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IU lleva al Congreso una batería de medidas contra las agresiones homófobas

Lunes, 29 de agosto de 2016
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izquierdaUnida_homofobiaLa iniciativa registrada,  busca también impulsar la “elaboración de una Ley estatal integral de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones y la discriminación” que sufre el colectivo LGTBI en todas sus expresiones.

Entre el 60 % y el 90 % de las personas que sufren delitos de odio no denuncian.

Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que sea debatida lo antes posible en el Pleno de la Cámara para hacer frente de forma contundente a las agresiones contra lo/as integrantes del colectivo LGTBI, ante el grave incremento de las mismas en los últimos meses, así como para impulsar la “elaboración de una Ley estatal integral de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones y la discriminación” que sufre este colectivo en todas sus expresiones.

La iniciativa de IU plantea de forma clara en su parte propositiva que la Cámara Baja inste al Gobierno a desarrollar “un protocolo de actuación integral para tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como para perseguir estos delitos de odio de forma contundente”. Es imprescindible que este protocolo esté “dotado de recursos económicos y personales que puedan hacer frente a estas situaciones de violencia y discriminación”.

Firman esta proposición no de ley los diputados de Izquierda Unida Alberto Garzón, Eva García Sempere, Ricardo Sixto y Joan Mena. Todos ellos coinciden en advertir de que en “los últimos años estamos recogiendo datos escalofriantes sobre los delitos de odio ocurridos en España (aquellos que se ejecutan contra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, discapacidad, religión, orientación o identidad sexual), con un importante peso de aquellos dirigidos contra la orientación sexual e identidad de género. Estas agresiones van desde amenazas, robos o agresiones, hasta abusos y violaciones”. De ahí que la iniciativa de IU pretenda también “promover la denuncia por parte de las víctimas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.

En el análisis hecho, los ponentes de Izquierda Unida muestran una especial sensibilidad con algunos aspectos particularmente graves detectados. De esta forma, basándose en estudios realizados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha constatado que “el número de personas menores de edad pertenecientes al colectivo LGTB que informan haber sufrido acoso, agresiones y tratamiento intimidatorio se ha duplicado con respecto al año anterior, alcanzando un 15 % del total recogido en 2015”.

Al mismo tiempo, “en 2015 se ha registrado que un 16 % de los agresores tenían menos de 18 años”. Esta situación, en una opinión que comparten IU y la FELGTB, “muestra la necesidad de formar y sensibilizar a los menores contra la LGTBfobia con el fin de frenar y prevenir este tipo de actuaciones”.

Por ello, en el iniciativa que se debatirá en el Congreso se plasma de forma práctica que se pongan en marcha “planes de formación y sensibilización para el profesorado de colegios e institutos en diversidad afectivo sexual puesto que los/as menores se encuentran más desamparados/as al no poder denunciar. Programas que den herramientas al personal docente para atender y prevenir los casos de LGTBIfobia”.

La proposición no de ley se completa con un punto en el que se reclama “elaborar y poner en marcha planes de formación y sensibilización en materia de diversidad afectivo sexual a los/as agentes de policía y guardia civil, que den herramientas para prevenir, detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia”.

Izquierda Unida quiere hacer frente así a datos tan preocupantes y decisivos como aquellos de los que advierte la Agencia Europea de Derechos Fundamentales: entre el 60 % y el 90 % de las personas que sufren delitos de odio no denuncian ni a las organizaciones ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Y no lo hacen -detalla la iniciativa- por miedo a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o porque tienen la convicción de que no cambiará nada”.

Fuente Cáscara amarga

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