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Encarnizada batalla por los derechos LGTB en Estados Unidos : sentencia judicial favorable en el ámbito laboral… y propuesta de ley discriminatoria de los republicanos

Viernes, 23 de marzo de 2018

historia-de-la-bandera-del-orgullo-gay-9En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

Manifestacion_gay_proximidades_Capitolio_2009La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

barack-obamaPara compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

justicia-lgtb-grande-300x191Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

partido-republicanoEn este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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La Administración Trump limita el acceso a anticonceptivos y amplía la discriminación por libertad religiosa

Martes, 10 de octubre de 2017

trumpEn un nuevo intento por mermar las prestaciones del Obamacare, la Administración de Donald Trump aprueba una normativa que autoriza la restricción del acceso a los anticonceptivos en los seguros médicos por motivos religiosos, así como abre a la discriminación laboral al permitir a las empresas rechazar candidatos o despedir trabajadores por motivos, no sólo religiosos, sino meramente morales.

Sigue adelante el plan de Donald Trump para «hacer grande América de nuevo», para lo que su única estrategia parece no ser otra cosa que deshacer todas y cada una de las medidas aprobadas por Barack Obama. Después de que en marzo le fuera imposible revocar el Obamacare al votar en su contra los «halcones» republicanos, este viernes, 6 de octubre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos aprueba una nueva normativa dirigida al personal sanitario a quienes amplia el margen para la discriminación por motivos morales y religiosos, que afectaría principalmente a las mujeres y al colectivo LGBT.

Una de las prestaciones del Obamacare era cubrir los métodos anticonceptivos de la mujer, pero con esta nueva normativa, las asociaciones sin ánimo de lucro, grandes compañías y empresas privadas tienen autorización para dejar de ofrecer anticonceptivos a través de sus planes de seguro de salud si tienen una «objeción religiosa o moral sinceramente sostenida». Pero además, esta misma disposición se extiende a pequeñas empresas y organizaciones que tengan objeciones «sobre la base de la convicción moral que no sea base en ninguna creencia religiosa particular».

Según Helth and Human Services, el impacto de esta medida afectaría solamente a un «99,9 % de las mujeres», basándose en que la mayoría de las 165 millones de mujeres que viven en los Estados Unidos no están en edad de procrear y teniendo en cuenta que sólo alrededor de 120.000 podrían ser afectadas al trabajar en alguna de las 200 entidades que han estado relacionadas con alguna demanda sobre el control de la natalidad. Sin embargo, expertos legales como Tim Jost, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee, argumentan que esta medida podría abrir la puerta a que cientos de empresas abandonen esta cobertura basándose en la libertad religiosa, como podrían ser los cientos de hospitales católicos, hogares de ancianos y organizaciones vinculadas con la iglesia, que simplemente podrían dejar de proporcionar preservativos de manera gratuita.

«La protección constitucional de las creencias religiosas y el derecho a ejercer esas creencias han servido bien a este país, nos han hecho uno de los países más tolerantes del mundo y también han ayudado a convertirnos en los más libres y generosos (…). El presidente Trump prometió que esta administración predicaría con el ejemplo en lo relativo a la libertad religiosa, y está cumpliendo esa promesa», declara Jeff Sessions, el ultraconservador fiscal general de la administración Trump, aludiendo a aquella afirmación de su presidente cuando aseguraba en marzo que «jamás, nunca defenderemos la discriminación religiosa, nunca, nunca». De acuerdo a la directiva del gobierno estadounidense, esta medida tiene efecto inmediato, algo que ha sido aplaudido por los sectores más conservadores, aunque organizaciones como la Unión americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de la Mujer, el Centro de Derechos Reproductivos y hasta la oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerrase han apresurado a interponer diferentes demandas con el objetivo de impedir su aplicación inmediata. 

Pero esta normativa va mucho más allá, dado que en favor de la libertad religiosa, entre los 20 «principios» que señala se encuentra la posibilidad de permitir a estas organizaciones, empresas y compañías la posibilidad de contratar únicamente a aquellas «personas cuyas creencias o conductas sean consistentes con los preceptos religiosos del contratante»permitiendo indirectamente que se pueda despedir a cualquier personas en base a su orientación sexual su identidad de género, o si simplemente son madres solteras, personas divorciadas o profesen otra religión. Una medida que en realidad ya había sido aprobada en marzo, aparte de que su administración ya se habría posicionado en contra del colectivo LGBT en los juicios contra empresas como Masterpiece Cakeshop y Altitude Express Inc, la primera por no querer hacer un pastel de boda a una pareja gay y la segunda por despedir a uno de sus trabajadores por ser gay. Asimismo, esta normativa permitiría que hospitales católicos podrán negar tratamientos a personas homosexuales o transexuales, como ya sucede en los servicios de salud mental en algunos estados.

Fuente Universogay

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El Gobierno de Estados Unidos dice que te pueden despedir por ser gay

Lunes, 28 de agosto de 2017

donald-zarda-696x522El mismo día que Donald Trump anunció la expulsión de las personas trans del ejército llevó a cabo otra medida homófoba.

El Departamento de Justicia ha solicitado que la protección por orientación sexual quede fuera de la Ley de Derechos Civiles.

Ampliamos la noticia que dábamos el pasado día 1 de agosto: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército. Hoy nos ocupamos de la primera:

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual. En 2010 Donald Zarda, instructor de paracaidismo, le dijo a una cliente que era homosexual para que se sintiera más segura a la hora de saltar atada a él. La mujer se quejó a Altitudd Express, la empresa para la que trabajaba Zarda, porque ella no quería acercarse a ningún homosexual bajo ningún concepto. El profesor fue despedido. Zarda denunció y en una primera instancia, se rechazó su demanda porque la Ley de Derechos Civiles no protege contra la discriminación por orientación sexual. Donald falleció en 2014 en Suiza y ahora su caso va a ser revisado.

El argumento de los demandantes es sencillo: El despido de Zarda contraviene la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación por laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”. Efectivamente, no dice nada de la orientación sexual ni de la identidad de género, algo que ni se planteaba en 1964. Y a eso se agarra la defensa que cuenta con un participante inesperado. Sin tener que ver en el proceso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha personado en el caso para argumentar que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles no es extensible a la orientación sexual, llevando la contraria a la administración Obama que había dado instrucciones para que la ley se interpretase a favor en estos casos. Es decir, no te pueden discriminar por ser negro pero sí por ser homosexual. Por lo tanto, según la Administración de Estados Unidos, está bien que te despidan por no ser heterosexual.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Y aquí es donde nos preocupamos. Primero, porque el gobierno de Trump se ha metido en el caso sin razón alguna y desde luego no para bien. Por otro lado, recordemos que el Departamento de Justicia está dirigido por Jeff Sessions conocido por su postura contra los derechos LGBT posicionándose contra la Ley Matthew Shepard con el argumento de que los crímenes de odio son simplemente “crímenes de pensamiento”, o su intento de prohibición de una conferencia LGTB en la Universidad de Alabama argumentado que el estado no podía hacer “promoción de la homosexualidad”.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Fuente | NYTimes, vía EstoyBailando/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Trump endurece su agenda anti-LGTB y reaviva el temor a una orden que permita la discriminación laboral argumentando razones religiosas

Martes, 1 de agosto de 2017

a2Ampliamos la noticia que yer mismo pubicábamos: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército.

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Un político abiertamente anti-LGTB, embajador para la libertad religiosa

Sam-Brownback-gobernador-de-Kansas-300x245Otro de los políticos más abiertamente LGTB de los Estados Unidos es el gobernador de Kansas, el republicano Sam Brownback, que durante sus años de congresista en Washington (primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado) votó siempre en contra de cualquier medida en favor de los derechos LGTBI. En 2003 fue uno de los impulsores de una propuesta de enmienda para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución de los Estados Unidos (que no llegó a materializarse), mientras que en 2015, siendo ya gobernador de Kansas, emitió una orden ejecutiva retirando la protección contra la discriminación a los trabajadores LGTB implementada ocho años antes por Kathleen Sebelius, entonces gobernadora demócrata.

Pues bien, Sam Brownback ha sido nominado por Donald Trump como nuevo embajador del Departamento de Estado para la libertad religiosa, un cargo creado en 1998 y cuya función es la de  velar por la “libertad religiosa” en el mundo (aún debe ser ratificado por el Senado, pero nadie espera que en este caso haya sorpresas). Por mucho que su nominación sea vista por muchos como una forma de dar continuidad a la carrera política de Brownback (uno de los gobernadores con menor popularidad del país), el hecho de que una persona con un perfil tan marcadamente LGTBfobo sea considerada la más idónea para este puesto muestra que para la administración Trump “libertad religiosa” y oposición a los derechos LGTB van de la mano.

Rumores de una próxima orden ejecutiva anti-LGTB

trumpSi a estas decisiones y al historial de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas), unimos el reciente (y sorpresivo) anuncio en Twitter de que las personas transexuales tendrán vetado el acceso al Ejército estadounidense, no es de extrañar que de nuevo se hayan reavivado los rumores de que Donald Trump podría emitir en breve la tan temida orden ejecutiva para revertir, en nombre de la “libertad religiosa”, la prohibición decidida por Barack Obama en 2014 de que aquellas empresas y negocios que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminen a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género.

A finales de enero, de hecho, numerosos medios recogieron la existencia de un borrador en ese sentido, aunque finalmente la Casa Blanca emitió un comunicado desmintiendo que en ese momento estuviese en la agenda de Trump la anulación de la orden de Obama. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron entonces que la hija y el yerno de Donald Trump fueron los responsables de que el presidente no firmara la orden ejecutiva contra el colectivo LGTB. Semanas después, Donald Trump sí que emitió una orden ejecutiva sobre “libertad religiosa”, pero menos polémica de los previsto. Su objetivo no era otro que facilitar a los grupos religiosos intervenir en política sin perder por ello sus ventajes fiscales, pero dejaba fuera los aspectos relacionados con los derechos LGTB. Sin embargo, los recientes acontecimientos y el anuncio por parte de Tony Perkins, presidente del ultraconservador y LGTBfobo Family Research Council, de que Trump podría haber decidido rescatar la orden y firmarla en próximos días ha disparado de nuevo las alarmas. Veremos qué sucede.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Supremo de EE. UU. prefiere no pronunciarse sobre los derechos del alumnado trans después de que Trump le retirase la protección federal

Sábado, 11 de marzo de 2017

Tribunal-Supremo-Estados-UnidosEn un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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La administración Trump da luz verde a que las escuelas que reciben fondos federales puedan discriminar a los estudiantes trans

Sábado, 25 de febrero de 2017

trumpLa administración Trump ha revocado las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, según las cuales los centros educativos que reciben financiación federal debían permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La decisión, no por esperada (había sido adelantada por el ahora vicepresidente Mike Pence en campaña electoral) deja de suponer un golpe muy duro a las personas trans en ese país. La decisión se acompaña, además, de la retirada del apoyo federal a todas las iniciativas de defensa de los derechos de las personas trans en los tribunales, semanas antes de que el Tribunal Supremo decida precisamente sobre la demanda del joven Gavin Grimm, un chico trans al que su instituto prohíbe usar el baño de chicos.

La directiva que ahora deja de estar en vigor fue enviada en mayo de 2016 por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país. Según aquel texto, prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera de la directiva. Junto a la directiva, de hecho, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Hoy todo ello es historia. La transfobia institucional que el Partido Republicano promueve, y de la que el vicepresidente Pence es uno de sus principales valedores (el propio Pence anunció en campaña que la política de protección del alumnado trans sería una de las que la nueva administración revisaría en caso de ganar Trump las elecciones) se ha impuesto a la que solo meses antes parecía una postura relativamente favorable de Trump a los derechos de las personas trans (e incluso, según asegura The New York Times, a la postura que defendía la nueva secretaria de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos, inicialmente proclive a mantener la política de Obama en esta materia). La protección de los estudiantes trans queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la ya vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado, y cuya aprobación desencadenó, en buena parte, la reacción de la administración Obama).

Está por ver también qué sucede ahora con la batalla judicial que la decisión de la administración Obama descencadenó. Recordemos, en este punto, que en verano de 2016 el juez federal de Texas Reed O’Connor emitía una medida cautelar (preliminary injuction) que dejaba en suspenso, justo antes de que empezara el curso escolar, la orden de la administración Obama. La sentencia de O’Connor era la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación. El Departamento de Justicia, que bajo la administración Trump ha pasado a estar dirigido por Jeff Sessions, uno de los políticos más abiertamente LGTBfobos de los Estados Unidos, ya había ordenado dejar de defender la directiva en los tribunales antes incluso de que esta fuese derogada.

El joven Gavin Grimm, sin apoyo de la administración federal

Transgender high school student Gavin Grimm poses in front of his home in Gloucester, Va., Monday, Aug. 22, 2016. A Virginia school board is expected on Monday to formally ask the U.S. Supreme Court to hear a case brought by a transgender teen who wants to use the boys restroom at school. (AP Photo/Steve Helber) Otro de los damnificados por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense es el joven Gavin Grimm, que pierde el apoyo federal en su lucha por el derecho a usar el baño de chicos de su instituto de Gloucester (Virginia) y cuyo caso es uno sobre los que próximamente debe pronunciarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Cuando el juez Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina. Una orden que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente a requerimiento del instituto y sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado (las audiencias del caso están previstas en marzo).

La decisión del Tribunal Supremo en este caso marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Y hoy día las perspectivas son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. Habrá que estar atentos además a cómo el nuevo marco jurídico federal afecta al caso (cuyo origen en cualquier caso es anterior a que la administración Obama emitiese sus directrices en favor de los estudiantes trans). Estaremos atentos…

Fuente Dosmanzanas

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Jeff Sessions, uno de los políticos en activo más claramente anti-LGTB de los Estados Unidos, confirmado por el Senado como nuevo fiscal general

Sábado, 11 de febrero de 2017

jeff-sessionsYa es oficial. Jeff Sessions, senador republicano por el estado de Alabama, es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, cargo de gran importancia en la administración de ese país (equivalente al de ministro de Justicia en otros gobiernos). Tras ser propuesto por el nuevo presidente, Donald Trump, este miércoles recibía la confirmación del Senado. Sessions, uno de los políticos en activo más abiertamente anti-LGTB, releva en el cargo a Loretta Lynch, que por el contrario demostró ser una activa defensora de la igualdad. Un cambio que simboliza lo profundo del viraje político que Estados Unidos ha experimentado. Para mal. 

Jeff Sessions no es precisamente un desconocido en la política estadounidense. Durante los ochenta fue fiscal en el sur de Alabama. Fue incluso propuesto como juez, pero tras ser acusado de realizar una serie de comentarios de tipo racista hacia los negros no logró ser confirmado. Ello no truncó su carrera política: en 1994 fue elegido fiscal general del estado de Alabama y desde 1996 es senador por ese estado, uno de los más socialmente conservadores de todo el país.

Ello hace que se conozcan perfectamente todos sus posicionamientos en materia LGTB durante las últimas tres décadas. Y aunque podrían resumirse en una sola frase (opuesto frontalmente a cualquier avance), no está de más repasarlos:

  • En primer lugar, la posición que posiblemente mejor define su homofobia: Jeff Sessions se ha opuesto públicamente y de forma reiterada a la célebre sentencia de 2003 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Lawrence vs. Texas. Para los que no la conozcan, se trata de la sentencia que despenalizó las relaciones homosexuales en Estados Unidos (hace ahora un año hablamos de ella con cierta extensión, al referirnos a la muerte de Antonin Scalia, uno de los jueces del Supremo que se opuso). No es de extrañar: siendo fiscal general de Alabama, el propio Sessions recurrió en 1996 a la legislación que castigaba las relaciones homosexuales en ese estado. Lo hizo con el objeto de impedir la celebración de una reunión de estudiantes LGTB (no lo consiguió: un juez federal acabó permitiendo que tuviera lugar).
  • Siendo senador, Jeff Sessions se opuso reiteradamente a la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a las personas LGB ser miembros del Ejército a no ser que mantuviesen en secreto su orientación sexual.
  • Sessions también ha sido uno de los enemigos más encarnizados del matrimonio igualitario. Hasta el punto de que en 2004 fue uno de los promotores de una iniciativa de reforma constitucional para prohibirlo. De haber tenido éxito (hoy parece imposible, pero en aquel momento la opción estuvo realmente sobre la mesa) hoy día la Constitución de los Estados Unidos tendría una enmienda que hubiera definido el matrimonio como una institución estrictamente heterosexual. Por supuesto, en 2015, después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio, Sessions criticó duramente la sentencia, que calificó como un acto de “suprema arrogancia” de los cinco jueces que votaron a favor por oponerse a las convicciones “que han definido el curso de la civilización occidental”.
  • Por supuesto, Sessions se ha opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa contra la discriminación de las personas LGTB, incluyendo la mera inclusión de los delitos por orientación sexual o identidad de género en la categoría de crímenes de odio a nivel federal (algo que no se consiguió hasta 2009, con la aprobación de la “Matthew Sephard Act”. A la que Sessions se opuso con su voto).
  • Jeff Sessions también se ha opuesto activamente a cualquier iniciativa de financiación con fondos federales de programas de educación sexual para prevenir la infección por VIH y otras ITS.

Todos los senadores republicanos y un demócrata votan a favor

Este es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, propuesto por Donald Trump (que incluso llegó a barajar su nombre como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia) y confirmado por el Senado, con el voto de todos los senadores republicanos (incluso los supuestamente “moderados”) y del senador por Virginia Occidental Joe Manchin, de convicciones conservadoras pese a su adscripción oficialmente demócrata.

Si ya el perfil de Sessions es fuertemente homófobo, su nombramiento adquiere un valor especialmente simbólico de la era Trump si se tiene en cuenta que su antecesora Loretta Lynch, primera mujer afroamericana en desempeñar ese cargo, trabajó activamente en favor de los derechos de las personas LGTB. La rotundidad de su posicionamiento frente a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte marcó, en este sentido, un antes y un después. Lynch, de hecho, presentó una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su entonces gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Una demanda a la que mucho nos tenemos espera un futuro oscuro con Sessions como fiscal general.

Fuente Dosmanzanas

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“Extremistas, racistas y fanáticos”: así son los católicos que formarán parte del Gobierno de Donald Trump

Lunes, 23 de enero de 2017

mikepenceytrump2algunas-de-las-nominaciones-de-trump-para-su-gabineteEl Consejo de Iglesias de EE.UU. alerta de sus propuestas “incompatibles con los principios cristianos”

“Representan un pasado de odio y exaltación de ideologías racistas, antisemitas y antimusulmanas”

“Sectores católicos han buscado un acercamiento al presidente-electo en base solo de los asuntos pro-vida, excluyendo a otras convicciones religiosas”

Todos los miembros del gabinete de Trump son LGTBfóbicos

(C. Doody).- En apenas dos horas, Donald Trump se convertirá en el 45 presidente de los Estados Unidos. La gran potencia mundial pasará a ser gobernada por un magnate de los negocios, sin pelos en la lengua y extremadamente polémico. También, desde el punto de vista religioso. Y es que la religión ha sido, precisamente, una de las claves de la victoria de Trump y, posiblemente, también lo será de sus primeros meses en la Casa Blanca.

“Estamos seriamente preocupados por las elecciones que Trump haga para su gabinete”. Esta fue la advertencia que lanzó hace poco el Consejo Nacional de las Iglesias de EEUU (NCC), temiendo que el republicano se rodee de un equipo que predica valores “moralmente inconsistente con los principios cristianos” y “antitéticos a los valores americanos”.

¿Cuáles fueron los motivos por esta preocupación del organismo ecuménico más importante del país? El NCC alertó que tres miembros del equipo representan una particular amenaza: Steve Bannon como consejero presidencial; Jeff Sessions como Ministro de Justicia; y Michael Flynn como Asesor de Seguridad Nacional. Los tres, alegó el NCC, plantean “perspectivas extremistas, racistas y fanáticas” diametralmente opuestas a los principios evangélicos del amor al prójimo y la igualdad.

“Estos candidatos”, criticó el Consejo de la Iglesias, “representan un pasado de odio que hemos venido denunciando y que trabajando infatigablemente para erradicar”. Añadió que el historial de los tres futuros asesores de Trump están marcados por “la defensa y exaltación de ideologías racistas, anti-semitas, de la supremacía blanca y anti-musulmanas”, que “no solo son inaceptables, sino que deberían descalificarlos para trabajar como servidores públicos”.

Pero no son las únicas razones para que los cristianos de EEUU siguen preocupados por la forma que está tomando su nuevo gobierno. Trump también ha propuesto a un negacionista del cambio climático, Scott Pruitt, para dirigir la Agencia de Protección del Medio Ambiente. También ha nominado a un neurocirujano contrario a los programas públicos de bienestar social, Ben Carson, para encabezar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Por otro lado, Tom Price -enemigo declarado del Obamacare-, podría liderar el Departamento de Sanidad. Price ha sido acusado de tráfico de influencias por haber realizado operaciones financieras en compañías de salud con información privilegiada, supuestamente habiéndose beneficiado de al menos 300.000 dólares, de los que habrá de responder ante el Congreso.

Una multimillonaria y defensora de privatizar el sistema de escuelas públicas, Betsy DeVos, dirigirá el Departamento de Educación. Otro multimillonario, Steve Mnuchin, llevará la Hacienda pública. Se trata de un ex-ejecutivo de Goldman Sachs que ejecutó la hipotecas de miles de estadounidenses, incluyendo la de una anciana de 90 años por una deuda de 27 centavos.

Rex Tillerson, otro magnate, dirigirá el Departamento de Energía, habiendo sido director ejecutivo de ExxonMobil. Aboga por el levantamiento de sanciones económicas a Rusia y a los límites ya existentes a la exploración petrolífera.

¿Y quiénes son los católicos que integrarán el nuevo gabinete? ¿Quiénes, cabría pensar, velarán en sus nuevas capacidades políticas por el tejido social, la dignidad humana de cada uno, y por el medio ambiente?

Son al menos seis. Junto a Bannon y Flynn, las nominaciones de Trump a los puestos de director del Consejo de Política Doméstica, Andrew Bremberg, y al de Secretario de Empleo, Andrew Puzder, son católicos. También lo son dos de los más importantes miembros del equipo de comunicaciones del magnate, Kellyanne Conway y Sean Spicer.

Las nominaciones de Puzder y Conway han sido particularmente controvertidas, y suponen una prueba más de cómo ciertos sectores católicos han buscado un acercamiento al presidente en base solo de los asuntos pro-vida, excluyendo a otras convicciones religiosas.

Puzder no solo se ha opuesto al aumento del salario mínimo, sino que también se ha visto inmerso en controversias por algunos anuncios de mujeres semidesnudas para la cadena de comida rápida de la que es director ejecutivo. Pero como también ha trabajado para que los mecanismos de adopción sean más fáciles y acesibles -como fundador de la Red Común de la Vida y Elección- fue alabado hace por uno de los grupos pro-vida más importantes de EEUU como un “campeón de la dignidad de las mujeres y los niños.

Conway, por su parte, anunció que se dirigirá el 27 de enero a los asistentes a la Marcha por la Vida en Washington, una manifestación masiva que se convoca cada año en el aniversario de la decisión judicial que legalizó el aborto en 1973. La confirmación de su asistencia ha levantado ampollas entre algunos sectores de la sociedad no solo porque romperá por primera vez la norma no escrita de que oficiales de la Casa Blanca no acudan a este tipo de actos, sino también por robar protagonismo a la Marcha de las Mujeres convocada por el movimiento anti-Trump para ese mismo sábado.

Aunque esta última manfestación reivindicará los derechos de las minorías raciales, los inmigrantes, los trabajadores y los homosexuales, no se ha confirmado la asistencia allí de ninguno de los miembros del nuevo gobierno.

Fuente Religión Digital

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Todos los miembros del gabinete de Trump son LGTBfóbicos

Lunes, 5 de diciembre de 2016

58177a15150000d804530d10-630x400Todos y cada uno de los nombres propuestos o confirmados por Trump para formar parte de su gobierno son contrarios a los derechos del colectivo LGTB.

Aunque el gobierno de Trump no entrará a trabajar hasta enero, el próximo presidente de los Estados Unidos ya está eligiendo a los miembros de su gabinete. Y todos y cada uno de los elegidos (o no elegidos pero cuyos nombres han sonado por ahí) son contrarios a los derechos del colectivo LGTB.

Desde oponerse al matrimonio igualitario hasta no reconocer los derechos de las personas trans, pasando por defender las “terapias de conversión“, menospreciar la masacre de Orlando u oponerse a la derogación del Don’t Ask Don’t Tell: no hay ni un solo elegido que esté a favor del colectivo LGTB. Si eres de los que decían que Trump no sería tan malo para el colectivo y que Hillary era peor porque Trump una vez cogió una bandera del Orgullo (del revés), prepárate a sentir con la lista que desde Pink News han preparado.

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111010_jeff_sessions_ap_328-520x282Jeff Sessions: Fiscal General

Senador por Alabama, Sessions tiene un cero en cuestiones LGTB en la tabla de puntuación que la Human Rights Campaign hace de cada congresista. Sessions luchó con fuerza contra el matrimonio igualitario, está a favor de las leyes de “libertad religiosa” (la excusa de los conservadores para discriminar a personas LGTB legalmente) y además era un fiero oponente de permitir que las personas abiertamente homosexuales sirvieran en el ejército.

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112311_betsydevos_tm04Betsy DeVos: Secretaria de Educación

La familia DeVos es una de las mayores donantes (de dinero, evidentemente) a organizaciones antiLGTB como la NOMA (National Organization for Marriage) a la que soltó medio millón de dólares o la Floria4Marriage (100.000 dólares). Además se gastó 200.000 dólares en el apoyo a una ley para prohibir el matrimonio igualitario en Michigan.

La parte positiva es que todo ese dinero no sirvió para nada porque el Supremo lo legalizó, y al Supremo (por ahora) no puede comprarlo.

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tom-price-520x272Tom Price: Secretario de Salud y Derechos Humanos

Price también tiene un cero en la tabla de puntuación de la HRC sobre congresistas. Es uno de los creadores de la First Amendment Defence Act, un intento de hacer que las leyes de “libertad religiosa” sean aprobadas a nivel federal. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario por el Supremo, Price dijo que “El fallo de hoy del Tribunal Supremo sólo nos sirve para animar a usar el sistema judicial como trampolín para apoyar agendas ajenas a las estructuras democráticas y legislativas del gobierno. Treinta estados tienen leyes que prohíben el matrimonio gay desde el año 2000, y aún así la legislación desde un estrado se sobrepone a la opinión pública y a nuestros representantes electos.

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mike-penceMike Pence: Vicepresidente

De Pence ya te hemos hablado mucho (y más que lo vamos a hacer). Además de haber defendido la “libertad religiosa” cuando era gobernador de Indiana (legalizando la discriminación legal del colectivo LGTB), Pence propuso retirar fondos de la lucha contra el VIH para destinarlos a organizaciones que fomentaban las “terapias de conversión. A principios de año, en una entrevista en televisión, fue incapaz de responder a la pregunta de un periodista sobre si apoyaba o no la discriminación a personas LGTB.

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elaine_chao-sansflag-520x294Elaine Chao: Secretaria de Transportes

Chao ya trabajó a las órdenes de George W. Bush y fue responsable de la Secretaría de Trabajo, que en su momento tenía un departamento que se encargaba de luchar contra las directrices laborales que protegían al colectivo LGTB de discriminación. Además es la mujer del líder de la mayoría republicana del Senado, al que apoyó fervientemente en su lucha contra la inclusión de la orientación sexual a la definición de los delitos de odio. Y evidentemente, ha hecho mucha campaña contra el matrimonio igualitario.

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reince-priebus-reforms-520x304Reince Priebus: Jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca

Priebus es el responsable de que la posición actual del Partido Republicano sea la más homófoba en décadas. Como Director del Comité Republicano Nacional, Priebus promovió políticas que situaron al partido en contra del matrimonio igualitario y la adopción, en contra de prohibir las “terapias de conversión” y a favor de las leyes de “libertad religiosa“.

Además declaró a la prensa que “los hechos demuestran” que los hijos de parejas homosexuales tienen más posibilidades de acabar siendo arrastrados a las drogas y el crimen. ¿Te recuerda a alguien?

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mike-flynn-678x381-520x292Michael Flynn: Consejero de Seguridad Nacional

Flynn es un teniente retirado del ejército que atacó a Obama por eliminar la prohibición de que las personas trans sirvieran en el ejército: “A menudo, muy a menudo, nuestras tropas son distraídas por problemas triviales, problemas sobre qué palabras usar, qué terminología es políticamente correcta o qué puerta de qué baño pueden abrir. Díos mío, la guerra no va sobre los lavabos. La guerra no es sobre la corrección política o palabras que no tienen sentido.

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kt-mcfarland-1-sizedKathleen McFarland: Consejera Adjunta de Seguridad Nacional

De esta señora ya te hablamos en otro artículo porque lo suyo es para darle de comer aparte. Cuando McFarland era senadora por el estado de Nueva York en 2006, se hizo pública una carta que le había escrito a sus padres en 1992 en la que hablaba sobre su hermano, del que se acababa de enterar que tenía VIH:

¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nunca me relacioné con Mike ni dejé que mis hijas se relacionaran con él a pesar de que vive sólo a quince minutos? Siempre ha sido homosexual, la mayoría de sus relaciones son breves, pasajeros de una noche.

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unknownNikki Haley: Embajadora de las Naciones Unidas

Cuando Haley era Gobernadora de Carolina del Sur, defendió la prohibición del matrimonio igualitario en su estado. Incluso se negó a apoyar al candidato republicano en 2012, Mitt Romney, hasta que éste le aseguró que creía que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer.

Por lo visto con el paso del tiempo Haley ha cambiado un poquito de opinión y en su momento se negó a crear una ley anti-trans en su estado, aunque tampoco creó ninguna ley que protegiera al colectivo LGTB frente a la discriminación. Haley incluso llegó a pedir al Partido Republicano que respetara a las “familias modernas. Aún así, declaró que “si estuviéramos en la Casa Blanca, respetaríamos las diferencias en las familias modernas, pero también insistiríamos en el respeto a la libertad religiosa como piedra angular de nuestra democracia.

Por ahora esos parecen ser los nombres que parecen confirmados para formar parte del gobierno de Trump.

Pero hay varios rumores que señalan a otros posibles candidatos que no pueden faltar en esta lista porque chica, Dios los cría y ellos se juntan. Nuestro favorito, éste señor:

 

bill-pryor-gay-porn1a-page-0-300x413220px-portrait_of_us_federal_judge_william_h-_pryor_jrBill Pryor: Juez del Tribunal Supremo

Aunque en la última etapa de su campaña Trump aseguró que protegería a las personas LGTBQWERTY, al principio lo que decía era que iba a poner en el Supremo a jueces conservadores que derogaran el matrimonio igulitario. Los rumores apuntan a que uno de los jueces que Trump quiere usar para volver las leyes aún más conservadoras es Bill Pryor. Pryor declaró en su momento, cuando era Fiscal General de Alabama, que el sexo gay era similar al incesto, la poligamia, la pedofilia, la prostitución y el adulterio… Y que todo el que lo practicara (incluso en privado) podía ser enviado a la cárcel.

El destino ha querido que a Pryor le acose un incómodo rumor que podría ser a su vez el motivo por el que ha conseguido medrar fácilmente: varias fotos suyas desnudo en una revista gay de los años 80. Si el de las fotos realmente es Pryor, algunos analistas políticos señalan que los Republicanos podrían estar utilizándolas para chantajearle y que legisle como a ellos les interesa.
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pic_giant_042715_sm_david-clarke-520x304David Clarke: Director del Departamento de Seguridad Nacional

Trump se ha reunido con este señor, David Clarke, que ahora mismo es Sheriff del Condado de Milwaukee, para ver si finalmente lo nombra jefazo de la Seguridad Nacional. Debe saber mucho del tema porque, tras la masacre del Club Pulse de Orlando, Clarke aseguró que el debate sobre el control de armas que surgió a posteriori era una “distracción.

Chicos, nos hemos comido el queso. Como en una trampa para ratones, con un enorme trozo de queso en ella. Ya sabéis lo que pasa cuando el ratón toca el queso. Pues exactamente eso es lo que hemos hecho después de la masacre de Orlado. Permitimos a la izquierda utilizar el control de armas como un objeto brillante para distraernos de los errores de la señora de Bill Clinton. Le estábamos machando por lo de Benghazi, y lo que la izquierda ha hecho ha sido explotar esas distracciones. Algo surge, algo brillante… Saben que pueden sepultarnos bajo estos debates que no van a cambiar nada.

Sí, la peor masacre en territorio estadounidense después del 11S resultó ser un atentado homófobo. Pero para este señor sólo fue “una distracción” utilizada por los demócratas.

Además ha llegado a decir que hay más evidencias de que las personas trans sufren problemas mentales en lugar de físicos y dijo que las personas trans llevan un “estilo de vida de bichos raros“.

Y así están las cosas… ¿De verdad aún hay alguien que se va a atrever a decirnos que Trump no será tan malo para el colectivo LGTB y las minorías raciales? 

Vía EstoyBailando

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El efecto Trump: 437 denuncias por incidentes de odio relacionados tras el resultado electoral

Jueves, 24 de noviembre de 2016

bandera-EEUU-rota-GettySe ofrecen clases de defensa personal gratuitas a miembros del colectivo LGTB y mujeres de cualquier orientación sexual como medida para superar el temor a lo que pueda venir tras la victoria electoral de Donald Trump que ha disparado los incidentes de odio en los Estados Unidos, particularmente contra los inmigrantes, los afroamericanos y el colectivo LGTB.

Se han denunciado 437 incidentes de «hostigamiento por odio e intimidación» en los Estados Unidos entre lael 9 de noviembre, al día siguiente de la victoria electoral de Donald Trump, y el lunes, 14 de noviembre, una cifra que pasaría totalmente desapercibida en un país de más de 300 millones de habitantes, si no fuera porque parece estar directamente relacionada con los mensajes esparcidos por el propio Trump a lo largo de su campaña electoral, que parece haber despertado la homofobia y la xenofobia soterradas, pero latentes, en el ciudadano estadounidense en un efecto similar al producido por la victoria del Brexit. Tal es así que Michael Una, un instructor de artes marciales identificado con el colectivo LGTB ha decidido ofrecer cursos gratuitos de defensa personal.

«Una clase libre de autodefensa y artes marciales para la comunidad LGBTQ y mujeres de cualquier orientación» es la propuesta que Michael Una, de 35 años de edad, hace al llamar a Stronger Together, nada que ver con el libro publicado en campaña electoral por Hillary Clinton y Tim Kane, Stronger together: a blueprint for America’s future, sino con una asociación dispuesta a terminar con la esclavitud laboral a través de todo tipo de cursos y talleres de formación, así como asesoramiento legal a los trabajadores. La primera clase ha sido fijada para este domingo, 20 de noviembre, y la respuesta del público ha sido tan abrumadora que ya se han fijado tres fechas adicionales.

«Bastante rápidamente, nuestros peores temores parecían hacerse realidad (…). Es realmente malo para mucha gente, pero especialmente para la gente que ya está marginada», declara Una, alertando que la ansiedad de seguridad post-electoral es más que palpable, haciendo referencia al reciente nombramiento de Jeff Sessions como Fiscal General y el de Steve Bannon como jefe de estrategia, entre otros. Una se dedica habitualmente a la fabricación de instrumentos electrónicos personalizados, además de escribir ocasionalmente para Chicagoist.

El objetivo de sus clases es ofrecer consejos prácticos de protección y defensa personal, pero también ayudar con la necesidad más amplia de empoderamiento después de las elecciones en general. Su propósito es que los asistentes a su curso se vayan con «la capacidad de reaccionar ante el conflicto tal como se presenta», pero también contribuir a «aumentar el sentimiento personal de una persona, en el día a día (…). La idea no es crear un ejército de ninjas queer para vigilar la ciudad (…). Es ayudar a la gente a sentir que tienen la fuerza para hacer el trabajo real que hay que hacer (…). Todos los que no son blancos, heterosexuales y cristianos han tenido que sentirse muy asustados. Queremos cambiar eso».

La mayoría de las denuncias (136) se refieren a incidentes contra inmigrantes, seguidos de acciones contra las personas afroamericanas (89), estando la hostilidad hacia el colectivo LGTV (43) en la tercera posición de esta lamentable clasificación. Son datos proporcionados por Southern Poverty Law Center que señalan que la mayor parte de los incidentes se han producido en centros de enseñanza, universidades, lugares de trabajo y propiedades privadas, ya fueran domicilios o vehículos. También es cierto que señalan que el punto álgido de las hostilidades se producía al día siguiente a la elección de Donal Trump como presidente, para disminuir progresivamente a lo largo de los siguientes días. California es el estado en el que más agresiones se han denunciado, seguido de cerca por los de Texas, Washington, Florida y Nueva York.

Fuente Universogay

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