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La Asamblea de Bermudas anula el matrimonio igualitario y crea la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

bm!mottoLa Asamblea de Representantes de Bermudas ha aprobado un proyecto de ley que crea la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, y revierte la posibilidad, abierta por decisión judicial, de que se incluyan en la institución del matrimonio. La medida ha sido aprobada por 24 votos a favor y 10 en contra. Esta regresión de los derechos de las parejas LGTB es la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de este 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. La jueza consideró que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo ha sido, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. Esta nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

El diputado del Partido Laborista Progresista Lawrence Scott afirmó durante la deliberación en la Asamblea que “la comunidad LGBTQ obtiene los beneficios que ha estado pidiendo, mientras se mantiene la definición tradicional de matrimonio”, tras lo que explicaba que “hasta ahora, podían tener el nombre de matrimonio, pero sin los beneficios. Después de la aprobación del proyecto de ley, obtendrán los beneficios, pero no el nombre de matrimonio. Los beneficios son lo que realmente quieren”. Desde la oposición, el resumen es muy distinto. La diputada de One Bermuda Alliance Patricia Gordon-Pamplin ha considerado que “hemos dado algo a una comunidad tan solo para arrebatárselo”, a lo que añadía “no me parece que esté bien que tratemos a nuestros hermanos y hermanas de manera diferente en algo que es similar”.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Ignoramos si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política del Reino Unido es algo complicada, lo que hace que la extensión del matrimonio igualitario se encuentre con dificultades especiales en comparación con otros países.

En el Reino Unido estrictamente hablando, las legislaciones sobre el matrimonio igualitario están vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia, quedando tan solo Irlanda del Norte como el único reducto que se resiste a la igualdad en el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

En cuanto a las tres dependencias británicas, la Isla de Man aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en abril de este 2017, el Bailinazgo de Guernsey lo hizo en el mes de septiembre, y en el Bailinazgo de Jersey se espera una votación final al respecto, que podría tener lugar el próximo 30 de enero de 2018. Hay que señalar que el Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, sus propias dependencias, Alderney y Sark, donde no se aplicó el derecho al matrimonio igualitario. Sin embargo, Alderney aprobó el pasado mes de octubre una resolución favorable, que está a la espera de la convalidación por la jefatura del Estado.

De los catorce territorios británicos de ultramar, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en Gibraltar, las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la base de Acrotiri y Dekhelia. En el territorio formado por Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, solo es legal en las dos últimas. No está permitido en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Montserrat, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos. En las Islas Caimán, sin embargo, sí se reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo contraídos en otras circunscripciones.

Fuente Dosmanzanas

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Representantes de Guardia Civil y Policía Nacional dedican elogios a HazteOír en una entrega de premios de la organización ultraconservadora

Martes, 12 de diciembre de 2017

38079028884_a7774362cf_k-696x404La organización ultraconservadora HazteOír celebró el pasado sábado en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid la 14º edición de sus premios anuales. Es un evento al que en condiciones normales no prestaríamos atención, pero la presencia de representantes oficiales de la Policía Nacional y Guardia Civil, que recogieron sendos galardones y que pronunciaron discursos elogiosos hacia HazteOír, no creemos que deba obviarse. Resulta altamente preocupante que mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confraternicen de esa manera con una organización que ha hecho de la lucha contra los derechos civiles de las personas LGTBI y de la promoción del odio tránsfobo su principal razón de ser. Máxime cuando este año el escenario estaba decorado con referencias al autobús del odio y a la propuesta de ley contra la LGTBIfobia.

Los premios HazteOír no son más que una expresión más de la ideología reaccionaria de dicha organización. Entre los premiados este año hay personajes como Alicia Rubio, autora de un libro contra “la ideología de género”, el sacerdote Custodio Ballester, que el pasado mes de junio pronunció una homilía homófoba en Hospitalet de Llobregat en la que calificó la homosexualidad de “pecado gravísimo” (fue denunciado ante la Generalitat por el Observatori contra l’Homofòbia, pero la denuncia fue archivada) o Nathalie de Williencourt, fundadora de Homovox, un grupúsculo francés formado supuestamente por homosexuales contrarios al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y que según HazteOír es “una de las asociaciones de homosexuales más importantes de Francia”.

Nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Si este año nos hacemos eco de estos premios es porque a su acto de entrega acudieron mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos habían sido también galardonados (por su actuación frente a las movilizaciones independentistas de Cataluña). En concreto, acudieron el general de la Guardia Civil Arturo Espejo y el comisario y jefe del Área de Publicaciones del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Mario Hernández. Y más allá de las corteses palabras de agradecimiento, ambos aprovecharon sus discursos para elogiar, aunque fuese sin entrar en detalles, a la organización HazteOír. El general Arturo Espejo, en su discurso, alabó la existencia de “catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad”, entre los que citó a “la familia”, “la religión” y “la educación”. Más explícito fue Mario Hernández, que aseguró que “los valores de dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales que promueve esta asociación [en referencia a HazteOír] son principios que nuestros conciudadanos han mandado proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

Habrá quienes consideren una muestra de simple educación que representantes cualificados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acudiesen a recibir unos premios que HazteOír les había concedido. A nosotros, sin embargo, no deja de llamarnos la atención que desde los Ministerios de Interior y Defensa, responsables últimos de ambos cuerpos, se tenga este gesto ante una organización que simple y llanamente promueve el odio contra una minoría. Especialmente preocupante resulta el tono cómplice de los discursos, que podrían haberse limitado a un agradecimiento genérico. O que, por el contrario, podrían haber incorporado una mención al carácter de garantes de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género, que se le suponen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Más aún cuando el acto de HazteOír, como bien puede apreciarse en el vídeo que lo recoge en su integridad, se abrió precisamente con alabanzas de los presentadores al “autobús del odio” contra los niños y niñas transexuales, y cuando los representantes de Guardia Civil y Polícia Nacional (y el resto de premiados) recogieron sus galardones y pronunciaron sus discursos de agradecimiento en un escenario decorado, entre otros elementos, con una reproducción del autobús y con un panel con la leyenda “Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos”. 

HazteOír se niega a pagar la multa impuesta por la Comunidad de Madrid

Precisamente este jueves se ha conocido la cuantía de la multa que la Comunidad de Madrid ha impuesto a HazteOír por la difusión de un panfleto, enviado en su momento a colegios de toda España, en el que denigraba los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI. En respuesta a una denuncia de Arcópoli, y en aplicación de la ley madrileña contra la LGTBfobia, la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha considerado a HazteOír merecedor de una sanción leve y le ha impuesto una multa de 1.500 euros por emitir en dicho panfleto “expresiones de carácter vejatorio hacia las personas LGTBI”.

Una sanción que, pese a su levedad, ha sido saludada por Arcópoli por su carácter simbólico, pero que HazteOír ya ha anunciado que se niega a pagar. Sin duda animada por sus recientes victorias en los conservadores tribunales madrileños, la organización ultraconservadora está dispuesta a seguir batallando en los tribunales. Medios no le faltan para ello. Recordemos, además, que gracias a su declaración como “entidad de utilidad pública” en 2013, y que el Ministerio del Interior se niega a retirarle, los donantes y socios de HazteOír se benefician de ventajas fiscales. Según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones, los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Fuente Dosmanzanas

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Jordi Borrell, profesor de la Universidad de Barcelona, hace comentarios homófobos sobre Miquel Iceta en Twitter

Martes, 12 de diciembre de 2017

jordi-borrell-fotoLa Fiscalía investiga un posible delito de odio por el tuit homófobo sobre Iceta del profesor de la Universidad de Barcelona… y el tipo ha dimitido, eso sí, en diferido…

El director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona, Jordi Borrell, ha vertido a través de las redes sociales una serie de insultos hacia Miquel Iceta, aludiendo con desprecio a su orientación sexual. Desde su cuenta de Twitter, los mensajes despectivos hacia la orientación sexual del primer secretario y candidato del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a las elecciones del próximo 21 de diciembre han sido frecuentes desde hace meses. El especial interés que la cita electoral tiene en la actualidad, ha causado que el último de ellos no haya pasado desapercibido. La cuenta de Twitter de Borrell ha sido cancelada, y desde la Universidad de Barcelona se han condenado sus declaraciones, e incluso el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú le ha retirado su cargo como embajador de la ciudad.

Como ya apuntábamos en una anterior noticia, la profunda crisis política que viven Cataluña y España está causando además un rebrote de la homofobia. Lo insultos homófobos o el desprecio hacia determinadas orientaciones sexuales para descalificar al contrincante político se están incrementando alarmantemente.

En esta ocasión, el agravante quizás sea que ha partido del responsable de una institución universitaria y profesor con alumnado al cargo. Jordi Borrell, director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, dependiente de la Universidad de Barcelona, ha descalificado al candidato a las elecciones catalanas por parte del PSC, Miquel Iceta, en los siguientes términos: “Carles, no te pongas a su nivel. Iceta es un impostor. Un demagogo y un ignorante que vive del partido desde hace 30 años. Tiene los esfínteres dilatados y baila al son de C’s  y PP. Es un ser repugnante”.

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Pero esta no es la primera vez que Borrell ha efectuado este tipo de descalificaciones refiriéndose a la orientación sexual de Miquel Iceta para descalificarle. Esto decía el 7 de septiembre pasado: “Memofranquismo. Eso son los ‘constitucionalistas’. Empezando por la guapa de Iceta”.

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El 9 de octubre, aludía a una participación de Iceta en la radio con unas palabras que podríamos traducir como: “Sus esfínteres no dan mas de sí”.

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Su penúltima diatriba también hacía referencia a algo que parece ser una obsesión de Borrell: “El día 22 D, esperamos tu dimisión. Has venido al PSC por 20 monedas. Cataluña puede prescindir de un ser malevolente como tú. Ni eres socialista ni eres catalanista. Eres un engendro de un partido de impresentables con los esfínteres dados de sí. ¡Payaso!”.

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Las últimas declaraciones, efectuadas cuando cualquier noticia o mensaje sobre las elecciones catalanas tienen gran difusión, sí que han tenido consecuencias. Su cuenta de Twitter ha sido cancelada, y desde la Universidad de Barcelona se emitía el siguiente mensaje: “La Universidad de Barcelona rechaza los inaceptables comentarios de @Jorrdib, son injustificables y ajenos a los valores universitarios”.

Su rector, Joan Elias, añadía además: “Totalmente inaceptables los comentarios que se han publicado hoy en las redes sociales. Estudiaremos posibles medidas”.

Incluso desde el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú han decidido retirarle el cargo honorífico de embajador de la ciudad: “Ante los comentarios homófobos del señor Jordi Borrell en la redes sociales sobre el candidato Miquel Icea, el Ayuntamiento de #VNG ha decidido cesarle como embajador de la ciudad, al entender que no representa los valores que queremos transmitir desde Vilanova i la Geltrú”.

Es de agradecer la pronta respuesta de Universidad y rector, pero también debemos esperar a ver el alcance de esas medidas, o si se llegan a tomar. No podemos por menos que recordar el caso de Domingo Neira, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela cuyos comentarios homófobos fueron denunciados por sus propios alumnos. La respuesta de la rectoría fue suspender a Neira durante apenas unos meses y denunciar a los estudiantes por efectuar la protesta (denuncia que conllevó una condena de la que finalmente fueron absueltos en recurso). Esperemos que, en esta ocasión, los responsables de la Universidad de Barcelona sean más contundentes en la defensa del respeto a las minorías sexuales.

Fuente Dosmanzanas

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Una activista trans es tiroteada y arrojada a un montón de basura en un parque en Puerto España (Trinidad y Tobago)

Lunes, 11 de diciembre de 2017

i5vqzdiqp0Sasha Alister Patterson, una activista trans de 28 años, ha sido asesinada a tiros y abandonada en el parque Nelson Mandela de Puerto España, capital de la república caribeña de Trinidad y Tobago. Con la muerte de Patterson, las víctimas por violencia en el archipiélago trinitario en los últimos días alcanzan la veintena. El activista Jason Jones ha explicado que “cuando presenté mi caso por primera vez, hice algunos cursos de capacitación sobre el VIH con personas de la comunidad. Sasha estaba tratando de desarrollar programas para la comunidad trans en Trinidad y Tobago. Ella fue una persona clave en la difusión de mensajes de sexo seguro”. El colectivo LGTB en este país es víctima de una fuerte represión por parte de las autoridades y de la propia sociedad. De hecho, no existen leyes que protejan el reconocimiento de la libre identidad de género y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, con penas que pueden alcanzar los 25 años.

Aunque la policía detenía a dos hombres tras el asesinato en Puerto España de la activista Sasha Alister Patterson, todavía no se ha confirmado su supuesta relación o responsabilidad en los hechos. Según la versión de los agentes, la joven de 28 años (natural de Tobago) estaba en el parque Nelson Mandela cuando unos hombres se le acercaron y le dispararon varias veces. Posteriormente, la arrojaron a una pila de basura y la abandonaron (desconocemos si en ese momento Patterson seguía con vida).

En declaraciones a medios locales (que, por otra parte, no respetan su auténtica identidad femenina), vecinos del entorno en el que se produjo el crimen han asegurado que “escucharon varias explosiones fuertes”. También “observaron un vehículo de motor Suzuki a toda velocidad”. Pocos más datos se han hecho públicos sobre este lamentable y trágico suceso. En cualquier caso, el asesinato de Patterson ha golpeado al activismo LGTB de Trinidad y Tobago. La joven era una activista por los derechos de las personas trans y estaba implicada en la prevención del VIH.

Colin Robinson, presidente de Coalition Advocacy for Inclusion of Sexual Orientation, ha responsabilizado a los “horribles” reportajes de los medios y los comentarios de las redes sociales sobre el asesinato de Patterson por agregar más violencia hacia la comunidad. Anderson Bridgelal, un activista LGTB con el que compartió su lucha la víctima, añade que Patterson “fue mucho más valiente de lo que me atrevo a aventurar”.

En la misma línea, el activista Jason Jones también ha expresado su lamento por la pérdida de Sasha Alister Patterson: “es una gran pérdida. Era una persona genuinamente encantadora, lo siento profundamente por toda la comunidad”. Jones vive en el exilio, pero tendrá que viajar a Trinidad y Tobago el próximo año para seguir enfrentándose a las leyes LGTBfóbicas del país en los tribunales. Respecto a este punto, está financiando los costes, los viajes y las demandas a través del ‘crowdfunding’. No obstante, ya ha recibido más de 50 amenazas de muerte (que no puede tomarse a la ligera, después del asesinato de su mejor amigo frente a su casa).

Jones dice que se encuentra “muy asustado” tras el asesinato de Patterson: “tanto como hablar sobre los riesgos y las dificultades en un país donde somos criminalizados”. Y añade que “esto ha marcado un tono oscuro a medida que entramos en el caso en enero, lo que hace que mi seguridad sea aún más un problema”.

El mismo activista denuncia que en los viajes que realiza a Trinidad y Tobago carece protección y debido a la persecución y violencia que está padeciendo la comunidad LGTB, ni siquiera se reunirá con sus amigos por temor a ponerlos en el punto de mira de extremistas LGTBfóbicos: “no quiero ser un objetivo que los ponga en riesgo”.

Fuente Dosmanzanas

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El emotivo mensaje del joven víctima de un ataque homofóbico

Sábado, 9 de diciembre de 2017

1202jonathancastellarigEl rugbier Jonathan Castellari fue brutalmente atacado afuera de un local de comidas rápidas en Capital Federal. “Seguiré luchando por una sociedad libre de homofobia”, sostuvo en una carta.

Jonathan Castellari es un rugbier que permanece internado luego de haber recibido una brutal golpiza por ser gay. El violento episodio ocurrió en un local de comidas rápidas en Capital Federal. El joven publicó una carta en sus redes sociales con un sentido mensaje: “Seguiré luchando por una sociedad libre de homofobia”, sentenció.

El hecho se produjo cuando eran aproximadamente las 06:30 de la mañana del pasado viernes y  el deportista de 25 años integrante de Ciervos Pampas Rugby Club volvía de bailar junto a su amigo Sebastián Sierra. Ambos decidieron pasar por un local ubicado en la Avenida Córdoba al 3100 de la capital argentina, para desayunar. Una vez allí y mientras aguardaba que le entreguen el pedido, mientras se encontraban dentro del establecimiento, un grupo de ocho jóvenes comenzaron a burlarse de ellos y a hacer comentarios homófobos. Jonathan y Sebastián decidieron salir a fumar y esperar a que el grupo se marchara para poder desayunar con tranquilidad. Jonathan salió primero, momento en el cual uno de los jóvenes lo agarró y lo alejó de la puerta. Inmediatamente el resto de agresores se le unieron y comenzaron a golpearlo e insultarlo. Le gritaban “te vamos a matar por puto” (insulto homófobo muy usado en América Latina). El grupo se cebó con Jonathan, que sufrió diversos traumatismos y contusiones, entre ellas una grave lesión en el ojo derecho y fractura del pómulo de ese mismo lado, por la que necesitará ser intervenido. Sebastián intento defenderlo, pero apenas pudo hacer nada. “Yo vi desde adentro que algo estaba pasando y cuando salió el resto del grupo, le empezaron a pegar y a decir puto y un montón de insultos homofóbicos. Intenté defenderlo pero no pude, después lo soltaron”, relató el amigo de la víctima.

 Según ha explicado después Sebastián Sierra, durante la agresión solo una persona se acercó a ayudarles: una enfermera del sanatorio Güemes que lo pudo socorrer y brindarle los primeros auxilios, sanatorio al que precisamente Jonathan fue trasladado. “Ayer volvimos a verla, se acercó y fue un momento muy emotivo y nos abrazamos los tres porque ella fue la que nos ayudó y pensamos todo lo que podría podría haber pasado si ella no estaba ahí”, ha contado el joven.

A raíz del hecho el rugbier, que tiene un ojo muy comprometido a causa de los golpes recibidos, decidió hacer un descargo en su perfil de Facebook. “Siento dolor en el alma porque hoy me tocó a mi vivir en primera persona eso por lo que todos los días trabajo para erradicar: la violencia, la discriminación y el machismo”, aseguró.

A continuación, el texto completo de Castellari:

“Después de un día horrible, tirado en una camilla, lleno de cables, agujas y con un ojo cerrado y el otro vidrioso de tantas emociones, no quería dejar de agradecer cada uno de los mensajes que recibí, mensajes de aliento llenos de amor. Esos mensajes son la esperanza que me queda para seguir luchando por una sociedad libre de homofobia.

Al igual que muchos, también sueño con una sociedad diversa donde exista el respeto por el otro. Hoy me voy a dormir muy triste, angustiado y dolido, pero con un dolor que no es físico y que no tiene nada que ver con los golpes. Siento dolor en el alma porque hoy me tocó a mi vivir en primera persona eso por lo que todos los días trabajo para erradicar: la violencia, la discriminación y el machismo.

‘Tomá por puto’, ‘puto de mierda’, ‘si tenes tatuajes, bancatela’ fueron algunas de las frases que escuche mientras cinco personas me pegaban en el piso y otras dos arengaban para que me revienten la cabeza a patadas. De lo único que estoy convencido en este momento es que seguiré aportando mi granito de arena para que nunca más nadie tenga que vivir episodios similares“.

“Acompañamos denuncia judicial y se espera pronta identificación de los agresores”

Según un comunicado de prensa hecho público por el colectivo 100% Diversidad y Derechos, este lunes se presentó la correspondiente denuncia de los hechos. “Sebastián Sierra, amigo de Jonathan presente en el momento de la agresión, acompañado por representantes de Ciervos Pampas y 100% Diversidad y Derechos fue recibido por la fiscal federal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales del Ministerio Público Fiscal. Luego de la audiencia se tomaron las declaraciones correspondientes para iniciar la investigación preliminar del violento ataque”, asegura el comunicado.

El objetivo inmediato es la identificación de los agresores y su puesta a disposición de la justicia, pero además se ha solicitado a la unidad fiscal especializada que investigue la actuación policial, ya que según refiere el comunicado cuando la Policía se personó en el lugar de los hechos el grupo de agresores aún permanecía allí y no se procedió a su identificación. Luego de que prestara declaración Sierra y el integrante de Ciervos Pampas, Caio Varela, se dispusieron las medidas de prueba necesarias a tal fin.

Además, se solicitó que la intervención de la UFEM determine las posibles responsabilidades del accionar policial. Según testigos, luego de la brutal agresión por la que Castellari continúa internado en el Sanatorio Güemes, cuando la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar los violentos permanecían comiendo en el local sin que mediara una intervención de la fuerza para identificarlos y detenerlos.

“Finalmente, las organizaciones LGBT concurrimos a la UFEM con el objetivo de asegurarle a las victimas la debida diligencia frente a la violencia por orientación sexual, esperando una investigación preliminar que visibilice el carácter estructural del fenómeno de la discriminación y entienda que las lesiones a Jonathan Castellari deben ser agravadas por el odio a la orientación sexual ya que no fueron la consecuencia de una pelea sino de un brutal ataque homofóbico”, añade la nota.

Al final del día de ayer, la UFEM, que próximamente le tomará declaración a Castellari, informó a las organizaciones que la instrucción de la causa estará a cargo de la fiscal María Paula Asaro, subrogante en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, de la que se espera que, en base a los primeros resultados de las medidas de prueba, identifique prontamente a los agresores.

Ciervos Pampas Rugby Club, un club de rugby abierto a heterosexuales

El Ciervos Pampas Rugby Club, al que pertenecen Jonathan Castellari y Sebastián Sierra, es un un equipo de rugby masculino que nació hace ya cinco años como un espacio seguro, en el que todos los jugadores puedan sentirse a gusto sin miedo a los prejuicios o a la discriminación por no ser heterosexual. No obstante, también los heterosexuales también pueden participar, siempre y cuando asuman de forma militante los derechos del colectivo LGTBI.

El pasado sábado, de hecho, el Ciervos Pampas organizó una manifestación del protesta contra la homofobia y en favor de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI en el lugar en el que tuvo lugar la agresión a Jonathan, y que estuvo encabezada por Sebastián Sierra:


Fuente: Infobae, Perfil, 100%  Diversidad y Derechos, vía

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La disputa sobre si una pastelería puede negarse a elaborar una tarta nupcial para una pareja gay llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Viernes, 8 de diciembre de 2017

14356040517645El Tribunal Supremo de EE.UU. se niega a tomar en consideración un caso de discriminación hacia matrimonios homosexuales en Houston y abre la puerta a la desigualdad jurídica de las parejas homosexuales.

El mismo Tribunal está estos días escuchando los argumentos del caso del pastelero homófobo de Colorado que podría sentar la base para el blindaje de la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó este martes los argumentos de las partes en el caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, un nuevo desafío judicial de los conservadores estadounidenses al matrimonio igualitario. En este caso, el Supremo estadounidense deberá decidir si el pastelero Jack Phillips tiene derecho a discriminar a una pareja del mismo sexo y no elaborar su pastel de boda, pese a que la normativa de su estado (Colorado) prohíbe a los negocios privados discriminar a sus clientes por razón de orientación sexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque pueda resultar anecdótico, el caso tiene una gran importancia legal, dado que una sentencia de Supremo favorable a Phillips abriría la puerta a que multitud de negocios en todo el país pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo con independencia de que en sus estados existan leyes locales que las protegen contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Es importante, en este sentido, tener en cuenta los argumentos de los abogados de Phillips. La línea de defensa del pastelero no se basa propiamente en que su “libertad religiosa haya sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica casos de discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a la libertad de expresión, expresamente protegido por la 1ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Phillips argumenta que diseñar un pastel de boda es un proceso “creativo”, y que hacerlo para una pareja del mismo sexo supone forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo.

cake400x300_0Argumentos retorcidos, pero que en caso de ser tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo facilitarían que todos aquellos negocios con un componente “creativo” pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo. Las posiciones, en este sentido, aparecen divididas al 50% tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo han dirigido a las partes en la jornada de ayer. Los analistas consideran más que probable que los cuatro miembros conservadores del Supremo (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinen por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro miembros considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

El voto que desharía el empate sería el de Anthony Kennedy, un juez “bisagra” cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario ya resultó clave en el pasado. En el año 2013, su votó en el caso United States v. Windsor hizo posible derribar por 5 votos contra 4 la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Una sentencia que todos coinciden allanó definitivamente el camino para que dos años después, al resolver el caso Obergefell v. Hodges, el Supremo legalizase el matrimonio igualitario en todo el país, también con los votos de Kennedy (ponente de la sentencia) y de los cuatro jueces progresistas. Está por ver, en este caso, cual será la decisión de Kennedy, que en la jornada de este martes se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con argumentos de las dos partes.

En septiembre, conocíamos que de cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya al empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo y en octubre publicábamos que un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips.  

El Supremo rechaza pronunciarse sobre un fallo discriminatorio en Texas

0001298Lo que suceda con el caso del pastelero de Colorado, será, pues, de gran importancia. Muy especialmente después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo rechazase revisar una decisión judicial adoptada en junio por la conservadora Corte Suprema de Texas, y que daba la razón a dos activistas anti-LGTB que demandaron a la ciudad de Houston por extender los beneficios que concedía a los cónyuges de distinto sexo de sus empleados a los cónyuges del mismo sexo. El mismo Tribunal se ha negado a aceptar un caso (Pidgeon contra Turner) y ese movimiento ha dejado claro, a pesar de haber legalizado el matrimonio igualitario, no las tienen todas consigo sobre la igualdad de derechos entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. Jack Pidgeon y Larry Hicks denunciaron a la ciudad de Houston cuando la entonces alcaldesa, Annise Parker, anunció que ofrecería a los cónyuges del mismo sexo de los empleados públicos los mismos beneficios que tenían los cónyuges de los empleados heterosexuales.

Tras un proceso legal bastante largo y complicado el Tribunal Supremo de Texas se posicionó a favor de esa demanda y dictaminó que las parejas homosexuales no tienen por qué recibir los mismos beneficios y derechos que las parejas heterosexuales. Y eso a pesar de que en la sentencia del Supremo del país que legalizó el matrimonio igualitario se dejó claro que las parejas homosexuales podían casarse “en los mismos términos y condiciones que las heterosexuales“. Curiosamente en la misma semana de enero en la que Texas mantenía la discriminación el Supremo del país dictaminaba -otra vez- que en un caso sobre los derechos de los padres homosexuales (Pavan contra Smith) que los matrimonios homosexuales han de tener los mismos derechos y beneficios que los heterosexuales.

La Corte Suprema de Texas consideró entonces que la sentencia sobre el caso Obergefell v. Hodges, que hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país, no obliga necesariamente a tratar igual a los matrimonios entre personas del mismo y de distinto sexo. No sorprende saber que hubo un juez del Supremo de EE.UU. que votó en contra de esa sentencia igualitaria y no fue otro que Neil Gorsuch, que fue puesto ahí por… Donald Trump.

El caso, cuyo origen se remonta en realidad a una fecha anterior a la de la sentencia del Supremo sobre el matrimonio igualitario, no está de todas formas cerrado: al rechazar el Supremo revisarlo (sin pronunciarse en ningún sentido sobre la cuestión de fondo), el asunto volverá de nuevo a los tribunales de Texas, donde continuará la litigación. Y aunque los activistas LGTB consideran que la justicia acabará dandoles la razón, la negativa del Tribunal Supremo a resolverlo de forma definitiva en este momento arroja dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el más alto tribunal estadounidense en defensa de sus propias decisiones sobre el matrimonio igualitario.

Y es que al negarse a juzgarlo y al no hacer ningún comentario al respecto han sentado un precedente tremendamente preocupante y es que -tras los cambios de Trump- podrían estar de acuerdo en que los matrimonios homosexuales no han de tener los mismos derechos.

Como explica la presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, “el Tribunal Supremo acaba de dejar que prevalezca una preocupante sentencia del Supremo de Texas que recorta de forma clara los derechos de las parejas homosexuales casadas. La abnegación del mayor tribunal del país abre la puerta a una embestida de demandas contra los derechos de las personas LGTB+ en todas las instancias.

Huelga decir que si después de esto el Supremo de EE.UU. decide sentenciar a favor del pastelero de Colorado y proteger así la “libertad religiosa” la situación de las parejas homosexuales en EE.UU. volvería a ser tremendamente complicada.

Seguiremos atentos a lo que suceda. La decisión definitiva sobre el pastel de bodas, en cualquier caso, no se conocerá hasta la primavera de 2018.

Fuente LGTBQ Nation, vía Dosmanzanas/EstoyBailando/Cristianos Gays

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Dos chicos de 20 años se enfrentan a tres años de prisión en Uzbekistán por mantener relaciones homosexuales

Jueves, 7 de diciembre de 2017

pareja-gay-detenida-torturada-uzbekistan-696x522Dos chicos son detenidos y torturados en la antigua república soviética de Uzbekistán por practicar sexo consentido en su propia casa.

La homosexualidad es ilegal en el país y se enfrentan a tres años de cárcel.

Una pareja del mismo sexo ha sido detenida y sometida a torturas anales en Uzbekistán por mantener relaciones consentidas. Ambos están unidos en una relación desde hace unos meses y, hasta su detención, convivían en un piso que habían alquilado en Taskent, la capital de este país de la antigua Unión Soviética. La policía ha confirmado que se les ha sometido a “pruebas” anales, una práctica que el derecho internacional califica de “tortura”. Se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel. Nadezhda Atayeva, presidenta de la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central, ha dejado claro que “es inaceptable perseguir a la gente por el hecho de mantener relaciones consentidas con otras personas del mismo sexo”. Por otra parte, un tribunal de Moscú anunciaba hace unos días que mantiene la orden de deportación a Uzbekistán para el periodista gay Ali Ferouz, paralizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Distintas organizaciones internacionales de derechos humanos exigen desde hace tiempo, y vuelven a hacerlo ahora, la derogación del artículo 120 del Código Penal de Uzbekistán, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Según esta legislación discriminatoria, la policía uzbeka ha detenido a dos jóvenes de 20 años que estaban conviviendo e iniciando una relación estable en Taskent.

Ha sido un portavoz de este cuerpo el que ha confirmado el arresto, así como el sometimiento de las víctimas a “pruebas” anales para “determinar” si habían mantenido sexo entre ellos. Este tipo de exámenes están calificados como “tortura” por el derecho internacional y atentan contra los derechos humanos básicos. Un juez tendrá que decidir la pena para estos chicos, que puede alcanzar hasta los tres años de prisión. Pero su castigo se prolongará, con toda probabilidad, incluso después de la cárcel, debido al estigma social: se enfrentarán a abusos, vejaciones y discriminación social (actitudes permitidas por el Estado uzbeko y, por lo tanto, impunes en casi todos los casos).

“Es inaceptable perseguir a la gente por el hecho de mantener relaciones consentidas con otras personas del mismo sexo. Cada persona es libre de determinar sus propias relaciones. Este incidente no es más que un acto demostrativo de discriminación hacia la comunidad LGTB y refleja las políticas del régimen actual” de Uzbekistán, ha declarado Nadezhda Atayeva, presidenta de la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central.

El periodista gay Ali Ferouz espera el fallo de Estrasburgo

arton44672Rusia decretaba el pasado mes de agosto la expulsión del periodista abiertamente gay Ali Ferouz a Uzbekistán, como informaba dosmanzanas. Ali Ferouz, que en realidad es un pseudónimo profesional (su verdadero nombre es Khoudoberdi Nourmatov) es un periodista independiente, aunque desde hace algo más de un año trabaja de forma estable para Novaya Gazeta, un periódico ruso crítico con Vladimir Putin y comprometido con los derechos humanos (es el periódico que destapó, por ejemplo, la persecución a homosexuales en Chechenia).

Aunque nació en Rusia, país en el que su madre y hermanos residen legalmente y en el que él mismo vivió durante su infancia y adolescencia, tiene la nacionalidad uzbeka. En 2008 se instaló en Uzbekistán, pero no tardó en colocarse en el punto de mira de los servicios secretos de ese país, que llegaron a someterlo a tortura por negarse a colaborar con ellos. En 2009 volvió a Rusia. Allí ha continuado su labor de periodista y ha solicitado asilo político, que le ha sido denegado. De hecho, Ferouz ya sufrió una primera detención el pasado marzo, aunque en aquella ocasión pudo evitar la expulsión.

Pero en agosto fue arrestado durante un control policial en Moscú. Pocas horas después el juez ordenaba su expulsión inmediata a Uzbekistán. Tras escuchar la decisión, Ferouz intentó autolesionarse con un bolígrafo, aunque los agentes que lo custodiaban lo impidieron. Y es que Ferouz, abiertamente gay, activista en favor de los derechos humanos y muy crítico con el régimen uzbeko (que precisamente destaca por su poco respeto a los derechos humanos), está convencido de que será detenido y torturado en cuanto pise el país. “Prefiero morir antes que regresar a Uzbekistán”, decía entonces, en palabras que trasmitidas por Daniil Khaïmovitch, su abogado.

Hace unos días, un tribunal de Moscú reafirmaba el mantenimiento de la multa y la orden de deportación. Sin embargo, Rusia no puede hacer efectiva la expulsión hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realice un dictamen oficial. Este tribunal con sede en Estrasburgo, hasta el que ha llegado el caso de Ferouz, mantiene paralizada la orden rusa y todavía no ha anunciado cuál será el sentido del fallo y, por consiguiente, el destino que tendrá que asumir el periodista gay en el punto de mira.

La LGTBfobia de Estado en Uzbekistán se mantiene de Karimov a Mirziyoyev

En febrero de 2016, Islom Karimov, entonces presidente de Uzbekistán, realizaba unas declaraciones cargadas de odio homófobo: “la homosexualidad es repugnante para los uzbekos”. Karimov también dijo que la homosexualidad es una manifestación “vulgar” de la cultura occidental, en un nuevo ataque contra las personas LGTB en este país de Asia Central. Otra de sus perlas fue asegurar que “cuando los hombres viven con hombres y mujeres viven con mujeres, creo que debe haber algo mal aquí”, una opinión que trataba de justificar con un dicho uzbeko: “cuando Dios quiere revelar la vulgaridad de alguien, primero le quita la razón”.

El caso es que, seis meses después de esta ristra de declaraciones homófobas, Karimov moría, víctima de una hemorragia cerebral. Karimov presidía Uzbekistán desde 1989 (cuando fue elegido primer secretario del Partido Comunista) y en las distintas elecciones celebradas tras la caída de la Unión Soviética ha sido reelegido con victorias aplastantes. Eso sí, todas ellas han sido cuestionadas por la comunidad internacional, que ha llegado a denunciar parcialidad e incluso fraude electoral. Su última elección fue en 2015 con un supuesto 90% de los sufragios a su favor (una vez más, criticado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE).

sh-mirziyoyevShavkat Mirziyoyev, actual presidente de Uzbekistán

Con la muerte de Karimov, siguiendo con los trámites que marca la legislación uzbeka, el presidente del Senado asumía la presidencia del país de forma interina. Le correspondió a Nigmatilla Yuldashev, que previamente había ejercido el cargo de ministro de Justicia entre 2011 y 2015. Pero su escaso peso político no le ayudaría a mantener la presidencia, que finalmente recaía en Shavkat Mirziyoyev en diciembre de 2016. Mirziyoyev fue el primer ministro de Islom Karimov.

El respeto a los derechos humanos del colectivo LGTB fue inexistente durante la presidencia de Karimov, al que varias organizaciones y medios han tildado durante años de “dictador”, pero los dos sucesores (Yuldashev y Mirziyoyev, este último en el cargo) estaban en puestos de responsabilidad durante sus últimos mandatos y participaron en la persecución LGTBfóbica de Estado o, cuanto menos, no la combatieron. Del mismo modo que no lo han hecho al asumir la presidencia, legitimando la discriminación y poniendo a Uzbekistán en el mapa de la vergüenza (al ser uno de los más de setenta países que siguen criminalizando la homosexualidad).

 

Fuente Gay Star News, vía Dosmanzanas, EstoyBailando

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Una mujer detenida en Tanzania tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que besa a otra mujer

Jueves, 7 de diciembre de 2017

ad-jalUna mujer ha sido detenida en Tanzania tras hacerse viral un vídeo en el que besa y regala un anillo a otra mujer. “Puedo confirmar que una mujer tanzana está bajo custodia policial por ese vídeo. Daremos más detalles cuando concluyamos la investigación”ha declarado a Reuters Mponjoli Mwabulambo, jefe de policía de Geita, al noroeste del país. Se trataría, según asegura la agencia de noticias, de la primera detención de una mujer en el contexto de la ola de homofobia de Estado que vive en país africano.

El vídeo, que puede verse en YouTube, es de lo más anodino. En el curso de una celebración una mujer besa a otra, que de forma sostenida muestra a la cámara un anillo. A su alrededor varios invitados brindan y graban la escena con sus teléfonos móviles. Podría tratarse de una ceremonia de compromiso, pero más allá de eso nada hay en las imágenes que resulte ofensivo. Sin embargo, parece ser más que suficiente para motivar la detención de una de las mujeres. La otra (la perceptora del anillo) se encuentra en busca y captura.

Hay que recordar, en este sentido, la situación que vive Tanzania, cuyo ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente hace pocos meses con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. “Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales…, que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales”, aseguró. Ya unos días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Una deriva fuertemente LGTBfoba

Pero no solo los defensores de los derechos LGTB están en riesgo. También los propios ciudadanos LGTB. En este sentido, el Código Penal tanzano castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza”, entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La “grave indecencia” entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, sin embargo, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). La detención de esta mujer en el interior del país parece indicar, sin embargo, que las autoridades han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que de hecho apenas se aplicaba hace unos pocos años.

Además de que la homosexualidad en Tanzania puede ser castigada con hasta 30 años de prisión, en los últimos meses su gobierno ha demostrado reiteradamente su intención de perseguir al colectivo LGBT, con la amenaza de publicar listas negras de personas homosexuales, o la supresión de los tratamientos contra el VIH porque «la homosexualidad es ilegal» en su país, suspendiendo incluso los tratamientos de quienes son portadores. Pero no sólo es el colectivo LGBT el que está en riesgo en Tanzania porque el presidente también ha reafirmado una ley que impide que las niñas menores de edad que se queden embarazadas puedan terminar su educación porque, según su punto de vista, podría conducir a la corrupción de otros estudiantes.

El Código Penal tanzano castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza”, entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La “grave indecencia” entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas solo están castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares).

Hasta hace unos años, esos artículos del Código Penal eran raramente aplicados, pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas. Paul Makonda, comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, la más populosa del país, anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales, por lo que muchos de ellos dejaron de publicar. Hace ahora unas pocas semanas, también en Dar es-Salam, doce hombres eran detenidos en un hotel.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: Un poco antes, el Ministerio de Sanidad comunicaba la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales argumentando que son productos utilizados habitualmente por homosexuales y que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH.  Sólo cuatro meses después el gobierno suspende tanto los programas de prevención, sino también los tratamientos de los enfermos de VIH y sida, en hasta 40 centros de salud privados, acusándolos de atender a personas homosexuales, según el ministro de salud, Ummy Mwalimu, una medida insólita que pone en riesgo las vidas de personas afectadas por la enfermedad, amenazando su viceministro, Hamisi Kigwangalla, de su intención de publicar una lista negra de personas homosexuales que se dedican a la prostitución online, aunque no llegó a hacerlo.

En septiembre de 2016, el viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno “protegerá siempre” los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que “no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida”. Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de tres ciudadanos tanzanos, acusándoles de “promover la homosexualidad” a través de las redes sociales.

En junio de este año las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. El ministro de Interior de Tanzania amenazó con detener y juzgar a quienes defiendan los derechos LGTB. También declaró que expulsará del país, con carácter inmediato, a los miembros de organizaciones extranjeras que defiendan los derechos humanos de la población LGTB tanzana. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

Fuente Dosmanzanas

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España se compromete a defender al colectivo LGTB desde su nuevo puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

ONU-GAYA partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

Fuente Dosmanzanas

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Un juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación para las personas trans en el Ejército estadounidense

Martes, 5 de diciembre de 2017

ejercito-trans-contra-trump-696x522El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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La decisión de algunos obispos estadounidenses de prohibir o limitar funerales a quienes convivan con parejas del mismo sexo causa controversia interna

Sábado, 2 de diciembre de 2017

2171032_n_vir1Funeral del joven gay chileno asesinado Wladimir Sepúlveda

En los últimos meses, dos decisiones muy duras de obispos estadounidenses han encontrado una fuerte oposición dentro de la propia Iglesia católica. En junio, el obispo de Springfield (Illinois) prohibía los funerales para quien viviera en pareja con otra persona de su mismo sexo. Más recientemente, la diócesis de Madison (Wisconsin) ha publicado unas recomendaciones sobre los funerales de personas que vivan en pareja con personas de su mismo sexo en las que indica que deben abordarse de forma muy discreta para evitar el “escándalo”. La noticia, sin embargo, ha provocado fuertes reacciones de rechazo dentro de la propia Iglesia estadounidense, que incluyen además a figuras de relieve, como el sacerdote jesuita James Martin, de quien ya hemos hablado en esta página.

El pasado junio se difundía una decisión del obispo de Springfield (Illinois), Thomas John Paprocki, muy dura hasta para criterios conservadores. A las ya prohibiciones de bendecir a parejas del mismo sexo o de su admisión a la comunión, se unía la negativa a que una persona en riesgo de muerte recibiera los últimos sacramentos salvo que “se arrepintiera”. Más aún, la prohibición se extendía a los funerales: “A menos que dieran algún signo de arrepentimiento antes de su muerte, las personas fallecidas que hayan vivido públicamente en una relación con alguien de su mismo sexo, causando escándalo público a los fieles, quedarán privadas de ritos funerales”.

La decisión provocó una respuesta adversa notablemente amplia. Por ejemplo, Fortunate Families, una red de familias católicas con hijos LGTB, emitió un comunicado en el que acusaba al obispo Paprocki de no tener sensibilidad pastoral: “Al negar a las personas LGTB la recepción de la comunión y ritos funerales, usted de hecho los está excomulgando (…) ¿Estar en un matrimonio con alguien del mismo sexo está al mismo nivel que una persona que niega el Credo?”. Destacó especialmente la reacción del padre James Martin, jesuita y redactor jefe de la revista America, una de las publicaciones católicas más importantes de Estados Unidos. Ya hemos tenido ocasión de hablar de él en esta página, pues ya se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del colectivo LGTB, en particular a propósito del atentado de Orlando y de la publicación de un libro donde invitaba a “tender puentes” entre la Iglesia católica y la comunidad LGTB. En esta ocasión, en una publicación en su perfil de Facebook, Martin señaló la incongruencia de aplicar criterios tan severos a las parejas del mismo sexo y no a otras situaciones que, doctrina en mano, son también “irregulares”: “Si los obispos prohíben a miembros de matrimonios del mismo sexo recibir un funeral católico, también tienen que ser coherentes. Debemos prohibir también a católicos divorciados y vueltos a casar a quienes no se les han concedido anulaciones; a mujeres u hombres que han tenido un hijo fuera del matrimonio; a miembros de parejas heterosexuales que viven juntas antes del matrimonio, y a cualquiera que use métodos de control de natalidad. Pues todos ellos también están contra la enseñanza de la Iglesia. Más aún deberán prohibirlos a cualquiera que no cuide a los pobres que no cuide el medio ambiente a cualquiera que apoye la tortura, pues también son doctrinas de la Iglesia. Más fundamentalmente, deben prohibirlos a la gente que no se comporte con amor, que no perdone y que no tenga misericordia; pues estas cualidades representan las enseñanzas de Jesucristo, son las mas fundamentales de todas las enseñanzas de la iglesia. Poner el foco solo en las personas LGTB sin un foco similar el comportamiento moral sexual de las personas heterosexuales es, en palabras del catecismo, un signo de discriminación injusta”.

Con todo, la reacción más dura, como en su momento recogimos, vino de Michael Sean Winters, del National Catholic Reporter (otra prominente publicación católica), quien pidió directamente a la destitución del obispo: “El motu proprio Come una mare amorevole se publicó en respuesta a la necesidad de retirar obispos que habían sido negligentes en el manejo de las alegaciones de abusos sexuales por parte del clero, pero el texto no limitaba su alcance a este único asunto. Cuando un obispo malinterpreta tanto la cultura como el Evangelio, por no hablar de su papel como obispo, de tal manera que emite un decreto como el que Paprocki ha emitido, demuestra que está tan desquiciado que no puede dirigir una iglesia local. Antes de que haga más daño, debe dimitir o ser despedido”, afirmaba con dureza.

La diócesis de Madison sigue los pasos de Springfield

Más recientemente, otra diócesis que ha tomado una decisión similar ha sido la de Madison (Wisconsin), gobernada por el obispo Robert Morlino. El vicario general, monseñor James Bartylla, ha informado a los sacerdotes en una nota sobre las nuevas pautas en los funerales católicos, que contiene una sección titulada “Consideraciones sobre los ritos funerales para una persona en una unión homosexual”. En ella queda claro que lo que preocupa es el “escándalo”: “El principal problema está en el escándalo y la confusión. La tarea pastoral por tanto es la de minimizar el riesgo de escándalo y confusión a la vez que se está disponible para el fallecido y la familia. Si la situación lo requiere (…) se podrán denegar ritos funerales a pecadores manifiestos en quienes es escándalo público para los fieles no puede evitarse. Si hay duda, se habrá de consultar al ordinario del lugar [el obispo] y seguir su juicio”.

Entre las razones para negar el rito se cita por ejemplo que el fallecido o su pareja fuesen “promotores del ‘estilo de vida gay’”. Haber mostrado en vida algún signo de activismo o de no haber aceptado la enseñanza oficial hace así al fallecido susceptible de no recibir un funeral. Las indicaciones incluyen una serie de preguntas que ha de hacerse el sacerdote en cada caso concreto: “Para minimizar el escándalo, ¿debería haber solo una breve celebración de la Palabra en la funeraria? ¿O quizá un oficio frente a la tumba? Quizá podría ofrecerse una misa funeral con o sin mención explícita del nombre del fallecido o de la ‘pareja’, en la parroquia o incluso en otra parroquia (para evitar el escándalo), con o sin miembros de la familia”. Pero la nota va aún más allá, al plantearse como un “gran riesgo de escándalo y confusión”, el que aparezca el nombre del sacerdote o la parroquia en cualquier esquela u obituario “público (por ejemplo, periódico) o semi-público [sic]”. Tampoco puede haber referencia al compañero viudo en nada publicado por la parroquia, ni ninguna referencia a la “unión no natural”. Igualmente, se aconseja “mantener al mínimo el compromiso del sacerdote o diácono (por ejemplo, limitado a un sacerdote o diácono y en los momentos meramenete esenciales de un oficio o rito, si lo hay)”. En otras palabras, se puede rezar por el fallecido, pero sin que no se note mucho.

Estas indicaciones han vuelto a causar controversia, como ya sucediese con las de Springfield. De nuevo, James Martin se ha pronunciado con claridad: “El problema, como indico en Building a Bridge [su libro a favor del acercamiento entre la Iglesia y el colectivo LGTB antes mencionado] es que estas enseñanzas casi siempre se aplican de manera selectiva. Esto es, no hay un foco equivalente en la moralidad sexual de los católicos heterosexuales en el momento de sus funerales (por ejemplo, ¿estaba él o ella divorciado y casado de nuevo sin anulación? ¿Estaban viviendo juntos antes del matrimonio?). Tampoco se pone bajo tal microscopio la moralidad de los profesores de escuela católicos (por ejemplo, ¿está él o ella viviendo con una pareja antes del matrimonio?). El foco puesto exclusivamente en las personas LGTB y su moralidad sexual, sin un foco equivalente en la moralidad sexual (o moralidad en general) de los católicos heterosexuales, constituye lo que el catecismo denomina ‘discriminación injusta’ (2358)”.

En definitiva, si las decisiones de obispos como los de Springfield o Madison dejan bien claro que persisten actitudes fuertemente discriminatorias dentro de la Iglesia católica, también parece confirmarse que en Estados Unidos hay una creciente contestación interna, que contrasta con lo que sucede en en otros lugares, como España, donde afirmaciones fuertemente discriminatorias de otros obispos no cuentan por el momento con oposición significativa de voces católicas “autorizadas”. Veremos si eso cambia en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

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El activismo celebra la renuncia de Robert Mugabe a la presidencia de Zimbabue tras décadas de feroz LGTBfobia de Estado

Sábado, 2 de diciembre de 2017

robert-mugabe-2Durante sus 37 años en el poder, Robert Mugabe ha regido Zimbabue con puño de hierro. El nonagenario Mugabe presentaba el martes su renuncia como presidente de este país africano, mediante una carta que el presidente del Parlamento, Jacob Mudenda, leía en su nombre. Los parlamentarios celebraron en la cámara la noticia sin ningún tipo de pudor. También el activismo LGTB zimbabuense, así como distintas organizaciones sociales de carácter nacional e internacional, expresan su alegría por la marcha de Mugabe, después de más de tres décadas de persecuciones, violencia, LGTBfobia e invisibilización. Emmerson Mnangagwa, destituido de su cargo de vicepresidente hace unas semanas, asume la presidencia de manera temporal el próximo viernes. Mnangagwa, apodado como “el cocodrilo” de Zimbabue, no se ha caracterizado hasta la fecha por su apoyo al colectivo LGTB ni a los derechos humanos en general. Amnistía Internacional, por su parte, considera que “la próxima generación de líderes debe comprometerse a respetar la Constitución, cumplir las obligaciones internacionales de Zimbabue en materia de derechos humanos y tratar a su pueblo con dignidad y justicia”.

Robert Mugabe ya es un gris recuerdo en la historia de Zimbabue. Considerado en un principio como “héroe” de la independencia del Reino Unido en los años 80 (hasta principios de esta década se impidió votar a la población negra, mayoritaria en el país), Mugabe alcanzó entonces la presidencia y la ha mantenido durante 37 años, hasta esta misma semana. El pasado 15 de noviembre, al cuestionado mandatario se le imponía el arresto domiciliario tras un golpe de Estado encabezado por el general Constantino Chiwenga, a la sazón jefe del Ejército. Casi a renglón seguido, Mugabe era expulsado del que había sido su partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Apenas una semana después, el martes, el presidente del Parlamento leía su carta de renuncia a la presidencia de este país del sur de África.

Mugabe deja un país sumido en una profunda crisis económica que se mantiene desde hace años (en 2016 el Índice de Desarrollo Humano de Zimbabue se situaba, con un 0,516, en el puesto 154 de 188, con una esperanza de vida media de 59 años). En su legado, además, quedarán las acusaciones de fraude electoral, represión contra la oposición, desprecio a los derechos humanos en general y una acusada LGTBfobia de Estado (que es la cuestión principal que ocupa a dosmanzanas como medio especializado LGTB).

La incontestable LGTBfobia de Mugabe

La LGTBfobia ha sido una constante durante las casi cuatro décadas que Robert Mugabe se ha mantenido en la presidencia de Zimbabue. Basta recordar algunos episodios acaecidos los últimos años para entender el carácter discriminatorio que el nonagenario expresidente imprimió a sus políticas y declaraciones públicas durante todo su mandato.

En 2011, como recogía dosmanzanas, el entonces primer ministro británico, David Cameron, confirmaba durante la cumbre de jefes de Gobierno de la Commonwealth reunidos en Perth (Australia), que su país retiraría la ayuda económica a los países que mantuvieran políticas de carácter LGTBfóbico. Mugabe calificaba de “satánica” la propuesta de Cameron y reiteraba su ya conocida opinión de que los homosexuales son “peores que cerdos y perros” y amenazó a aquellos que la practiquen: “os castigaremos duramente”.

En 2013, en su última campaña electoral, Mugabe prometió convertir Zimbabue en un “infierno para los homosexuales”, amenazó a gais y lesbianas con “cortarles la cabeza”. A principios de 2014 Mugabe daba su respaldo a la entonces recién aprobada ley ugandesa contra la homosexualidad y amenazaba a los activistas LGTB locales.

Un año después, ante la Asamblea de Naciones Unidas, el ya anciano presidente de Zimbabue espetaba que “¡no somos gais!. Uno de los líderes homófobos más destacados del mundo, aprovechaba su discurso para denunciar lo que considera “imposición” de valores ajenos a su cultura y tradiciones. La situación de las personas LGTB en Zimbabue ha sido muy delicada. La ley, de hecho, sigue persiguiendo toda actividad percibida como homosexual, sea pública o privada, como corresponde a la bien conocida homofobia de Mugabe (en 2015 también expresó su rechazo a despenalizar la homosexualidad).

Remontándonos más en el tiempo, hasta 1995, Robert Mugabe dijo que “considero extremadamente escandaloso y repugnante para mi conciencia humana que esas organizaciones inmorales y repulsivas, como las de los homosexuales, que ofenden tanto a la ley de la naturaleza como a las normas culturales defendidas por nuestra sociedad, no deberían tener defensores en nuestro medio y en otras partes del mundo”.

Por todo ello, el activismo LGTB tiene más que motivos de sobra para decirle “hasta nunca” a Mugabe, ahora que ha renunciado (forzosamente) a la presidencia del país. “El pueblo de Zimbabue merece algo mejor. La próxima generación de líderes debe comprometerse a respetar la Constitución, cumplir las obligaciones internacionales de Zimbabue en materia de derechos humanos y tratar a su pueblo con dignidad y justicia”, ha expresado Amnistía Internacional.

“El cocodrilo” de Zimbabue y la incógnita sobre el futuro

d2eab4718b2a4087ade5bca18e4eabf5Con la marcha de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa asume la presidencia de manera temporal el próximo viernes. Aunque la confianza del activismo LGTB y de la comunidad internacional sobre el llamado “cocodrilo” de Zimbabue es escasa, se espera que un eventual cambio de signo en las próximas elecciones o de una completa renovación de los dirigentes del ZANU-PF aporte cambios significativos en la aplicación y desarrollo de derechos humanos.

Mnangagwa fue entrenado militarmente en China y Egipto. Su papel durante el conflicto por la independencia le proporcionó un gran protagonismo posterior, igual que a Mugabe. De hecho, fue torturado por las fuerzas de Rhodesia (nombre que recibió Zimbabue durante el colonialismo británico, entre 1923 a 1980). Durante la guerra civil de los 80 le nombraron jefe de los espías del país. Sin embargo, en las últimas décadas, en las que ha venido asumiendo distintos altos cargos, se ha visto envuelto en polémicas violentas contra los derechos humanos. Entre otras, la acusación de planear ataques contra simpatizantes de la oposición en las elecciones de 2008.

En 2016, en relación con la comunidad LGTB, Mnangagwa aseveraba en Naciones Unidas que los zimbabuenses “rechazarán los intentos de prescribir ‘nuevos derechos’ que sean contrarios a nuestras normas, valores, tradiciones y creencias”. Asimismo, defendió la criminalización de la homosexualidad, aunque “hay algunos países de Europa que recomiendan que reconsideremos nuestra posición con respecto a los adultos del mismo sexo que se casan entre sí y que rechazamos”.

Fuente Dosmanzanas

 

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Un diputado egipcio recaba apoyos para criminalizar la homosexualidad por considerarla “más peligrosa” que el terrorismo

Jueves, 30 de noviembre de 2017

egipto_detenidos-300x150Lo anunciábamos el pasado mes, pero ampliamos la noticia:

De facto, la defensa pública de la diversidad sexual en Egipto ya está siendo perseguida de un tiempo a esta parte, aunque sin una legislación específicamente LGTBfóbica. Sin embargo, y por primera vez, este país del norte de África podría sacar adelante una ley que formalmente sirva para invisibilizar al colectivo LGTB, prohibiendo cualquier tipo de “propaganda”, y criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo (tanto femeninas como masculinas). El diputado egipcio Riad Abdul Sattar, de la formación liberal Egipcios Libres, ha presentado un proyecto de ley que se debatirá en próximas semanas y que ha sido firmado por 67 señorías. Para el promotor del texto, la homosexualidad sería “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia, por lo que urge “poner fin a esas prácticas que conducen a la destrucción de la sociedad”. Amnistía Internacional denuncia que “se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Aumentan (todavía más) las alarmas de LGTBfobia de Estado en Egipto. A la persecución de cualquier atisbo de diversidad que ya sufre la población, se suma el intento de oficializar, a través de la ley, la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, el proyecto que abandera el diputado liberal Riad Abdul Sattar también pretende cerrar locales, prohibir reuniones, vetar cualquier apoyo al colectivo LGTB e impedir la “propaganda” en cualquier medio público (incluyendo las redes sociales).

Así reza el artículo 2 del borrador legislativo que ya han firmado, al menos, 67 diputados egipcios: “por cada dos o más personas, ya sean hombres o mujeres, que mantengan una relación sexual pervertida entre ellos, en cualquier lugar público o privado, la pena será de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, y en caso de reincidencia, la pena será de cinco años”.

Y no “solo” eso, sino que la responsabilidad penal también recaería en “cualquier persona que fomente las relaciones homosexuales, sea lo que sea, ya sea incitándolas o facilitándolas a otros, preparando un lugar para que se practiquen, o invitando a otros a los mismos, incluso si no las están practicando, se le impondrá pena de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, más el cierre de los locales. En caso de reincidencia, la pena será de cinco años de prisión”, establece el artículo 3 del proyecto de ley.

La “propaganda” LGTB también sería ilegal, a través de cualquier medio o plataforma, según dicta el artículo 4. Por lo que respectaría a la visibilidad, aparte de vetar cualquier tipo de publicación o aparición pública a favor de la diversidad, se velaría por “prohibir llevar cualquier signo o símbolo para homosexuales, así como fabricarlo, venderlo, comercializarlo o publicitarlo. El castigo para cualquiera que viole esto será la prisión por un período no menor de un año y no más de tres años”.

Con estas últimas medidas, si llega a aprobarse esta ley discriminativa, habría un respaldo legal para enjuiciar a cualquier persona simplemente por ondear banderas arcoíris. Recordemos que, como recogió dosmanzanas, en septiembre fueron detenidas siete personas durante un concierto de la banda Mashrou’ Leila en El Cairo por este motivo. Estas y otras detenciones, hasta el momento, se basan en la arbitraria y moralista acusación de “promover el libertinaje”.

El diputado liberal Riad Abdul Sattar, en calidad de promotor de esta propuesta legislativa, ha aseverado públicamente que la homosexualidad conduce a “la destrucción de la sociedad”, ya que es, en su ignorante opinión, “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia. Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África, por su parte, ha puesto de manifiesto que “no solo se propone con este anteproyecto de ley penalizar las relaciones homosexuales, que ni siquiera deberían ser delito, sino que también se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Amnistía Internacional también ha hecho un contundente llamamiento a “los líderes del mundo, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, que recibió a su homólogo egipcio, Abdelfatah Al-Sisi, el mes pasado en el Elíseo”, ya que “deben alzar la voz para condenar esta represión homófoba. En vez de tender alfombras rojas para recibir al presidente egipcio en las capitales europeas y firma nuevos acuerdos, deben utilizar su influencia para garantizar que el Parlamento retira este anteproyecto de ley totalmente represivo”.

Egipto incrementa la escalada de LGTBfobia de Estado

bandera_egiptoLa realidad demuestra que las administraciones y los políticos egipcios han acabado enterrando el espíritu democrático, humanitario y social que se reclamaba en la Primavera Árabe. El actual presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, asumió el cargo en 2014, después de haber encabezado meses atrás un golpe de Estado contra Mohamed Morsi, de los llamados “Hermanos Musulmanes”. Desde entonces, lejos de implementar avances en materia de derechos humanos en el país, se están sucediendo los retrocesos. En concreto, el colectivo LGTB está siendo uno de los principales perjudicados, si bien no el único, y de manera más intensa a raíz del concierto de Mashrou’ Leila del pasado mes de septiembre.

A principios de octubre nos hacíamos eco de que Egipto intensificaba la persecución LGTBfóbica de Estado, deteniendo a 57 personas por su orientación sexual o identidad de género, además de otras víctimas que lo fueron solo por mostrar su apoyo al colectivo (independientemente de su sexualidad). Como decíamos en líneas anteriores, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Desde octubre hasta hoy, según denuncia Amnistía Internacional, las detenciones LGTBfóbicas ya se habrían incrementado de 57 “a más de 70 personas”.

Odio y persecuciones al colectivo LGTB: una constante en los últimos años

Egypt_Gay_SaunaEn junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El CairoUn tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 también nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto. Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas

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Turquía prohíbe unas jornadas de cine LGTB para “evitar provocaciones”

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

erdoganLas autoridades justifican la decisión advirtiendo de que existe “un peligro claro e inminente” de que se “incite a la hostilidad y la enemistad”

La Turquía de Erdoğan vuelve a mostrar su cara más hostil con sus ciudadanos LGTB. El gobernador de Ankara emitió un comunicado este domingo prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. El antecedente había sido el veto a la celebración del Festival de Cine LGTBI Alemán, organizado entre otros por la embajada germana. En el evento, cancelado el miércoles pasado con apenas 24 horas de antelación, se iban a proyectar cuatro películas. Las autoridades locales han justificado su decisión por el riesgo de ataques motivados por el contenido “provocativo” de este tipo de actos.

El gobernador de Ankara ha prohibido hoy unas jornadas de cine alemán de temática LGTB, que estaban programadas para esta semana en la capital turca.  Importante salto cualitativo en el desprecio y la censura hacia la realidad LGTB en Turquía. El gobernador de Ankara (cargo dependiente del Gobierno central turco) anunció este domingo la suspensión de todas las expresiones culturales relacionadas con el mundo LGTB. La decisión afecta a proyecciones de cine, obras de teatro o exposiciones de arte entre otros. Se producía apenas unos días después de la cancelación de un festival de cine alemán que iba a celebrarse por primera vez entre el jueves y el viernes pasado. Estaba prevista la proyección de cuatro películas, entre ellas Romeos, un film del año 2011 sobre un joven transexual y gay que tuvo una acogida favorable en otros festivales.

La oficina del gobernador Ercan Topaca ha emitido un comunicado justificando su decisión por la posibilidad de que se produjeran ataques contra este tipo de actos. La exhibición de producciones artísticas con temática LGTB podría generar “resentimiento y odio contra una parte de la sociedad”, según su argumentación. La prensa alemana cita también el riesgo de atentados terroristas como otro de los motivos utilizados para la cancelación del festival, por el carácter “provocativo” que las autoridades turcas achacan al evento.

La decisión se toma acorde al estado de emergencia vigente para “proteger la tranquilidad y seguridad”, asevera en un comunicado difundido hoy en la web de la institución gubernamental. Además, “grupos con una visión contraria” podrían “reaccionar contra la proyección de las películas”, por lo que podrían ocurrir “provocaciones”, asegura.

El Gobierno alemán ha expresado su malestar por la decisión de las autoridades turcas. Cuando la prohibición solo afectaba todavía al festival de cine, el secretario de Estado para Europa, Michael Roth, afirmó en un tuit que “la libertad del arte y los derechos de las minorías son inviolables. ¡Eso tiene que valer también en Turquía!”. Roth acompañó su mensaje con una foto de la embajada de Alemania en Ankara, donde se había desplegado una bandera arco iris en solidaridad con la comunidad LGTB. La delegación alemana en la capital turca era uno de los organizadores del festival.

En el plano político, el mandato de la administración turca se produce en un momento delicado de sus relaciones con Alemania, tras la detención de varios ciudadanos alemanes en Turquía durante los últimos meses. Mientras que en el ámbito LGTB, esta decisión se suma a una ya larga lista de agravios, con frecuencia en forma de represión violenta. Con excusas similares a las esgrimidas en esta ocasión, los gobernadores de Ankara y otras provincias han prohibido en los últimos años numerosos actos para conmemorar el Orgullo LGTB o el día internacional contra la LGTBfobia.

El veto utiliza un razonamiento similar al que ha servido en los últimos tres años para prohibir la tradicional marcha del Orgullo  en Estambul. Una actitud que, a pesar de todo, no es nueva o excepcional: el pasado 19 de junio de 2016 la Policía turca cargaba con violencia contra los activistas LGTB que decidieron manifestarse en la plaza Taksim de Estambul este para reivindicar el Orgullo Trans. El gobernador había prohibido las distintas celebraciones del Orgullo, aduciendo problemas de “seguridad”.

A pesar de la prohibición del gobernador, la plaza fue ocupada pacíficamente por valientes activistas LGTB, encabezados por mujeres y hombres transexuales que no querían renunciar a expresar sus reivindicaciones. Precisamente, la Marcha del Orgullo Trans debía ser la que diese inicio a los actos que tendrían lugar del 19 al 26.

Una semana más tarde, la Policía ejercía una nueva demostración de fuerza contra los activistas que intentaban celebrar el Orgullo LGTB en Estambul, pese a la mencionada prohibición. Al menos 19 personas fueron detenidas (entre ellas varios políticos alemanes, miembros de Los Verdes). Y si esto ocurría antes del fracasado golpe de estado, ahora el Gobierno erdoganista tiene la excusa para justificar sus posturas LGTBfóbicas y para silenciar a colectivos incómodos o críticos (por más que no tengan ninguna vinculación con el golpe). Pero no todo vale, ni todo es justificable.

La homosexualidad es legal en Turquía desde mediados del siglo XIX, si bien en grandes partes de Anatolia está aún sujeta a un enorme tabú social. Sin embargo, en Ankara y Estambul existe una activa comunidad gay con vida cultural y nocturna, actividades reivindicativas y, hasta ahora, también con frecuencia jornadas o festivales de cine.

Erdoğan, más autoritarismo y menos democracia

Como recogíamos en un amplio reportaje, tras la intentona golpista del pasado 15 de julio, son decenas de miles de personas las que se ven amenazadas por el auge del autoritarismo presidencial de Erdoğan.

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Hasta el momento, ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denuncia la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le han imputado cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

El pasado mes de abril de 2017, Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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Desde el altar la Catedral Evangélica, el director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile dice que el Movilh promueve la pedofilia y la prostitución infantil

Lunes, 20 de noviembre de 2017

59b9411bcd49b0575c5a6280El injurioso discurso del director Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas es difundido por el canal oficial de la Catedral. El Movilh iniciará acciones legales.

Cristián Nieto, en calidad de director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, ha pronunciado un discurso discriminatorio hacia el colectivo LGTB y ha vertido acusaciones muy graves contra el activismo y, de forma explícita, contra el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH). Según este representante de la jerarquía evangélica chilena, la defensa de una legislación igualitaria por parte del MOVILH sería equivalente a la promoción de la prostitución y el abuso de menores (delitos tipificados en el Código Penal). Nieto realizó estas declaraciones en su alocución durante un “servicio religioso” celebrado en la Catedral evangélica, en el que estaban presentes los candidatos Mario Desbordes (Renovación Nacional) y Eddy Roldán (independiente, fundador de Por un Chile para Cristo). El MOVILH, por su parte, se querellará por las injurias, basándose en que Nieto “manipula a los fieles y atenta contra los derechos humanos de las personas LGBTI y contra nuestra organización”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció “una campaña homofóbica, injuriosa y con fines electorales” de parte de la Catedral Evangélica que “manipula a los fieles y atenta contra los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y contra nuestra organización”

El presidente del Movilh, Ramón Gómez, precisó que “de una manera descarada y violenta, frente a fieles y candidatos al Parlamento, la Catedral de la Iglesia Evangélica se ha prestado para ser un canal que denigra a personas e instituciones en razón de su orientación sexual r identidad de género, al tiempo que llama a votar por todos quienes rechazan los derechos de las personas LGBTI”.

En efecto, desde el altar el Director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas (Coniev), Cristián Nieto, dijo que “se está pretendiendo “despenalizar la ley conocida como la ley sodomítica, es decir, el MOVILH está pidiendo que una relación sexual entre un adulto y un niño menor de 14 años sea consentida, sea consentida .Y ¿qué significa ser consentida? Que un niño diga “sí, yo tenga ganas de estar con este señor””

Dirigiéndose a los presentes añadió que “¿pero ustedes se imaginan lo que es un niño abandonado en una calle, debajo de un puente que le ofrezcan un par de zapatillas Nike o un polerón que él desea por mantener esa relación sexual con ese adúltero (sic), o ese pecador? ¿Comprándose a ese niño? Porque ese niño va a confundir un afecto personal con un afecto material que le están entregando por un propósito. Eso es lo que tenemos que defender

“El articulo 365  (Del Código Penal), lo debemos defender con estos diputados cuando salgan electos”, apuntó en clara referencia a los candidatos Mario Desbordes (RN) y Eddy Roldan (IND, fundador de Por un Chile para Cristo), quienes estaban presentes en el “servicio religioso”.

El presidente del Movilh criticó que “este sujeto, que se dice pastor, está diciendo en un supuesto servicio religioso que nuestra organización prostituirá y abusará de niños, lo cual es aberrante, así como un delito, pues se trata de una injuria. Sin lugar a dudas presentaremos acciones legales”

“De este delito injurioso es responsable la Catedral Evangélica como conjunto, pues en su canal de Youtube oficial están difundiendo el discurso completo de este sujeto”, precisó Gómez.

Puntualizó que “es evidente: en la Catedral Evangélica ya no se ora. La religión es una fachada para difundir discursos políticos de odio con fines electorales. Se trata de una infamia siniestra que manipula en el nombre de de Dios. Llamamos a los evangélicos a revelarse contra estos abusos, a no dejarse engañar”.

Fuente MOVILH

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El acoso a Judith Butler durante su estancia en Brasil pone de manifiesto la creciente virulencia del movimiento LGTBfóbico en ese país

Viernes, 17 de noviembre de 2017

author-judith-butlerLa situación en Brasil comienza a ser inquietante: los grupos evangélicos ganan posiciones e influencia, algunos derechos LGTB comienzan a dar marcha atrás, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro es ya uno de los favoritos para ganar las próximas elecciones presidenciales… En este contexto, la visita de Judith Butler, intelectual de referencia tanto del feminismo como del movimiento LGTB (es una de las “teóricas queer” más importantes) se adivinaba complicada. Y así ha sido. Una campaña de odio promovida por ultraconservadores estuvo a punto de dar al traste con la participación en un simposio al que había sido invitada, pero además Butler tuvo que soportar la agresión verbal (y casi física) de un grupo de ultraconservadores en el aeropuerto.

Judith Butler había sido invitada a participar en el simposio Los fines de la democracia, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre en el centro cultural Sesc Pompeia de São Paulo, organizado por la Universidad de California en Berkeley (de la que es profesora Judith Butler) y el Departamento de Filosofía de la Universidad de São Paulo y financiado por la mencionada Universidad de California y la fundación estadounidense Andrew W. Mellon. Un evento, por tanto, de carácter universitario, cuyo objeto de discusión era el concepto de soberanía popular y su relación con la democracia liberal, así como el surgimiento de los movimientos populistas en política. No incluía en su programa debates ni mesas redondas sobre feminismo, teoría queer o derechos LGTB. Sin embargo, la mera presencia de Butler y el peso de su obra teórica fue suficiente para movilizar a los pujantes grupos ultraconservadores, muy vinculados a las iglesias evangélicas (aunque no solo) y que cada vez están cobrando más peso tanto en las calles como en el ámbito político.

A través de la plataforma CitizenGo (la marca que HazteOír utiliza para la difusión internacional), los ultraconservadores consiguieron reunir algo más de 370.000 firmas pidiendo la cancelación de la visita de Butler. “No queremos una ideología de género que enmascara un objetivo político marxista. Sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura. La ciencia y sobre todo la realidad nos muestran lo contrario. Su presencia en nuestro país en un simposio comunista, pagado con dinero de una fundación internacional, no es deseada por una abrumadora mayoría de la población nacional”rezaba la petición.

Poco importó lo delirante del texto. La apelación a la amenaza marxista (sufragada por capital estadunidense…) y sobre todo la mención a la “ideología de género” (el término que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente en los últimos tiempos la lucha en favor de los derechos trans) fue suficiente para desatar la histeria, reunir miles de firmas y desatar la batalla en las redes sociales. Además, decenas de personas se congregaron físicamente frente al centro en el que tenía lugar el simposio gritando consignas de odio contra Butler (llegaron a quemar un muñeco que la representaba, en una especie de intento por “exorcizar el mal”), si bien también acudieron manifestantes en favor de Butler. Basta echar un vistazo a las imágenes recogidas por Ruptly TV para comprobar el odio que los manifestantes emanaban (el reportaje también recoge en su segunda parte imágenes de los contramanifestantes en apoyo de Butler):

Acosada en el aeropuerto

Pero la cosa no terminó ahí, por desgracia. Cuando se disponían a tomar el vuelo de vuelta, Judith Butler y su pareja fueron acorraladas en el aeropuerto de Congonhas por un grupo de personas que le gritaron a la filósofa “no eres bienvenida”, “eres el mal”“destructora de los niños”“pedófila” o “destructora de familias”, entre otras barbaridades. Destacaron por su violencia verbal dos mujeres que portaban pancartas y que no dejaron de acosar a la filosófa por todo el vestíbulo del aeropuerto, hasta que vigilantes de seguridad y otras personas que espontáneamente defendieron a Butler se interpusieron y la permitieron marcharse. En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse incluso como una de ellas la intercepta en un momento determinado con un carro portaequipajes. Insertamos a continuación el vídeo publicado por El Salto Diario, que ofrece las imágenes subtituladas:

Entre las personas que defendieron a Butler en el aeropuerto se encontraba Danieli Lima, que en su perfil de Facebook ha denunciado la actitud racista de una de las mujeres que acosaron a la filosófa (en concreto la que viste blusa amarilla), que se dirigió a ella y a otras personas de raza negra de modo despectivo:

Danieli Lima

el viernes pasado

RACISMO PELA MANHÃ.

Estou eu no aeroporto de congonhas esperando meus amigos do Núcleo Bartolomeu para poder embarcar para o Rio de Janeiro rumo a FLUPP ( A Festa Literária das Periferias), quando passa a Judith Butler ( indo para a área de embarque), seguida de uma mulher completamente fora de si com um cartaz onde tinha o rosto da Judith com um traço vermelho de proibido, gritando todas as ofensas possíveis (TODAS). Ela agredia a Judith verbalmente e fisicamente (batia o c

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Brasil: preocupante contexto regresivo

Hace pocas semanas recogíamos el fallo de un juez federal brasileño, que estimaba el recurso de varios psicólogos vinculados a grupos evangélicos y ordenaba al Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que permitiese de nuevo las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, prohibidas desde 1999. El fallo sacudía la sociedad brasileña, enfrentada a una ola regresiva no solo en materia política (tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer) sino también social, fruto en buena parte de la ya mencionada pujanza de los grupos evangélicos.

Una regresión que amenaza los avances que Brasil había experimentado en materia LGTB en años recientes. A finales del año pasado Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en 2018. Veremos qué sucede, pero el panorama es, como decíamos al principio, profundamente inquietante.

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Ingresa en prisión un joven de 19 años detenido por una brutal agresión a una mujer trans en Valencia

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

Protesta-Marcha-Dia-Transfobia-realizada_LRZIMA20130608_0002_11La Guardia Civil ha identificado y detenido al autor de una brutal agresión contra una mujer trans ocurrida el pasado 31 de julio en el Forn d’Alcedo, una pedanía del sur de Valencia. La mujer, a la que el agresor golpeó, intento estrangular y dejó finalmente inconsciente, tuvo que ser hospitalizada en la Unidad de Reanimación del Hospital La Fe durante tres días.

Según cuenta el diario Levante, la víctima y el agresor (un joven de 19 años y nacionalidad rumana) contactaron a través de una red social de citas. Ya habían mantenido, de hecho, un primer encuentro días antes de la agresión. En esta segunda ocasión, tras mantener relaciones sexuales, el joven comenzó a golpearla en la cabeza. Después intentó estrangularla. La mujer quedó inconsciente, y de hecho ella piensa que él huyó de la vivienda pensando que la había matado. La mujer, que según el diario Levante sufrió graves lesiones en los ojos, fue hospitalizada durante tres días en la Unidad de Reanimación del Hospital La Fe. De hecho, no pudo prestar declaración hasta cinco días después de la agresión.

No ha sido hasta esta semana, sin embargo, cuando la Guardia Civil de Alfafar ha podido finalmente detener al presunto autor de la agresión. La identificación fue más complicada de lo previsto porque que el joven utilizó una identidad falsa para contactar con la víctima. El jues de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza, acusado de un delito de lesiones que podría llegar a ser calificado de homicidio en grado de tentativa.

A falta de conocer más detalles (el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar), poco podemos añadir sobre el transfondo de la agresión. No parece descabellado pensar, de todas formas, que nos encontramos una vez más ante la letal combinación de machismo y transfobia, que convierte a las mujeres trans en un colectivo especialmente vulnerable. “Prisión por agredir gravemente a una mujer trans. Ninguna agresión sin respuesta. Basta de LGTBfobia. Exigiremos que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor”, tuiteaba en este sentido el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia y los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género esta misma tarde.

Fuente Dosmanzanas

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“Mi familia casi me asesina y me obligaba a beber sangre de pollo para ‘limpiarme’”, lamenta una mujer lesbiana de Timor Oriental

Sábado, 11 de noviembre de 2017

east-timor-lbt-reportTimor Oriental, un pequeño país del Sudeste Asiático (fue colonia portuguesa hasta 1975 y pocos días después de declarar la independencia fue invadido por Indonesia, que lo ocupó hasta 2002) invisibiliza a la comunidad LGTB. La organización igualitaria timorense ASEAN SOGIE Caucus ha publicado esta semana un informe en el que pone de manifiesto la difícil realidad del colectivo LGTB (especialmente de mujeres lesbianas y bisexuales, así como de personas trans). A la carencia de políticas igualitarias en general por parte del Estado se une una imperante LGTBfobia social, cuyas víctimas suelen sufrir en silencio el odio y la discriminación en sus propios círculos familiares (incluyendo episodios violentos y “violaciones correctivas”). Con todo, el primer ministro de Timor Oriental, Rui Maria De Araujo, decía el pasado mes de julio, antes de la celebración del Orgullo LGTB, que “la discriminación, la falta de respeto y el abuso hacia las personas debido a su orientación sexual o identidad de género no proporcionan ningún beneficio a nuestra nación”.

El testimonio de las mujeres de la fotografía es solo uno de los muchos casos de discriminación LGTBfóbica de Timor Oriental, según ha revelado la organización igualitaria ASEAN SOGIE Caucus. La joven fue sometida a vejaciones por los miembros de su propia familia, al no aceptar su atracción por personas de su mismo sexo. “Mi familia no me acepta por ser yo misma. Recibí cortes en la cara, golpes, casi fui asesinada, me obligaban a beber sangre de pollo para ‘limpiarme’”.

La víctima prosigue explicando que “los ataques físicos por parte de mis propios hermanos y hermanas son habituales. Ellos me golpean, me estiran del pelo y me desnudan para que recuerde qué es lo que tengo entre las piernas. ‘Eres una mujer, ¿lo ves?’. Me obligaron a mantener relaciones con un hombre y que quedé embarazada de una niña. Ella ahora tiene 9 años. Pero yo soy quien soy. No puedo cambiarme”.

Iram Saeed, una de las autoras del informe de ASEAN SOGIE Caucus, considera esa investigación como “un esfuerzo pionero en la historia de Timor Oriental”. Ella espera que dicho informe sirva como un “control de la realidad” para todas las agencias del Gobierno con el fin de abordar temas de derechos humanos para las personas LGTB. El informe recoge distintos episodios de abuso psicológico y físico, incluida la violencia doméstica, el matrimonio forzado y los intentos de miembros de la familia de cambiar la orientación sexual e identidad de género de las víctimas con prácticas como las “violaciones correctivas”, entre otras.

Otra mujer cuenta que, debido a su orientación sexual, “fui atada y empujada por mi hermano, estrangulada con una manguera y arrojada dentro de un tanque de agua durante horas. Traté de terminar con mi vida algunas veces. Mi mayor sueño es continuar mi educación”. Y así se suceden las voces LGTB que denuncian la crueldad de sus propias familias, motivadas por el odio, la ignorancia y la incomprensión. Otra mujer narra que fue “violada por mi propio tío, que creía que podía cambiar mi orientación sexual al obligarme a mantener una relación heterosexual. Me quedé embarazada, pero encontré medicamentos para abortar. Después de eso, salí de mi casa y vivo con amigos”.

Muchas mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, según el mencionado informe, señalan que la dependencia económica ha sido uno de los frenos de cara a rehacer sus vidas. El 66% ganan menos de 85 euros al mes y, aunque en muchos casos, desearían ampliar su formación para progresar laboral y socialmente, se encuentran con muchas barreras.

Llamada de atención del primer ministro

El pasado mes de julio tenía lugar la celebración del primer Orgullo LGTB en la historia de Timor Oriental, bajo el lema de “Aceptación”. Solo unos días antes, el primer ministro timorense, Rui Maria De Araujo, declaraba que “la discriminación, la falta de respeto y el abuso hacia las personas debido a su orientación sexual o identidad de género no proporcionan ningún beneficio a nuestra nación”. De este modo, De Araujo se convertía en el primer líder del Sudeste Asiático en posicionarse de alguna forma a favor del colectivo LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Virginia: la periodista trans Danica Roem consigue una victoria de gran valor simbólico al arrebatarle el escaño a un político ferozmente anti-LGTB

Jueves, 9 de noviembre de 2017

danica_roemDanica Roem

Señaladas victorias de los demócratas en varias elecciones que tuvieron lugar este martes, 7 de noviembre, en Estados Unidos. Pero una de ellas es especialmente importante para el colectivo LGTB: Danica Roem se ha convertido en la primera persona abiertamente transexual en acceder a un escaño en una cámara legislativa estatal (la Cámara de Representantes de Virginia). La victoria de Roem tiene una carga simbólica adicional: ha derrotado al republicano Bob Marshall, que ocupaba ese escaño, precisamente uno de los políticos más ferozmente anti-LGTB del panorama estadounidense. En junio de este año, por ejemplo, propuso la introducción en Virginia de una legislación tránsfoba similar a la aprobada  por la vecina Carolina del Norte.

Danica Roem, de 33 años, es periodista. El 13 de junio de 2017 se impuso en las elecciones primarias del Partido Demócrata para optar al escaño que representa al 13º distrito en la Cámara de Representantes de Virginia, ocupado desde hace 25 años por el representante republicano Bob Marshall. Desde entonces Roen ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones en defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, además de personalidades destacadas del Partido Demócrata (como el exvicepresidente Joe Biden).

Hay que tener en cuenta, en este sentido, el simbolismo de la pelea electoral: Danica Roem, abiertamente transexual, luchaba por hacerse con el escaño del que es uno de los políticos más ferozmente anti-LGTB del panorama político estadounidense. Tras la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, por ejemplo, Marshall propuso la aprobación de una ley que prohibiese a las personas homosexuales servir en la Guardia Nacional de Virginia, que no llegó a prosperar. También fue uno de los promotores de una enmienda a la Constitución del Estado de Virginia para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está sí que fructificó: la enmienda fue aprobada en referéndum en 2006 por un 57% de los votos. Una prohibición vigente en el estado de Virginia hasta octubre de 2014, cuando el Tribunal Supremo rechazó valorar las apelaciones de los contrarios al matrimonio igualitario en cinco estados en los que la justicia federal lo había dado por bueno semanas antes (Virginia entre ellos).

En enero de 2015 Marshall lanzó una propuesta de ley que en caso de ser aprobada hubiera permitido tanto a empresas privadas como a empleados públicos del estado de Virginia denegar sus servicios a personas LGTB. Y en enero de este mismo año lanzó otra propuesta de ley para prohibir a las personas transexuales el uso de instalaciones que correspondiesen a su identidad de género, en la línea de la infame ley tránsfoba de la vecina Carolina del Norte (ahora derogada, aunque en condiciones no satisfactorias para los colectivos LGTB).

Son solo algunos de los ejemplos de las diversas iniciativas anti-LGTB de Marshall, al que precisamente una mujer perteneciente a uno de los colectivos que más ha luchado por discriminar. Lo ha hecho, además, por una diferencia de 8 puntos: 54% frente al 46%. Sin duda, una gran victoria frente al odio.

Otras importantes victorias demócratas

La de Roem no fue la única victoria de los demócratas, que consiguieron además ganar las elecciones a gobernador en Nueva Jersey (Philip Murphy) y en la propia Virginia (Ralph Northam). Esta última victoria ha sabido especialmente bien a los demócratas, que tenían en el candidato republicano Ed Gillespie a un hueso duro de roer. A falta de conocer el recuento final, los demócratas han conseguido además un importante avance en la Cámara de Representantes de Virginia, hasta ahora controlada de forma indiscutible por los republicanos (podría registrarse incluso un empate entre ambos partidos).

Se trata, en todos los casos, de buenas noticias para la causa LGTB, dada la tendencia que últimamente muestran los republicanos, especialmente en los estados del sur (y Virginia es uno de ellos), a aprobar leyes discriminatorias.

Seattle elige su primera alcaldesa abiertamente lesbiana

imagesAndrea Jenkins

Este martes también tuvieron lugar elecciones a nivel municipal en numerosas ciudades del país. El demócrata Bill de Blasio, aliado de la causa LGTB, conseguía por ejemplo revalidar la alcaldía de Nueva York, la principal ciudad del país.

Por lo que se refiere a candidatos y candidatas abiertamente LGTB, merece la pena destacar el caso de Andrea Jenkins, primera mujer transexual en ser elegida concejala en la ciudad de Mineápolis (Minnesota). Jenkins es, de hecho, una de las primeras mujeres negras abiertamente transexuales elegida para un cargo político de relevancia en ese país.

jenny-durkan-1-239x300Jenny Durkan,

Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención a Jenny Durkan, abiertamente lesbiana, elegida alcaldesa de Seattle (Washington). Cabe señalar que aunque Durkan es su primera alcaldesa lesbiana, Seattle ya ha tenido un alcalde LGTB, el demócrata Ed Murray, que dimitió en septiembre tras ser objeto de varias acusaciones de abuso sexual a adolescentes, que él niega ser ciertas. Un escándalo que desde luego no ha perjudicado la candidatura de Durkan, que ha obtenido una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival Cary Moon (ambas candidatas pertenecientes al Partido Demócrata).

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo despido en Estados Unidos pone de nuevo el foco sobre la difícil situación de los trabajadores LGTB en instituciones católicas

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

aaeaaqaaaaaaaa0yaaaajgi3njhizdi2lwqzmzatndu2mi1hmtk2ltyymjc0mwvhymexoqNuevos despidos de trabajadores LGTB en instituciones católicas vuelven a poner el foco sobre la difícil situación de estas personas y en la falta de coherencia con sus propios valores de estas instituciones. Nos llega un nuevo caso desde Estados Unidos, un país en el que estos episodios empiezan a ser habituales: una joven profesora de Teología se ha visto obligada a dejar el centro tras conocerse públicamente su compromiso con su pareja.

Mary Kate Curry presentó su renuncia como profesora de Teología en la Father Lopez Catholic High School, en Daytona Beach (Florida). Se le requirió que así lo hiciera tras hacerse público el compromiso con su pareja del mismo sexo. Los administradores del centro han admitido que sabían que Curry era lesbiana, pero que en todo caso su compromiso debía haberse mantenido en silencio.

Sin embargo, lo que ha motivado a Kate a denunciar públicamente lo sucedido no fue el que la obligaran a dejar su puesto docente. Aún en esa situación estaba dispuesta a resignarse. La gota que colmó el vaso fue la prohibición de ser además segunda entrenadora del equipo femenino de baloncesto del centro. Al parecer, su compromiso no solo comportaba que no pudiera dar clases, sino también que tuviera cerrado el acceso a todo empleo pagado por la diócesis. De hecho, ni siquiera se le permitió seguir de entrenadora con carácter voluntario.

Finalmente, Kate ha decidido pronunciarse públicamente en sus redes sociales, que han sido recogidas por el portal New Ways Ministry, que trabaja a favor de las personas LGTB católicas: “Cuando la diócesis discrimina a los trabajadores LGTB de la iglesia, ¿cómo cumple su misión? Es esto de verdad el Cuerpo de Cristo que está hablando y actuando? ¿Qué le estamos enseñando a los estudiantes cuando respondemos defensivamente, con reacciones reflejas y despedimos a quienes están entre nosotros sin cuidado alguno? Le fallamos a nuestros estudiantes y a nuestra misión cuando les enseñamos a esconder cosas, a avergonzarse y a callar. Se merecen más”, afirma Kate.

Una política de despidos crecientemente discutida

Este último despido se une a otros que se han ido sucediendo en los últimos años como respuesta a la creciente visibilidad LGTB dentro de las instituciones de la Iglesia católica. Un goteo de casos de discriminación hacia las personas LGTB acentuado desde que el matrimonio igualitario comenzó a ser una realidad en ese país, y sobre todo desde que el Tribunal Supremo extendiera ese derecho a todo su territorio. No solo se trata, de hecho, de personas que se casan con sus parejas: lo exacerbado de los ánimos hace que el mero hecho de saberse que es LGTB (incluso defender sus derechos públicamente pese a no ser LGTB) puede suponer problemas. En algunas ocasiones, la justicia ha acabado dando dado la razón a los despedidos, pero en otros la ausencia de legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB a nivel de los estados lo impide. Recientemente, ha cobrado también protagonismo el caso de personas trans que han visto negado su tratamiento en hospitales católicos, incluso con cancelaciones de última hora.

Todo ello ha sido objeto de creciente discusión: tanto a nivel externo, por la colisión entre libertad religiosa y derecho al trabajo, como interno, por el problema de posible discriminación injusta que supone tomar estas medidas con los empleados lgtb pero no con otras situaciones igualmente “irregulares”, generando un agravio comparativo.

En especial, destacan voces que se declaran en contra de esta política de despidos. Hay incluso obispos, como John Stowe, de Kentucky, de quien ya hemos hablado en esta página. En el contexto de una entrevista realizada con motivo de su participación en un encuentro de la ya mencionada New Ways Ministry, Stowe se pronunció en contra: “Cuando se le preguntó a Stowe cómo creía que la Iglesia debía responder a los casos de empleados LGTB —muchos de los cuales habían sido despedidos de posiciones en la Iglesia mantenidas durante mucho tiempo cuando sus matrimonios del mismo sexo se hicieron públicos o alguien los hizo públicos— remarcó que la iglesia debe ser consistente y no discriminatoria en su trato con sus empleados. ‘Debemos preservar nuestra tradición e integridad como iglesia’, dijo. ‘Nos arriesgamos a contradecirnos a nosotros mismos si queremos que nuestros empleados cumplan las enseñanzas de la Iglesia mientras nosotros no vivimos según nuestras enseñanzas, que siempre se han opuesto a la discriminación de todo tipo’. Stowe consideró que la iglesia podía encontrar una vía para ‘defender nuestra libertad religiosa sin violar los derechos humanos de nadie”, afirma el relato de la entrevistadora, Patricia Lefevere.

Estos debates y declaraciones tienen una importancia que va más allá de los Estados Unidos y afecta a todas aquellas regiones en las que la Iglesia católica tiene un peso importante, como España o América Latina. Sobre todo, merecen ser destacados porque suponen una interesante argumentación para acabar con los despidos o las retiradas de sus funciones a personas LGTB sin necesidad de un cambio doctrinal. Como señalaba el propio Stowe y otros que se han pronunciado en este sentido, se puede apelar a ser fieles a la propia doctrina de no discriminar para mantener a estas personas en sus puestos.

Podrá argumentarse que este enfoque se queda corto, pero en el terreno práctico podría marcar una importante diferencia, crucial para quienes trabajan o cooperan en instituciones católicas de diverso tipo y no pueden permitirse esperar a una revisión de la doctrina para tener tranquilidad en sus empleos. Hay que tener en cuenta, sumando las instituciones educativas, sanitarias o de otra índole que están administradas de uno u otro modo por la Iglesia católica, que el número de personas afectadas es elevado. Hablamos, además, de un derecho fundamental: el derecho al trabajo.

Fuente Dosmanzanas

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