Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Alba Rueda, Almirante Brown, Argentina, Avellaneda, Axel Kicillof, Azul, Chivilcoy, Claudia Vázquez Haro, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Federico Salvai, Lanús, Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, Ley nº14.783, Marcelo Villegas, Maria Eugenia Vidal, Merlo, Morón, Mujeres Trans Argentina, Otrans Argentina, Quilmes, Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’, San Miguel, Tres de Febrero

Por Luciana Bertoia

Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hoy está postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Hace casi un año que está detenida sin condena, acusada de narcomenudeo. Después de meses de dolores y reclamos para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la hiciera atender, quedó paralítica y sin control de esfínteres. Denunció por torturas al SPB – que depende del Ministerio de Justicia provincial de María Eugenia Vidal-, pero su presentación no avanzó. En simultáneo, los penitenciarios accionaron contra un defensor por haber ido a visitar a Mónica, supuestamente acompañado por una periodista. Esa investigación se mueve a pasos agigantados y ya pasó por las manos de tres fiscales. Distintos organismos dicen que se trata de un caso de torturas que el Estado provincial quiere impedir que se investigue, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema bonaerense.

La denuncia de Mónica entró a la fiscalía general de La Plata el 5 de julio de este año. La presentó el abogado de la Defensoría de Casación bonaerense Aníbal Hnatiuk. En un par de hojas, Mónica relataba cómo su vida se desmoronó en menos de un año, desde que quedó privada de su libertad. Los dolores renales empezaron en octubre del año pasado, cuando estaba detenida en la Alcaidía de Olmos. La atención del SPB consistía en suministrarle Ibuprofeno. Ella fue notando cómo crecía una protuberancia y también cómo los penitenciarios incumplían su promesa de llevarla a un hospital extramuros para que la atendieran y trataran.

Cuando la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela, Mónica ya casi no podía caminar. Sus compañeras de pabellón entraron en una huelga de hambre para reclamarle al SPB que la hiciera tratar. La respuesta del SPB fue ponerla en un “buzón” – una celda de castigo – y dejarla horas sin atención. El 21 de mayo, una compañera que colaboraba con el área de Sanidad quiso levantarla, pero Mónica se desmoronó. “Se me murió el cuerpo totalmente”, escribió en su denuncia.

Al día siguiente, la operaron en el Hospital San Martín de La Plata. La protuberancia que ella notaba era un absceso epidural por una tuberculosis no atendida. Cuando salió del quirófano, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar: debería vivir el resto de su vida con pañales y sonda.

Días después, la volvieron a llevar a Olmos. La dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron escaras, dejándola expuesta a infecciones múltiples. Una tortura adicional para alguien que vive con otras patologías crónicas.

La cárcel, un dispositivo para morir

“Esto que pasó con Mónica es algo sobre lo que veníamos alertando desde 2017, cuando murieron cuatro compañeras que estaban privadas de su libertad”, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.

Pamela Macedo Panduro falleció el 1 de enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.

La organización está por dar a conocer una investigación federal realizada con apoyo del Fondo Internacional Trans, que detalla los padecimientos de las personas trans en situación de encierro. “El informe va a dar cuenta de cómo se agravaron las condiciones de detención, malos tratos, tortura y muerte en estos cuatro años de macrismo”, adelanta. El 95 por ciento de las entrevistadas denunció que al menos una vez sufrió malos tratos, violencia verbal o física de las fuerzas de seguridad. En las cárceles, hay una triple discriminación– explica Vásquez Haro–: ser travesti, migrantes y pobres.

Según el último informe de la CPM, a diciembre del año pasado, eran 94 las mujeres trans detenidas en las cárceles bonaerenses. La mayoría de ellas están alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. El resto se reparte entre la Unidad 44 de Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica.

La población trans en cárceles creció un 36 por ciento entre 2017 y 2018 – al calor de la retórica manodurista. Hasta el año pasado, el 86 por ciento de las personas trans detenidas lo estaba por tener un procesamiento. O sea, sin sentencia ni revisión de sentencia. Como sucedió con Mónica.

La justicia le reclama a la justicia

El viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, firmó una resolución en la que le apuntaba directamente al Procurador General Julio Conte Grand. Por un lado, le reclamaba que le informe qué se hizo con la denuncia que presentó Mónica desde el hospital. Por otro, hacía una exhortación a todas las autoridades que intervienen en el caso para que no entorpezcan la acción de defensores de los derechos humanos.

Mario Coriolano, defensor de Casación, fue a visitarla mientras estaba en una cama en Olmos. Lo hizo a partir de un pedido del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) – que consideró que la falta de atención, las burlas y el hostigamiento que padeció Mónica podía catalogarse como un caso de tortura. Terminó denunciado Coriolano por el titular del SPB, Xavier Areses, por haber supuestamente permitido el ingreso de una periodista – lo que sería prácticamente una hazaña porque es el propio SPB quien controla ingresos y egresos de las cárceles.

“El de Mónica es un caso testigo porque pone sobre la mesa lo más brutal y estereotipado del sistema de justicia: de un sector de los fiscales, de la judicatura y el SPB”, dice Coriolano a Presentes. “Desde una perspectiva de género hay una intersección de vulnerabilidades. Es una mujer trans, peruana y eso llevó a que se la involucrara falsamente en un tema de drogas”.

La resolución de De Lázzari surgió después de que llegaran ante el máximo tribunal provincial presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del CNPT y del Vicario Episcopal de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.

La CPM presentó dos hábeas corpus por la situación de Mónica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que extendió a todo el colectivo trans privado de su libertad en la provincia de Buenos Aires.Es probable que se repitan las presentaciones en las próximas semanas e incluso que se sumen nuevas organizaciones para apoyar el reclamo.

Mónica está actualmente detenida en prisión domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, pero las organizaciones que siguen su caso vienen reclamando que se la traslade al Hospital El Dique, de Ensenada, porque es el centro médico ideal para tratar dolencias crónicas.

“Es de interés que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La respuesta del Estado para Mónica debe ser reparatoria”, reclama Ignacio Di Giano, director del Programa de Recepción de Denuncias de la CPM. “Esta chica entró caminando y se va a ir en una silla de ruedas en el mejor de los casos”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Aníbal Hnatiuk, Argentina, Fondo Internacional Trans, Ignacio Di Giano, Julio Conte Grand, La Plata, Maria Eugenia Vidal, Mario Coriolano, Mónica Mego, Personas trans, Provincia de Buenos Aires, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Policías del distrito gobernado por el macrista Ramiro Tagliaferro les ordenaron a dos adolescentes separarse con al argumento de que hacían “algo inmoral”. “Estaban una arriba de la otra”, les dijeron a quienes salieron en defensa de las chicas.

Ni la ley de matrimonio igualitario ni la legislación que permite que una pareja del mismo sexo pueda adoptar hijos ni los avances en la igualdad de derechos de los últimos años, ni nada. Para la Policía Municipal de Morón, que dos chicas adolescentes se besen o abracen en una plaza pública “es un acto contra la moral”. “¿En qué posición estaban?”, las increpó uno de los agentes que se acercó a una pareja para exigirles que se separen.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 18:30 en la plaza Alsina, de Villa Sarmiento, localidad de Morón, el partido que gobierna Ramiro Tagliaferro, intendente de Cambiemos y ex marido de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El final de la secuencia fue filmado por una testigo que pasaba casualmente por allí y se acercó para ver lo que ocurría.

“Era un día nublado y no había nadie en la plaza”, contó a Página/12 Verónica Luque, la testigo. Antes de que los policías entraran en escena contra las adolescentes, “que tenían entre 16 y 17 años”, ella había pasado por el lugar y las vio “sentadas en un banco, una enfrente de la otra como cualquier pareja”. Minutos después, volvió a cruzar por allí y los agentes hablaban con las chicas.

Según le contaron las adolescentes, los municipales “les habían pedido que se separaran porque (estar así) ‘era algo inmoral’ y porque ‘había chicos en la plaza’”. Según la testigo, en los alrededores no había nadie, solo un hombre paseando a un perro. Fue entonces cuando comenzó la escena registrada en el video publicado en las redes sociales.

-Estamos cuidando la plaza y acá hay menores –argumentó un uniformado.

-Las chicas no estaban haciendo nada ilegal –respondió la testigo.

-Nadie les dijo que estaban cometiendo un delito. Como estaban una arriba de la otra, se les pidió amablemente de que desistan de esa posición.

Luego, la discusión fue por los fundamentos con que los policías amonestaron a la pareja. En la escena se oye cómo uno de los efectivos no quiso identificarse y le dijo que debía remitirse “a un destacamento de la localidad de El Palomar”. El otro sí lo hizo. Ambos negaron haber increpado a las chicas por ser lesbianas y adujeron haberlo hecho por supuestos reclamos de vecinos molestos ante “las exhibiciones” de la pareja en la plaza. “No pueden estar así”, añadió y las acusó de estar “una arriba de la otra”.

Luque siguió defendiendo a la pareja y les pidió a los agentes que precisaran qué legislación les impedía estar juntas en un espacio público. No le supieron responder. “Solo decían que era una cuestión de moral y que lo hubieran hecho con cualquier pareja”. Inmediatamente se acercaron otros dos agentes de la Policía Bonaerense a respaldar a sus camaradas. Luego de esto, las adolescentes, “que tenían entre 16 y 17 años”, se fueron de la plaza. “Cuando vi que eran cuatro me dio miedo”, reconoció.

Este diario se comunicó en tres oportunidades con la Municipalidad de Morón para que las autoridades den su versión de los hechos o las explicaciones que correspondiesen, pero la requisitoria no tuvo respuesta.

“Si los policías que te van a cuidar se van a regir por su propia moralidad y no se van a querer identificar, la verdad que deja una sensación de mayor inseguridad de la que ya vivimos”, reflexionó Verónica. No obstante, agregó, la clave está en “tomar coraje” y no ser indiferentes ante situaciones como esas, “porque si ahora las dejamos pasar, luego se van a venir cosas peores”.

Fuente Página 12, vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Homofobia/Transfobia, Lesbianas, lesbianismo, Maria Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Morón, Ramiro Tagliaferro, Verónica Luque

Reglamentan una ley de 2015 que prevé un cupo de 1% del empleo público.

Unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse paulatinamente al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses. Esto es así a partir de la reglamentación de la ley 14.783, que dispone un cupo del 1% de los empleos públicos para ese colectivo.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo a La Nación que se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 “en los próximos meses”. Ahora Cantón articulará con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de esta ley, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables.

“La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible”, dijo a este diario María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

Antes deberán quedar resueltos los requisitos para acceder a estos empleos públicos, dado que posiblemente muchas de las personas trans no cuentan con experiencia laboral previa en el Estado. Se intentará que el trabajo incluya además alguna forma de capacitación.

“Lxs trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo“, dijo Rachid.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las “ausencia del Estado”.

El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo. La idea es que la condición quede demostrada mediante una declaración jurada para acceder al cupo. Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación, Cantón se reunió la semana que pasó con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la FALGBT.

La reunión tuvo lugar luego de que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidiera al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura provincial.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

En los fundamentos de la ley se explica: “La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato”.

Fuente: La Nación

General, Historia LGTBI Abosex.AMI, ALITT, Argentina, ATTA, Buenos Aires, Defensoría del Pueblo, FALGTB, Laurana Malacalza, Ley 14.783, Mal, Marcelo Villegas, Maria Eugenia Vidal, María Rachid, OVG, Santiago Cantón, Transexual, Transexualidad

El acoso de la policía local a Lautaro Blengio es habitual, pero el 14 de marzo fue torturado por la Policía Local, llegando a simular que le fusilaban.

Varias organizaciones sociales denunciaron que el lunes por la mañana, la policía de Miramar secuestró y torturó a un militante por la diversidad llamado Lautaro, de 17 años. Según la denuncia, la policía lo interceptó a la salida de la escuela en un auto de civil, al que lo obligaron a subir a punta de pistola. De allí lo llevaron al vivero local, donde lo tajearon con cuchillos y lo quemaron con cigarrillos.

Con 17 años de edad, Lautaro Blengio es uno de los referentes en la lucha LGTB de su comunidad, siendo uno de los organizadores de la primera marcha del orgullo en su ciudad natal, la localidad bonaerense de Miramar. A pesar de su estética punk, es el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N 1 Rodolfo Walsh, donde cursa último año de secundaria. Su familia ya había denunciado que el todavía adolescente está sometido habitualmente al hostigamiento de la Policía Local, que ya le había detenido en alguna ocasión sólo por ser activista. La mañana del lunes, 14 de marzo, el acoso traspasó la línea de la agresión llegando a la tortura cuando al volver de la escuela era interceptado por una persona identificada como policía que le obligara a subir a un coche a punta de pistola.

Según el sitio 0223.com.ar, sus padres ya habían presentado dos Habeas Corpus denunciando que desde el verano pasado el joven era perseguido por la policía. Lo tenían en la mira, dijo la madre, porque “tiene cresta, aros y usa borcegos negros”. Ambas presentaciones fueron rechazadas por “inconsistentes”.

Según lo relatado por el propio activista, se trataba de un policía que ya le había amenazado anteriormente, y que en esta ocasión estaba acompañado. Relata que lo llevaron encapuchado hasta el vivero de Miramar, donde le apagan cinco cigarrillos en el cuerpo, le arrancan un aro de la oreja, le realizan varios cortes con una navaja en la zona del abdomen y hasta llegan a simular que le están fusilando, para después abandonarlo en el lugar. Organizaciones sociales denuncian que esta violencia sistemática es habitual contra miembros de la comunidad LGTB con la connivencia de las autoridades locales, sucediendo episodios similares cada semana con total impunidad. Pero este caso es aún más grave, si cabe, al tratarse de un menor de edad.

Daniel Blengio, padre del adolescente señala sin vacilar que se trata de “discriminación”, explicando que han presentado “denuncia en la fiscalía local y la fiscal Ana María Caro que está investigando y nos pusieron protección con Prefectura en la puerta de casa“. Los primeros problemas con la Policía se producen durante el verano pasado, llegando a pedir a la Justicia de Paz de Miramar un habeas corpus preventivo «para evitar que le pase algo más grave y la jueza Hogan rechazó el pedido diciendo que no estaba en peligro. Entonces nos fuimos a la Justicia de Mar del Plata, donde iniciaron una investigación en la comisaría“. Se da la circunstancia de que que la juez Florencia Hogan es la esposa del intendente de Miramar, Germán Di Cesare.

La madre de Lautaro, militante de la federación argentina de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, denuncia que agentes de la policía le acosan habitualmente diciéndole “ché, pelotudo, no sabés quiénes somos nosotros, ya te dije que no quiero verte por acá”, además de que “lo insultan porque tiene cresta, aros y usa borceguís negros”, señalando que no quiere que su hijo sea el próximo Luciano Arruga, en alusión a otro adolescente argentino, desaparecido desde enero de 2009 hasta octubre de 2014, tras haber sido secuestrado por la policía de Lomas del Mirador, según defienden sus familiares.

AMADI (Asociación marplatense de derechos a la igualdad) denunció en su comunicado que la noche anterior al secuestro, “el mismo menor, y un grupo de amigos fue víctima de abuso de autoridad” durante una requisa por averiguación de antecedentes. Mientras les pedían documentos y los revisaban, sigue el comunicado, uno de los oficiales que participó del operativo tomó a Lautaro por el cuello, lo golpeó contra el capot del patrullero y le dijo “pendejo, yo no te conozco ni vos a mí, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el vivero”.

El lunes 14 , según la denuncia, el policía cumplió su amenaza. Luego de hacer subir a Lautaro a un auto de civil, fueron al Vivero Dunícola Florentino Ameghino. Allí, dice el comunicado de AMADI, con el menor encapuchado, lo hicieron bajar del auto a golpes y cortes de navaja.

“Una vez dentro del vivero, lo continúa golpeando, le produce cortes en la zona del abdomen, lo quema con cigarrillos y lo amedrenta y amenaza de muerte, con frases como “ahí te voy a fusilar” (señalando un cruz realizada con tajos en el pecho del menor)”, sigue la denuncia.

La familia del adolescente se contactó con varias organizaciones sociales, entre ellas la APDH y Frente Antirepresivo de Mar del Plata. La causa judicial por las torturas y el secuestro quedó en manos de la fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.

Por su parte, la organización 100% Diversidad y Derechos expresó su repudio al ataque sufrido por Lautaro.

“Repudiamos enérgicamente este hecho y nos comprometemos a seguirlo de cerca. Lamentablemente no se trata de un caso aislado, se enmarca en un clima político e institucional de violencia y desigualdad. Exigimos a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo la intervención de la seccional de la policía bonaerense de Miramar, el descabezamiento de su cúpula y la separación preventiva de todos los agentes involucrados a fin de que no obstaculicen la investigación”, declaró el secretario de la organización, Martín Canevaro.

“Además, debido a que se trata de prácticas policiales que se reiteran contra la población LGTB, y especialmente contra personas trans en situación de prostitución, desde 100% Diversidad y Derechos exigimos la derogación del inconstitucional Código Contravencional y de las detenciones por averiguación de identidad y antecedentes en la provincia de Buenos Aires que se utilizan para perseguir a nuestra comunidad y otros grupos vulnerados por la discriminación”, continuó el activista.

“Existen reiterados casos en los que la policía detiene en la vía pública y comisarías a personas que exhiben sus documentos, constituyendo una práctica sistemática de las fuerzas policiales. Bajo pretexto de pretender tomar conocimiento de la identidad o los antecedentes de las personas ponen en funcionamiento un dispositivo de disciplinamiento social, estigmatizando y estableciendo un patrón valorativo sobre la actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan así a ser sospechosas según este criterio de acción policial”, finalizó Canevaro.

Fuente Fuente: Cosecha Roja, 100% Diversidad y Derechos, vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. AMADI, Ana María Caro, APDH, Cristian Ritondo, Daniel Blengio, Florencia Hogan, Frente Antirepresivo de Mar del Plata, Germán Di Cesare, Lautaro Blengio, Mar del Plata, Maria Eugenia Vidal, Martín Canevaro, Policía, Tortura

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich designó a tres dirigentes de la sociedad civil para que ocupen cargos en las áreas de violencia institucional, género y diversidad del organismo que dirige. Lo destacado del anuncio es que a cargo de la Coordinación Nacional de Diversidad se designó a la primera funcionaria transexual de la historia argentina.

Se trata de Mara Pérez Reynoso, comunicadora social, quien es una dirigente trans que se desempeñaba hasta ahora como vicepresidenta de Unión PRO Diversidad.

En diálogo con Mendoza Post, la dirigente trans explicó: “Es verdad que me ha costado mucho llegar a este lugar, pero mi esperanza de cambio y mi espíritu de lucha por lo justo siguen latentes y más presentes que nunca. El haber empezado a militar a los 11 años hace que ame la política”.

El resto del equipo que trabajará en materias de igualdad de género y diversidad son Daniel Barberis y Carolina Barone. Barberis estará a cargo de la Dirección de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal. El dirigente social es presidente del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y fue vicepresidente de la comisión redactora de la ley que creó el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).

Cuando la “visibilidad” trans es funcional a Macri

Mara Pérez Reynoso, es una dirigente de 26 años nacida en Coronel Martínez de Hoz, un pueblo ubicado entre Lincoln y Pehuajó, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pérez Reynoso empezó a militar en política en el ARI y se incorporó al PRO a fines del 2013, cuando Bullrich se sumó al partido de Macri. Es comunicadora social y se define como “republicana” y “defensora de la libertad de todas las personas”.

Después de su designación, nada dijo de la nula inserción laboral que existe para las personas trans, no hizo mención al promedio de vida de 35 a 40 años. Lejos de salir a pelear para que se cumpla el cupo laboral trans, de acuerdo a ley que se votó por unanimidad el pasado 17 de septiembre de 2015, apoya los despidos masivos de Cambiemos.

Tal como lo refleja en su cuenta de twitter, adhiriendo sin objeciones la política de despidos que encabeza Mauricio Macri, participó de los comentarios gorilas que se dispararon en las redes sociales contra los supuestos “ñoquis”.

Incluso su apoyo alcanzó al nuevo intendente Martiniano Molina, el mismo que dio vía libre para que el Concejo Deliberante apruebe en el presupuesto 2016 un incremento del 30 % de su sueldo que asciende a $ 112.000 (bruto) más 50 % adicional en “gastos de representación”.

La nueva funcionaria en su cuenta de twitter no menciona los comentarios transfóbicos del intendente de la Plata que dijo que en vez de darle trabajo a una travesti le daría ayuda psicológica.

Oculta con absoluta conciencia los dichos de su referente político Mauricio Macri cuando allá por el 2008 quería que las travestis “fueran trasladadas” a 3 de febrero para que se prostituyan. Decisión tomada con el aval del medieval código contravencional, puesto que según Mauricio “tienen que estar a más de 100 metros de distancia de donde vive la gente, el Código de Contravenciones porteño dispone de un mínimo de 200 metros”.

No mencionó a Choco Bar, ni a Bella Inostroza. Mucho menos arenga para que este 8 de marzo las calles se llenen al grito de: #NiUnaMenos. Pero sí, comparte el espacio con María Eugenia Vidal, ferviente católica y egresada de la UCA. Se ve que a ella la transfobia de la institución retrógrada que defienden sus compañeros de “equipo” no le generan ningún tipo de contradicción.

Cambiemos apuesta a otro cuadro de derecha escondido en un discurso que pretende ser “transfriendly” y que sin embargo no tiene en cuenta al pueblo, los jóvenes precarizados y la diversidad sexual. Ser transexual en este caso no es sinónimo de lucha contra el “sentido común”, por el contrario esta activista apoya a un gobierno republicano de empresarios que despide, amenaza con la represión y ajusta las cuentas a favor de las empresas capitalistas.

Fuente: Diario Veloz, La Izquierda Diario

General, Historia LGTBI #NiUnaMenos, ARI, Bella Inostroza, Buenos Aires, Cambiemos, Carolina Barone, Choco Bar, Coronel Martínez de Hoz, Daniel Barberis, INADI, Mara Pérez Reynoso, Maria Eugenia Vidal, Martiniano Molina, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pro, Unión PRO-Diversidad

Varias organizaciones convocaron para el pasado martes a las 17 horas, en la esquina marplatense de San Martín y Mitre, a una marcha “Por una sociedad sin facismo”.

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) se declaró “en estado de alerta ante un nuevo y violento ataque neonazi” a un joven activista de ese colectivo en la ciudad de Mar del Plata, por lo que varias entidades convocaron para el martes próximo a una marcha en esa ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado de prensa, la entidad denunció que Juan Martín Navarro fue atacado el 8 de diciembre último “por cinco personas que le pegaron con palos de PVC y cemento al grito de ‘puto de mierda’”.

El joven “a raíz de los golpes perdió el conocimiento, estuvo internado un día y medio en el Hospital Regional”, tiene “fracturado el tabique” nasal y “marcas en todo el cuerpo”.

Los agresores, afirmaron, fueron “cinco jóvenes, algunos ya identificados como parte del grupo que pinta esvásticas” en Mar del Plata”, señaló la FALGBT y los vinculó con miembros “de la agrupación Bandera Negra”, que apalearon a dos jóvenes punk en la plaza España y agredieron a trabajadoras sexuales y trans en la zona de La Perla.

Ante los reiterados ataques que durante los últimos meses sufrieron militantes y activistas por el derecho a la identidad sexual y a otros jóvenes por su indumentaria, peinado o apariencia, la entidad reclamó “respuestas de la justicia, de las fuerzas de seguridad” y “la urgente aprobación de la ley antidiscriminatoria”.

Varias organizaciones convocaron para este martes a las 17 horas, en la esquina marplatense de San Martín y Mitre, a una marcha “Por una sociedad sin facismo”.

Denuncia de la CHA ante Maria Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires

César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) dijo al respecto que “repudiamos y denunciamos estos actos violentos de discriminación. No hay lugar posible en una democracia para ningún grupo filonazi. La CHA presentó hoy la denuncia ante la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, exigiendo a las autoridades que estos actos de violencia no queden impunes. No vamos a retroceder ni un milímetro en nuestros derechos, por lo contrario, estamos trabajando para que se apruebe finalmente la Ley Antidiscriminatoria. La elección de Carlos Arroyo, el intendente del PRO en Mar del Plata, por sus antecedentes y declaraciones, nos sigue poniendo en estado de alerta”.

Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA manifestó lo siguiente: “Esperamos el rechazo y repudio unánime y contundente de estas agresiones, violaciones y ataques de nuestros derechos humanos, basadas en nuestra orientación sexual o identidad de género. Exigimos justicia y la urgente intervención de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para investigar y aplicar las leyes correspondientes. No hay ni debe existir espacio alguno para neonazis en democracia y volvemos a solicitar de forma urgente al parlamento argentino la modificación de la Ley Antidiscriminatoria para enfrentar estos odios y los fundamentalísimos que nos matan y agreden. “

General, Homofobia/ Transfobia. Agresiones, Argentina, Bandera Negra, Carlos Arroyo, César Cigliutti, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), FALGBT, Juan Martín Navarro, Mar del Plata, Maria Eugenia Vidal, Neonazis, Pedro Paradiso Sottile, Pro