperación, capacitación y asistencia en materia de derechos de las personas LGBT y otras áreas de interés común.

b. Desarrollo conjunto de acciones que permitan mejoras en el acceso a la Justicia de las personas LGBT en todo el territorio de la República Argentina.

c. Colaboración en la capacitación recíproca de recursos humanos.

d. Cooperación en el diseño, promoción e implementación de políticas públicas que garanticen y en su caso permitan mejorar el acceso de la población LGBT a una ciudadanía plena.

e. Promover e impulsar las propuestas de políticas públicas que se desprenden del Plan de Ciudadanía LGBT elaborado por la FALGBT junto al Sistema de Naciones Unidas.

f. Desarrollar investigaciones e informes sobre la situación de la población LGBT.

Al respecto, Esteban Paulón expresó lo siguiente: “Es una gran alegría avanzar por medio de este convenio en un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para seguir sumando acciones que peritan achicar la brecha existente entre la igualdad legal y la igualdad real”.

Para finalizar, Paulón destacó: “Queremos agradecer al ministro Julio Alak la predisposición permanente de trabajo en materia de igualdad, y estamos convencidas y convencidos que con esta tarea conjunta, podremos fortalecer las acciones de la Defensoría LGBT, así como impulsar la implementación del Plan de Ciudadanía LGBT que hemos elaborado junto ONUSIDA y PNUD en nuestro país”.

Fuente FALGTB

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Sin embargo, sólo el 15 por ciento reconoció haber sido discriminado por esa causa en el ámbito laboral, según un informe de la Federación Argentina LGBT.

El informe ha sido difundido por la Federación Argentina LGBT (FALGBT) a cinco años de la sanción de la ley Matrimonio Igualitario. Esta norma y la de Identidad de Género, sancionadas en 2010 y 2012 respectivamente, no sólo permitieron que se celebraran en el país un gran número de casamientos (que la Falgbt estima en más de 10.000) y 4.000 reconocimientos de identidad de género, también abrieron el surco hacia otros derechos: la salud, la educación y el trabajo.

“El 65 por ciento de lesbianas, gays y bisexuales dijeron creer que ‘abrirse’ en el trabajo dificultaría su situación laboral; no obstante, sólo el 15 por ciento dijo haber sido perjudicado en ese ámbito por ‘salir del armario’, lo que muestra el peso de la historia de discriminación que ha tenido el colectivo”, dijo a Télam Esteban Paulón, titular de la Falgbt.

El informe “Orgullo en el trabajo en Argentina”, que según la Federación es “el primero en su tipo a nivel mundial”, mostró los avances y los desafíos que hay que enfrentar para una real inclusión del colectivo” durante un encuentro que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y representantes de tres centrales obreras, además de legisladores y responsables de organismos que trabajan por la diversidad sexual en Argentina.

“El trabajo es la llave que posibilita la inclusión y la cohesión social”, manifestó Tomada, y consideró que “no hay economía ni democracia sostenible si no creamos trabajo de calidad, si no hay un piso de protección social“.

“Es por eso que nuestro Gobierno aborda ‘el trabajo y diversidad sexual’ para atender los problemas de desigualdad que vive la comunidad LGBT respecto de los derechos básicos en el ámbito laboral y de seguridad social“, agregó el ministro.

El informe que arrojó esa percepción tan alejada de las denuncias reales de discriminación por orientación sexual se hizo sobre una encuesta a 400 gays, lesbianas y personas bisexuales con empleo.

Otra fue la mirada del colectivo trans (travestis, transgénero y transexuales), que “es el que encuentra mayores dificultades en el acceso al trabajo”. “Las participantes trans expresaron sentirse denigradas de una forma constante y, por eso, muchas de ellas aseguraron que no se animaban ni a acercar el currículum”, señala el informe. La exclusión de sus hogares, dice el documento, “se encadena a su vez con otras exclusiones: la de la escuela, la de otros espacios de socialización, la de oportunidades de formación profesional y por último la del acceso al mercado de trabajo”.

En realidad, la jerarquía que hoy por hoy impone el mercado laboral a la hora del acceso al empleo es, según la encuesta: “primero el hombre, segundo la mujer casada (heterosexual), tercero la mujer soltera (heterosexual), cuarto la lesbiana femenina, quinto la lesbiana masculina, y por último las personas trans”.

No obstante, “el 60 por ciento del colectivo LGBT señaló que para facilitar el acceso a los puestos de trabajo deberían intensificarse dispositivos como ‘los delegados de la diversidad’, o las ‘defensorías por la diversidad’, entre otras herramientas”, afirmó Paulón al abrir el encuentro acompañado por Hugo Yaski, titular de la CTA; Pedro Mouratián, titular del Inadi; el director de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Argentina, Pedro Américo Furtado de Oliveira; y Alberto Stella, director de Onusida para Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

En base al mapa de la discriminación del Inadi de 2013, el informe señaló que la orientación sexual y la identidad de género ocupan el quinto lugar en las denuncias después de la discapacidad, la forma de pensar o ideología, el estado de salud y la condición de migrantes.

También estaría en quinto lugar en cuanto a la percepción de discriminación después del nivel socioeconómico, el sobrepeso u obesidad, la condición de migrantes y el VIH/SIDA.

La legisladora porteña María Rachid estimó que “las Leyes de Matrimonio y de Identidad de Género han provocado un salto histórico para las personas LGBT en Argentina”, aunque opinó que “aún falta mucho por hacer para que la igualdad legal se transforme en igualdad real”.

En particular, añadió la diputada, “el ámbito laboral plantea grandes desafíos, y para lograr cambios profundos debemos sumar esfuerzos desde todos los poderes del estado, de organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil”.

Fuente Télam

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La norma fue impulsada por la Mesa Nacional por la Igualdad y varias organizaciones de defensa de derechos de diferentes colectivos, entre los que se encuentra la Federación Argentina LGBT (FALGBT), entidad que exige al Congreso de la Nación a impulsar el proyecto igual a nivel nacional.

Este miércoles se publicó en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires la Ley contra la Discriminación, iniciativa de la legisladora porteña María Rachid junto a los legisladores Daniel Lipovetzky, Enzo Pagani y la legisladora Gabriela Seijo. Según indica el Boletín, la ley quedó automáticamente promulgada el día 8 de mayo, por lo que sólo restaba su publicación para completar el trámite que le permite entrar en vigencia.

La Ley contra la Discriminación es una propuesta de la FALGBT redactada junto a la Mesa Nacional por la Igualdad y muchas otras organizaciones que defienden los derechos de grupos víctima de discriminación. Desde su fundación, la FALGBT viene promoviendo la reforma de la legislación antidiscriminatoria a nivel nacional, así como la aprobación de normas en el mismo sentido a nivel local en los diferentes distritos.

Entre otras cuestiones, la Ley 5261 establece una larga lista de pretextos discriminatorios, incorporando la orientación sexual y la identidad de género, pero también otros grupos como adultos/as mayores o personas con discapacidad, que tampoco están contempladas en la legislación nacional. Además, se establecen los procedimientos de denuncia e investigación de actos discriminatorios, garantías procesales como la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio, que hará mucho más simple probar la discriminación sufrida, o la legitimación de las organizaciones para denunciar y e impulsar acciones civiles o penales.

Al respecto Esteban Paulón, presidente de la FALGBT expresó: “Es una alegría inmensa que una ley en la que tanto hemos trabajado, junto a muchas otras personas y organizaciones, finalmente haya sido publicada y empiece a ser una nueva herramienta en la lucha contra todas las formas de discriminación. Esperamos que el Gobierno de la Ciudad establezca rápidamente un organismo especializado para aplicar la ley y para llevar adelante las muchas políticas públicas contra la discriminación que la misma establece”.

Asimismo agregó que “ahora la Ciudad de Buenos Aires tiene una de las legislaciones contra la discriminación más modernas del mundo. Depende de los funcionarios y funcionarias, las organizaciones y de toda la sociedad que esa herramienta dé sus frutos; debemos comprometernos en esta lucha mediante la denuncia, la judicialización —cuando sea necesario— y sobre todo mediante un cambio de conciencia en relación a nuestra mirada sobre los demás”.

Por su parte Claudia Castrosín Verdú, Vicepresidenta de la FALGBT concluyó diciendo que “desde su fundación la FALGBT presenta todos los años proyectos de reforma integral de la legislación nacional contra la discriminación; es hora de que el Congreso de la Nación trate y sancione los proyectos que hemos presentado con el apoyo de muchas y muchos diputados nacionales, para que en toda la Argentina haya una Ley que nos proteja a todas y todos contra las muchas formas de discriminación y sea una herramienta efectiva para crear una sociedad más justa y que celebre su diversidad”.

Fuente FALGTB

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 Otra de las grandes innovaciones es el abordaje particular de la discriminación en los espectáculos deportivos, sin dudas uno de los ámbitos en los cuales aún resta mucho por hacer para revertir situaciones discriminatorias recientes. Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, expresó “es un gran orgullo poder celebrar hoy la aprobación de la mejor ley de prevención y sanción de la discriminación en América Latina, fruto del trabajo de nuestra organización, nuestra compañera y Legisladora María Rachid junto a los Diputados Lipovetsky, Seijo y Pagani.”

Texto completo de la ley

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