“Nuestros derechos no se venden“: manifestantes llenan la Puerta del Sol contra la reforma de Ayuso de la ley trans y LGTBI

Ayuso señala al colectivo LGTBI+.Por Cristina Fallarás

“Ni un paso atrás” o “Los derechos trans son derechos humanos”. Son algunos de los cánticos que se han escuchado durante las protestas del colectivo LGTBI+ contra la reducción de derechos) a la comunidad —así lo aseguran los asistentes a la concentración— que prevé imponer, mediante reformas legislativas Isabel Díaz Ayuso. Durante la manifestación, que se ha ubicado en la Puerta del Sol y ha congregado a unas 1.200 personas (según cifras de la Delegación del Gobierno), los asistentes han pedido la dimisión de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid.

En concreto, las leyes que Ayuso prevé reformar, tal y como expuso la semana pasada en la Asamblea de Madrid, son las de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación (la ley trans madrileña) por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

La concentración se ha desarrollado entre mensajes contrarios a la gestión de la líder conservadora como “DEP la libertad en la Comunidad de Madrid” o “¡Ayuso, no te queremos!”. Entre los asistentes, una treintena de asociaciones LGTBIQ+ y políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre; la senadora de la misma formación Carla Antonelli; la portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño, Reyes Maroto; o Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, que ha resumido así el momento que atraviesan, en sus palabras, los derechos LGTBI+ en Madrid: «Cuesta mucho esfuerzo conseguir avances y muy poco perderlos».

“La derogación de estos artículos, que abordan temas esenciales como la educación, la atención sanitaria, el deporte y la visibilidad, representa un ataque directo a los avances logrados en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, han señalado desde la asociación Arcópoli y ha recogido Europa Press.

“No hay libertad sin igualdad”. La concentración en Sol contra los recortes en la ley trans y LGTBI autonómica planeados por Ayuso, en este momento. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/waWU4PXyaS

— Julio César Ortega (@JC_Ortega_) November 13, 2023

En suma, la Comunidad LGTBI+ considera un “atentado” los planes de Ayuso y así lo ha expresado en la Puerta del Sol. La explicación que dio el Partido Popular para justificar las reformas se resume, en este caso según la Agencia EFE, en dos ideas. La primera, “dar mayor claridad y seguridad jurídica” a la norma y, la segunda, eliminar algunos aspectos vigentes como “la inversión de la carga de prueba”.

El objetivo de las protestas es, tal y como ha declarado a EFE Miguel Ángel Fernández, portavoz de ‘Ni un paso atrás’, la organización que ha hecho las veces de maestra de ceremonias durante esta tarde de lunes, es «lograr que la ley no cambie». En esa línea, Íñigo Errejón (Más Madrid), que también ha hecho acto de presencia en la manifestación, ha aseverado que no se consentirá “ni un solo ataque contra las personas trans, porque si no son libres ellos, no somos libres nadie”.

Madrid dice: ¡Basta ya!

Somos un ciudad referencia en las libertades LGTBIQ+ y Trans 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 y no vamos a consentir que nos lleven al pasado.

Le pido al señor Almeida que, por una vez, no sea cómplice de Ayuso y que no consienta este retroceso en derechos pic.twitter.com/sbUxm6HDpT

— Reyes Maroto (@MarotoReyes) November 13, 2023

Maestre, por su parte, ha vinculado las reformas de las leyes LGTBI+ y trans que emprenderá, salvo sorpresa, Ayuso con las que se están llevando a cabo en contra de la ley de amnistía y en las que están participando grupos de extrema derecha. «No es una casualidad”, ha sentenciado. Al contrario, la política cree que responden “al programa político de la derecha, el programa del odio”.

Hoy, con @Rita_Maestre, @EduardoFRub, @Jimegongo y @Alicia_Torija_L, en la manifestación unitaria de colectivos TRANS y LGTBI de la Comunidad de Madrid, con quien se redactaron las leyes en 2016, contra la derogación de la práctica totalidad de las leyes TRANS y LGTBI, desde… pic.twitter.com/hK0BtObjmt

— Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) November 13, 2023

Reclaman al Defensor del Pueblo y a Sánchez

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha avanzado que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a Más Madrid y al PSOE para que presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la “derogación” de la Ley Trans en la Comunidad de Madrid.

“Su propuesta va en contra de un colectivo vulnerable. Me parece ya descabellado porque ella está obligada a cumplir y a implementar la ley trans. Hoy venimos a decirle públicamente que nos va a tener enfrente y que usaremos todas las herramientas jurídicas que tendremos para contestarla”, ha subrayado Cambrollé.

La derogación de Ayuso de la ley trans: un guiño a la ultraderecha más que una reforma legal real

La propuesta de ley deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.Por María Martínez Collado

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado la derogación parcial de la ley transy la ley de protección integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid. Aprovechando el ruido mediático que ha generado la ley de amnistía, la presidenta autonómica presentó el pasado viernes ambas proposiciones de ley que suponen profundizar en la vulneración de los derechos del colectivo en la región.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar la supresión de varios artículos de las normas vigentes por la vía de urgencia, con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Cabe recordar que ambas leyes fueron aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y que Vox llevaba pidiendo su derogación desde 2019. Ahora, sin requerir ya del apoyo de la extrema derecha, Ayuso hará efectiva su promesa electoral de la que hizo bandera en la campaña del pasado 28M.

En concreto, la proposición para modificar la ley trans elimina la prohibición de las terapias de conversión para las personas trans y establece que para que un menor trans pueda iniciar su tratamiento debe disponer de un informe médico. Esto es, deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.

Por otra parte, la modificación de la ley LGTB+ suprime todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación y elimina el plan contra el acoso en los centros educativos, así como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+.

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por Público aseguran que “en ningún caso es una reforma necesaria” para adecuarse a la Ley 4/2023 para la igualdad trans y LGTB+, “por supuesto nada urgente, y, de facto, va a tener poca incidencia real”. “Lo que la presidenta no dice en su anuncio es que la mayoría de las cuestiones que suprime son ya de obligado cumplimiento e implementación por parte de las comunidades, tengan estas o no sus propias leyes” porque están legisladas en la ley trans estatal, insisten desde el gabinete que dirige Irene Montero.

“Una ley de ámbito autonómico puede ir más allá y facilitar el desarrollo de la estatal, pero determinadas cuestiones que pretende entorpecer (el ámbito educativo sería, tal vez, el más significativo) queda meridianamente claro que deben ser cumplidas por su Gobierno. No deja de ser una operación propagandística en la que utiliza a uno de los sectores más vulnerados de la sociedad que nada tiene que ver con los intereses de la comunidad que preside”, añaden en Igualdad.

Desde la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé advierte en declaraciones para Público de que la propuesta de Ayuso es “antagónica”, no solo a los principios de la ley estatal, sino también a los “dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2018 aprobó su despatologización”, las directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría o el marco de la Unión Europea.

“Querer seguir imponiendo las terapias de conversión es algo monstruoso, una tortura, es inconstitucional y ellos deben saberlo. Todo esto no deja de ser una provocación más de una señora con delirios fascistas que no se decide entre la moderación o mimetizarse con el discurso de la ultraderecha”, ha criticado Cambrollé.

Tras conocer sus intenciones, la Plataforma Trans ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que intentará “por todas las vías defender los derechos humanos”. A este respecto, Cambrollé hace una llamada al Gobierno, a la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo para que, una vez aprobado el nuevo marco legal, presenten un recurso de inconstitucionalidad.

“Vamos a escribir a cada institución que pueda frenar este retroceso que nos puede trasladar a los peores tiempos del franquismo. Asimismo, vamos a pedir amparo en el Consejo de Europa y vamos a hablar con organizaciones internacionales como Human Rights Watch”, ha declarado la activista.

En la misma línea, Carla Antonelli ha explicado que desde Más Madrid tomarán “todas las medidas legales” que estén en su mano. “Es un acto de cobardía, de populismo, donde se ensaña con los más débiles. Se puede meter con gente de su tamaño, no con los niños y niñas trans, con personas trans discriminadas”, ha expresado.

¿Cómo afectará al día a día de las personas trans?

Teniendo en cuenta que existe el amparo de la ley trans estatal, la pregunta que ahora se nos sugiere es en qué medida puede una ley autonómica oponerse a esta. Y, sobre todo, cómo afectará a la cotidianidad de las personas trans y LGTB+. Saúl Castro, abogado especialista en derechos LGTB+, advierte de que es una cuestión compleja sobre la que “conviene tener en cuenta el contexto del que venimos”. A su juicio, el plan de Ayuso es «la confirmación de una discriminación, de unos principios, que ya venían siendo aplicados en la Comunidad de Madrid».

Así, por ejemplo, respecto a las terapias de conversión, Castro señala que, aunque lleven prohibidas desde 2016, hasta ahora “el Gobierno autonómico deliberadamente no ha sancionado ninguna de estas de estas prácticas, a pesar de que se pueden haber interpuesto en torno a una quincena de denuncias”.

En cualquier caso, “las terapias de conversión están tipificadas en la ley trans estatal como una infracción administrativa y en todo lo que no regule la normativa autonómica sí que se debe aplicar la regulación de la normativa estatal”, apunta Castro. Por lo que, de excluirse de la normativa específica de Madrid, como se prevé, “en teoría siguen estando prohibidas de forma genérica por la ley trans marco. Así que no debería de haber mayor problema”.

Si se atiende a la vuelta de la patologización, Castro insiste en que “en la Comunidad de Madrid se seguía sometiendo a este tipo de requisitos, de informes y de diagnósticos” a las personas trans que querían iniciar un tratamiento, pese a lo que establecía la ley aprobada con Cifuentes. “Ahora va a ocurrir lo mismo, pero lo dejan por escrito. Materialmente, nada va a cambiar”, lamenta.

De aquí en adelante, si no mueven ficha el Gobierno, los diputados o el Defensor del Pueblo denunciando la situación ante el Tribunal Constitucional, explica Casto, serán las propias familias, los propios menores, quienes tengan que ocuparse de interponer un recurso administrativo, con el gasto y proceso que ello implica, para demostrar que estas derogaciones son contrarias a la ley estatal y poder ejercer sus derechos. “Tal y como ya pasaba”, dice.

Lo mismo ocurre con el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+. “Llevamos siete años con unas leyes que sobre el papel sonaban muy bien, pero no se han aplicado. Esto es pues eso lo que decías antes una confirmación de que esa inactividad no ha supuesto nada”, argumenta el abogado.

En cuanto a otro de los puntos que más preocupan, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba (que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia), el jurista sostiene que se trata de un principio “reconocido por el Tribunal Constitucional de manera uniforme y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que es como se tiene que proceder en los casos en los que existe cualquier tipo de discriminación”.

A su vez, en España esta acepción está reglada por las Leyes procesales y reguladores de Procedimientos Administrativos y por la llamada ley Zerolo. Por lo que “el hecho de que se elimine el artículo en el que se establece la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos incoados sobre la base de la ley LGTBI madrileña no va a tener ningún efecto porque esto se regula por leyes estatales”, afirma el experto.

Fuente Agencias/Público

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Finalmente, la investigación concluye que la actuación fue correcta y que la mujer detenida había tratado de agredir a los agentes.

El pasado 29 de abril se abrió expediente sancionador a los dos agentes de las fuerzas de seguridad, después de que el vídeo de la detención trascendiera en redes sociales y ambos agentes fueron suspendidos provisionalmente de sus funciones ese mismo día y durante 44 días.

Ahora, se cierra dicho expediente sancionador al considerar que “no se observa ánimo alguno de contravenir el vigente ordenamiento jurídico”.

La Plataforma Trans y Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI, lamentan que quede impune esta agresión y señala la especial vulnerabilidad e indefensión a la que se enfrentan cada días las personas trans migrantes.

En este sentido, la Presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, recuerda que muchas personas trans migran a España para huir de la persecución o la violencia en sus países de procedencia, y luego experimentan problemas similares en España: “Queda en evidencia el fracaso de las políticas migratorias, especialmente las que afectan a las personas trans”, señala.

Las personas trans migrantes señalan que la Ley de Extranjería les priva de acceso al mercado laboral o de la vivienda, lo que conlleva una situación de desamparo en el Estado español. La Plataforma Trans y Kifkif recuerdan que más del 85% de las personas trans se encuentran en desempleo, que se incrementa en el caso que sean, además, migrantes: “Las instituciones deben velar por los derechos de las personas trans migrantes, garantizando su pleno inclusión”, señala Samir Bargachi, Presidente de Kifkif.

Además de este problema, las personas trans en situación administrativa irregular denuncian la imposibilidad de denunciar delitos de odio en dependencias policiales.

A este respecto, El Ministerio de Interior rechazó una recomendación del Defensor del Pueblo para que las personas migrantes en situación administrativa irregular puedan denunciar como víctimas de delito sin riesgo a ser sancionadas.

Desde la Plataforma Trans y Kifkif se espera se tengan en cuenta estas consideraciones para garantizar los derechos de todas las personas.

Fuente KifKif

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Fotografía Periódico CLM  

TOLEDO.- La Federación Plataforma Trans ha denunciado la “brutal paliza” que un chico trans recibía este domingo en la localidad toledana de Belvís de la Jara.

Una agresión que se producía en torno a las ocho de la tarde, cuando A.G., vecino de esta localidad, se acercaba a llevar un televisor a una caseta situada a las afueras del municipio. Allí se habría encontrado con dos individuos con los que mantuvo una conversación.

Tras haber depositado el televisor, cuando se encontraba fumando un cigarro en el exterior de la caseta, se le acercaba uno de los dos individuos que le dijo: “a ver si pegas como un chico o como lo que eres, una tía”, haciendo alusión a su condición de hombre trans. Acto seguido empezaba a golpearle, tirándole al suelo donde continuó dándole patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Hechos que han sido denunciados este lunes ante la Guardia Civil de la localidad.

Este vecino de Belvís de la Jara fue atendido por los servicios sanitarios de la localidad y después en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, donde el parte médico reflejó que la víctima presentaba “contusiones múltiples por agresión”.

Hechos que condena enérgicamente la Federación Plataforma Trans, desde la que solicitan que sobre el autor de la agresión recaiga el agravante de transfobia y reclaman que las personas trans se deben sentir protegidas por las instituciones para confiar en las mismas.

Consideran que esta nueva paliza a un chico trans pone en evidencia la “escalada de agresiones” que se ha vivido en el último año, en el que se ha generado “un clima de hostilidad y odio hacia las personas trans”, tanto desde las redes sociales como fruto de la “impunidad con la que prolifera el discurso de odio”, amplificado en los últimos días con el debate abierto sobre la Ley Trans.

Un debate, subrayan, en el que “parte de los argumentos no se limitan al disenso, sino a la criminalización de los derechos de las personas trans y situar el reconocimiento de estos en un riesgo para toda la ciudadanía”.

En este sentido, a través de una nota de prensa, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, califica estos hechos como “alarmantes“, ya que ponen una vez más de manifiesto “la vulnerabilidad de las personas trans, nuestra exposición a todo tipo de agresiones y la necesidad urgente de tramitar la ley para la igualdad plena de las personas trans como una herramienta de garantía de derechos, de protección contra la discriminación y de reparación de una situación de desigualdad anacrónica y sistemática del Estado por acción u omisión”.

Hechos que  también han sido condenados por la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien a través de las redes sociales ha manifestado su repulsa por lo sucedido.

“Mi condena y repulsa ante esta brutal agresión”, ha escrito Fernández, “el odio solo provoca dolor y sufrimiento”, y se pregunta si “tan difícil resulta dejar a las personas vivir su vida”.

Un mensaje que la consejera de Igualdad termina enviando “un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a nuestro paisano”, al que dice: “No estás solo”.

El presunto autor de la brutal paliza ha sido detenido y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Talavera de la Reina.

El arresto se producía poco después de que el agredido, de 46 años y vecino de la localidad, interpusiera la denuncia ante la Guardia Civil este lunes.

Denuncia a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, en la que A.G. identifica a su agresor, dando referencias también de la otra persona que se encontraba en el lugar cuando se produjeron los hechos.

Desde la Federación Plataforma Trans, que este lunes denunciaba la agresión a través de un comunicado, han vuelto a lamentar que “estos hechos sigan sucediendo”.

Asimismo su presidenta, Mar Cambrollé, ha agradecido la reacción de las autoridades, “tanto locales como autonómicas, que rápidamente han salido para condenar este hecho y prestar su apoyo”.

También ha celebrado que la Guardia Civil haya hecho público que se ha procedido a la identificación del presunto agresión, sobre el que se ha abierto diligencias por un presunto delito de odio.

Desde Federación Plataforma Trans han querido realizar un llamamiento a toda la sociedad y a las autoridades, puesto que es “responsabilidad” de todos “frenar estos delitos de odio que ponen en cuestión el Estado de Derecho”.

Así, Cambrolle ha recordado que “ninguna persona por su condición social, por su raza, por su forma de amar, por su forma de ser, debe ser violentado”. Y es que, ha insistido, “el odio tenemos que pararlo todos, porque lo importante en una sociedad democrática es el valor del respeto, la convivencia y la pluralidad”.

Fuente Periódico CLM  

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Preocupante noticia la que recogía este sábado eldiario.es en su edición andaluza. La Brigada Provincial de Información de Sevilla, dependiente de la Dirección General de la Policía, ha elaborado un informe a instancias del Juzgado de Instrucción nº 16 en el que, entre otros, atribuye un presunto delito de odio a ocho jóvenes que en 29 de marzo de 2017 impidieron que circulara por las calles de la capital andaluza su ya famoso autobús, vehículo de la infame campaña de odio tránsfobo de la organización ultraconservadora.

Como recogimos en su momento, HazteOír pretendía que su autobús se pasease por las calles del centro de Sevilla, pero numerosos manifestantes, entre los que se encontraban estos jóvenes, impidieron el paso del vehículo, ya desprovisto de la cartelería más agresivamente tránsfoba después de las multas recibidas anteriormente en otras ciudades españolas y de que los Mossos d’Esquadra obligaran a la organización a retirarla durante su estancia en tierras catalanas. «Respeto para todos. No al bullying» era el nuevo lema con el que, con un cinismo absoluto, HazteOír decoró el vehículo. Un truco que no impidió que el vehículo fuese recibido en la capital andaluza con lanzamiento de huevos, piedras y otros objetos contundentes, que incluso agrietaron el parabrisas. También fue objeto de pintadas contra la transfobia. Efectivos de la Policía Nacional, de hecho, tuvieron que intervenir para proteger el vehículo mientras se alejaba. El autobús tenía también previsto hacer acto de presencia en San Juan de Aznalfarache, pero finalmente no lo hizo.

El caso contra los manifestantes se archivó en un primer momento pero, hace ya año y medio, tanto la Fiscalía como HazteOír consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera. La Policía, en un pormenorizado informe de 130 páginas que resume eldiario.es, desgrana ahora no ya solo su actuación aquel día en relación a los daños materiales causados al autobús sino que repasa su trayectoria activista. Aunque el juzgado simplemente había pedido a la Policía un estudio fisionómico con objeto de identificar a los investigados mediante el material grabado, la Brigada de Información ha apostado por desarrollar una investigación más completa «para confirmar o descartar un posible delito de odio por motivo ideológico». Para ello se basan en «indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes» como la relación del investigado con grupos o asociaciones de carácter antifascista, su estética o el análisis de sus perfiles en redes sociales, entre otros.

«La Policía se atreve a calificar jurídicamente como delito de odio la actitud de dichos manifestantes y por supuesto, para corroborar lo malos y lo rojas que son, insertan las reuniones y colectivos a los que pertenecen o han pertenecido durante los últimos años, todo ello con el ánimo de influir el juzgador y dictar una sentencia acorde con los fines de los sectores tránsfobos que existen en nuestra ciudad y que no soportan la defensa de las libertades (…) El mundo al revés: manifestantes pro derechos humanos acusados y manifestantes con discursos de odios presentados como víctimas», ha declarado a eldiario.es Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos Al Sur que defiende a uno de los investigados.

ATA-Sylvia Rivera lo considera «grotesco» e intolerable

La noticia ha provocado estupor e indignación entre el activismo trans. El colectivo ATA-Sylvia Rivera lo ha calificado directamente de «grotesco». «Es intolerable que se quiera imponer el miedo hacia la respuesta social ante los verdaderos discursos de odio, iniciando investigaciones propias de tiempos donde las libertades sociales y civiles eran cercenadas y reprimidas por el franquismo», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual tales actuaciones «por parte de quienes han de proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía» ponen en cuestión el propio Estado de derecho. Para Cambrollé, sobredimensionar el alcance de la protesta desarrollada en Sevilla ante el autobús tránsfobo simplemente sirve para blanquear al verdadero agresor.

ATA-Sylvia Rivera hace además un llamamiento a organizaciones sociales, políticas y sindicales a que condenen lo que consideran una actuación impropia de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso ha pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya publicamos el pasado 28 de agosto, el sacerdote alicantino Francesc Xavier Catalá aprovechó una homilía celebrada el pasado día 23 de agosto en una iglesia de Cantillana (Sevilla) para lanzar un mensaje completamente tránsfobo y homófobo, calificando de «aberración» y «colmo del absurdo» la transexualidad, y refiriéndose a los gais como seres «depravados y viciosos». A raíz de estas incendiarias declaraciones públicas, las redes sociales ardieron y la Asociacion de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera (ATA) ha pedido la intervención de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, con la intención de que el susodicho cura sea imputado por presunto delito de odio.

El pasado mes de agosto, el sacerdote Francesc Xavier Catalá fue invitado a oficiar la homilía durante la novena en honor a la Virgen de la Asunción, de Cantillana, (Sevilla). Lo triste es que el cura alicantino aprovechó ese acto para lanzar un mensaje completamente tránsfobo y homófobo. «El ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es Dios, porque es capaz de hacerse a sí mismo. Es capaz de ser lo que quiera. Y ahí vienen todas las aberraciones: que uno nace hombre pero puede ser mujer, o que uno nace mujer pero puede ser hombre. Yo ahora soy hombre, pero mañana por la  mañana me levanto y digo ‘Ahora se me ha ocurrido otra cosa, porque yo me construyo a mí mismo’, y es el colmo de lo absurdo. ¿Por qué? Porque no está Dios como referencia», llegó a comentar delante de sus fieles. Asimismo, se refirió también a los homosexuales como seres «depravados y viciosos».

A raíz de estas incendiarias declaraciones públicas, la Asociacion de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera (ATA) hizo público un comunicado condenando esa actuación: «Desde el púlpito y en el transcurso de su homilía, atentó contra las personas trans y homosexuales en una controvertida prédica que fue agradecida por el hermano mayor de la Hermandad de la Asunción de Cantillana, Manuel Pérez […]. Este discurso de odio hacia las personas trans y homosexuales fue proferido desde la cuna del pintor José Perez Ocaña, personaje ilustre por su obra y por su visibilidad como gay en los oscuros tiempos de la dictadura».

Asimismo, la activista Mar Cambrollé ha apuntado en el mismo comunicado que «Desde la Asociación Trans de Andalucía, condenamos este vil acto y exigimos que, en cumplimiento de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía le aplique el régimen sancionador previsto en la misma, sin menoscabo de ser imputado por presunto delito de odio».

El revuelo que las palabras de fray Francesc Xavier Catalá originaron en las redes sociales llevó a que la Hermandad de la Asunción de Cantillana acabara eliminando el vídeo que pululaba por Internet, argumentando que el fragmento estaba descontextualizado. «El sermón del sacerdote fue posteriormente alabado por el hermano mayor de la hermandad Manuel Pérez, lo cual ha creado controversia en redes sociales censurando las palabras de Francesc, el cual pertenece al Real Convento de Padres Dominicos del Patriarca Santo domingo de Guzmán, de Jerez», apuntan desde la asociación LGTBI Libérate. Mucha LGTBIfobia por erradicar aún…

Fuente Dosmanzanas

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Twitter Federación Arco Iris

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA Sylvia Rivera) y la Federación Arco Iris han firmado un convenio con la empresa OHL Servicios-Ingesan para la contratación de personas transexuales.

El responsable de Servicios de la Delegación Sur de OHL, Jesús Montero, la presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, y el responsable de Relaciones Institucionales de Arco Iris, Gonzalo de las Heras, con la asistencia del director de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad en representación de la Junta de Andalucía, Ángel Mora, y Auxiliadora Castro, en representación del Ayuntamiento de Sevilla, han dado a conocer el acuerdo de colaboración entre ambas partes.

Así, la asociación de transexuales ha explicado en un comunicado que tanto ATA-Sylvia Rivera como la Federación Arco Iris abrirán una bolsa de empleo, donde recogerán los curriculums de personas trans que estén en la búsqueda de empleo, para trasladarlos a OHL.

Por su parte, la empresa de servicios se compromete a contratar, según sus necesidades, a personas trans que cumplan con el perfil requerido para el puesto vacante. Se constituirá una comisión de seguimiento, formada por un representante de cada una de las partes, que se reunirá periódicamente “para velar y valorar el cumplimiento del acuerdo”.

Asimismo, las entidades ATA Sylvia Rivera y la Federación Arco Iris facilitarán protocolos para “la prevención de la transfobia y la homofobia a OHL”.

El Grupo OHL Servicios tiene implantación en toda España, desarrollando su actividad en el sector limpieza, mantenimiento, parques, jardines y ayuda a domicilio. Entre otras, presta servicio en la Universidad de Málaga y la Politécnica de Madrid, los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Málaga, el metro de Madrid y numerosos hospitales, así como ayuntamientos. Desde 2011 sigue los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Firma de acuerdo pionero entre @ATA_Trans @ArcoIrisLGBTI y OHL Servicios-Ingesan mediante el cual, la companía OHL se compromete a la contratación de personas #trans en Andalucía.🏳️‍⚧️👏🏽👏🏽👏🏽
👉🏽https://t.co/CTtcZV0zwI pic.twitter.com/X7jKZnTD6x

— GAYLES.TV (@Gaylestv) January 24, 2020

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)-Sylvia Rivera, Auxiliadora Castro, Gonzalo de las Heras, Jesús Montero, Mar Cambrollé, ngel Mora, OHL Servicios-Ingesan

 Vox ya está en las instituciones. En cuestión de meses, la formación de ultraderecha ha conseguido entrar en diferentes administraciones a pesar de regalarnos momentos de lo más vergonzosos y aterradores para el colectivo como la petición de la eliminación de la ley contra la discriminación LGTBI, la concejala que afirma tener las puertas abiertas para gais, lesbianas, normales y no normales, o su mensaje contra la inmigración o la violencia machista. Pues bien, la Federación Plataforma Trans y el Observatori Contra l’Homofobia de Cataluña ha pedido a la Fiscalía General del Estado que entre a investigar sus actuaciones y declaraciones y, si se detectan delitos de odio, se proceda a ilegalizar a Vox.

Mar Cambrollé y Eugeni Rodríguez, presidentes de ambas asociaciones, han declarado sobre las actitudes actuaciones de Vox constituyen:

una vulneración de la Constitución Española, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (…) El odio es odio y no puede ser libertad de expresión. (…)Nunca pueden ser lícitos en un Estado de Derecho y democrático los discursos de odio porque tienen una incidencia social que se convierten en agresiones en las calles y en acoso en las escuelas

Tras su llegada a parlamentos autonómicos como los de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, Vox ha requerido la identificación de trabajadores de organismos contra la violencia de género, así como de aquellos pertenecientes a colectivos LGTBI que han impartido charlas sobre diversidad sexual y de género en centros educativos.

Como explica Eugeni Rodríguez:

Las leyes no son una subasta. Los derechos son para siempre y no se pueden negociar ni quitar. Que Vox tenga muy claro que nos va a tener enfrente siempre y que no vamos a permitir que se discuta un ápice nuestros derechos.

La fiscal general del estado ha mostrado su disposición a erradicar cualquier tipo de discriminación. ¿Tiene Vox las horas contadas como partido político legal?

Fuente Infolibre, vía AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Eugeni Rodríguez, Homofobia/Transfobia, Ilegalización, L’Observatori Contra l’Homofòbia, Mar Cambrollé, Plataforma Trans, VOX

Salvaje agresión a una mujer trans en Alicante, que quedó tumbada en el suelo, inconsciente, tras recibir una paliza a manos de dos individuos que ya han sido detenidos. La víctima fue ingresada en el Hospital General de Alicante, aunque por fortuna fue dada de alta pocas horas después.

Según detalla el diario Información de Alicante, los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del jueves, en la calle Segura de la capital alicantina, a la salida de un after. La víctima comenzó a ser objeto de insultos en el interior del local por su condición de mujer trans. Al abandonarlo, los dos detenidos y otra mujer salieron tras ella. Ya en el exterior continuaron increpándola. De los insultos pasaron a los golpes. La mujer cayo al suelo, donde continuaron dándole patadas (al parecer uno de los agresores se empleó con especial violencia) y quedó inconsciente. Testigos de lo que estaba sucediendo llamaron a la Policía, ante lo cual los agresores huyeron, no sin antes robarle a la víctima dos bolsos y un teléfono móvil.

La Policía Nacional acabó sin embargo por localizarlos poco después en los aledaños del Castillo de San Fernando, no lejos de lugar donde tuvo lugar la agresión. Se trata de dos hombres de nacionalidad argelina, de 30 y 19 años de edad, que han sido acusados de un presunto delito de odio (en concreto, de un delito contra la integridad moral) y de otro delito de robo con violencia. Tras pasar la noche en Comisaría, han quedado en libertad a la espera de juicio. El informe policial ha sido trasladado tanto al Ministerio Fiscal como la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. La víctima, por su parte, fue dada de alta tras pasar varias horas en el Hospital General de Alicante. Sufre contusiones múltiples.

La Federación Plataforma Trans ha condenado lo sucedido y ha pedido a todas las fuerzas políticas la aprobación de una ley trans integral de ámbito estatal que contribuya a poner fin a este tipo de situaciones. «Somos un colectivo sobre el que los agresores sienten impunidad a la hora de ejercer estas violencias (…) Nuestras vidas no valen menos; no vale todo contra nosotras; es necesaria una implicación de las instituciones para poner fin a esta lacra social que es la transfobia», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

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Una pareja ha denunciado haber sido objeto de una agresión tránsfoba en la madrugada del pasado 26 de mayo en Zaragoza. La peor parte, por lo que a los golpes se refiere, fue para el chico, Erik García, presidente del colectivo aragonés Visión Trans, que solo días antes había recogido en Sevilla un premio por su activismo en favor de los derechos de las personas trans.

Según ha denunciado la Federación Plataforma Trans, la pareja, formada por un chico y una chica, ambas personas trans, intentó entrar pasadas las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo a un bar, aún con clientes dentro, con intención de comprar tabaco. Una persona vinculada al establecimiento les prohibió el acceso, argumentando que ya estaba cerrado. Al salir, uno de ellos rozó la persiana metálica, que estaba medio bajada, y la persona que les había prohibido el acceso salió y se dirigió hacía ellos, comenzando los insultos homófobos y tránsfobos del tipo de «en mi bar no van a entrar maricones de mierda ni putos travestis». Insultos de los que fue testigo una amiga que acompañaba a la pareja. Al pedir explicaciones por la reacción, el agresor agarró a la chica. Cuando él intentó separarlos le propinó un fuerte golpe en el rostro, lo tiró al suelo y continuó dándole puñetazos. En el parte de lesiones se hace constar un hematoma en zona infraorbitaria y la presencia de siete piezas dentales con línea de fractura. Su pareja, por su parte, ha tenido que tomar medicación como resultado del cuadro de ansiedad resultante.

#StopTransfobia #SiTocanAUnxNosTocanATodxs
🔊 Es #URGENTE la tramitación de la #LeyTransEstatal de protección jurídica del derecho a la identidad sexual y agravar los delitos de odio #ContraLaTransFobiaTolerenciaCero
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— Plataforma Trans (@PlataformaTrans) 2 de junio de 2019

La Federación Plataforma Trans ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten las medidas oportunas. «Las personas trans somos objeto de una gran violencia que se concreta en bullying escolar, acoso laboral, en redes sociales y agresiones tanto verbales como físicas en espacios públicos, ante la falta de aplicar en los delitos de lesiones o vejaciones el agravante de odio por transfobia», señala en su comunicado su presidenta, Mar Cambrollé.

Una de las víctimas, premiado en mayo por su activismo

Erik García, el chico agredido, fue galardonado el pasado 17 de mayo con uno de los Premios T, que concede la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, en reconocimiento a su activismo. En su discurso aludió a los riesgos de una involución en los derechos de las personas trans y exigió, como buena parte de los allí presentes, la aprobación de una ley trans de carácter estatal que protega los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. «Hemos luchado contra el gobierno, contra todo, y hemos conseguido que en Aragón se haya aprobado una ley que reconoce nuestros derechos. Y ahora queda por hacer que haya una ley estatal para toda España», expresó entonces, en alusión a la aprobación, el pasado 2018, de una avanzada ley trans en su comunidad.

Fuente Dosmanzanas

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El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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Otra vez una adolescente trans se ha quitado la vida en España. En esta ocasión ha ocurrido en Móstoles (Madrid). A pesar de que se desconocen públicamente muchas de las circunstancias que rodearon su suicidio, las reacciones no se han hecho esperar. No es de extrañar. Las recientes campañas tránsfobas de HazteOír, la desesperante lentitud con la que se están acometiendo los cambios legislativos necesarios para abordar de una vez la realidad de los menores trans y el recuerdo de Alan y de Ekai, otros dos adolescentes trans que también se quitaron la vida, pesan demasiado.

La noticia la difundía este viernes el colectivo Móstoles feminista en su página de Facebook. «Hoy tenemos también una lamentable noticia, ayer una mujer trans de 17 años se suicidó, aquí en nuestra ciudad, vecina y alumna de una compañera. Thalía acababa de comenzar su tratamiento hormonal. Algo, ese algo que a menudo se llama presión social, maltrato institucional o acoso, llevo a Thalía a quitarse la vida. Sentimos y nos indignamos con casos como el suyo. Nunca, nadie, debería decirnos como tenemos que ser», contaba Móstoles Feminista.

Carla Antonelli se hacía eco poco después en su cuenta de Twitter, denunciando la «insoportable presión social» que sufren las personas trans menores de edad y los discursos de odio a los que se tienen que enfrenta :

De nuevo día muy oscuro, como informa @MostFeminista, una adolescente trans 17 años, Thalia, se ha quitado la vida en Mostoles, insoportable presión social, discursos #IdeologíaDelOdio que llevan al limite vidas que rompen en mil añicos, DEP, #NosQueremosVivxs #ThaliaContigo❤️ pic.twitter.com/n009Lc3B06

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 5 de mayo de 2018

La Plataforma por los Derechos Trans, por su arte, ha expresado su gran dolor por la «reiterada y lamentable forma con que los jóvenes trans ‘gritan’ al mundo, que esta sociedad está enferma si no es capaz de crear condiciones culturales, sociales y participativas, donde todas y todos quepamos y donde el derecho a ser sea un derecho que vertebre la convivencia social». «Hay que dar urgentemente una respuesta transversal e integral a todas las situaciones y ámbitos donde las personas trans son objeto de discriminación; la educación, atención sanitaria, inclusión laboral, el deporte y la identidad legal, han de proteger el derecho a la identidad sexual y expresión de género”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

Los detalles sobre el suicidio de Thalía se desconocen públicamente. Según ha podido saber dosmanzanas de fuentes que la conocen, su historia es compleja y en ella entran también en juego otras circunstancias personales ajenas a la condición trans de la chica. Pero no nos cabe la menor duda de que la realidad social a la que hoy día siguen teniendo que enfrentarse las personas trans menores de edad ha contribuido.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

En febrero de este año otro adolescente trans, Ekai, se suicidó en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre. Quizá no sea suficiente para acabar totalmente con la sangría, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans.

Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado. Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por último, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros.

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Grave denuncia la que ha hecho pública la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera), según la cual en la madrugada del 21 al 22 de abril, Elizabeth, una chica trans de 24 años, fue objeto de vejaciones y maltrato en dependencias policiales tras ser expulsada con violencia de una discoteca de Algeciras. Una expulsión que según refiere la joven se debió a su condición de mujer transexual.

Según consta en la denuncia interpuesta por Elizabeth ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, la joven fue expulsada de la discoteca Kube de Algeciras por un empleado de seguridad del local, que ya previamente la había obligado a abandonar la «zona VIP» de la misma, a la que había sido invitada a subir por dos conocidos. Siempre según la denuncia, la expulsión fue ejercida con violencia y motivada, en opinión de la denunciante, por su condición de mujer transexual. Una vez fuera del local la joven, se acercó a un coche de policía y contó lo sucedido, pero los policías no le hicieron caso alguno a ese respecto. Ella, que había bebido, entró entonces un estado de gran nerviosismo, ante lo cual los policías la esposaron y la condujeron a un centro de salud, donde sin su consentimiento le inyectaron medicación calmante. Posteriormente fue trasladada a dependencias policiales y encerrada eb una celda, «como si de una delincuente se tratara».

Según cuenta en su denuncia, a la joven se la mantuvo esposada con las manos por detrás del cuerpo, con los brazos sobre el borde del respaldo, y cuando se quejaba le realizaban «palanca con los brazos hacia abajo». Según el parte de lesiones que acompaña a la denuncia, la joven presentaba de hecho «hematomas en resolución de forma rectangular, de 10 x 15 cm. en cara anterior y superior de miembro superior derecho y de 14 x 9 cm. en cara anterior de miembro superior izquierdo». También presentaba «hematomas en resolución» y «lesiones eritematosas lineales» en ambas muñecas.

«ATA-Sylvia Rivera condena esta nueva agresión a una chica trans y exige a la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la provincia de Cádiz una exhaustiva investigación que depure responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad como el sufrido por esta joven», denuncia el colectivo trans andaluz. «No podemos volver a tiempos pasados, donde las personas trans teníamos miedo de la policía por poder ser objeto de vejaciones y privación de libertad por el único delito de ser», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé. «Es hora que las leyes no sean declaraciones de buenas intenciones y cumplan con el fin con el que han sido propiciadas», ha añadido. «Exigimos a las instituciones locales y autonómicas una condena expresa y un compromiso para esclarecer estos hechos y que sobre los culpables recaiga el peso de la ley. Las personas trans también somos ciudadanía y como tal no nos merecemos como respuesta el silencio o mirar hacia otro lado», finalizaba Cambrollé.

Se da la circunstancia de que hace pocos días ATA denunciaba otra agresión de carácter tránsfobo ocurrida en una caseta de la Feria de Sevilla. Un grupo de jóvenes le dieron empujones, la insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores.

Fuente Dosmanzanas

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Dos agresiones por LGTBfobia denunciadas públicamente y ante la Policía Nacional han empañado el desarrollo de la Feria de Sevilla 2018. En la madrugada del martes a miércoles, una chica trans de 22 años fue vejada y agredida por un grupo de jóvenes. Lo ha denunciado la Asociación de Transexuales de Andalucia (ATA-Sylvia Rivera), según la cual la agresión se produjo en la caseta del PSOE. Un chico de 25 años, por su parte, ha denunciado que, también en la madrugada del miércoles, un vigilante de seguridad le impidió el paso a otra caseta diciéndole que «aquí no entra un puto maricón» y le agredió físicamente.

Según la información aportada por el colectivo ATA-Sylvia Rivera, la joven trans agredida, de nombre Simone, fue agredida y vejada por un grupo de jóvenes que se encontraban en el interior de la caseta del PSOE, que la dieron empujones, insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores. La joven, que asegura que nadie intervino para mediar, ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional, adjuntando el correspondiente parte de lesiones. 

Desde ATA-Sylvia Rivera exigen a los responsables de la caseta que depuren responsabilidades ante la inacción del servicio de seguridad. El colectivo trans andaluz también denuncia que Simone dice haberse dirigido a un furgón de Policía, quienes según versión de la agredida no la trataron de acuerdo a su identidad femenina. «Nuevamente desde esta asociación vemos con urgencia la formación de los cuerpos de seguridad y la necesidad de un protocolo de actuación ante agresiones por LGTBIfobia», expresa ATA en su comunicado.

El colectivo que preside Mar Cambrollé ha evitado de todas formas culpar al PSOE de lo sucedido en la caseta. «El PSOE en Andalucía se ha destacado por su respaldo y defensa de la diversidad sexual y de género y gracias a su incondicional apoyo, Andalucía cuenta con leyes ejemplares en el reconocimiento de derechos y de protección ante los delitos por LGTBIfobia», destaca su comunicado, que añade que en cualquier caso «la Junta de Andalucía debe aplicar el régimen sancionador que contempla la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía».

Se da la circunstancia de que ya en 2014 ATA denunció otra agresión tránsfoba en la caseta del PSOE de la Feria de Sevilla.

«Aquí no entra un puto maricón»

Por lo que se refiere a la denuncia interpuesta por el otro joven, este asegura que el vigilante de seguridad de la caseta situada en el número 189 de la calle Pascual Márquez del recinto ferial sevillano (cuyo titular es el sindicato FASGA) le impidió el acceso diciéndole «aquí no entra un puto maricón», le propinó patadas y puñetazos e incluso lo tiró al suelo. Los hechos sucedieron pasadas las tres de la madrugada del miércoles. El joven ha explicado que otros años ha acudido a la misma caseta con amigos gais y nunca había tenido problema alguno. En esta ocasión iba acompañado de unas amigas, pero se da la circunstancia de que ellas entraron a la caseta mientras él se quedó fuera hablando por teléfono. Al finalizar la llamada y pedirle al vigilante que lo dejara entrar ya que sus amigas estaban dentro, aunque él no llevaba invitación, fue cuando el vigilante le llamó «puto maricón».

El denunciante le respondió que aunque no tuviera invitación y no lo dejara pasar no tenía derecho a insultarle, momento en el que según su relato el vigilante lo agredió físicamente. El joven intentó grabar a su agresor con el móvil, pero otro compañero del vigilante se lo quitó y lo tiró al suelo. Al ver pasar un furgón de Policía, el joven pidió ayuda a los agentes, quienes identificaron al presunto agresor y a su compañero. El joven ha presentado denuncia policial, acompañada del correspondiente parte de lesiones.

Esta segunda agresión ha derivado, además, en una extraña polémica entre colectivos, aparentemente ya zanjada. Mientras que la asociación sevillana Adriano Antinoo solicitaba desde el primer momento a las autoridades abrir expediente a los titulares de la caseta y aplicar el régimen sancionador que contempla la ley andaluza contra la LGTBIfobia, Andalucía Información recogía que la Federación Arco Iris consideraba lo sucedido «una situación de tensión mal resuelta en un ámbito y contexto ajeno a la realidad que se vive y respira dentro de la caseta», pero sin que por ello debiese considerarse un acto de homofobia. Algo que Adriano Antinoo les ha reprochado en redes sociales: «Lamentamos profundamente que Arco Iris LGBTI niegue el carácter homófobo de la agresión (…) infligiendo un daño terrible a la víctima. Justificar o minimizar agresiones empodera a agresores y humilla a víctimas». La Federación Arco Iris respondía en Twitter a Adriano Antinoo restando validez a la información de Andalucía Información, que atribuía a las declaraciones de un vocal de la organización, pero negando que esa fuese la postura de la organización y expresando de forma explícita que sí consideraban lo sucedido un episodio de homofobia.

No es la primera vez, en cualquier caso, que agresiones por LGTBfobia en la Feria de Sevilla trascienden a los medios. En 2011, por ejemplo, una pareja gay fue expulsada de una caseta por darse un beso. Un año después, otra pareja era también expulsada por querer bailar unas sevillanas. Y en 2014 ATA denunciaba la agresión tránsfoba arriba mencionada. Está claro que queda mucho trabajo por hacer…

Fuente Dosmanzanas

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La histórica activista andaluza Mar Cambrollé ha cedido a perpetuidad los documentos de la lucha LGTB del tardofranquismo y la transición.

El Archivo General de Andalucía ya custodia el material histórico del movimiento de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Andalucía, tras la donación a perpetuidad este martes de la colección documental, propiedad de la líder transexual Mar Cambrolle, quien ha querido acreditar el trabajo activista por las libertades sexuales durante el tardofranquismo y la transición democrática, tanto de organizaciones clandestinas como de personas a título individual.

En total, se han depositado en el Archivo General de Andalucía un total de 104 documentos, compuestos principalmente por recortes de prensa, carteles, pegatinas, documentos políticos firmados por los partidos políticos y centrales sindicales de la época y octavillas sin depósito legal por la clandestinidad en la que operaba el activismo homosexual tanto en el tardofranquismo y primeros años de la transición, ya que hasta 1979 no sale la homosexualidad del Código Penal, así como material político de la primera manifestación del Orgullo LGTB que se organizó en Andalucía el 25 de junio de 1978.

Según ha acreditado el director del Archivo General de Andalucía, Mateo Páez, en el informe en el que acepta la solicitud de depósito voluntario de Mar Cambrollé, esta documentación conservada “es prácticamente la única que documenta el proceso de estas pioneras movilizaciones en pro de los derechos de las personas homosexuales en Andalucía”.

“Es un ingreso muy importante, por la categoría que representa el fondo, ya que es un colectivo muy oculto y difícil de rastrear en los archivos”, ha señalado Mateo Páez, director del Archivo General de Andalucía, ante los medios de comunicación durante el acto de firma en el que la entidad archivística ha aceptado la donación a perpetuidad de la colección de Mar Cambrollé, propietaria de la colección documental y presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, quien ha puesto a disposición de la sociedad andaluza este material “para que no se olvide la historia, no se reescriba ni se secuestre”.

Cabe destacar el papel dinamizador que jugó el entonces Movimiento Homosexual de Acción Revolucionario (MHAR) en Andalucía y también en el resto de España. Además de organizar la primera manifestación andaluza del Orgullo LGTB el 25 de junio de 1978 por las calles de Sevilla y un mitin de más de 1.000 personas en los locales de Comisiones Obreras en la capial hispalense, en Andalucía tuvo lugar el encuentro de la coordinadora estatal de las organizaciones homosexuales de distintos puntos del Estado, en el que el MHAR fue la organización anfitriona y del que salió una serie de acciones encaminadas a que desapareciera la homosexualidad del Código Penal por Adolfo Suárez tras una campaña de estas entidades, un hecho que entró en vigor en febrero de 1979, momento en el que las organizaciones de homosexuales dejaron de ser clandestinas y las personas LGTB dejaron de entrar en prisión en aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Fuente Nota de Prensa de ATA Sylvia Rivera

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La Federación de colectivos específicos,“Plataforma Trans” celebra que el Partido Popular no haya vetado la “Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género” proyecto de ley de la Plataforma Trans, registrado en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea el pasado 23 de febrero.

Desde la Plataforma Trans destacamos que el texto ha nacido del consenso y del impulso de las organizaciones de transexuales del Estado español, además de contar con el apoyo de más de 150 organizaciones de carácter social de todo el estado español, lo que convierte a este proyecto legislativo en una propuesta participativa, legítima y robusta.

“Las desigualdades que en todos los ámbitos sufrimos día a día las personas trans, necesitan una ley integral que de respuestas no solo a la identidad legal sino que despatologicen las identidades trans en el ámbito sanitario, educativo, laboral, deportivo y que tenga en cuenta a menores, mayores y personas inmigrante” declara Mar Cambrollé, Presidenta de la Plataforma Trans.

“Esta ley supone acercar, después de 40 años, la democracia a las personas trans, además convertirá a España en un referente mundial en la protección y garantía de derechos de las personas trans. Sera el espejo donde se miren los países de Latinoamerica y Europa.” Concluye Cambrolle.

Fuente Plataforma Trans, vía ATA Sylvia Rivera

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La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha sustituido la placa en recuerdo a las personas homosexuales que sufrieron la represión franquista y que fueron encarceladas en la antigua prisión provincial, para incluir en el texto al colectivo transexual. En un acto presidido por el director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, se ha recordado a las víctimas de la dictadura, muchas de ellas homosexuales y transexuales, que pasaron por esta cárcel tras ser condenados por la denominada Ley de vagos y maleantes.

Este viernes hemos recuperado, aunque sea solo un poquito, la memoria de las personas trans. La placa que desde 2014 reconocía la memoria de los homosexuales represaliados durante la dictadura en la antigua prisión de Huelva ha sido sustituida por otra que incluye también a las personas trans. Un gesto que llevaba mucho tiempo solicitando la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA).

Como bien saben nuestros seguidores (y los que no lo sepan deberían aprenderlo), la prisión de Huelva era uno de los establecimientos carcelarios en los que preferentemente se encerraba a homosexuales y mujeres trans. Otro era el de Badajoz. Penales infames en los que, además de las correspondientes penas de cárcel, con algunos presos se experimentaba aplicándoles electrochoques y diferentes “terapias” aversivas. Todo ello como consecuencia de la aplicación, en primer lugar, de la “Ley de Vagos y Maleantes”, y posteriormente de la “Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social”. No fue, de hecho, hasta enero de 1979, más de tres años después de la muerte del dictador, cuando se despenalizó como tal la homosexualidad. 

Las víctimas, sobre todo, fueron los varones homosexuales de las clases menos privilegiadas y las mujeres trans, a las que la legislación de la época trataba como presos masculinos, sometidos además a todo tipo de humillaciones y vejaciones. “La gran mayoría de personas homosexuales a las que el franquismo encerró entre rejas no eran gais sino mujeres transexuales, porque fuimos las trans las que no podíamos ocultarnos en los armarios y teníamos vitrinas de visibilidad incluso aunque nos jugáramos la vida, la libertad y fuéramos apaleadas por todo un régimen fascista que fue inmisericorde con los cuerpos que desafiábamos la normatividad franquista”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de ATA.

Desde este colectivo se llevaba mucho tiempo solicitando la actualización de la placa de la antigua prisión de Huelva para incluir en ella el recuerdo de las personas trans. La petición, de hecho, fue aprobada hace un año por unanimidad del Ayuntamiento de Huelva a requerimiento de Izquierda Unida, y finalmente este viernes la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática descubría la nueva leyenda.

“Para una generación de españoles este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social a quienes decidieron ejercer su libertad de ser y amar de forma diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales y personas trans que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna generación tendrá que pasar por nada semejante”, reza el texto.

Giráldez ha señalado que “hoy es uno de los días más importantes de la última etapa porque llevamos mucho tiempo preparando este acto, con el que recordamos a las personas que sufrieron represión por su orientación sexual”.

En esta línea ha hecho hincapié en el marco normativa que ha desarrollado la Junta y el Parlamento andaluz con la Ley de Memoria Democrática y la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares.  Giráldez ha agregado que “de esta forma, cumplimos con nuestro deber de Memoria, que es un deber para las instituciones, y que para las familias, protagonistas y víctimas es un deber ciudadano”.

En el acto también ha participado la concejal socialista de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, quien ha recordado que “hoy se hace justicia al colectivo transexual, con este homenaje a miles de mujeres que sufrieron además de vejaciones y privación de libertad, la negación de su identidad de género”.

Mar Cambrollé, que estuvo presente en el acto, ha agradecido que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, además de “todos los grupos políticos andaluces, sindicatos y entidades civiles que han apoyado este reconocimiento” hayan mostrado “sensibilidad y voluntad de reparar la memoria” de las mujeres transexuales. La presidenta de ATA espera que “nunca más se vuelvan a repetir los episodios tan negros que tuvieron lugar en la prisión de Huelva, donde las mujeres transexuales, además de ver negada su identidad y ser tratadas en masculino, sufrieron torturas y violaciones por policías y funcionarios de un régimen franquista que nos perseguían de día y nos deseaba de noche”.

Cambrollé también ha mostrado su deseo de que algún día se modifique la ley de amnistía, “una ley de olvido de los crímenes franquistas”, para que se pueda juzgar y “poner luz a toda la violencia que sufrimos las mujeres transexuales durante los oscuros años de la dictadura”. “Siento que esas personas que estuvieron presas en esas celdas y que gritaban justicia, quedan hoy satisfechas y resarcidas porque esta placa las menciona”, ha concluido.

Fuente Agencias, vía Dosmanzanas

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ACTUALIZACIÓN (23/02/2018)

Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido volver a ampliar el plazo de enmiendas de la reforma de la Ley 3/2007 hasta el 27 de febrero. Es ya el quinto aplazamiento desde el pasado mes de noviembre. Recordamos que, mediante dicha reforma, se permitirá la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, se modificarán las exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo (despatologizando la transexualidad) y se posibilitarán medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (página 11 del PDF publicado por el Congreso). La diputada madrileña y activista trans Carla Antonelli insiste en la idea del “secuestro para una ley de dos páginas de artículos”, con los votos del PP y Ciudadanos (que tienen mayoría en la Mesa del Congreso). Antonelli también remarca que “los menores trans no pueden esperar un día más”.

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Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.

Como recogíamos en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).

En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.

En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.

Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores

La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

Registro de la proposición de ley integral de transexualidad

Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.

Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.

Fuente Dosmanzanas

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Exhortamos al Corte Inglés a que reconsidere su decisión y de ejemplo de inclusión y de estar en sintonía con la sociedad española. Así, instamos a las centrales sindicales a que se informen de los hechos y depuren responsabilidades.

La Plataforma Trans ha tenido acceso a esta información a través del perfil que la joven tiene en instagram, donde relata; “ La semana pasada hice una entrevista en El Corte Inglés y dependiendo de la experiencia y si dabas el perfil te derivaban a una empresa u otra. Antes de ayer me llamaron para preguntarme si aún estaba libre y si estaba interesada por un puesto de la marca NYX, yo dije que sí. Entonces me tendrían que hacer una entrevista por teléfono los de NYX y si la pasaba el contrato me lo hacía El Corte Inglés.

Ayer me llamaron los de NYX y pasé la entrevista, entonces me llamaron los del Corte Inglés otra vez para concretar el salario, horarios y hora de firmar el contrato.

Al cabo de una hora me vuelven a llamar diciéndome que si mi DNI concuerda con la identidad de ahora. Yo les dije que me quedaban como 2 o 3 meses para que me den el nuevo DNI. La chica con la que hablaba suspira y me dice que no voy a poder seguir con el proceso ya que por temas de seguridad El Corte Inglés no me reconocería con mi actual DNI y que me asignarían un uniforme de hombre, etc. No puedo entender como me pueden complicar aún más mi situación. ¡ESTOY HARTA!”

Exhortamos al Corte Inglés a que reconsidere su decisión y de ejemplo de inclusión y de estar en sintonía con la sociedad española. Según una encuesta realizada por Ipsos, “Actitudes hacia las personas transgénero” llevada a cabo entre octubre y noviembre de 2017 en 16 países: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, Polonia, Serbia, Suecia y Reino Unido, destacó que el 81% de los españoles cree que el Gobierno debería tomar medidas para proteger al colectivo trans de la discriminación. “La aceptación de la sociedad española no se corresponde con la actitud de una empresa como el Corte Inglés, que debería ser un referente de inclusión y no de transfobia” declara Alejandro Moreno, secretario de la Plataforma Trans.

Las personas trans hemos sido objeto de diferentes estudios europeos donde se pone de manifiesto la vulnerabilidad y exclusión socio laboral que soporta este colectivo. La mayor encuesta sobre la discriminación que sufre la comunidad LGTB europea, elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2012, situó a las personas trans como las más perjudicadas, identificando que el entorno más hostil para las personas trans se ubica en el mundo laboral; especialmente para acceder a él.

“Subvertir esta situación es responsabilidad de toda la sociedad y del gobierno que ha de velar por la igualdad de toda la ciudadanía, removiendo los obstáculos que impiden que un sector de la población siga siendo en una sociedad plural, diversa y democrática, personas de clase B” dice Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. Quien añade, que también es responsabilidad de las empresas acabar con el “apartheid” que sufren las personas trans en el ámbito laboral”

Fuente Nota de Prensa de la Plataforma Trans

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La cadena Ritual Hoteles firma un convenio en el que se obliga a contratar personal trans para todos sus hoteles.

La tasa de desempleo en el colectivo trans se sitúa en torno al 80%

Con dos hoteles en Sevilla (y unos apartahoteles en proyecto), uno en Torremolinos y otro proyectado en Vejer de la Frontera, Ritual Hoteles cuenta con una plantilla de unos 200 empleados que puede llegar a doblarse en temporada alta. Y tú dirás ¿y a mí qué me importa? Pues porque a partir de ahora una parte de esa plantilla estará formada, por auto-obligación de la empresa, por personas trans.

La firma de este convenio supone la primera vez que una empresa hace algo parecido en España y es una iniciativa que celebran desde la asociación ATA-Silvia Rivera. “Aunque no va a solucionar el problema de exclusión laboral, pondrá en el punto de mira que hay empresas que rompen barreras y estereotipos a nivel empresarial“, explica Mar Cambrollé presidenta de la asociación, que añade que “estamos orgullosos de la ley que garantiza nuestros derechos, pero también queremos comer.”

Ritual Hoteles no solo se compromete a contratar personal trans para sus establecimientos sino que además pasará a identificarse como una marca “transfriendly”. En la firma de este convenio han estado Mariano Ruiz Araújo, delegado de Empleo de la Junta en Málaga; Javier López, coordinador de políticas LGTB de la Consejería de Igualdad; Francisco Javier Merino, representante de Ritual Hoteles y la presidenta de ATA-Silvia Rivera, Mar Cambrollé.

En la Ley Integral Trans que se aprobó en Andalucía en 2014 ya se contemplaba la incentivación de políticas de empleo para el colectivo trans cuya tasa de desempleo ronda el 80%. “No estamos hablando de parados” explica Cambrollé, “estamos hablando de gente excluida.”

Aunque el convenio firmado por Ritual Hoteles supone una buena noticia para el colectivo evidentemente aún queda muchísimo trabajo por hacer. ATA-Silvia Rivera tiene un servicio de orientación e integración laboral que cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Sevilla, pero reclaman a las Administraciones que faciliten el acceso de personas trans a formaciones de empleo. “Instamos a la Junta a que incentive a las empresas que faciliten la selección de cursos destinados a este colectivo” insiste Cambrollé que añade que “la pobreza y la discriminación son también una forma de violencia.”

Fuente | Nueva Tribuna, vía EstoyBailando

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Vergonzosa transfobia de la Fiscalía, que en un escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que solicita que se confirme la condena de un año de cárcel a Cassandra Vera por sus chistes sobre la muerte de Carrero Blanco se refiere a esta en masculino y la acusa de esconderse bajo un “pseudónimo”, en referencia a su nombre. 

En un escrito para refutar el recurso de la defensa solicitando al absolución de Cassandra Vera, la Fiscalía reincide en su actitud transfóbica al referirse a ella siempre en masculino y señalando que el nombre que ella a elegido para reflejar su identidad de género es un simple «pseudónimo» bajo el que oculta su «verdadera» identidad.

El caso es bien conocido. La estudiante trans de Historia Cassandra Vera fue condenada en marzo de 2017 a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta al considerarla la Audiencia Nacional culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras publicar varios chistes referidos a la muerte de Luis Carrero Blanco (el que fuera presidente del Gobierno de la dictadura franquista, objeto de un atentado de ETA en junio de 1973). La defensa de la joven presentó el correspondiente recurso al Tribunal Supremo. Durante el proceso y después la joven ha sido víctima de comentarios tránsfobos (incluso por parte de cargos públicos electos) que, estos sí, han quedado impunes.

Pues bien, según desvelaba ayer la cadena SER, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena mediante un escrito en el que continúa refiriéndose a Cassandra Vera en masculino (como ya ocurrió durante el juicio en la Audiencia Nacional). Y ello a pesar de que es público y notorio que su identidad de género es femenina, aunque no haya modificado a día de hoy su identidad registral. Pero la Fiscalía va en este caso aún más lejos, y la acusa de esconderse bajo pseudónimo. “Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra?”, afirma el escrito, siempre según la SER. En definitiva, la condición trans de Cassandra se convierte en un argumento culpabilizador…

En una entrevista concedida al diario Público, Cassandra Vera asegura sentirse humillada, aunque no sorprendida, tras conocer la noticia. “Es una muestra de que en las instituciones sigue habiendo mucha homofobia y transfobia. Era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso. Cassandra es mi nombre, es el que todo el mundo usa conmigo y así me presento. Es ridículo que diga que lo utilizo para esconder mi identidad cuando yo he subido fotos mías a Twitter, de mi vida cotidiana, del sitio donde estudio…“, asegura.

Público pregunta también a Vera por lo que sucedió en el juicio de la Audiencia Nacional, donde ya se la trató en masculino. La joven destaca, en este sentido, lo paradójico de que en un juicio que supuestamente buscaba reparar la dignidad de otra persona se denigrara la suya. “Como si yo tuviera menos derecho a la dignidad. En la sentencia también se escribió mi antiguo nombre, en masculino. No sé hasta qué punto debe de ser así en los documentos legales, pero es cierto que en el juicio podrían haber mostrado más respeto, pero nada. Hay que tener en cuenta que hablamos de una gente que me juzgó y condenó por hacer chistes de un fascista. No espero ningún re speto ni comprensión de esta gente”, añade.

«El escrito menosprecia intencionadamente un derecho tan básico como la identidad de género de las personas . Además, durante la visita oral en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se la trató continuamente como un hombre pese que ella se considera una mujer, lo que es otro claro discriminación institucional», declara Marta Sorlí, de Compromís, quienes han solicitado en varias ocasiones el indulto para la tuitera murciana.

“Estupor” de la Plataforma por los Derechos Trans

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha mostrado en un comunicado su desconcierto por el trato a Cassandra Vera en el escrito de la Fiscalía, que considera “vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género”. “La identidad sexual no es un disfraz, es un derecho humano, y en consonancia a esta las personas nos socializamos y relacionamos”, asegura su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual el nombre por el cual las personas desean ser llamadas forma parte del derecho al honor, intimidad y la propia imagen de las personas trans.

La Plataforma recuerda que no solo diversas leyes autonómicas reconocen como un derecho la libre determinación de la identidad y de la expresión de género, sino también distintas directivas y declaraciones internacionales “que hacen que la libre determinación de la identidad tenga rango de derecho humano fundamental”. “Denominar pseudónimo al nombre libremente elegido con el que la joven Cassandra se socializa y vive su identidad es una forma de ridiculizar y no respetar la identidad de esta joven, y por ende de todas las personas trans, constituyendo un retroceso y un revés a todos los avances en derechos ya en vigor en muchas comunidades del Estado español” añade Erik García, vocal de juventud de la entidad.

“Estos lamentables e inaceptables hechos, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación específica para las personas trans que garantice la libre determinación de la identidad y expresión de género. Es inaplazable seguir demorando el registro inminente de la propuesta de ley trans estatal que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar y que hará de España el epicentro del respeto y la protección jurídica de las personas trans”, concluye el comunicado.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Cadena Ser, Cassandra Vera, Discriminación, Erik García, Identidad de género, Mar Cambrollé, Marta Sorlí, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, Público, Transexualidad, Transfobia