D.Fernando de los Ríos en un Mitin en Granada (1933). Archivo fotográfico de la Fundación Fernando de los Ríos.

Presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede del libro de Carlos García de Andoin

El pasado jueves 5 de octubre, con el foco informativo puesto en el Sínodo de la Sinodalidad, pasó desapercibido en Roma un significativo acto, la presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede del libro de Carlos García de Andoin, ‘Fernando de los Ríos. La construcción del Estado laico’

Con la Embajadora Isabel Celáa como anfitriona del acto y el salón lleno tomaron la palabra el cardenal de Barcelona Juan José Omella, el profesor de La Sapienza, Stefano Cecanti, y el autor del libro, Carlos García de Andoin

La Embajadora resaltó el perfil político de Fernando de los Ríos y de la idoneidad del lugar para presentar un libro que trataba sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Destacó  la cercanía y amistad del ministro con el escritor y dramaturgo Federico García Lorca.

“Este político socialista republicano, atribuye a la religión su propia orientación política”

14.10.2023

El pasado jueves 5 de octubre, con el foco informativo puesto en el Sínodo de la Sinodalidad, pasó desapercibido en Roma un significativo acto, la presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede del libro de Carlos García de Andoin, ‘Fernando de los Ríos. La construcción del Estado laico’.

Con la Embajadora Isabel Celáa como anfitriona del acto y el salón lleno tomaron la palabra el cardenal de Barcelona Juan José Omella, el profesor de La Sapienza, Stefano Cecanti, y el autor del libro, Carlos García de Andoin.

La Embajadora resaltó el perfil político de Fernando de los Ríos, su procedencia de la Institución Libre de Enseñanza y la importante obra educadora llevada a cabo por la Segunda República. La idoneidad del lugar para presentar un libro que trataba sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Por último, también destacó la cercanía y amistad del ministro con el escritor y dramaturgo Federico García Lorca, alumno suyo a quien siempre protegió y apoyó. Ensalzando el valor de la obra que se presentaba, dio la palabra a los intervinientes en la mesa.

De izda a dcha:La embajadora Isabel Celáa, el cardenal arzobispo de Barcelona y Presidente de la CEE, Juan José Omella, el autor Carlos García de Andoin y el profesor de la Universidad de La Sapienza Stefano Cecanti

Tomó la palabra el cardenal Juan José Omella, quien destacó el perfil religioso de Fernando de los Ríos.

De los Ríos, cristiano erasmista, por el cardenal Omella.

Su autodenominación como “cristiano erasmista”. Parece ser una anécdota socorrida, que, De los Ríos, tras la guerra civil, al rellenar el formulario ante las autoridades de inmigración, al preguntársele por su religión, se identifica como “cristiano erasmista”. Pero parece más que un sucedido. Muchos amigos le identifican públicamente así (Prieto, García Lorca, Jiménez de Asúa…) y él mismo escribe y reflexiona sobre el erasmismo en España. Parece ser expresión de su admiración hacia un movimiento seguidor de Erasmo y de su cristianismo evangélico, culto, ético y espiritual.

De izda a decha: Stefano Cecanti, Isabel Celáa, Juan José Omella y Carlos García de Andoin.

La importancia de lo que llama la “emoción religiosa”. Refleja lo que para él es principalmente la religión, una visión antiintelectual y antidogmática. En el libro se cita un artículo de la Semana Santa de 1917, “En torno a la emoción religiosa” donde escribe que, para él, “el acto religioso nace en la máxima intimidad y recato; con él vienen a la vida las emociones que fecundizan los más hondos deseos del ideal” (1997c: 19). Es una visión que une experiencia religiosa y moral: “la sed de lo infinito es una llama que va quemando todo cuanto halla en el interior tocado de mancilla y se quema, además, a sí misma; antes de hacerlo influye en la vida, exaltando el amor a la virtud, a la perfección concreta” (1997c: 20). Va a mencionar expresamente la oración con bellas palabras en las que resuena la religiosidad popular andaluza: “la oración es el momento lírico supremo, por esto es lo individual por excelencia y el plano en que vive la emoción religiosa. La oración es el vehículo verbal de nuestra sed de lo absoluto, la saeta construida por la razón para calmar las solicitaciones angustiosas del sentimiento; la oración es antidogmática precisamente por ser lírica” (1997c: 20).

Fernando de los Ríos con su hija Laura, que casaría con Francisco García Lorca, hermano de Federico.

Me ha llamado la atención también la influencia de su educación religiosa familiar. Su madre, Doña Fernanda Urruti, que rezaba a diario el Kempis, llevaba a sus hijos con un “sentido de cristianismo primitivo” a visitar y ayudar a las familias pobres de Ronda. Así lo expresa el propio De los Ríos: “desde niño nos enseñó a mis hermanos y a mí que teníamos que ocuparnos de la vida de la familia de unos cuantos pobres; y me recuerdo a mí mismo visitando la casa de esos pobres, preguntándoles por sus necesidades y yendo a mi casa muchas veces compungido y dolorido y sin poder contener los sollozos por la miseria que había visto, y a la que yo procuraba poner remedio mediante la dadivosa actitud de mi madre” (1997d: 222-223). El libro recoge que cuando en 1980 traen los restos de De los Ríos de Nueva York, donde sufrió el exilio, al cementerio civil de Madrid, su hija Laura se refirió al “fondo profundamente religioso” de su padre y a la influencia en él de su madre “esencia de cristiana vieja”.

Asimismo, la centralidad que da a la educación cristiana de su hija. Escribiendo en 1926 una carta desde Nueva York a su mujer Gloria, le dice “Di a mi hija de mi alma que no deje de escribirme […] que no olvide mis ruegos, que cultive su corazón y su alma religiosa meditando el Evangelio, que lea el Padre Nuestro y el sermón de la montaña y haga todas las noches su examen de conciencia; que piense en Dios como el ser perfecto a quien debemos imitar embelleciendo moralmente todos los días nuestra propia vida y llevando el bien a cuantos podamos”.

“Este político socialista republicano, atribuye a la religión su propia orientación política”

No puedo dejar de anotar el papel que este político socialista republicano, atribuye a la religión su propia orientación política. Dice que el contacto con la miseria por solidaridad con familias jornaleras pobres en la Ronda de abajo “me ha hecho tanto bien en la vida –perdóneseme esta pública confesión por vez primera- que creo que ha sido lo que determinó incluso mi posición socialista una vez que llegué a la edad adulta” (De los Ríos, 1997d: 223).

Fernando de los Ríos, Pablo Iglesias (fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores) y Julián Besteiro, en Celorio, Asturias (1921)

El cardenal Omella se detuvo en la relación que mantuvieron De los Ríos y el cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer, en aras a un acuerdo de conciliación entre el Gobierno repubñicano y la Iglesia que finalmente fracasó con el articulado de la Constitución, de carácter eliminatorio para con la Iglesia.

Finalmente recordó que la Constitución de 1978 había conseguido llegar a los acuerdos que no fueron posibles en la II República, principalmente en materia de educación y de financiación.

Fernando de los Ríos: un vencedor póstumo, por el profesor Ceccanti

En este volumen tan extenso, el politólogo y teólogo vasco Carlos García de Andoin describe esencialmente al humanista y socialista reformista Fernando de los Ríos (1879-1949) como precursor del equilibrio entre libertad religiosa y laicidad que se ha logrado con la Constitución de 1978, superando el confesionalismo tradicional que había tenido su última expresión en el franquismo pero también la postura unilateral de separación hostil de la Constitución de la Segunda República de 1931, respecto a la que luego había sucumbido.

De los Ríos se unió al PSOE en 1919 y, por tanto, estuvo involucrado en las difíciles consecuencias políticas de la Revolución Rusa con respecto a las orientaciones de los Partidos Socialistas, atrapado entre el llamado al nuevo movimiento comunista y los impulsos maximalistas y reformistas. Contribuyó a evitar que la mayoría se deslizara hacia posiciones comunistas, también gracias a un revelador encuentro directo con Lenin, quien devaluó radicalmente el valor de la libertad en su presencia, “Libertad, ¿para qué?” (pág. 50 del volumen que retoma la historia autobiográfica y que deja claro hasta qué punto los bolcheviques deseaban ab initio el resultado autocrático). Ya fue elegido diputado en 1920 y 1923, y luego nuevamente en 1931. Fue uno de los líderes socialistas que, coherentemente con su propio reformismo, en un partido muy dividido (ver pág. 55), lucharon exitosamente a favor de una colaboración gubernamental con los republicanos contra el aislamiento identitario, llegando a ser ministro de Justicia en el gobierno provisional de Alcalà Zamora y luego nuevamente en el posterior gobierno de Azaña, antes de pasar a Instrucción pública en 1932.

El punto clave de su acción política, que describe el volumen, es su papel como Ministro en la elaboración de los artículos sobre laicidad y libertad religiosa de la Constitución de 1931. De los Ríos, quien personalmente tenía una actitud compleja de laicismo, por así decirlo, religioso , separado de la Iglesia católica, pero con un cristianismo con rasgos modernistas, fascinado sobre todo por las minorías religiosas (se define como “cristiano erasmista“) y, por un lado, muy firme en la libertad de culto y en la separación entre Estado y religiones, a favor del concepto de “Estado aconfesional“, que rompía decisivamente con el pasado, pero al mismo tiempo era partidario de una forma de reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia católica, también en nombre de la necesidad de que la nueva República “incorpore a los católicos ante el riesgo de explosión” de aquella experiencia democrática, como señala en la introducción el constitucionalista y político Gustavo Suárez Pertierra (p. 29).

La tesis de De Andoin, resumida en el Prólogo, es la que ve a De los Ríos como un precursor de la combinación laicismo-libertad (y por tanto cooperación) que se estableció en la Constitución de 1978 frente a la de libertad-coacción (y por tanto hostilidad). que se afirmó a pesar de sí mismo en 1931 (p. 30) y que no fue la menor causa del fracaso de la República (p. 58). Leer más…

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En una reunión con la ministra de Educación, Mª Isabel Celaá

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans se han reunido este miércoles con la ministra de Educación, Mª Isabel Celaá, para exigir que defienda de manera urgente el derecho de la infancia a la educación igualitaria y al conocimiento en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Además, han pedido soluciones urgentes ante la intención de la ultraderecha de implantar el veto parental en varias comunidades autónomas.

La responsable de la cartera de Educación manifestó recientemente su voluntad de defender el interés superior del menor “por encima de cualquier veto parental” pero las entidades exigen acciones concretas que frenen esta amenaza de la ultraderecha al derecho a la educación de la infancia y solicitan la intervención del gobierno estatal en el marco de sus competencias.

“No se pueden seguir utilizando los derechos de la infancia como moneda de cambio”

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, incide en que “no se pueden seguir utilizando los derechos de la infancia como moneda de cambio en función de los intereses políticos” y reivindica “la aprobación urgente de una legislación estatal integral trans y LGTBI que proteja a la infancia LGTBI de las violencias que sufren a diario y garantice el derecho de todo el alumnado a una educación en valores: justicia social, igualdad de oportunidades y diversidad”.

Además, insiste en que “es fundamental que se cuente con el conocimiento experto de las entidades LGTBI para garantizar una correcta formación del profesorado, las familias y el alumnado con el objetivo combatir el acoso escolar por LGTBIfobia y establecer protocolos específicos”. Y es que, la LGTBIfobia sigue siendo la primera causa de acoso en las aulas y según una investigación de FELGTB, casi el 60% de la infancia y juventud trans ha sufrido transfobia en el ámbito escolar.

El sistema educativo tiene la obligación de proteger a la infancia

FELGTB, Triángulo y Chrysallis recuerdan que el veto parental infringe varias leyes estatales vigentes como la Ley de protección a la Infancia y Adolescencia; la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; la Ley de fomento de la educación y la cultura de la Paz y Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMLOE), entre otras y contradice la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España. Asimismo, va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del estado.

Tal y como denuncia el vicepresidente de Fundación Triángulo, Raúl González, “el sistema educativo tiene la obligación por ley de proteger a la infancia ante a cualquier tipo de violencia, ya provenga del ámbito escolar o de la propia familia, y de ofrecer a todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, formación en diversidad, respeto e inclusión”.

La educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género no se imparte de manera generalizada

Sin embargo, en la actualidad, la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género no se imparte de manera generalizada. Tal y como explica González, “ante la ausencia de una ley trans y LGTBI estatal que unifique criterios, el derecho de la infancia a recibir educación en diversidad y valores depende, en primer lugar, de que haya ley trans y/o LGTBI autonómica y, en el caso de haberla, de los intereses políticos autonómicos del momento, tal y como se está viendo, de los fondos públicos y de que haya o no mecanismos administrativos para analizar la implementación de cada ley, entre otras especificidades.

Además, tal y como recuerda la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, “aún hay cuatro CCAA en España sin legislación autonómica que garantice los derechos de la infancia y juventud LGTBI y las proteja frente a las violencias: Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Principado de Asturias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

“Es esencial que exista una legislación estatal que garantice una educación afectivo-sexual integral e inclusiva en educación formal, no formal e informal”

Así, tal y como defiende Valenzuela, “es esencial que exista una legislación estatal que garantice una educación afectivo-sexual integral e inclusiva en educación formal, no formal e informal”. “La educación en igualdad no es un privilegio de las familias que estén de acuerdo en que sus menores se formen en igualdad y derechos humanos, sino una obligada responsabilidad de los poderes públicos para con el alumnado”, asegura.

Las tres entidades señalan que esta censura afecta no solo al colectivo LGTBI sino también al movimiento feminista, a la comunidad educativa y a otros agentes de la sociedad y anuncian que desde FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis seguirán trabajando para tejer alianzas en esta lucha en favor de la educación en valores, igualdad  y diversidad.

Nota de prensa. Reunión Celaá

Fuente FELGTB

Homofobia/ Transfobia. Ana Valenzuela, Chrysallis, FELGTB, Fundación Triángulo, Isabel Celáa, Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMLOE), Menores LGTBI, Ministerio de Educación, Raúl González, Uge Sangil, Veto parental

Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, Discriminación, Educación, HazteOir, Homofobia, Isabel Celáa, LGTBfobia, Ministerio de Educación, Murcia, Pin parental, PP, VOX

Este hombre siempre sale a la palestra para defender lo más retrógrado si hay la mínima posibilidad de arremeter contra las personas LGTBI, sin importarle alinearse con la extrema derecha…

 El prelado ha defendido el sistema impulsado por Vox mediante el que los padres podrían negarse a que sus hijos recibieran charlas de educación afectivo-sexual en los colegios

En la misma audición, Munilla ha considerado “cada vez mayor” la “intromisión del estado en la vida de la familia” y ha opinado que el nuevo gobierno le está poniendo “palitos a la rueda” de la asignatura de Religión

 El portavoz de la CEE, Luis Argüello, entra en la polémica por el pin parental: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado!”

Los protestantes lamentan el “falso debate” sobre el pin parental

Escuelas Católicas considera innecesario el ‘pin parental’

Una educación integral: Pin parental, pin social. La batalla de la escuela

20.01.2020 José Manuel Vidal

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha reivindicado el polémico ‘pin parental’ implantado en Murcia en su audición de este lunes en Radio María. El prelado defiende, de esta manera, el sistema impulsado por Vox mediante el que los padres podrían censurar las charlas afectivo-sexuales que se impartieran en el centro escolar de sus hijos.

Famoso por su pensamiento ultraconservador, Munilla ha arremetido contra la ministra de Educación, Isabel Celaá, que el pasado viernes mostró el rechazo del nuevo gobierno a la censura parental. “No me importa que la mayoría piense una cosa. Existe el derecho a ser minoría”, ha declarado Munilla, en una desconcertante alusión a las palabras de la ministra. “Si ese curso de educación afectivo-sexual está dado desde una concepción de la antropología contrario a las convicciones de una familia, ¿quién es usted, quién es el Estado, quiénes son las administraciones públicas para imponer tal concepción?”, ha espetado en la radio.

Una Iglesia contra la ‘estadolatría’

En la misma audición, Munilla ha considerado “cada vez mayor” la “intromisión del estado en la vida de la familia”, y sumándose a las voces más broncas y apocalípticas de la jerarquía católica ha afirmado que “Caminamos hacia la ‘estadolatría’”, porque el pacto que permitió la formación del nuevo Ejecutivo busca poner, en su opinión, “palitos en la rueda” a la asignatura de Religión y el modelo de educación católica.

Escuelas Católicas ha matizado que el pin “no es en sí mismo ilegal”, pero que su utilización podría “introducir una enorme complejidad en los centros” innecesariamente.

Cerrando puertas…

Escuelas Católicas considera innecesario el ‘pin parental‘

Por su parte, en un comunicado, Escuelas Católicas ha recordado que el Estado no puede suplantar a los padres en la formación moral de sus hijos, pero ha manifestado considerar “innecesario” el pin parental.

La organización ha matizado, apaciguando la polémica y desde una perspectiva más realista, que dicho pin “no es en sí mismo ilegal”, pero que su utilización podría “introducir una enorme complejidad en los centros al poder implicar la necesidad de autorización expresa y previa para una gran amplitud de situaciones y actividades”.

En cuanto a la educación en sus centros afiliados, ha explicado que ya “funcionan todos en régimen de coeducación” y que “desde hace tiempo apuestan porque sus alumnos reciban una formación afectivo sexual como parte de su educación integral, siempre acorde con el proyecto educativo y el ideario que los padres conocen y han aceptado”.

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Extrema derecha, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Isabel Celáa, José Ignacio Munilla, Luis Argüello, Pin parental, VOX

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que asistir a la clase de Religión es “cosa de héroes” si se imparte a primera hora o última de la tarde del viernes y si además deja de computar para la nota media, tal y como plantea el anteproyecto de reforma de la Ley Educativa, que ya se conoce como ‘Ley Celaá‘.

“Si la clase de Religión no tiene otra clase de respaldo, si además se pone a las 8,00 horas o a las 14,00 horas de un viernes, cuando los chavales están deseando marcharse, y si además no tiene repercusión en el expediente académico, aunque sea evaluable, pues ciertamente apuntarse a clase de Religión es una cosa de héroes”, ha indicado Argüello en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, y en relación a la reunión que mantuvo el pasado 3 de diciembre con la ministra de Educación, Isabel Celaá, el portavoz de los obispos ha defendido que la clase de Religión siga siendo “computable” para la nota media. “Nosotros defendemos, porque lo dicen Acuerdos Iglesia-Estado, que Religión sea equiparable a las asignaturas troncales. En ese sentido, si la asignatura deja de ser computable a estos efectos, no nos parecería adecuado”, ha explicado.

Celaá aseguró tras la reunión que la Iglesia “entiende” que la materia deje de ser computable. Si bien, Argüello ha puntualizado que donde hubo acuerdo con la ministra fue en que la asignatura continúe siendo “evaluable” pero no en el asunto de la computabilidad. “Es ahí donde no estábamos de acuerdo”, ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que durante la reunión hablaron de la posibilidad de “una distribución de horarios diferente”, de forma que todo el contenido de la asignatura de Religión pueda impartirse en uno solo de los dos cursos de Bachillerato. “Nosotros decíamos, por ejemplo, que si tenemos clase de Religión en 1º y 2º de Bachillerato, pudiéramos aceptar tenerla en un solo curso, pero en vez de tener en un curso solo el horario de primero, sumar el de primero y segundo. Pudiera ser que no hubiera Religión en todos los cursos pero cuando la haya, que se mantenga la carga lectiva”, ha sugerido.

Comunicar los abusos a las autoridades

Por otro lado, Argüello ha subrayado la “prioridad” de que los sacerdotes comuniquen a las autoridades públicas los casos de abusos de los que tengan conocimiento por otra vía distinta a la confesión, frente al “silencio cómplice” que se ha podido dar en casos del pasado porque, tal y como ha reconocido, el ambiente “análogo al familiar” que se da entre los miembros de la Iglesia “pudiera hacer en algunos momentos dudar”.

“Es verdad que muchas veces el cocimiento que pueda darse puede producirse en un ámbito análogo al familiar, en la medida en que dentro de la Iglesia hay estas relaciones de tipo cercano, fraterno y eso pudiera hacer en algunos momentos dudar, pero creo que en este momento en que la sensibilidad de todos es tan grande, y por la gravedad que suponen estos casos, esta diligencia en la comunicación de los hechos es prioritaria”, ha subrayado.

Así, ha asegurado el “deseo” de los obispos de “poner de manifiesto” casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que hubieran estado “ocultos en el pasado”. Si bien, ha pedido “respeto a las víctimas” si quieren “olvidarse de lo que ocurrió”. “Es verdad que van a querer normalmente cuanto menos ser escuchadas, que su situación sea conocida y vivir un proceso restaurativo pero también puede que otras personas quieran olvidarse del todo lo que ocurrió y no quieran volver a poner su asunto en la palestra”, ha indicado.

En cualquier caso, ha mostrado la disposición de los obispos a asumir cualquier protocolo que implique la “revisión” de los casos de abusos por parte del clero en el pasado si así lo dispone el Papa tras la reunión del próximo mes de febrero con los presidentes de las Conferencias Episcopales sobre este asunto.

Mientras tanto, los obispos españoles ya están trabajando en la actualización de sus protocolos y ha explicado que su “mayor interés” es implementar “medidas preventivas formativas” y generar “una educación de la afectividad y la sexualidad”, según la visión de la Iglesia, “para que sea posible la erradicación de estos abusos como otros tipos de abusos o violencias” que, a su juicio, tienen que ver “con la mala gestión, usando una expresión coloquial, de los impulsos afectivo sexuales”.

Por otra parte, sobre sus declaraciones sobre los sacerdotes “varones heterosexuales“, Argüello ha indicado que las posteriores palabras del Papa Francisco en un libro entrevista vienen a “corroborar” la normativa de la Santa Sede en este sentido; y ha precisado que no bastaría con el celibato si el candidato es homosexual, porque el sacerdote debe “poder expresar plenamente la dimensión esponsal del ministerio -Jesucristo como esposo de la Iglesia-“ y por “el significado antropológico de la diferencia sexual”.

En cuanto al descenso del número de nacimientos en España -179.794 en la primera mitad de 2018, la cifra más baja para un primer semestre desde 1941-, Argüello ha manifestado su “preocupación” y ha achacado esta caída a “las condiciones económicas y laborales, al ritmo de vida, a la exigencia para hombres y mujeres de trabajar para sufragar los gastos y al individualismo”. Tener un hijo, ha indicado, puede verse “como un peso, una carga, una pérdida de independencia”.

Por otro lado, Argüello ha deslizado que los obispos no van a salir a la calle para manifestarse contra leyes como la de eutanasia o sobre la transexualidad sino que invitan a los católicos a “discernir los medios” para “defender aspectos valiosos” que se ven puestos “en juego” con este tipo de legislaciones que, a su parecer, se plantean ante “situaciones de sufrimiento” pero que terminan “generando otro sufrimiento”.

“Una cosa es que se puedan reasignar determinados aspectos de la sexualidad y otra, que se pueda cambiar enteramente una persona, donde cada célula de su cuerpo y los cromosomas tienen una dimensión”, ha precisado, con respecto a las personas transexuales a las que, en todo caso, ha invitado a “acoger”.

Acerca de la visita de obispos catalanes a presos independentistas y la muestra de solidaridad con ellos, Argüello ha afirmado que le “preocupa” que todos los obispos lleven “reconciliación y comunión” y ha deseado que “además de visitar a unos políticos acusados de delitos graves respecto a la infracción de la legalidad del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la legalidad constitucional”, estos obispos “también visiten a otros internos” de las cárceles.

En cuanto a la situación de algunos templos y conventos en España que se van quedando vacíos, Argüello se ha mostrado partidario de que, si finalmente tienen que venderse, no se conviertan en “restaurantes” u otros negocios sino que sigan manteniendo la “dimensión artística, cultural e histórica”, en forma de auditorios o salas de exposiciones, aunque se desacralicen.

Finalmente, el portavoz de los obispos ha condenado el ataque terrorista en Estrasburgo, que dejó este martes tres muertos y una docena de heridos, ha mostrado su “solidaridad y oración” por las víctimas y ha hecho una llamada a “buscar todos los medios para prevenir” estos atentados que provocan “el crecimiento del miedo”.

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Clase de Religión, Conferencia Episcopal Española (CEE), Homofobia/Transfobia, Isabel Celáa, Luis Argüello, Pederastia

Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

El Gobierno acuerda eliminar de las causas de exclusión para el acceso al #empleopúblico enfermedades como: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis.
⛑😷Acabando así con la discriminación que venían soportando más de 7 millones de personas.#CMin pic.twitter.com/vTCPhRhvCv

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de noviembre de 2018

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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Ni rectificación ni perdón…

Celaá no comenta las palabras de los obispos sobre curas y heterosexualidad: “La obra habla por sí misma”

Argüello rectifica y se disculpa: “No he querido decir que los homosexuales no sean perfectamente varones”

Ha querido rectificar porque la declaración se ha expresado de manera negativa

El secretario general de los obispos españoles y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha rectificado sus palabras sobre sacerdocio y heterosexualidad y se ha disculpado por si la expresión que ha utilizado ha molestado a algunas personas. “No he querido decir que los homosexuales no sean perfectamente varones”, ha indicado.

“Pedir disculpas por si la expresión que he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, ha podido molestar a algunas personas. Yo no quiero decir que los varones homosexales no sean perfectamente varones, lo que yo he querido expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio”, señala en un audio enviado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), tras la rueda de prensa que ha ofrecido Argüello este viernes 23 de noviembre.

En su comparecencia, el obispo auxiliar de Valladolid había reivindicado el derecho de la Iglesia católica a elegir candidatos al sacerdocio “enteramente varones y, por tanto, heterosexuales”.

Si bien, unas horas después ha aclarado que lo que ha querido expresar es que la Iglesia pide candidatos “de sexo varón, de género varón” pero cuya “tendencia sexual no sea de atracción por el mismo sexo” sino que sea “lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo”.

“He tratado de explicar por qué la Iglesia elige a estas personas que reúnan esta triple condición: varones -sexo varón, género varón-, que por supuesto las personas de condición hommosexual así lo son”, ha subrayado.

Si bien, ha reconocido que “al saltar” su declaración a “un titular de prensa, sobre todo, si se dice de manera negativa -los homosexuales no son enteramente varones-“, ha considerado oportuno rectificar porque “no es” lo que ha “querido decir”.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha preferido no comentar las declaraciones del secretario general de los obispos, Luis Argüello, en relación al sacerdocio y la heterosexualidad. “La obra habla por sí misma”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha sido preguntada por las palabras del recientemente nombrado secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, que ha reivindicado este viernes el derecho de la Iglesia a elegir sacerdotes “enteramente varones y heterosexuales” y ha rechazado que se eleve a “categoría jurídica un sentimiento” a la hora de cambiar de sexo.

“No voy a hacer ningún comentario al respecto, creo que la obra habla por sí misma, así que no voy a hacer comentario alguno desde el Gobierno a esta cuestión”, ha subrayado.

En concreto, el obispo ha reivindicado el derecho de la Iglesia Católica a elegir candidatos al sacerdocio “enteramente varones y, por tanto, heterosexuales”.

Asimismo ha rechazado que un “sentimiento” sea “elevado a categoría jurídica” a la hora de cambiar de sexo.

Fuente Religión Digital

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El texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- “La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados“. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado“ se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que “la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a “informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice“.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, “dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse“.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que “nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

VÍDEO | El obispo que no expulsó al cura de La Bañeza por abusos presidirá la Comisión de la Iglesia contra la pederastia https://t.co/FHVK7W6JxS

— laSexta Noticias (@sextaNoticias) 16 de octubre de 2018

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

“Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

***

Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

“Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

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También se ha creado una Dirección General para la Igualdad de trato y diversidad por “primera vez”.

El Consejo de Ministros de este viernes 6 de julio ha acordado declarar el 28 de junio el Día Nacional del Orgullo LGTBI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969, y que son considerados como el inicio de la lucha de los derechos de este colectivo. Asimismo, se ha presentado por parte de la ministra de Sanidad el procedimiento por el que las mujeres solas y las parejas de mujeres recuperarán el derecho a acceder a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública, tal y como ha anunciado en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo.

Dentro de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado este 6 de julio, se encuentran tres de gran relevancia para el colectivo LGTBI.

Por una parte, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cuya titular es Carmen Calvo, se ha acordado la declaración del 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGTBI, según informa la web oficial del Gobierno (lamoncloa.gob.es) con el siguiente texto:

DECLARADO EL 28 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

El Consejo de Ministros ha acordado declarar el 28 de junio como Día del orgullo LGBTI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969, y que son considerados como el inicio de la lucha de los derechos de este colectivo.

El 28 de junio es una fecha en torno a la cual suelen articularse las celebraciones del Orgullo LGBTI en España y en otras partes del mundo. Con iniciativas de este tipo se emula a otros países de nuestro entorno celebran días relacionados con el reconocimiento de la Comunidad LGBTI.

Este año, además, se conmemora el 40 aniversario de la primera manifestación del Orgullo en España, lo que supone un motivo más de celebración.

Del mismo modo, con la celebración de este día se pone de manifiesto, desde los primeros pasos de la legislatura, el compromiso del Gobierno de España con el reconocimiento y protección, así como, con la mejora de las condiciones de vida de la población LGBTI.

Recordemos los hechos acontecidos hace ya 49 años. El Stonewall Inn era un club del Greenwich Village al que acudían personas que se movían en los márgenes de la sociedad. Poco más que tugurio frecuentado por homosexuales, travestidos, personas transexuales, drags, chaperos o lesbianas de aspecto masculino. Para acceder, había que ser conocido del portero o tener una apariencia inconfundiblemente LGTB (si no «se te notaba», no entrabas…). La redada de aquella noche era una de tantas. Normalmente se hubiera saldado con varias detenciones y el cierre del local durante unas horas, pero los ánimos estaban ese día especialmente exaltados. Algunas de las trans presentes (esa noche unas 200 personas se encontraban en su interior) plantaron cara a la policía y se negaron a ser identificadas y cacheadas. Al parecer una de ellas golpeó a uno de los policías con su bolso. La noticia se extendió por el barrio y pronto cientos de personas se congregaron en el exterior, coreando «poder gay» y gritando «cerdos» a los policías mientras estos arrestaban a muchos de los clientes.

En un momento determinado, una de las lesbianas detenidas, nunca identificada, se revolvió al ser introducida en el coche patrulla. Los policías la reprimieron con violencia. En ese momento la multitud estalló encolerizada y los policías tuvieron que refugiarse en el local y pedir refuerzos. La revuelta había comenzado. Un arrebato de rabia y orgullo que se prolongó durante días, y que cada 28 de junio las personas LGTB de todo el mundo conmemoran. El historiador David Carter, autor del libro Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution afirma que la revuelta «fue al movimiento gay lo que la toma de la Bastilla a la revolución francesa».

Asimismo, el departamento creó una Dirección General para la Igualdad de trato y diversidad por “primera vez”. En palabras de Celaá, esto deja claro la “gran sensibilidad” del Gobierno respecto a la “dignidad de todos”. El Gobierno establecerá, además, un plan estratégico de convivencia escolar en el que se impulsará la igualdad de trato entre personas con distintas orientaciones sexuales. Todo ello en corresponsabilidad con las comunidades autónomas.

Recuperación del derecho a las técnicas de reproducción asistida

El Consejo de Ministros también ha recibido el informe de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, respecto a la recuperación del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida ofrecidas por el Sistema Nacional de Salud para las mujeres solas o parejas de mujeres (recordemos que las parejas del mismo sexo formadas por mujeres pueden incluir tanto a mujeres lesbianas como a mujeres bisexuales, de tal manera que existen numerosas parejas de este tipo en las que ninguna de sus integrantes es lesbiana). La web oficial del Gobierno lo anunciaba de esta manera:

INFORME SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA A MUJERES SOLAS Y LESBIANAS

• La ministra de Sanidad traslada al Consejo de Ministros el procedimiento normativo por el que se articulará la medida
• La actualización de la cartera de servicios se realizará a través de una orden ministerial
• Una vez se tramite el procedimiento normativo, está previsto que la medida se implante durante el primer trimestre de 2019

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre los pasos y el calendario a seguir para que las mujeres solas y lesbianas puedan acceder de nuevo a tratamientos de reproducción asistida en centros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

A través de una Orden Ministerial se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para permitir el acceso a mujeres solas y lesbianas.

La tramitación comenzará de inmediato con la convocatoria de la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Consejo Interterritorial del SNS, que tendrá lugar el próximo día 13 de julio, en la que se reunirán los responsables de esta materia de las comunidades autónomas.

En paralelo, se celebrarán distintas reuniones con el movimiento asociativo, sociedades científicas y profesionales; y se dará inicio a la tramitación del proyecto normativo hasta la implantación efectiva de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el primer trimestre de 2019.

En noviembre de 2014 el Gobierno excluyó a las mujeres solas y lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida en los centros públicos. La Orden Ministerial anulará la restricción establecida hace casi cuatro años y permitirá de nuevo el acceso a los tratamientos a todas las mujeres sin discriminación.

Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que toda mujer mayor de 18 años, previo consentimiento, podrá ser usuaria de estas técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual.

Efectivamente, la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas.

Anteriormente, el Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo.

Con la reforma efectuada por el Gobierno del Partido Popular, el entonces Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aun sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponían que las mujeres sin pareja masculina quedaban excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La Orden Ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque varias comunidades autónomas plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

Fuente Agecias/Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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Política Social, Medio Ambiente y Acogida a Refugiados, ejes de la colaboración Iglesia Ejecutivo

Los obispos ven con buenos ojos la llegada de Pedro Duque y la ministra de Sanidad, Carmen Montón

(Jesús Bastante).- Los obispos españoles han acogido con prudencia y expectativas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo con rostro femenino, compuesto por profesionales en su sector… y con una sola católica practicante: la titular de Educación, Isabel Celáa, que además será portavoz del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez ultimaba su Gobierno, la cúpula de la Conferencia Episcopal se encontraba en Roma,celebrando su Convención Anual. Ayer mismo, el Papa saludaba, al término de la audiencia de los miércoles, tanto al presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, como a su secretario general, José María Gil Tamayo. Oficialmente, la CEE no ha valorado la composición del Gobierno ni la situación en el país tras la moción de censura, aunque la carta que Blázquez dirigió a Sánchez sí denotaba una mano tendida para trabajar “por el bien común“.

El primer Ejecutivo de Sánchez, como apuntó el propio presidente durante su presentación, quiere un Gobierno “paritario, integrador, abierto al mundo, anclado en la Unión Europea, comprometido socialmente y altamente cualificado“. Un Ejecutivo que podría avalar buena parte de las tesis contra la pobreza que, en su día, apuntó Cáritas Española y que le valieron la descalificación pública del ya ex ministro Montoro.

(Pincha sobre la fotografía para ampliarla)

La realidad de la sociedad española también se ha impuesto en un Gobierno, y en un partido (el PSOE), cuya mitad de electorado es católica, pero que ha abandonado la práctica y la doctrina tradicional. Así, el único miembro del Ejecutivo declarado católico, y practicante, es la titular de Educación, la vasca Isabel Celáa. Según El Correo, Celáa, que estudió en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, “asume sin problemas su militancia de izquierdas con su condición de católica practicante“.

En ámbitos valencianos, se destaca la excelente relación que, durante su etapa como arzobispo de la capital del Turia, mantuvieron Carlos Osoro y la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que a buen seguro retomarán en Madrid.

Este es uno de los pocos puentes directos que, a día de hoy, conservan Iglesia y Ejecutivo. Aunque entre los cargos intermedios, aseguran fuentes bien informadas, el diálogo se mantendrá como hasta ahora, e incluso podría mejorar en ámbitos relacionados con la lucha contra la desigualdad social, la cooperación internacional o la acogida a los refugiados.

Del otro lado, la preocupación por el medio ambiente coincide en sus puntos esenciales de con las preocupaciones del Papa Francisco, plasmadas en Laudato Si. En este sentido, tanto el nombramiento del astronauta Pedro Duque (Ciencia, Innovación y Universidades), que tuvo la oportunidad de hablar con Bergoglio hace unos años, y que en una reciente entrevista en Radio Vaticana saludaba la encíclica verde papal, puesto que Francisco “convence a mucha más gente de que tenemos un equilibrio en la Tierra que no es tan sólido como pensábamos”; como el de Teresa Ribera (Transición Ecológica), una de las mayores críticas del cambio climático.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Acogida a Refugiados, Carlos Osoro, Carmen Montón, Conferencia Episcopal Española, Gobierno de España, Isabel Celáa, José María Gil Tamayo, Medio Ambiente, Pedro Duque, Pedro Sánchez, Política Social, PSOE, Ricardo Blázquez, Teresa Ribera