El primer ministro húngaro, Viktor Orban,

Activistas de derechos humanos de Hungría condenan la ley de adopción como un “día oscuro para las personas LGBT +”

Los nacionalistas dijeron que la ley anti-LGBT + se había “vuelto necesaria” debido al coronavirus.

Los legisladores en Hungría aprobaron una medida para prohibir efectivamente la adopción de parejas del mismo sexo, continuando una ola de acciones preocupantes anti-LGBT + en el país.

El martes (15 de diciembre), el parlamento húngaro dio luz verde al proyecto de ley defendido por la ministra de asuntos familiares, Katalin Nova, que define a la familia como “basada en el matrimonio y la relación entre padres e hijos. La madre es una mujer, el padre un hombre ”.

La legislación enmienda la ley fundamental del país para atacar a las familias LGBT +, dejando en claro: “Hungría defiende el derecho de los niños a identificarse con su género de nacimiento y garantiza su crianza basada en la identidad constitucional de nuestra nación y los valores basados en nuestra cultura cristiana”.

La ministra de Justicia, Judit Varga, explicó que salvo algunas excepciones limitadas para los miembros de la familia, “solo las parejas casadas pueden adoptar un niño, es decir, un hombre y una mujer casados”. Las personas solteras que deseen adoptar deberán obtener un permiso especial del gobierno para garantizar que se mantengan en línea con los valores húngaros.

David Vig, director de Amnistía Hungría, dijo: “Este es un día oscuro para la comunidad LGBT + de Hungría y un día oscuro para los derechos humanos. Estas nuevas leyes discriminatorias, homofóbicas y transfóbicas, aprobadas apresuradamente al amparo de la pandemia del coronavirus, son solo el último ataque contra personas LGBT + por parte de las autoridades húngaras”.

El grupo de defensa de los derechos humanos, el Comité Húngaro de Helsinki, dijo que la constitución del país se ha “convertido en una herramienta de propaganda homofóbica”, y prometió “brindar la mayor ayuda posible a las víctimas del régimen antiliberal”.

Katrin Hugendubel del grupo europeo de defensa LGBT + ILGA-Europe dijo: “Estos proyectos de ley restringen aún más los derechos de los niños y padres LGBT + en Hungría. Los niños LGBT + se verán obligados a crecer en un entorno que les impide poder expresar sus identidades, y los niños de toda Hungría no tendrán familias seguras y amorosas, ya que la adopción está restringida solo a parejas heterosexuales casadas. Este intento de aprobar rápidamente estas nuevas leyes discriminatorias, homofóbicas y transfóbicas es parte de un ataque en curso contra las personas LGBTI por parte de las autoridades húngaras”.

El primer ministro nacionalista del país, Viktor Orbán, ha supervisado una serie de ataques contra personas queer en los últimos años, impulsando una nueva constitución que prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo y aprobando una ley para poner fin al reconocimiento legal de las personas transgénero.

Masen Davis, director ejecutivo de Transgender Europe dijo: “A principios de este año, Hungría hizo imposible que las personas trans cambiaran sus nombres y su marcador legal de género. Estamos profundamente preocupados por la salud y la seguridad de los niños y adultos trans en Hungría en un clima tan hostil. Hacemos un llamado al presidente de la Comisión de la UE, von der Leyen, para que aborde los derechos de los padres LGBT +, el intento de borrar a los niños con diversidad de género y la prohibición del reconocimiento legal del género en la evaluación del estado de derecho de la Comisión y los procedimientos en curso del Artículo 7 del TUE contra Hungría. “

Novak afirmó extrañamente antes de la introducción del proyecto de ley que se había “vuelto necesario” debido a la pandemia: “Debido a COVID, se ha hecho necesario un cambio en la ley fundamental. El gobierno también inicia una enmienda para reflejar los desafíos contemporáneos: Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer establecida por decisión voluntaria y la familia como la base de la supervivencia de la nación. Los lazos familiares se basarán en el matrimonio y la relación entre padres e hijos. La madre es mujer, el padre es hombre “.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

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Fuente Pink News

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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