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El Gobierno de la Generalitat aprueba el protocolo que desarrolla el deber de intervención de los funcionarios catalanes contra la LGTBfobia

Sábado, 21 de octubre de 2017

Palau-Generalitat-Catalunya_EDEIMA20101213_0011_9El Gobierno catalán ha aprobado por fin este martes el protocolo para el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia en las administraciones públicas catalanas. El protocolo, cuyo desarrollo estaba contemplado en la ley catalana 11/2014 contra la LGTBfobia (artículo 11.2), ha sido bienvenido por el Observatori contra l’Homòfobia, entidad que en los últimos tiempos se ha mostrado muy crítica con la lentitud con la que esta ley se está desarrollando y aplicando de forma efectiva.

El protocolo, plasmado en un documento de 23 páginas (que puedes descargar aquí) establece cómo debe aplicarse el deber de inetrvención de las personas que trabajan en las administraciones públicas catalanas (tanto dependientes de la Generalitat como de los entes locales) para hacer efectivo el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Se trata, según el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat, de “garantizar los derechos de las personas LGTBI y evitar situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Cataluña se puede vivir la diversidad sexual y de identidad de género en plena libertad”. Las administraciones públicas catalanas, de esta forma, se configuran como garantes de los derechos LGTBI, y sus funcionarios deberán comunicar cualquier situación de discriminación y de violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género de la que tengan conocimiento o de la que tengan una sospecha fundamentada.

La aprobación de este protocolo ha sido celebrada por el Observatori contra l’Homofòbia. “Desarrolla el deber de intervención, concretamente el artículo 11 de la Ley [11/2014], que insta a todos los profesionales de la administración a actuar inmediatamente ante la certeza o sospecha de un caso de discriminación por orientación o identidad de género en cualquiera de sus formas”, ha explicado su presidente, Eugeni Rodríguez. Un deber de intervención que para Rodríguez es “una herramienta indispensable para frenar las agresiones y discriminaciones LGTBIfóbicas en Cataluña”. El Observatori ha felicitado al Gobierno catalán por el trabajo realizado y le ha pedido que trabaje conjuntamente con las entidades LGTB para activar ya el protocolo de forma real y efectiva.

Conviene recordar, en este sentido, que el Observatori contra l’Homofòbia se mostrado muy crítico en los últimos tiempos con la Generalitat debido a la lentitud con la que la ley catalana contra la LGTBfobia, aprobada hace ya tres años, se está desplegando, y ello pese al repunte en los casos de LGTBfobia en Cataluña. En septiembre, Eugeni Rodríguez comparecía en la Comisión del Igualdad del Parlamento catalán y exponía los últimos datos registrados por la entidad, según los cuales en el ejercicio en curso habría un 30% más de denuncias. “Las conclusiones actuales son similares a las del Estudio del OCH sobre el Estado de LGTBIfobia en 2016: el grupo que más agresiones sufre son los hombres gais y bisexuales, y las agresiones que más se perpetúan son en espacios públicos, seguidas del bullying y el discurso de odio”, expresaba entonces.

Recordemos que, según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue de hecho la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficiamente (60 en total, 51 de ellos en la provincia de Barcelona). Peor aún era el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia: la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia en Cataluña (como también sucede en Madrid, los datos recogidos por las entidades vinculadas a colectivos arrojan un número mayor de agresiones que las que oficialmente se denuncian). La mayoría (el 46,4%) fueron contra hombres gais o bisexuales, seguidos de las generalistas (contra el colectivo LGTB como tal, un 19%) y contra las personas trans (un 14,3%).

Aunque quedan mucho trabajo por hacer para que la ley 11/2014 sea una realidad plena (el desarrollo, por ejemplo, de un reglamento sancionador), la aprobación de este protocolo es sin duda un paso en la buena dirección. Confiamos, en este sentido, en que la grave crisis política que vive en estos momentos Cataluña y su relación con el Estado no impida seguir progresando. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

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El ministro marroquí de Derechos Humanos califica a los homosexuales de “basura”

Martes, 17 de octubre de 2017

mustapha-ramidY luego habrá quien banalice esta situación o quien defienda a la banalizadora

La homosexualidad sigue siendo castigada con la cárcel en Marruecos. Ramid acaba de asistir en Ginebra al “examen periódico universal” sobre los derechos humanos.

El Código Penal marroquí castiga en su artículo 489 la práctica de la homosexualidad (definida como “la comisión de actos contra natura con individuos del mismo sexo”) con penas de hasta tres años de cárcel.

“Basura”Así calificó el pasado 28 de septiembre el ministro de Derechos Humanos de Marruecos, Mustafá Ramid, a los homosexuales. No se trata, por desgracia, de la primera vez que Ramid se pronuncia en términos ofensivos hacia las personas LGTB, que viven en Marruecos una situación muy complicada.

Mustafá Ramid participaba en una reunión sobre la prevención de la tortura en los países del norte de África organizada en Rabat por el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí. Al ser interpelado en los pasillos por periodistas sobre la criminalización de la homosexualidad, Ramid, visiblemente molesto, contestó que era un tema al que no debía darse tanta importancia. “Esa gente es basura”, añadió (la web marroquí en francés Le Site Info muestra el vídeo y explica que el vocablo árabe que utilizó fue “aousakh”).

“¿Y qué les pasa ahora (a los homosexuales)? Si hablamos mucho de este tema, eso es darles importancia… Mira, somos marroquíes“, dice Ramid ante una cámara, y cuando se aleja, aparentemente sin saber que sigue estando grabado, dice: “Son basura”. Algunos medios aseguran que el ministro creía que no estaba siendo grabado, pero lo cierto es que viendo las imágenes de Le Site Info su actitud de desagrado ante los periodistas era evidente y no parece que le importara mucho ser grabado:

Ramid acaba de asistir en Ginebra al “examen periódico universal” sobre los derechos humanos, donde presentó algunas mejoras introducidas en su país, pero sin tocar los temas más espinosos, como son la prohibición de la homosexualidad, de las relaciones sexuales extramaritales, de la infracción del ayuno en ramadán o de la conversión a cualquier religión distinta del Islam.

Las palabras del ministro marroquí han desencadenado indignación en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos o la Asociación de Lucha contra el Sida, que han dirigido una carta al primer ministro, Saadeddine Othmani, para que tome cartas en el asunto. Tanto Othmani como Ramid pertenecen al Partido Justicia y el Desarrollo, la formación conservadora e islamista que gobierna en la actualidad Marruecos.

No se trata, por desgracia, de la primera vez que recogemos declaraciones LGTBfóbicas de Mustafá Ramid, quien nunca ocultó su opinión sobre los homosexuales y en numerosas ocasiones ha dicho que la sociedad marroquí “no está preparada” para admitir la homosexualidad. En 2015, cuando era ministro de Justicia, se refirió a un espantoso ataque sufrido por una mujer transgénero en Fez insinuando que las personas LGTB son en parte culpables de las agresiones que reciben por “provocar” a la sociedad.

Constante persecución de las personas LGTB en Marruecos

Actitudes como las del ministro Ramid son muy preocupantes, especialmente cuando de un tiempo a esta parte asistimos a un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica (el artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”).

Lo cierto es que cada vez llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. En marzo de este mismo año, dos varones fueron condenados a seis meses de prisión por mantener relaciones homosexuales. La detención se produjo tras difundirse a través de las redes sociales un vídeo de ambos. Durante el juicio, uno de los acusados declaró que había sido maltratado verbal y físicamente por los agentes de Policía durante su estancia en comisaría. En noviembre de 2016, un varón homosexual español de 73 años y su pareja sexual, de 23, fueron detenidos, tras ser delatados por una camarera del hotel de Marrakech en el que se alojaban. El ciudadano español fue posteriormente puesto en libertad, pero no tuvimos noticias de qué acciones se tomaron con el detenido de nacionalidad marroquí. Un mes antes, dos adolescentes eran detenidas tras haber sido sorprendidas por un familiar mientras se besaban en su propio domicilio. Finalmente, el tribunal desestimó los cargos por falta de evidencias, aunque ambas permanecieron detenidas, y una de ellas incomunicada, durante varios días.

También en 2016, en el mes de junio, fueron juzgados dos jóvenes por mantener relaciones sexuales en el interior de un vehículo y fueron condenados a 6 meses de prisión, en un “juicio” exprés y sin una defensa digna (ningún abogado quiso representarles). En el mes de abril, dos jóvenes fueron sorprendidos en la cama por un grupo de hombres que habían irrumpido en su vivienda, fueron brutalmente agredidos, y, con el rostro ensangrentado y desnudos, llevados a la calle para su humillación pública. La Policía, en vez de perseguir a los agresores, detuvo a las víctimas, que fueron juzgadas y condenadas a penas de hasta 4 meses de prisión por practicar la homosexualidad.

En febrero de 2016 nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

También en el pasado año 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica. Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

También en años anteriores,nos hemos hecho eco de diversas detenciones a personas homosexuales. En mayo de 2013 publicábamos la condena a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes detenidos en “delito flagrante” cuando se encontraban en el interior del coche de uno de ellos. En mayo de 2014 seis hombres fueron condenados a penas que oscilaban entre uno y tres años por cometer “actos contra natura”. En octubre de ese mismo año informábamos de que un británico de 69 años era condenado a cuatro meses de prisión por homosexualidad (aunque, finalmente, fue puesto en libertad).

Un compendio de noticias que son solo una muestra de la realidad a la que se enfrentan las personas LGTB en Marruecos. Y es que, como dijera el joven marroquí Hamza (en el vídeo de la campaña que el colectivo Aswat lanzó para concienciar de la homofobia social marroquí) “ser homosexual en Marruecos es algo muy difícil, porque tienes que lidiar a diario con los estereotipos sociales preconcebidos, que no aceptan diferencias, especialmente el ser gay”.

Y hemos incluido solo las referidas a persecución por parte del estado porque, por poner un sólo ejemplo, el pasado agosto vimos espantados cómo un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a “violarlo”

No podemos olvidar cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados para mayor escarnio. La pareja era detenida en Beni Melal, después de haber sufrido la cruel agresión . Mientras que uno conseguía huir, el otro era condenado a 2 meses de cárcel y pagar una multa de 500 dirhams, aunque sería finalmente puesto en libertad, después de admitir su condición sexual y de que su abogado solicitara la anulación de la Ley 489.  Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

Sin pronunciamiento oficial de España

No podemos obviar la clamorosa falta de una denuncia contundente ante estas violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno español, ni siquiera cuando en 2015 una cooperante de nuestro país fue expulsada por apoyar “las causas de la desviación de la moral”. Y ello pese a que Marruecos sea un país vecino con el que España mantiene una intensa relación cultural, comercial y social.

 Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Burundi inicia una “cacería” de Estado contra la comunidad LGTB y activistas denuncian vejaciones y extorsión económica policial

Viernes, 13 de octubre de 2017

burundi_detenciones-300x150Burundi ha comenzado a detener a activistas y a personas LGTB en el marco de una persecución organizada de Estado. Dos de las víctimas son menores de edad y su “delito” fue subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. La policía de este país africano de mayoría católica identificó el lugar, en la comuna de Kamenge (provincia de Bujumbura Mairie), y arrestó a los jóvenes, entre otras personas acusadas de “homosexualidad” y de atacar la cultura y las tradiciones burundianas. Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica, ha condenado estas detenciones y señala que el objetivo de algunas de ellas es extorsionar a los arrestados para obtener un beneficio económico, mientras la policía los somete a todo tipo de abusos y vejaciones. La decisión del presidente Pierre Nkurunziza de intensificar la represión contra la comunidad LGTB coincide con la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, que será efectiva dentro de unos días.

Inspirado por las violaciones que otros Estados están llevando a cabo recientemente contra los derechos del colectivo LGTB en diversos países como EgiptoAcerbaiyán o Indonesia, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se ha propuesto hacer cumplir el Código Penal del país, que desde 2009 criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y, por extensión, cualquier visibilización de la diversidad sexual o de orientación de género. En estos años se han cerrado asociaciones LGTB y organizaciones favorables a la igualdad de derechos y ahora se anuncia el comienzo de una etapa todavía más oscura para los derechos humanos de este pequeño país africano, durante el tercer mandato de Nkurunziza.

El periodista burundiano Bakari Ubena se hacía eco de las primeras detenciones de personas LGTB por su orientación sexual o identidad de género el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter. Ubena recogía las declaraciones de la policía en este sentido a varios medios locales.

Entre las nuevas víctimas de la LGTBfobia de Estado hay dos menores de edad, detenidos tras subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. “Los conozco muy bien porque fui su director de proyecto de 2010 a 2013”, ha lamentado Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica. “Afortunadamente, pude dejar mi país debido a mi orientación sexual, ya que estaba en peligro debido a mi activismo”, ha declarado este letrado y activista. Los arrestados, según denuncian distintas fuentes, son sometidos toda clase de vejaciones con la finalidad de que paguen sobornos a la policía a cambio de su liberación.

Burundi: camino a una autocracia contraria a los derechos humanos

bandera-de-burundiHuman Rights Watch considera que la tercera legislatura de Pierre Nkurunziza “ha sumido al país en una espiral de violencia política y abusos generalizados de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los miembros del ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, atacan a los opositores”. También denuncian que “matan, violan, torturan, desaparecen forzosamente o maltratan” a civiles por motivos ideológicos o económicos.

Esta organización internacional define el sistema de justicia como “profundamente manipulado por el partido gobernante”, por lo que “la impunidad es generalizada”. En este clima, Burundi está a punto de dar portazo definitivo a la Corte Penal Internacional de la Haya, de la que solicitó en octubre del año pasado dejar de ser parte y que el próximo día 27 será efectiva. Esta retirada se produce por las graves acusaciones contra el Gobierno de Pierre Nkurunziza en materia de derechos humanos.

De hecho, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Fatsah Ouguergouz, lo acusa de “crímenes de lesa humanidad”. Se habla de más de 500 personas fallecidas como consecuencia de la violencia promovida por plataformas y personas afines al Gobierno y de, al menos, 300.000 refugiadas en otros países. Desgraciadamente, el colectivo LGTB es el siguiente en la lista negra del presidente Nkurunziza y sus secuaces. Burundi fue uno de los 13 países que votaron recientemente en contra de la prohibición de las Naciones Unidas de aplicar la pena de muerte a personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Diputados de Chile repudia los mensajes LGTBfóbicos de HazteOír y de su autobús del odio

Sábado, 7 de octubre de 2017

camila-vallejoCamila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.

Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.

Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.

El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.

Fuente MOVILH

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Egipto intensifica la persecución LGTBfóbica de Estado: 57 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género

Sábado, 7 de octubre de 2017

egipto_detenidos-300x150Hace solo unos días, nos hacíamos eco de la detención de siete personas en El Cairo por ondear banderas arcoíris durante un concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila. Ahora sabemos que la escalada de LGTBfobia de Estado en Egipto se extiende como una plaga entre las autoridades y las fuerzas de “seguridad” de este país transcontinental. Se está hablando de al menos 57 arrestados por su orientación sexual o su identidad de género. Pero también hay afectados heterosexuales que han visibilizado su apoyo a la igualdad de derechos del colectivo LGTB. Human Rights Watch asegura que este país debería centrarse en “mejorar su gravísimo historial de derechos humanos” y Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. Por otra parte, se acaba de prohibir la presencia LGTB y el apoyo al colectivo en los medios de comunicación.

Cada vez son más preocupantes las noticias que nos llegan desde Egipto en materia LGTB. El propio Estado está organizando una persecución planificada, cada vez más intensa, contra la diversidad de orientación sexual e identidad de género, pero también contra la visibilización de la igualdad de derechos LGTB e incluso contra personas que brindan apoyo a las reivindicaciones del colectivo. Según cifras oficiales, 57 personas habrían sido detenidas por estos motivos arbitrarios (22 de ellas solo en lo que llevamos de octubre). Sin embargo, el número de arrestados puede ser mayor, teniendo en cuenta los antecedentes, la poca transparencia y la escasa credibilidad de las autoridades en lo que se refiere al respeto de la diversidad sexual y de género.

Como venimos recogiendo en dosmanzanas en el seguimiento informativo de la realidad LGTB en Egipto, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

“Egipto debe dejar de dedicar recursos estatales a cazar a la gente por lo que supuestamente hacen en sus dormitorios o por expresarse en un concierto de rock y en su lugar debe centrar su energía en la mejora de su gravísimo historial de derechos humanos”, declara Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y del Norte de África de Human Rights Watch.

El abogado egipcio Ahmed Othman, miembro de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, ha denunciado que a los acusados también se les pregunta sobre sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, las contraseñas de sus cuentas de redes sociales son recopiladas y se examinan sus mensajes en busca de pistas y de mayor información sobre sus actividades.

Respondiendo a las intransigentes peticiones de lobbies políticos y sociales LGTBfóbicos, el Sindicato de Profesiones Musicales egipcio impedirá a Mashrou ‘Leila actuar en Egipto nuevamente, después de la visibilización de banderas arcoíris y mensajes inclusivos durante su último concierto, celebrado el pasado 25 de septiembre. Como publicábamos estos días atrás, la banda, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay, ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica (la marca de los Hermanos Musulmanes en Jordania).

Egipto excluye a las personas LGTB de los medios de comunicación

El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) ha dado a conocer una orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde el pasado mes de abril, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, ha expresado a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto“desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.

Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, en abril de 2015 nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

Como señalábamos anteriormente, en abril de este 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de appsde contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo,trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Grupos de derechos civiles reclaman el cese del hostigamiento contra el colectivo LGBT en Azerbaiyán

Martes, 3 de octubre de 2017

azerbaiyan-detenciones-gais-trans-torturas-696x522Detención de un opositor político en Bakú en Octubre de 2016 (Foto: REUTERS)

ILGA, Stonewall, Thomson Reuters Foundation o Civil Right Defenders son algunas de las organizacioens que luchan por los derechos civiles que solicitan al gobierno de Azerbaiyán que libere de la cárcel a decenas de personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales, después de que un activista, Javid Nabiyev, denunciara que se estarían realizando detenciones masivas, acompañadas de abusos vervales, agresiones físicas y exámenes médicos forzosos en Baku.

La rama europea de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA por sus siglas en inglés: International Lesbian and Gay Association) ha hecho disparar las alarmas por la detención arbitraria de al menos 50 personas LGTB en Azerbaiyán cifra que algunos medios azerís elevan hasta casi los 100 y solicita al gobierno de Azerbaiyán a liberarlas después de que salieran a la luz unos informes sobre la detención masiva de miembros del colectivo LGBT, denunciada por el activista Javid Nabiyed, que habrían sufrido abusos y palizas en una operación muy similar a la purga de homosexuales en Chechenia.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, deja claro que “obligar a cualquier persona LGBTI a ser examinada médicamente en contra de su voluntad es bastante perturbador, pero también hemos recibido múltiples reportes de abuso verbal y físico. No hay ninguna justificación para esta selección indiscriminada de personas percibidas como miembros de la comunidad LGBTI. Es una violación clara y grave de la Convención Europea de Derechos Humanos(…) Estamos preocupados por el destino de las víctimas de estas incursiones y solicitamos la liberación inmediata de toda persona que aún esté detenida”.

Para ILGA es difícil medir la magnitud de esta presunta represión que sucede desde hace dos semanas, pero que no ha sido confirmada de forma independiente, como tampoco lo fuera inicialmente la de los funcionarios de Razam Kadyrov. Al igual que la pequeña República Rusa, Azarbaiyán también es un país conocido por su pésimo trato a las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales. Los abogados de algunos de los detenidos han asegurado que sus clientes han sido víctimas de palizas y abusos verbales, obligándoles a pasar exámenes médicos y llegando incluso a rapar las cabezas de las mujeres transexuales.

 El Ministerio del Interior de este país considera, torpemente, que con estas redadas dirigidas al colectivo LGTB y a los trabajadores y trabajadoras del sexo combate nuevas infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, la sífilis o la hepatitis. En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán, hecho público este lunes,  queda patente que las autoridades nacionales solo ven la paja en el ojo ajeno: “los informes de los medios de comunicación sobre presuntos ataques contra minorías sexuales y la violación de sus derechos son infundados y desearíamos hacer notar, una vez más, que el propósito de tal acción es llevar ante la justicia a aquellos que han violado el orden público y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”. “Los arrestados son personas que manifiestan demostración de falta de respeto hacia los demás, molestan a los ciudadanos y creen que las autoridades sanitarias tienen enfermedades infecciosas”, declara un portavoz del Ministerio del Interior, Eskhan Zakhidov, en una estrategia similar a la que tuviera el gobierno de Chechenia, que negaba que estuviera sucediendo ninguna purga, alegando el de Azerbaiyán que se trata de una campaña contra la prostitución.

Esta postura no es aceptada por Stonewall, quienes sostienen que las personas detenidas habían sido seleccionadas, exactamente lo mismo que asegura la Thomson Reuters Foundation, con sede en Bakú, desde donde aseguran que «las principales calles, estaciones de metro y lugares como los clubes, pubs y bares como LGBT son los principales objetivos».

En la última quincena de septiembre se ha desatado en la República de Azerbaiyán la enésima oleada LGTBfóbica orquestada por el Estado de este país de la Europa oriental. ILGA-Europa habla de al menos 50 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género, aunque otras fuentes suben hasta el centenar de arrestados. Algunos medios azerís tampoco se quedan atrás en su labor desinformativa y discriminatoria, apoyando las tesis gubernamentales y llegando a asegurar que “está claro que casi todas las minorías sexuales han sido infectadas con las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas”.

ILGA-Europa condena que el ataque de Estado contra miembros de la comunidad LGBT, especialmente en Bakú (capital del país), está ofreciendo como resultado redadas de la policía, con los detenidos siendo agredidos, forzosamente examinados médicamente, multados u obligados a revelar detalles de contacto de sus teléfonos móviles. Un operativo y unos objetivos que, salvando las distancias, recuerdan a la persecución LGTBfóbica de la república semiautónoma rusa de Chechenia, destapada en abril de este año.

Activistas locales aseguran que al menos 50 personas homosexuales y transexuales habrían sido detenidas en las redadas policiales durante las últimas dos semanas, aunque Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, afirman que el número de detenidos podría llegar al centenar, añadiendo que muchos habrían sido liberados solamente después de denunciar direcciones de otros miembros de la comunidad LGBT.

La justificación del Gobierno a esta escalada en su LGTBfobia de Estado no es en absoluto alentadora y deja al descubierto la ignorancia de las autoridades azerís en la materia. Según el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán no se trata de un “ataque” contra minorías sexuales, sino la estrategia gubernamental para “prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”.

Sin embargo, se ha demostrado que en los países más desarrollados la mejor forma de combatir las infecciones de transmisión sexual son las campañas de educación y prevención. La represión, en cambio, consigue el efecto contrario: desinformación, falta de voluntad de realizarse pruebas y miedo a ser fichados o a sufrir represalias por parte de las autoridades.

Golpeado y torturado con descargas eléctricas por ser gay

Uno de los últimos detenidos en denunciar su arbitraria detención ha sido Xeyal (un apodo usado para evitar nuevos abusos por parte de las autoridades azerís). En declaraciones a BuzzFeed News, este hombre explica que fue retenido durante nueve días en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior de Azerbaiyán. Desde su arresto, el pasado 19 de septiembre, tuvo que dejar pasar un lapso de tiempo antes de exponer su caso y de contactar con un abogado porque se sentía aterrorizado. Incluso el abogado, que asiste a muchas de estas víctimas de la LGTBfobia de Estado, tiene miedo de ser reconocido y de que esto pueda perjudicar a sus clientes o él mismo, dado que está hablando con la prensa internacional

Al ser liberado, Xeyal abandonó su apartamento y canceló su teléfono móvil, preocupándose de que no lo arrestaran de nuevo. Cuando encontró el valor para pedir ayuda, su rostro y sus brazos todavía mostraban evidencias de maltrato físico. Según denuncia el afectado, habría sido golpeado con un bastón en la cabeza, en las rodillas y en los brazos. Asimismo, habría sido sometido a descargas eléctricas en la cabeza y en otras partes de su cuerpo más de 30 veces. Durante esta tortura, las autoridades parece que intentaron sonsacarle los nombres de sus ex compañeros sexuales y que tuvo que firmar documentos sin que se le permitiera leerlos.

Por su parte, Daniel Holtgen, director de comunicaciones del Consejo de Europa, ha publicado en su cuenta de Twitter que se siente “muy preocupado por el maltrato que reportan personas LGTB” en Azerbaiyán y que resulta “necesaria” una “investigación en profundidad”.

 

A través de una breve nota informativa, el propio Consejo de Europa también ha expresado su preocupación y ha insistido en que “la discriminación de las minorías, tanto sexuales como de otra índole, es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos”. Además, al tiempo que aseguran que siguen el tema de cerca, urgen a Azerbaiyán a “velar por que se respeten estos derechos y se investiguen a fondo los malos tratos denunciados”.

Azerbaiyán y su LGTBfobia de Estado

Las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en Azerbaiyán en el año 2000, siendo la edad de consentimiento la misma que la de las relaciones heterosexuales. Por lo demás, sigue sin existir reconocimiento jurídico alguno para las personas LGTB. Y el problema no solo se traduce en la falta de derechos como las uniones civiles, la adopción o la falta de libertad de expresión para los colectivos LGTB sino en la existencia de una impunidad implícita para actos de odio por razones de orientación sexual.

El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía “al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI”. En este sentido, la Eurocámara condenaba “enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI”.

En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar y no se consumó el parricidio.

En 2012 recogíamos las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que “si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí”. Por este motivo, son pocas las personas que se atreven a visibilizar su orientación LGTB en Azerbaiyán, como por otra parte sucede en el resto de ex república soviéticas.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El fin de la mayoría parlamentaria de izquierda y la irrupción de la extrema derecha de AfD auguran una legislatura difícil para los derechos LGTB en Alemania

Viernes, 29 de septiembre de 2017

Bandera-Alemania-CE-Comprar-BanderasLas elecciones generales celebradas este domingo en Alemania han supuesto un duro varapalo para los dos principales partidos, que han gobernado juntos desde 2013 (antes lo habían hecho entre 2005 y 2009). La canciller Angela Merkel, a pesar de perder más de ocho puntos, obtiene su cuarto mandato consecutivo. Los socialdemócratas pagan el precio de la gran coalición y se dejan cinco puntos, con lo que volverán probablemente a la oposición. Y por primera vez en décadas, irrumpe un partido de extrema derecha en el Bundestag. Atrás queda una legislatura en la que solo se logró la igualdad matrimonial in extremis, a pesar de la existencia de una mayoría de fuerzas favorables a la misma. El giro global a la derecha, y en particular la potente entrada como tercera fuerza política de Alternativa para Alemania (AfD), abre un panorama muy desalentador para los derechos LGTB.

En materia LGTB, la legislatura que ahora termina será recordada sin duda como la de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que entrará en vigor en octubre. No conviene olvidar, sin embargo, las circunstancias en las que se produjo. Pese a existir mayoría parlamentaria favorable (SPD, la izquierda de Die Linke y los verdes reunían más escaños que los democristianos), tres proyectos de ley languidecieron durante años por la negativa de los socialdemócratas a permitir su tramitación, temerosos de contrariar a sus socios de gobierno. Solo cuando la canciller accedió a conceder libertad de voto a sus diputados, el SPD reaccionó desatascando el proceso y la medida se aprobó en pocos días, con el apoyo de casi dos tercios del Bundestag.

Con anterioridad a la igualdad matrimonial, los principales avances en la equiparación de derechos vinieron forzados por sentencias del Tribunal Constitucional, que tumbaron numerosas discriminaciones de las parejas en una unión civil con respecto a las casadas. Por parte de la gran coalición, quizás la medida más simbólica en el ámbito LGTB fue la rehabilitación de las víctimas del homófobo artículo 175. Entre las sombras del tercer mandato de Merkel se cuentan la designación de los países del Magreb como “segurospara los demandantes de asilo (también para los refugiados LGTB) o la negativa a incluir explícitamente la homofobia y la transfobia en la reforma de la ley sobre delitos de odio.

Pero sin duda la circunstancia más preocupante para los derechos LGTB y de las minorías en general ha sido el ascenso de la AfD durante los cuatro últimos años. La formación, que nació como un partido básicamente anti-euro, se movió rápidamente hacia la extrema derecha xenófoba y LGTBfoba. Entre sus principales caballos de batalla se encuentra la educación en la diversidad afectivo-sexual, contra la que se ha manifestado de la mano del movimiento Demo für alle. Tampoco han faltado los exabruptos LGTBfobos de varios de sus miembros y cargos electos. Una imagen que intentaron lavar designando como cabeza de cartel a Alice Weidel, abiertamente lesbiana, en lo que muchos vieron una clara muestra de pinkwashing.

Merkel, reelegida a la espera de los pactos

Los resultados de los comicios han traído la consolidación de las tendencias apuntadas por las encuestas y por las elecciones regionales de los últimos meses, con algunos cambios. Los democristianos de Angela Merkel descienden más de lo previsto (pasan del 41,5% de los votos al 32,9%, consiguiendo 246 escaños en el Bundestag), pero superan ampliamente a los socialdemócratas de Martin Schulz, que como ya les pasara en las elecciones de 2009 bajan tras participar en un Gobierno de gran coalición (pasan del 25,7% al 20,5%, con 153 escaños). Ambos partidos, de hecho, obtienen sus peores resultados desde las elecciones de 1949. El resto del Bundestag se reparte entre AfD, que entra por primera vez directamente como tercera fuerza (pasa del 4,7% al 12,6% y consigue 94 escaños), los liberales, que regresan tras una legislatura de ausencia (pasan del 4,8% al 10,7% y consiguen 80 escaños), la izquierda de Die Linke (que pasa del 8,6% al 9,2%, y consigue 69 escaños) y los verdes de Die Grünen (que pasan del 8,4% al 8,9%, haciéndose con 67 escaños).

A la espera de que se configure la próxima coalición de Gobierno, la primera lectura es clara: las formaciones de izquierda (considerando como tales a socialdemócratas, Die Linke y verdes) pierden la mayoría parlamentaria que al fin y al cabo tenían en el Bundestag, que gira claramente a la derecha con la reentrada de los liberales y, sobre todo, la fuerte irrupción de AfD. La negativa de Merkel a negociar con la extrema derecha deja dos alternativas: una reedición de la gran coalición, que colocaría a AfD de facto como líder de la oposición y que ya ha descartado Schulz, o un pacto tipo “Jamaica” (llamado así por los colores de su bandera) entre democristianos, liberales y verdes. Esta combinación (que ya gobierna, por ejemplo, el estado de Schleswig-Holstein) se intuye como la más probable en estas primeras horas, aunque requerirá de un gran esfuerzo negociador.

Los retos y las amenazas de la nueva legislatura

A pesar de carecer de posibilidades de acceder a posiciones de Gobierno, la presencia de AfD se hará notar sin duda en los debates parlamentarios, en los que dispondrá de un altavoz privilegiado para transmitir su mensaje reaccionario. Su poder para revertir los avances alcanzados en el ámbito LGTB será, sin embargo, limitado: para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada, por ejemplo, se requiere la firma de al menos una cuarta parte de los diputados.

No es probable, por lo tanto, que se produzcan importantes retrocesos legales en la nueva legislatura. Pero sí es de temer que algunas medidas que están pendientes queden pospuestas sine die a causa de la ruidosa oposición de la extrema derecha. Entre ellas, el refuerzo de la legislación contra el discurso de odio LGTBfobo, la educación en la diversidad o la protección a los refugiados LGTB. También es previsible que se repitan campañas callejeras como la del autobús contra el matrimonio igualitario de los socios de HazteOír, que encontrarán aliento en los diputados de AfD. En este sentido, poco cabe esperar del hecho de que una de sus principales figuras sea la economista Alice Weidel, abiertamente lesbiana y unida civilmente a otra mujer. Al menos desde que fue elegida como una de sus cabezas de cartel, la presencia de Weidel no ha supuesto que AfD haya moderado sus posiciones en materia LGTB.

En definitiva, un panorama de entrada sombrío. Los primeros movimientos, en cualquier caso, irán destinados a la formación de una coalición estable de Gobierno con Merkel al frente. Estaremos pendientes de esas negociaciones, que serán indicativas de cómo se va a desarrollar la legislatura que comienza en el ámbito LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Filipinas ha aprobado una ley anti-discriminación LGTBI

Sábado, 23 de septiembre de 2017

ley-lgtbi-filipinasImagen de la celebración por la aprobación de la ley

La Cámara de Representantes de Filipinas aprueba una ley contra la discriminación a personas LGTBI que llevaba 17 años siendo

Ahora falta por saber si el Senado aprobará el texto.

Con 198 votos favorables (la totalidad de sus señorías presentes en la Cámara de Representantes de Filipinas en el momento de la votación), el proyecto de ley contra la discriminación LGTB ha salido adelante. Hace aproximadamente un año, Geraldine Roman, la primera diputada trans de este país, presentó por primera vez el proyecto, que ahora se ha aprobado sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención. Entre otras cosas, la nueva legislación filipina “proporciona definiciones concisas de la discriminación, la marginación, los crímenes de odio y el estigma de una manera que permite que los mismos sean procesables dentro de los sistemas policiales y legales”, explica Emmeline Aglipay-Villar, otra de las diputadas que ha defendido la ley en sede parlamentaria. En un país con mucho camino por recorrer en materia de derechos para el colectivo LGTB, la aprobación de esta ley sin oposición es un muy buen comienzo.

El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, es un político acusado por Amnistía Internacional de haber asesinado a más de 700 personas que hace poco dijo que las personas que pasan por la cárcel no pueden ser reinsertadas porque una vez en prisión se vuelven homosexuales. Y ser homosexual para él es poco menos que ser una abominación.

Hace unos días, además, Duterte redujo el presupuesto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el país a un límite ridículo y le dijo al representante que no sabía por qué se quejaba tanto, que ni que fuera un gay o un pederasta.

Por eso sorprende (para bien) que la Casa de los Representantes de Filipinas acabe de aprobar una ley similar a la que el PP rechazó en España que busca perseguir la discriminación a las personas LGTBI. Claro que no ha sido un camino fácil, que esa ley lleva redactándose 17 años. Casi nada.

Hasta la fecha, Filipinas carecía de leyes dirigidas a reconocer casi cualquier derecho a la comunidad LGTB. Sin embargo, esa situación va a empezar a cambiar con la aprobación en la Cámara de Representantes (equivalente al Congreso de los Diputados), por unanimidad, del Proyecto de Ley 4982, que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género (conocida como “SOGIE”). Mientras que en Filipinas la aprobación de la ley, en su tercera lectura, no ha obtenido ninguna abstención ni votos en contra, sorprende que la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en España haya encontrado 124 abstenciones y dos votos contrarios, como recogíamos hace unos días.

En la cámara baja de Filipinas incluso ha habido un recuerdo para Jennifer Laude, una mujer trans brutalmente asesinada, a finales de 2014, a manos del marine estadounidense Joseph Scott Pemberton. El caso de Laude conmocionó a buena parte de la opinión pública de este país insular del sudeste asiático. El encargado de hacer memoria de Jennifer Laude durante la sesión parlamentaria fue el diputado Carlos Zarate, uno de los dos representantes de la formación progresista Bayan Muna. A finales de marzo de 2016 un tribunal filipino confirmó la culpabilidad de Pemberton, pero redujo su condena de 12 a 10 años de prisión, al aceptar como atenuantes el estado de intoxicación del marine y que actuó por “pasión y ofuscación”.

La Ley Número 4982 (o la Ley Contra la Discriminación en Base a la Orientación Sexual u Orientación de Género) ha sido redactada -en parte- por la diputada transgénero Geraldine Roman y es una ley pensada para penalizar actos discriminatorios.  Las discriminaciones tipificadas en esa ley y que podrán ser penalizadas con penas de cárcel de entre uno a seis años o multas que rondan los 2.000-10.000 euros incluyen, por ejemplo, la denegación de un servicio público, el rechazo o expulsión de un alumno en un centro escolar en base a su orientación sexual o su identidad de género, utilizar esos criterios a la hora de contratar o despedir a un empleado, la denegación de acceso a servicios sanitarios o la denegación de la solicitud de licencias profesionales o documentos similares.

La ley también penalizará a los centros que castiguen a un estudiante de forma desproporcionada por ser LGTBI, la negación de acceso a personas del colectivo a establecimientos, instalaciones o servicios abiertos al público general, el acoso a personas LGTBI por prejuicios LGTBfóbicos (incluyendo los medios de comunicación y las redes sociales) y por último, pero no por ello menos importante, obligar a alguien a someterse a un tratamiento médico o psicológico para modificar su orientación sexual o su identidad de género.

Resumiendo, estos son algunos de los puntos más importantes de la nueva ley SOGIE de Filipinas:

  • Proporciona definiciones concisas e inclusivas para la orientación sexual, la identidad de género y el sexo, que también abarca términos tales como “intersexualidad” y “asexualidad”
  • Proporciona definiciones concisas de la discriminación, la marginación, los crímenes de odio y el estigma de una manera que permite que los mismos sean procesables dentro de los sistemas policiales y legales
  • Proporciona una lista exhaustiva de prácticas discriminatorias que cubren los actos más comunes de discriminación basados en el prejuicio.
  • Hace explícito que las prácticas discriminatorias pueden realizarse a través de cualquier medio, incluidos los dispositivos de telecomunicaciones e internet.
  • Prohíbe a los padres infligir daño físico o emocional a sus hijos debido a problemas de aceptación de la orientación sexual o la identidad de género.
  • Protege el derecho a la intimidad de los individuos y, al hacerlo, protege tanto la expresión de la orientación sexual o la identidad de género, como la no expresión de los mismos.
  • Sanciona a funcionarios del Gobierno que no actúen de acuerdo con su deber de investigar, procesar o actuar sobre una queja bajo esta ley.
  • Proporciona sanciones para los condenados por actos discriminatorios, incluida una multa de no menos de 100.000 pesos filipinos (unos 1.643 euros), pero de no más de 500.000 (8.215 euros, aproximadamente) o de prisión de no menos de un año, pero de no más de 6 años, o incluso ambos.

Hace ahora un año, Geraldine Roman, la primer miembro trans de la Cámara de Representantes en la historia de Filipinas, subió al estrado para instar al resto de representantes de la cámara baja a aprobar este proyecto de ley, tras casi dos décadas totalmente paralizado.

Junto a activistas LGTB y otros representantes partidarios de la igualdad de derechos, la diputada Roman se fotografiaba y subía la fotografía a sus redes con el comentario “día histórico”.

Aunque la ley se ha aprobado con facilidad en la Cámara, ahora el texto tiene que pasar por el Senado para el trámite final.

Fuente | Instinct Magazine, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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El Consejo de Europa expresa su preocupación por el incremento de la violencia contra la comunidad LGTB en Ucrania

Sábado, 23 de septiembre de 2017

logocoeLlamada de atención sobre la situación de las personas LGTB en Ucrania. El Consejo de Europa, organismo supranacional que abarca casi todo el continente, ha hecho público un informe en el que alerta sobre el incremento de la violencia LGTBfoba y los discursos de odio. La sensación de inseguridad aumenta por la inacción de la policía ante muchos de los ataques y la ausencia de una legislación que ampare suficientemente a las víctimas.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), integrado en el Consejo de Europa, ha publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania. El organismo se encarga de denunciar el racismo, las discriminaciones de todo tipo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de intolerancia en los países miembros del Consejo, que son casi todos los Estados con territorio europeo, incluidas Rusia y Turquía pero no Bielorrusia.

En el texto difundido este martes, la organización alerta sobre la situación de vulnerabilidad de varios colectivos, entre ellos los extranjeros, las personas de etnia gitana y la comunidad LGTB. Como principales fuentes de los discursos de odio LGTBfobo, señala a los miembros de partidos de ultraderecha como Pravy Sektor, la prensa (en particular la regional) y las iglesias ortodoxas.

La agresividad retórica se incrementó especialmente a raíz de la celebración del Orgullo de Kiev en 2015, al que asistieron unas 300 personas a pesar de la amenaza de ataques como los que finalmente se produjeron. También como protesta contra la legislación aprobada ese año referida a la discriminación basada en la orientación sexual en el ámbito laboral. La LGTBfobia ocupó el segundo lugar, tras la xenofobia, entre los discursos de odio más difundidos, con 424 casos registrados.

En cuanto a la violencia física, los casos han aumentado en los últimos años, con seis asesinatos, 32 agresiones y seis ataques a eventos entre 2014 y 2015, como el mencionado en Kiev o un foro sobre derechos LGTB atacado posteriormente en Odesa. Para combatir estas situaciones, la ECRI insta a Ucrania a reforzar la protección de sus ciudadanos LGTB ampliando la legislación vigente para que haga referencia explícita a la orientación sexual y la identidad de género. Concretamente propone modificar el Código Penal y la legislación antidiscriminatoria con esta finalidad. También señala medidas en el ámbito de la educación, como la formación de los profesores para prevenir el acoso LGTBfobo.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB

Hemos dado cuenta de varios sucesos cargados de violencia contra el colectivo LGTB en Ucrania. En marzo de este 2016, el Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a los participantes, y los recibieran con una lluvia de piedras y pequeños explosivos cuando eran desalojados.

Como señalábamos anteriormente, en  junio de 2015, publicábamos los ataques durante la marcha del Orgullo LGTB de Kiev, que se saldó con al menos 10 heridos y 25 ultras detenidos. Aun así, teniendo en cuenta el clima de crispación y la imperante homofobia social, los organizadores y activistas participantes consideraron que la presencia de unos 300 personas era un éxito, teniendo en cuenta que “todos sabían que era peligroso”. Poco después, en agosto, un foro sobre derechos LGTB en Odesa también era atacado.

En julio de 2014 nos hacíamos eco de las imágenes que registran el intento de asalto de un grupo neonazi a un local de ambiente gay en Kiev. Este miserable incidente ocurría pocos días después de que las autoridades de la ciudad prohibieran la celebración de la Marcha del Orgullo, justificando su negativa en supuestos problemas para garantizar la “seguridad”, así como por la situación de guerra en el este del país.

En 2013 fueron los tribunales los que prohibieron la que hubiera sido primera Marcha del Orgullo de la capital ucraniana, a petición de un grupo de parlamentarios, que también esgrimieron como motivo para la prohibición los posibles disturbios entre manifestantes y opositores a los derechos LGTB. Pero a pesar de la orden judicial, una cincuentena de activistas se manifestaba a los pocos días por las calles de Kiev, teniendo que ser protegidos por la policía de la ira de los grupos de extremistas.

De hecho, la presencia de esos mismos grupos obligó a suspender en 2012 todos los actos reivindicativos programados. Las espantosas imágenes del ataque al activista LGTB Svyatoslav Sheremet cuando comunicaba dicha suspensión se convirtieron en la imagen de la persistencia del odio LGTBfóbico instalado en la sociedad ucraniana. Una sociedad que trata de acercarse a Europa sin poner freno a la discriminación a la que aboca a una parte de sus propios ciudadanos. Como último ejemplo, en mayo de este año dábamos cuenta de la estupidez de  la ultraderecha ucraniana que impidió completar el arcoíris gigante de Eurovisión 2017

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso admite a trámite la ley de Igualdad LGTBI con la oposición del PP

Jueves, 21 de septiembre de 2017

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Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

c-_kczfxyaatv0aEl pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

maroto-en-el-orgullo-300x169Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

captura-el-mundoUna organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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FELGTB lanza la primera web en España específica para luchar contra el acoso escolar LGTBfóbico

Miércoles, 20 de septiembre de 2017

i9Con motivo del inicio de un nuevo curso escolar, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha presentado la primera web dedicada en exclusiva a luchar contra el acoso escolar por orientación sexual e identidad y expresión de género en España. Al mismo tiempo la FELGTB ha lanzado la iniciativa “Escuelas Seguras”, cuya primera acción es la difusión en redes sociales de un vídeo protagonizado por estudiantes de Colmenar Viejo (Madrid).

En el contexto de la campaña la ‘Vuelta al Cole’, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) presenta la primera web en España dedicada en exclusiva a luchar contra el acoso escolar por orientación sexual e identidad y expresión de género. Asimismo, también ha lanzado la acción ‘Escuelas Seguras’, que tiene como primer objetivo concienciar a través de las redes sociales mediante un breve vídeo protagonizado por estudiantes del I.E.S. Rosa Chacel (Colmenar Viejo, Madrid) de la importancia de seguir trabajando para acabar con el bullying LGTBfóbico.

FELGTB apuesta una vez más por la defensa de la educación en diversidad como principal línea de trabajo a la hora de combatir la LGTBfobia en las aulas. A través de la web www.stopacosoescolarlgtb.com pone a disposición de profesorado, alumnado y padres y madres recursos y soluciones específicos.

El grupo de Educación de FELGTB, en colaboración con un equipo de voluntariado compuesto por docentes y alumnado, han creado distintos recursos educativos dedicados de manera personalizada a víctimas de bullying LGTB, testigos y agresores de infantil, primaria e instituto. También  familias y docentes encontrarán su espacio específico con materiales de prevención y soluciones prácticas en esta web.

FELGTB considera importante recalcar también la existencia de varias vías de comunicación directas puestas a disposición de alumnado, docencia y familias ante el acoso escolar motivado por LGTBfobia. A través de los teléfonos del Ministerio de Educación (900 018 018) y de la Fundación ANAR (900 20 20 10) se atenderán urgencias relativas al acoso escolar LGTBfóbico 24 horas al día.  También FELGTB pone a disposición de la ciudadanía un teléfono de contacto (91 360 46 05), un número de Whatsapp (676 78 58 30) y un correo electrónico (info-jovenes@felgtb.org) para resolver dudas y consultas respecto a la prevención de la LGTBfobia en el entorno educativo.

Escuelas Seguras’, nuevo acción dirigida a centros educativos

Asimismo y también en el contexto de la campaña de la ‘Vuelta al Cole’ y dentro del programa Impulsa Podemos, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales ha puesto en marcha la iniciativa ‘Escuelas Seguras’. Con ella se busca concienciar sobre la LGTBfobia como primera causa de acoso escolar en España. Como primer material de la acción, la FELGTB ha lanzado el siguiente vídeo, protagonizado por el alumnado del IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo. Una breve historia que muestra el contraste entre el final “esperado” y el que se produce en realidad (y que ojalá fuese de verdad real en todas las situaciones):

Con el proyecto ‘Escuelas Seguras’, FELGTB aprovechará durante el último trimestre del año la metodología de trabajo en red con sus 43 asociaciones miembro para el desarrollo de un programa estatal que busca una coalición que incluya estudiantes, maestros/as, y administradores/as dentro del ámbito educativo a todos los niveles.

Gracias al mecenazgo del Impulsa Podemos, en los próximos meses se acabará de diseñar un protocolo a través del cual los centros educativos podrán acogerse para convertirse en espacios libres de LGTBfobia. De esta manera, se establecerá una red de colegios e institutos que conseguirán un sello de ‘Escuelas Seguras’ como reconocimiento al compromiso y responsabilidad de formar a ciudadanos educados en los valores del respeto a la diversidad.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales afronta un año más la campaña de la ‘Vuelta al Cole’ generando soluciones educativas. Es importante recalcar que gracias a las leyes autonómicas de igualdad LGTBI estos recursos educativos, ricos en diversidad y que prevén el acoso escolar, ya son obligatorios en seis Comunidades Autónomas. Sin embargo, las 43 entidades miembro de FELGTB reivindican en esta ‘Vuelta al Cole’ la aprobación urgente de la Ley Estatal de Igualdad LGTBI, cuya toma en consideración se votará mañana en el Congreso de los Diputados. Con su aprobación se harían extensibles estos recursos de manera obligatoria a todos los centros educativos españoles como única forma de combatir y prevenir el acoso escolar LGTBfóbico.

Fuente FELGTB

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Dimite el experto independiente de la ONU en temas LGTBI

Miércoles, 20 de septiembre de 2017

1437358680El profesor Vitit Muntarbhorn dimite de su puesto como Experto Independiente en temas LGTBI un año después de ser designado por la ONU.

Tanto su elección como la propia creación del puesto fueron duramente criticados por los países más LGTBfóbicos de las Naciones Unidas. 

Vitit Muntarbhorn fue elegido en noviembre de 2016 como Experto Independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, un puesto que se creó a sugerencia de la ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas y Gais) y América Latina (propuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), con la intención de que la persona designada fuera la responsable de vela porque los estados pertenecientes a la ONU respetan los derechos humanos del colectivo.

La designación de Muntarbohrn no fue sencilla, porque el bloque africano (compuesto por 54 países) presentó una moción para eliminar ese puesto en base a que, para ellos, los derechos LGTBI no deben ser prioritarios para la ONU. A esa moción se sumaron otros países como Rusia, China, varios países asiáticos y árabes. Por suerte Reino Unido apoyó a varios países latinoamericanos que presentaron una enmienda a esa moción y finalmente se votó la creación de ese puesto y se aprobó con 84 votos a favor, 77 en contra (los 77 países en los que ser homosexual sigue siendo ilegal hoy en día) y 17 abstenciones.

Un año después de ser designado Muntarbohrn ha decidido dimitir de su puesto, que abandonará el próximo 31 de octubre, alegando razones familiares y de salud. “Mis funciones comenzaron en noviembre y ha sido un gran placer servir a la comunidad globlal sobre este asunto durante el último año“, ha escrito Muntarbohrn en su carta de dimisión.

Durante el tiempo en que ha estado trabajando en el puesto Muntarbohrn consiguió presentar dos informes completos sobre la situación del colectivo LGTB en el mundo; uno para el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU presentado en junio y otro para la Asamblea General que presentará en el mes de octubre antes de que abandone el cargo.

Desde la Human Rights Campaign han alabado el trabajo de Muntarbohrn. Su director, Ty Cobb, ha dicho que la decisión de crear el puesto de Experto Independiente en derechos LGTB significó “un hito significativo en el esfuerzo global por la igualdad LGTBQ” y ha asegurado que “todas las personas LGTBQ, independientemente de su lugar de procedencia, seguirán beneficiándose de sus esfuerzos por protegerlos frente a la violencia y la discriminación.

Se espera que, cuando Muntarbohrn abandone el puesto, la ONU designe a otra persona para el puesto.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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California aprueba una ley que protegerá a las personas LGTB en centros y residencias de mayores

Martes, 19 de septiembre de 2017

a-1024x752¿Dónde están los mayores LGTB?”, por Jesús Generelo. Presidente de la FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

El estado de California ha aprobado un proyecto de ley que por primera vez protege de forma expresa los derechos de las personas mayores LGTB en las residencias y centros de mayores. El proyecto, que cuenta con una fuerte oposición de los grupos conservadores, prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o el estatus serológico en relación al VIH. Obliga además al personal de los centros a ser respetuosos con sus residentes LGTB y dirigirse en todo momento a ellos con el pronombre deseado por estos.

La SB 219 (Senate Bill 219) fue introducida en el Senado de California por Scott Wiener, senador demócrata abiertamente gay, con el apoyo de Equality California, la organización de defensa de los derechos de las personas LGTB más importante del estado. Tras sufrir diversas enmiendas a lo largo de su tramitación parlamentaria, las dos cámaras de la legislatura de California, ambas de mayoría demócrata, han dado esta pasada semana su visto bueno al texto final por 55 votos a favor y 19 en contra (en la Asamblea, donde unos pocos republicanos se sumaron a los demócratas y también votaron a favor) y 27 a favor y 12 en contra (en el Senado, donde solo los demócratas la apoyaron). La ley queda ya solo pendiente que el gobernador Jerry Brown la rubrique. Y aunque no se ha pronunciado de forma expresa, sería muy sorprendente que Brown, un político demócrata que siempre se ha mostrado en favor de los derechos LGTB, ejerciese su derecho a veto.

El texto de la ley, que debe ser respetado por todas las residencias y centros de mayores autorizados por el estado de California con independencia de su titularidad, no otorga ningún privilegio a los residentes LGTB, en contra de lo que los grupos conservadores aducen. Su objetivo no es otro que de asegurar que estas personas son respetadas en su dignidad tanto por el personal de los centros como por el resto de residentes, de cuyo acoso los centros deberán proteger a los residentes LGTB, y de que este respeto a sus dignidad se produzca en todos los ámbitos de la atención residencial, tanto en la asistencia a las actividades básicas y sanitaria como en las actividades de ocio o en la asignación de habitaciones compartidas. En definitiva, que después de toda una vida ejerciendo su libertad, las personas LGTB no se vean obligadas de nuevo a “volver al armario” en sus últimos años.

Puedes acceder al texto completo de la ley (en inglés) en este enlace.

Leyes más que necesarias

Estudios llevados a cabo en diferentes países (Estados UnidosIrlandaItaliaNueva ZelandaReino Unido o la propia España) muestran desde hace años que las personas mayores LGTB se enfrentan a situaciones de soledad con mayor frecuencia que sus coetáneos heterosexuales. Muchos ancianos LGTB tienen un menor apoyo de sus familias que las personas mayores en general, ya que pocos tienen hijos que se hagan cargos de ellos, y muchos han roto sus vínculos con sus familias. La ausencia de redes de apoyo familiar hace, además, que los mayores LGTB se vean obligados a recurrir a servicios de apoyo socio-sanitarios que no están bien preparados para atender sus necesidades. De hecho, un motivo de preocupación importante para muchos mayores LGTB es la reacción ante su orientación sexual de los trabajadores de los servicios sociosanitarios de los cuales en muchos casos van a depender. Por no hablar, en los casos de centros de mayores o de residencias, de otros usuarios que arrastran sus prejuicios LGTBfóbicos.

Por eso, y ante la escasez de centros residenciales dirigidos de forma específica a la población LGTB (en los últimos años hemos recogido algunas iniciativas en Reino Unido , Argentina o en Suecia, pero son muy escasas), legislaciones como la ahora promovida en California son tan necesarias. Y ello a pesar de la reacción de odio de los grupos conservadores, que en el caso de California no han dudado en seguir recurriendo a las estratagemas comunicativas tránsfobas (en este caso, la retórica de la “dulce abuelita” siendo obligada a compartir habitación con “un hombre disfrazado”) que por desgracia tan buenos resultados les están dando de un tiempo a esta parte.

Fuente Dosmanzanas

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La justicia da la razón a HazteOír y archiva la denuncia de la Fiscalía por el “autobús del odio”

Sábado, 16 de septiembre de 2017

autobus_transexualEl Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictamina el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la Fiscalía.

La decisión se conoce después de que el ministro del Interior declarase que “HazteOír cumple con los requisitos para ser de utilidad pública”.

Negar la existencia de los niños y niñas transexuales y organizar una campaña injuriosa hacia la realidad trans no es un delito de odio para el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ha sobreseído la denuncia de la Fiscalía contra los mensajes tránsfobos de autobús de HazteOír a su paso por la ciudad Madrid, donde el vehículo llegó a ser inmovilizado como medida cautelar. Una inmovilización que ya la Audiencia Provincial de Madrid había levantado en un auto de marcado contenido político, en el que la jueza María Isabel Durantez se ha apoyado ahora para sobreseer la causa. Una noticia de extrema gravedad que demuestra la más absoluta insensibilidad de la justicia española hacia la dignidad de las personas trans.

Recordamos los hechos una vez más. El pasado febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Un desafío que HazteOír ha ganado. La Audiencia Provincial de Madrid levantaba en julio la inmovilización cautelar del ya conocido como “autobús del odio” con un auto de marcado contenido político en el que el juez conservador Eduardo de Urbano llegaba a compararlo con el “tramabús” de Podemos contra la corrupción política  y asegurada que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llegaba a decir. Es decir, que negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado…

El auto hacía suyo, de hecho, todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. 

Quedaba por conocer, en cualquier caso, qué sucedía con la denuncia interpuesta por la Fiscalía. Pues bien, según informa eldiario.es, la jueza María Isabel Durantez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha hecho suyos los razonamientos de la Audiencia Provincial para sobreseer el procedimiento, aun sin haber terminado de investigarlo y pese a que los argumentos del órgano superior solo se referían a la medida cautelar de inmovilización y no al posible delito. En base a estos argumentos, la jueza considera que “no existen motivos suficientes para considerar la perpetración de un delito del artículo 510.2 del Código Penal”. “Ha de primar la libertad ideológica y de expresión reconocida como derecho fundamental en la Constitución del 78”, añade.

En nuestra modesta opinión, nos encontramos ante una de las noticias más graves de los últimos tiempos en materia LGTB. De nada sirve la existencia de buenas leyes si no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican directamente agresiones físicas (e incluso en este caso hay jueces que se niegan a reconocer el delito de odio). Y no parece que la justicia española, en este terreno, esté por la labor. Y tampoco, por cierto, el Gobierno de España, que esta misma semana se negaba a retirar a HazteOír su privilegiado estatus de entidad de utilidad pública si la justicia no la condenaba.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de España se escuda en el “Estado de derecho” para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios

Jueves, 14 de septiembre de 2017

zoido-parlament-efe_1_630x630El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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Ataque vandálico planificado contra dos murales en favor de la igualdad LGTBI en Pizarro (Cáceres)

Lunes, 11 de septiembre de 2017

mural-tractor-pizarro-borradoDos murales en favor de la igualdad de las personas LGTBI que habían sido realizados el pasado 28 de junio en Pizarro (Cáceres) amanecieron el jueves, 7 de septiembre, pintados de blanco. El Ayuntamiento de Pizarro, activistas locales y Fundación Triángulo Extremadura promoverán su inmediata restitución.

Como bien explica Jesús Murillo, activista de la localidad que participó en la elaboración colectiva de la obra (y además puede comprobarse en las fotografías) el destrozo de los murales se realizó de manera deliberada. No se trata de una pintada impulsiva, sino de una acción perfectamente planificada: las imágenes han sido totalmente cubiertas de pintura blanca mediante un rodillo.

Los dos bonitos murales fueron pintados de forma colectiva con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, por paisanos y activistas LGTBI locales de Pizarro (un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Campo Lugar, al sur de Cáceres) con la participación de niños y niñas del municipio. Estos murales vienen realizándose en diferentes pueblos de Extremadura, siempre por parte de activistas y artistas locales que además son sus creadores, a través del proyecto “Administración Local, compromiso global” de Fundación Triángulo Extremadura y la Red de Pueblos Extremeños contra la Homofobia y la Transfobia, con la colaboración de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo.

“El hecho de realizar los orgullos en el pueblo son actos de activismo por nuestra parte. Son iniciativas para acoger, para decir en público que Pizarro es un pueblo donde cabemos todos y todas. Y este año concretamente los actos iban dirigidos a niños, niñas y sus familias, por lo que con este acto han agredido a Rocío, María, Marcos, Violeta, Carlos, Adrián, Celia, Carolina, Mamen, Aaron, Carla, Candela, Yeray, Blanca… y a sus familias, que les animaron y acompañaron a estar allí ese día. Y a todas las personas adultas que estuvieron en el taller y el manifiesto posterior. Han agredido a todas las personas que os ha dolido ver estos murales destrozados, a todas las personas que queremos que Pizarro sea un pueblo diverso, tolerante y libre”, ha asegurado el activista local Oliver Solano.

“El día que estuvimos en Pizarro debimos haber hecho un avance tan grande que quien o quienes han cometido esta tropelía debieron sentirse demasiado insignificantes. Un mural representa el amor diverso en el mundo a través de una pareja de esas aves que emigran según la estación del año entre nuestra tierra y África. El otro abordaría la necesidad de visibilizar la diversidad LGBTI en nuestro entorno rural por medio de la silueta multicolor de un tractor. A su creación le siguió un taller sobre derechos humanos LGBTI en el mundo. Que ayer los murales amanecieran borrados es una evidente manifestación de violencia que, como el bullying, las violaciones curativas o el asesinato LGBTIfóbico, tiene el mismo origen: el odio por motivo de orientación sexual y expresión/identidad de género. Pero frente a su odio, nuestra lucha, nuestra ilusión por hacer de este mundo uno más libre, tolerante y diverso. Ni podrán convencer, ni podrán vencer”, ha asegurado por su parte Alfonso Suárez, miembro del equipo de Cooperación al Desarrollo de Fundación Triángulo, que también participó en la elaboración de los murales y en la realización de un taller educativo.

Fundación Triángulo lo ha denunciado

Fundación Triángulo Extremadura considera que lo sucedido en Pizarro es un delito de odio ante el que además debe aplicarse la ley extremeña de igualdad y no discriminación de las personas LGBTI, por lo que ya ha dado traslado del hecho a la Fiscalía de Delitos de Odio, al Observatorio LGBTI de Extremadura y al Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia.

“Es claramente un delito de odio. Estos dibujos en las paredes de la escuela tan solo pretendían visibilizar la diversidad del género y la sexualidad y reivindicar el derecho a vivir en nuestros pueblos, y en cualquier parte del mundo, con libertad y en igualdad, sea cual sea nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Y contaban además con el respaldo de gran parte del pueblo, que ahora se encuentra consternado y cabreado, como nosotras y nosotros. Pero volveremos a pintarlos cuantas veces sea necesario”, ha asegurado José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.

Extremadura, mucho hecho y mucho por hacer

No han pasado ni dos meses desde que nos hicimos eco de una agresión homófoba en Villanueva de la Serena (Badajoz). Y un mes antes recogíamos otro ataque vandálico de carácter homófobo, también perfectamente planificado, a “Los colores de Mérida”, un monumento a la diversidad LGTBI inaugurado pocos días antes en la capital de Extremadura.

Y es que esta región, en la que los colectivos han desarrollado un gran trabajo de concienciación sobre la realidad LGTB, no está exenta de LGTBfobia. Según la estadística del Ministerio del Interior sobre delitos de odio correspondiente a 2016, en Extremadura fueron denunciados tres incidentes relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Es cierto que son cifras bajas en comparación con otras comunidades, pero como el ejemplo de la agresión de Villanueva de la Serena ilustraba, en muchos casos (especialmente en entornos rurales en los que víctimas y agresores son conocidos) las víctimas presentan una escasa disposición a denunciar.

Extremadura cuenta en cualquier caso con una avanzada ley de igualdad y no discriminación contra las personas LGTBI, aprobada por unanimidad en marzo de 2015. Sin embargo, más de dos años después de su aprobación sigue sin tener un completo desarrollo reglamentario en todos sus ámbitos, como denunciaba el exdiputado regional Víctor Casco a raíz de la agresión de Villanueva de la Serena. Esperemos en que la mayor concienciación y la denuncia de hechos como el sucedido esta semana en Pizarro sirvan también a que todas las herramientas existentes para luchar contra la LGTBIfobia se desplieguen al 100%.

Os dejamos con la bonita imagen de los murales de Pizarro, tal y como estaban antes de ser atacados y como estamos seguros de que volverán a lucir:

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Fuente Dosmanzanas

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Los socios alemanes de HazteOír fletan un autobús contra la ley de matrimonio igualitario para pasearlo en los días previos a las elecciones

Miércoles, 6 de septiembre de 2017

demo-fuer-alle-buss-weissLa derecha ultraconservadora y LGTBfoba busca su cuota de protagonismo en las próximas elecciones alemanas. Demo für alle, el movimiento contra las leyes de igualdad LGTB inspirado en la tristemente exitosa Manif pour tous francesa, ha presentado una campaña contra el matrimonio igualitario. Los medios empleados recuerdan ostensiblemente a los de sus correligionarios de HazteOír en España, y de hecho su marca internacional, CitizenGo, aparece también como promotora. La organización pretende pasear un autobús con mensajes contra la igualdad LGTB, que circularía por varias ciudades alemanas en los días previos a los comicios del próximo 24 de septiembre.

La campaña de odio LGTBfobo de HazteOír y sus acólitos internacionales salta una nueva frontera. Bajo el paraguas de CitizenGo, el movimiento Demo für alle ha presentado un boceto del autobús que pretende hacer circular por varias ciudades alemanas en plena campaña electoral. El diseño revela su fuente de inspiración: color naranja y las imágenes esquemáticas de una pareja de distinto sexo y de la misma con dos hijos como únicos modelos válidos de matrimonio y familia, respectivamente. Debajo, la traducción casi literal al alemán de una frase del autobús tránsfobo de HazteOír: “¡Que no te confundan!”.

Los promotores pretenden mostrar el vehículo en diez ciudades alemanas, empezando por Múnich el próximo miércoles, donde el movimiento Vielfalt statt Einfalt (“Diversidad en lugar de ignorancia”) ya ha convocado una concentración de protesta. La comitiva se cerraría en Berlín el día 15. Allí quieren entregarle a la canciller Angela Merkel una petición, firmada previsiblemente por más de 220.000 personas, para que “el matrimonio siga siendo matrimonio”. Entre los principales responsables de este “autobús de la libertad de opinión” se encuentra Hedwig von Beverfoerde, que ha colaborado estrechamente con la eurodiputada ultraconservadora de Alternativa para Alemania (AfD) Beatrix von Storch.

El vínculo entre Demo für alle y la extrema derecha de AfD se remonta a la movilización contra los programas de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos tramitados por varios estados alemanes. La organización LGTBfoba es un calco de la Manif pour tous francesa, aunque afortunadamente no haya llegado al mismo nivel de agitación y virulencia en las calles. El movimiento retoma ahora su campaña contra el matrimonio igualitario, aprobado por el Bundestag hace dos meses. Con la probable intención de reintroducir un tema por ahora prácticamente ausente en la campaña para las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.

Parece claro que la derecha más ultramontana no renuncia a replicar tácticas empleadas en otros países con el objetivo de atraer el foco mediático e intentar introducir en el debate político su agenda reaccionaria. En España, HazteOír reaparecía hace un mes para ensuciar el debate sobre la ley de igualdad LGTB, envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno (que la sigue considerando entidad de utilidad pública). Autobuses con mensajes de odio tránsfobo llegaron también a Nueva York, con el patrocinio de la Organización Nacional para el Matrimonio (NOM), y a Bogotá. Su presencia en la capital de Colombia dejó de nuevo clara la intención de influir en la agenda política al coincidir con el rechazo parlamentario a un referéndum contra la adopción homoparental.

Fuente Dosmanzanas

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Reino Unido: la Policía detiene a dos hombres por corear cánticos homófobos en el estadio del Leicester City

Jueves, 24 de agosto de 2017

fp-logo_webEl Leicester City ha demostrado su tolerancia cero frente a la LGTBfobia en casa. El personal del club expulsó del estadio a entre 20 y 30 personas por este motivo y, posteriormente, la Policía detenía a dos hombres, al revisar las imágenes, por incitar al odio homófobo en el deporte. Desde la dirección del equipo inglés han expresado que “estamos comprometidos con crear un ambiente apasionado, inclusivo y acogedor en King Power Stadium, en el que todos puedan disfrutar de la experiencia de la jornada”. Esta actitud contundente frente a la LGTBfobia en el fútbol, que ha tenido lugar en el Reino Unido, contrasta con la pasividad y la permisividad que en este ámbito existe aún en España, donde todavía recordamos incidentes como los sufridos por el árbitro Jesús Tomillero.

Durante el partido disputado contra el Brighton and Hove Albion, el pasado sábado 19 de agosto, el Leicester City dio una gran lección deportiva al actuar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el fútbol. Contrariamente a lo que vienen defendiendo organizaciones radicales como HazteOír, la libertad de expresión no puede amparar la falta de respeto contra los derechos de otras personas o colectivos. Así lo entendió la dirección del club inglés cuando decidió expulsar a entre 20 y 30 personas de su estadio por su actitud LGTBfóbica y antideportiva.

Asimismo, la Policía detenía a dos hombres por incitar al odio LGTBfóbico en el mencionado partido, después de visionar las imágenes. Al parecer, para uno de ellos la pena se va a quedar en una advertencia condicionada en esta ocasión. El otro arrestado, sin embargo, tendrá que declarar ante el juez el próximo 14 de septiembre. Cabe destacar, por otra parte, la expulsión de tres hombres más por saltar al terreno de juego (dos de ellos seguidores del Brighton y uno del Leicester City).

“Cuando las personas usan los cánticos homófobos, en realidad están hablando de la identidad de una persona y esto es inaceptable. No importa que lo haga un grupo entero”, ha justificado Graham Smith, el presidente de Foxes Pride (un grupo de aficionados LGTBI del Leicester, similar al que este año nacía para apoyar al Valencia CF). Graham, además, ha añadido que en estos casos cabe esperar la misma contundencia que contra el racismo en el deporte, ya que “no es ninguna broma”.

En términos muy parecidos se expresan los representantes de la red Gay Football Supporters Network, para los que “este incidente solo sirve para recordarnos que debemos seguir trabajando arduamente para crear un entorno en el que todos puedan participar en el fútbol sin temor a sufrir abusos”.

LGTBfobia en el fútbol

Dosmanzanas informaba hace unos pocos días de que, precisamente en el Reino Unido, Ryan Atkin se convertía en el primer árbitro del fútbol profesional inglés abiertamente gay. En la primera entrevista que concedía, Atkin señaló que “claramente, este es un paso hacia lo desconocido -en nuestra competición profesional en Reino Unido es bien conocido que hoy día no hay futbolistas abiertamente homosexuales, ni ha habido ningún árbitro abiertamente homosexual hasta ahora-. Espero que mi acción, aunque sea pequeña, ayude a darle a otros en una situación parecida la confianza para ser ellos mismos”.

En España la LGTBfobia sigue usándose impunemente como arma arrojadiza para menospreciar a los rivales en los campos de fútbol y en otros deportes. Tras las amargas experiencias del árbitro Jesús Tomillero, Andrés Iniesta le transmitía a este su preocupación por la homofobia en el fútbol: “Mira lo que te pasa a ti, imagínate lo que nos pasaría a nosotros”. A la hora de combatir la discriminación y el odio homófobo en el fútbol no ayudan actitudes como la de los grandes equipos deportivos españoles, que se resisten a implicarse activamente contra la LGTBfobia.

Tampoco lo hacen declaraciones como las que brindó en febrero el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas (ex miembro del partido de extrema derecha Fuerza Nueva y admirador “en ocasiones” de un Le Pen a la española), en las que ponía en el mismo plano a nazis y a homosexuales.

En el sentido contrario, el pasado mes de octubre nos hacíamos eco de que la FIFA comunicaba nuevas sanciones contra las federaciones de varios países (Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, México y Perú), debidas a las infracciones cometidas por sus aficiones durante los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de Fútbol de 2018. Entre los comportamientos objeto de multa se incluyen los cánticos de tinte homófobo.

Fuente Dosmanzanas

 

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Cancelado el Orgullo LGTB de Uganda tras amenazar el Gobierno con detenciones masivas

Lunes, 21 de agosto de 2017

prde17El Orgullo LGTB, cuya celebración estaba prevista esta semana, ha sido definitivamente cancelado por sus organizadores tras las amenazas del ministro ugandés de Ética e Integridad, Simon Lokodo. Unas amenazas que unidas al antecedente del año pasado, cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas, han llevado a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La cancelación del Orgullo ugandés, compuesto por una serie de actos que iban a tener lugar desde el miércoles 16 de agosto hasta hoy, sábado 19, cuando debía tener lugar el evento principal, ha sido anunciada “con gran tristeza” a través de un comunicado de prensa por sus organizadores. En el comunicado, los activistas LGTB explican que tras lo sucedido el año pasado la celebración suponía un enorme desafío que en principio estaban dispuestos a acometer, pero que las amenazas de Lokodo de intensificar la persecución y las advertencias de la policía ugandesa, que el día de la gala de apertura se personó en el lugar e impidió su celebración, les han hecho cambiar de opinión. “Tristemente, el coraje y la determinación que llevamos en nuestros corazones no son suficientes como para poner en peligro tantas vidas inocentes”, explican.

El ministro ugandés de Ética e Integridad, que por cierto es un antiguo sacerdote católico que hace once años dejó el sacerdocio por la política (se graduó en Arte y en Teología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma) no solo ha advertido que habría detenciones masivas, sino que ha llegado a amenazar físicamente a la activista Kasha Nabagesera si se la volvía a encontrar frente a frente. Así lo asegura el comunicado de prensa de los organizadores del Orgullo (sin nombrar expresamente a la conocida activista) y así lo ha confirmado la propia Nabagesera en una entrevista a Le Monde, en la que explica que ella y el ministro mantuvieron una conversación de más de 15 minutos el pasado lunes, tras la cual quedó claro que las amenazas de Lokodo iban muy en serio. “Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero ante todo tenemos que pensar en la seguridad de la comunidad”, declaraba Nabagesera al diario francés. El argumento del Gobierno ugandés para prohibir los actos del Orgullo, según asegura el comunicado y confirma Kasha Nabagesera, es que el Orgullo LGTB tiene como finalidad “reclutar” nuevos miembros para el colectivo.

“No estamos cancelando el Orgullo por vuesta homofobia [en referencia a las autoridades ugandesas] y falta de respeto a nuestros derechos, esta es una decisión que tomamos para protegernos. ¿Cómo lucharemos contra vuestra opresión si nos matáis o si nos metéis en la cárcel?”, explican sus organizadores en el comunicado. “Debe quedar claro para todos nuestros socios clave y para el resto del mundo que la lucha por la igualdad en Uganda está lejos de haber terminado. De hecho, acaba de empezar, y no pararemos hasta que las minorías sexuales y de género vean reconocidos sus derechos como seres humanos”, añaden.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Agresiones y una activista detenida en el mayor Orgullo LGBT de San Petersburgo hasta la fecha

Jueves, 17 de agosto de 2017

orgullo-san-petersburgo-2017-696x522A pesar de las trabas impuestas por la ciudad de San Petersburgo, unas 100 personas se reunieron el pasado sábado en los Campos de Marte para celebrar el Orgullo LGBT.

Con unos 100 asistentes, fue la concentración del Orgullo más grande desde 2010.

La policía, que vigiliaba a los manifestantes, no hizo nada para evitar los ataques de un grupo de extrema derecha y acabó deteniendo a una activistas lesbiana.

Un centenar de personas se congregaron el pasado sábado en San Petersburgo para reivindicar los derechos LGTB. Se trata del primer Orgullo que tiene lugar tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a Rusia por sus leyes represivas contra la libertad de expresión de sus ciudadanos LGTB. El evento quedó empañado por el ataque con gas pimienta perpetrado por un grupo de radicales, que se saldó con quince heridos. La policía, que detuvo a una manifestante por portar una pancarta con el texto “Amo a mi esposa”, ha anunciado que investigará la agresión homófoba.

El pasado sábado 12 de agosto se celebró, casi por sorpresa, una concentración del Orgullo LGBT+ en San Petersburgo, Rusia. Y si te digo “por sorpresa” es porque así fue y si te digo “Rusia” ya te puedes imaginar que la cosa muy tranquila no fue. Los activistas LGTB rusos han demostrado una vez más su valentía al desafiar las leyes represivas y celebrar el Orgullo. Unas cien personas, la cifra más alta de participación hasta la fecha, se congregaron en el Campo de Marte de San Petersburgo el pasado sábado ante la mirada de las fuerzas de seguridad.

orgullo-san-petersburgo-2(Foto: Olga Maltseva)

Aunque las autoridades de San Petersburgo autorizaron una concentración del Orgullo en 2014, limitada a la “zona de libertad de expresión” en los Campos de Marte de la ciudad, para la de este año intentaron poner todas las trabas que pudieron. De las cuatro propuestas que los organizadores presentaron a la ciudad tres fueron rechazadas porque los lugares en los que se celebraban estaban en obras; “si lees los periódicos, se supone que están haciendo obras públicas intensivas en esas calles” explica el activista Yuri Gavrikov, “pero si vas allí verás que no están haciendo nada ni han empezado ninguna.

st-petersburg-pride-ineshtelLa cuarta propuesta fue celebrarlo en los Campos de Marte, dentro de esa zona de “libertad de expresión”, pero las normas de esos lugares prohíben que se celebre más de un evento el mismo día y, casualmente, el sábado se celebraba una concentración en memoria de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Concentración a la que acudieron cinco personas. Como explica el propio Gavrikov, la creación de pseudo-eventos para frenar las concentraciones del Orgullo es una estrategia habitual del Ayuntamiento de la ciudad.

Pero finalmente un centenar de personas (el número más grande desde la marcha de 2010) se atrevieron a acudir a los Campos de Marte y ondear sus banderas LGBT, en mitad de un fuerte dispositivo de seguridad (que les vigilaba a ellos, obviamente) y las protestas de los 5 asistentes al otro evento. Entre los asistentes a la marcha había personas como Dmitry, un chico heterosexual que acudió porque “estar aquí, para mí, es una cuestión de solidaridad.

saint-petersburg-pride2(Foto: Francesca Visser y Andreas Rossbach)

Todo el mundo tiene sus propias razones para venir al orgullo” explicaba Sveta, una activista lesbiana, “muchos de mis amigos no han venido porque tienen miedo a ser discriminados en el trabajo, a perder su empleo o a que les expulsen de la universidad.” Desde que en 2013 Rusia aprobó la ley contra la “propaganda homosexual” celebrar una marcha del Orgullo puede suponer una multa de hasta 500.000 rublos (unos 7.000€). Curiosamente Gavrikov fue uno de los tres activistas que llevó esa ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó al país por una ley que se consideró discriminatoria y cuya única utilidad era fomentar la homofobia y el estigma. Europa condenó al Kremlin a pagar a cada uno de los tres activistas 7.500€ como compensación, dinero que Gavrikov aún está esperando.

saint-petersburg-pride(Foto: Francesca Visser y Andreas Rossbach)

Pero a pesar de la vigilancia de la policía antidisturbios la marcha fue víctima del ataque de un grupo de extrema derecha que invadió el recinto (recordemos, una “zona de libertad de expresión”) y atacó a los manifestantes con spray de pimienta, hiriendo a 15 personas. Varios asistentes y periodistas han denunciado la pasividad de la policía ante los ataques. Boris Vishneysky es uno de los siete legisladores de la ciudad que han enviado una carta al jefe de policía de la ciudad exigiendo una investigación que aclare lo que ocurrió en la manifestación. Las autoridades han anunciado la puesta en marcha de una investigación criminal para esclarecer lo sucedido y detener a los culpables.

anna-grabetskaya_640x345_acf_croppedAnna Gabretskaya en la manifestación del Orgullo (Foto: Russian LGBT Network)

Lo que sí hizo la policía fue detener a la activista Anna Grabetskaya, que acudió a la marcha con una bandera LGBT alrededor del cuerpo y un cartel en el que se leía “Amo a mi esposa“. La policía ha dicho que detuvo a Grabetskaya después de darle 10 minutos para dejar para que dejara de infringir la ley, pero en cuanto Anna se separó unos pasos del grupo en el que estaba siendo retenida la policía la detuvo acusada de desobediencia y de participación en un evento público sin autorización.

Desde la Russian LGBTI Network han publicado un vídeo de la detención de Anna asegurando que la activista no llegó a separarse realmente del grupo y que no opuso resistencia a la detención; además denuncian que todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, fueron requisadas por la policía. La esposa de Anna, Maria Kozlovskaya, ha explicado que no tiene noticias sobre la situación legal de Anna pero cree que está siendo retenida por la policía durante 10 días.

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La detención de Grabetskaya y el ataque homófobo no han podido empañar la satisfacción de los activistas por dos recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Rusia. La primera de ellas, de febrero de este año, condena la vulneración del derecho de reunión que se produjo en la prohibición de dos marchas del Orgullo LGTB en San Petersburgo (en 2010 y 2011) y otro acto en Moscú en 2009.

En la segunda sentencia, de junio de este año, el TEDH consideró que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores vulneran los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos porque atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. Ambos fallos condenan al Estado ruso a indemnizar a los demandantes.

Fuente | Moscow TimesPink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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