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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que las leyes polacas sobre parejas del mismo sexo violan el código de derechos humanos.

Viernes, 29 de diciembre de 2023
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tribunal-de-estrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha dictaminado que el Estado polaco violó la Convención Europea de Derechos Humanos al negarse a reconocer a cinco parejas del mismo sexo. El fallo, en línea con otros anteriores del mismo tribunal, supone un nuevo espaldarazo al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo en Europa, que todavía numerosos países del Este evitan por acción o por omisión. Se espera que tras la derrota del Ejecutivo ultraconservador en las pasadas elecciones polacas y la llegada al Gobierno del liberal Donald Tusk, sostenido por el centro-derecha y la izquierda, Polonia asuma la sentencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que la falta de reconocimiento legal y protección de las parejas del mismo sexo en Polonia viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La decisión del martes (12 de diciembre) estuvo relacionada con cinco parejas del mismo sexo, cuyas solicitudes de matrimonio fueron rechazadas por las autoridades polacas, afirmando que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer.

El caso (Przybyszewska y otros contra Polonia) fue llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2027 y 2018 por un total de cinco parejas del mismo sexo que mantenían una relación estable residentes en Lodz, Cracovia y Varsovia, y a las que el Estado polaco denegó cualquier tipo de reconocimiento jurídico. El Estado polaco, en última instancia, alegó que la Constitución polaca establece que el matrimonio, hasta la fecha única forma de formalizar legalmente una relación de pareja en Polonia, debe ser contraído entre un hombre y una mujer. Además de las cinco parejas demandantes, al caso se sumaron varias organizaciones polacas y europeas de defensa de los derechos LGTBI.

En su sentencia, que señala como precedentes otras previas en el mismo sentido (como la del caso Fedotova y otros contra Rusia), el TEDH niega la validez de los argumentos de Estado polaco, ya que aunque reconoce a los Estados la competencia para establecer la naturaleza exacta del régimen jurídico aplicable a las parejas del mismo sexo, considera que la ausencia de reconocimiento legal y de protección de estas supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

“El tribunal consideró que el Estado polaco había incumplido su deber de garantizar que los solicitantes tuvieran un marco legal específico que previera el reconocimiento y la protección de sus uniones entre personas del mismo sexo, dijo un comunicado del TEDH. “Ese fracaso tuvo como resultado la incapacidad de los demandantes para regular aspectos fundamentales de sus vidas (como los relacionados con la propiedad, la manutención, la fiscalidad, la herencia o el reconocimiento de su vínculo por las autoridades judiciales o administrativas)  y constituyó una violación de su derecho al respeto de su vida privada y familiar” que reconoce el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Cabe señalar que no se trata de la primera sentencia contra Polonia por parte del TEDH por discriminar a sus ciudadanos LGTBI en años recientes. En 2021 el alto tribunal también condenó a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual.

Desde ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a asociaciones LGTBI de todo el continente y que fue una de las intervinientes en el caso, han expresado su satisfacción con la sentencia. «Es un paso crucial para garantizar que los derechos de las parejas del mismo sexo en Polonia sean debidamente reconocidos y protegidos. Ya no hay más ‘sí, pero’ que puedan justificar retrasos en el establecimiento de un marco para el reconocimiento legal de las familias arcoíris», ha declarado su responsable jurídico, Arpi Avetisyan.

Pero es en Polonia donde la sentencia ha sido recibida con mayor alegría, especialmente si se tiene en cuenta que coincide con la inauguración de una nueva etapa política en el país. Recordemos que tras los resultados de las últimas elecciones generales (celebradas el pasado octubre) los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS), que han hecho de la LGTBIfobia uno de los ejes de su acción política, perdieron la mayoría parlamentaria, dando paso a un nuevo Gobierno de coalición entre el centro-derecha liberal y la izquierda presidido por Donald Tusk.

Polonia ha sido a menudo objeto de críticas por sus leyes anti-LGBTQ+, ya que el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales. Como resultado, el país ha sido calificado como el peor de la UE para que vivan personas LGBTQ+ durante tres años consecutivos.

Sin embargo, el clima para la comunidad LGBTQ+ en Polonia parece estar cambiando, y la comunidad queer celebró en octubre que el gobierno de derecha perdiera su mayoría en unas elecciones históricas.

Tras su victoria, el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, prestó juramento como primer ministro el miércoles (13 de diciembre). En septiembre, Tusk prometió introducir una serie de medidas para mejorar las vidas de la comunidad LGBTQ+ y añadió que el país debe “reconstruir el lenguaje del respeto”.

Mirka Makuchowska, de la organización Campaña contra la Homofobia, ha pedido ya al nuevo primer ministro que se reúna con las organizaciones LGTBI del país. «Tras ocho años de humillación y campañas de odio contra las personas LGBT+ por parte del gobierno y el aparato estatal resulta muy necesaria una reunión cara a cara con el primer ministro, sobre todo para que las mujeres y los hombres polacos puedan ver que ya no hay ciudadanos mejores y peores, sino solo una nación de la que nosotros, las personas LGBT+, también formamos parte», ha declarado.

En este sentido, según recoge la web Notes from Poland, personalidades de las tres formaciones que forman parte del nuevo Gobierno polaco (Plataforma Cívica, Tercera Vía y Nueva Izquierda) se han manifestado ya a favor de regular las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, pese a que esta medida no está incluida de forma explícita en el pacto de gobierno, a diferencia de la persecución de los discursos de odio contra la población LGTBI, que sí forma parte del mismo. Cabe esperar, por tanto, que de prosperar esta medida no lo haga en forma de propuesta gubernamental, sino de iniciativa parlamentaria. Estaremos atentos.

 Bartosz Staszewski, cineasta y activista que ha luchado por los derechos LGBTQ+ en Polonia durante años, dijo a PinkNews en octubre que las elecciones deberían poner fin a lo que denominó juegos políticos de derecha. “Después de ocho años de un horrible gobierno de derecha que atacó a la minoría LGBT como nunca antes, ahora nos damos cuenta de esta (realidad)”, dijo.

Al describir el clima desafiante en Polonia, incluidas las infames zonas libres de LGBT, Staszewski dijo que la atmósfera era hostil. “Me sentí como un ciudadano de segunda categoría y nos trataron como ciudadanos de segunda categoría. El gobierno te está diciendo que no mereces la igualdad de derechos, que no estás creando familias, que eres un agente de Occidente que intenta luchar contra los valores o las tradiciones familiares. Sabemos que será un partido difícil con políticos que siempre tienen algo más importante que hacer, pero puedo prometerles a todos que lucharemos por el futuro de todas las personas LGBTQ+ en Polonia”, añadió.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace dos años, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de íla comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) afirma que Rumania viola los derechos humanos de las parejas LGBTQ+,

Martes, 30 de mayo de 2023
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tribunal-de-estrasburgoEl martes (23 de mayo), el TEDH dictaminó que, como resultado, el gobierno de Rumania infringe el artículo ocho del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

La sentencia se dictó después de que 21 parejas, todas de nacionalidad rumana nacidas entre 1967 y 1996, presentaran denuncias ante el TEDH entre 2019 y 2020.

En sus solicitudes, las parejas se quejaron de que no había manera de salvaguardar legalmente sus relaciones en Rumania debido a la falta de reconocimiento.

Cada una de las parejas había notificado a sus oficinas de registro locales expresando su intención de casarse, pero sus solicitudes fueron rechazadas en virtud de un artículo que define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Sus solicitudes también fueron rechazadas en virtud de un artículo separado que establece que el matrimonio entre personas del mismo sexo está “prohibido” en Rumania.

Una mayoría de siete jueces dictaminó finalmente que Rumanía infringe el artículo ocho del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su fallo, el tribunal dijo que los estados miembros están obligados a proporcionar algún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo en base a fallos anteriores.

El tribunal determinó que las parejas en el centro del caso no habían podido acceder a muchos de los derechos sociales y civiles otorgados a las parejas heterosexuales debido a la falta de reconocimiento legal.

El TEDH rechazó el argumento del gobierno rumano de que esos derechos podrían ser replicados por acuerdos contractuales privados.

Finalmente, el TEDH dictaminó que la oposición social al matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumania no debe anular el derecho de las parejas del mismo sexo a que sus relaciones sean reconocidas legalmente.

En última instancia, ninguno de los argumentos del gobierno rumano para justificar sus leyes restrictivas superó el derecho de las personas queer a que se reconozcan legalmente sus relaciones.

La sentencia se produce pocas semanas después de que ILGA-Europa otorgara a Rumanía una puntuación de solo el 18 % en derechos LGBTQ+. El país fue clasificado como uno de los peores lugares para los derechos LGBTQ+ en Europa.

En una encuesta de 2019, el 53 % de las personas LGBTQ+ en Rumania dijeron que “casi nunca eran abiertos” sobre su identidad, mientras que el 23 % dijo que “rara vez eran abiertos”.

En 2022, el gobierno rumano fue criticado cuando presentó el llamado proyecto de ley de “propaganda” LGBTQ+, que prohibiría el uso de materiales en las escuelas que “promuevan” ser homosexuales.

Fuente Agencias

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Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: España mejora siete puestos y alcanza la cuarta posición europea en derechos LGTBI+ gracias a la Ley LGTBI+

Martes, 16 de mayo de 2023
Comentarios desactivados en Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: España mejora siete puestos y alcanza la cuarta posición europea en derechos LGTBI+ gracias a la Ley LGTBI+

EspañaGayILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

Ilga-Europa-2023-Cumplimiento-EuropaIlga-Europa-2023-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Ilga-Europa-2023-Clasificacion-por-paises

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Ilga-Europa-2023-Mapa

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Ilga-Europa-2023-Indice-de-objetivos

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

Ilga-Europa-2023-Cumplimiento-Espana

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

  • Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
  • Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
  • Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 201720182019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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La retórica antitrans gana terreno en España, según informe de ILGA.

Lunes, 6 de marzo de 2023
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ILGA-ANNUAL-1Continuamos con la información del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ en Europa y Asia Central que ILGA presentó el pasado lunes en Bruselas.

La retórica antitrans ha ganado terreno en España en paralelo a las negociaciones políticas para la aprobación de la Ley trans en el Congreso, según advirtió este lunes el informe anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés).

La entidad, que analizó la situación de los derechos del colectivo LGTBI en el mundo durante 2022, constata un auge de los discursos antitrans en España desde que los partidos políticos retomaran “tras años de retrasos y obstáculos”, según el informe, el diálogo para la Ley trans, que quedó aprobada por las Cortes la semana pasada.

La nueva norma reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años, sin la necesidad de someterse a evaluaciones psicológicas y médicas, ni a ningún proceso de hormonación obligatoria.

El informe de ILGA, cuya sede europea está en Bruselas, apunta que la ley no reconoce a las personas no binarias, es decir, que no se identifican con el género masculino ni con el femenino, y que no contarán con una tercera casilla en los documentos oficiales.

Además, la entidad también constata que las discrepancias dentro del movimiento feminista por la autodeterminación de género, consagrada en la ley trans, provocaron que, por primera vez, hubiera dos manifestaciones separadas en unas 20 ciudades españolas durante la jornada del 8-M, el Día de la Mujer Trabajadora.

Más violencia contra las personas LGTBI

El informe anual señala como un “problema serio” el auge de delitos de odio contra las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales, y destaca que en 2021, el último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, uno de cada cuatro delitos de odio denunciados en España se cometieron contra el colectivo LGTBI.

Entonces, el país alcanzó una cifra récord de 466 delitos registrados por motivo de orientación sexual o identidad de género, lo que supone, según la asociación ILGA, un aumento del 68% respecto a los datos del anterior año 2020, cuando hubo 277 delitos de odio de esta misma categoría.

El informe anual cita varias agresiones cometidas a lo largo del pasado 2022 contra personas LGTBI en Madrid y Barcelona, y menciona como otro ejemplo de violencia la aparición de grafitis anti-LGTBI, a través de la vandalización de bancos con la bandera arcoíris pintada, representativa del colectivo, en algunos pueblos pequeños.

Denuncian pasos atrás en Sanidad

La asociación ILGA también denuncia que en 2022 siguieron practicándose las llamadas terapias de conversión” para personas LGTBI en España, y destaca, en su informe, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió no presentar cargos contra el obispado de Alcalá de Henares por impartir cursos para “curar” la homosexualidad.

La entidad recuerda que la nueva legislación prohíbe este tipo de terapias, destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual de una persona.

En el terreno sanitario, la asociación ILGA también lamenta el cierre en 2022 de distintas clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual (ETS) decretado por distintas comunidades autónomas que trasladaron estos servicios a la atención médica general.

El informe anual de 2022 también se hace eco de un estudio de la entidad española Kifkif por los derechos de los refugiados LGTBI, que señala la existencia de una “discriminación sistémica” contra los migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo LGTBI a la hora de acceder a tratamientos retrovirales.

Fuente Agencias

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ILGA señala los discursos de odio como causa del año más violento para las personas LGTBI+ desde hace una década

Jueves, 23 de febrero de 2023
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ILGA-ANNUAL-1

Uge Sangil: “Mientras se siga alimentando el odio contra las personas LGTBI+ desde las instituciones públicas, seguiremos sufriendo agresiones”

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de Europa (ILGA Europa), de la que forma parte la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), denuncia que 2022 ha sido el año más violento para las personas LGTBI+ de la última década y señala como causa el aumento progresivo de los discurso de odio contra el colectivo. Así lo revela su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ en Europa y Asia Central que ha presentado este lunes en Bruselas.

Según la organización internacional, los ataques planificados y los suicidios “a raíz del creciente y generalizado discurso de odio de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derecha y medios de comunicación” han marcado el día a día del colectivo durante el pasado año.

Esta 12ª edición del informe de ILGA-Europa ha abordado el fenómeno creciente del discurso anti-LGBTI+, ya que, tal y como informa la entidad, “el odio hacia las personas LGBTI+ ha sido fomentado y utilizado para obtener beneficios políticos “. “Como resultado, las agresiones físicas y los ataques contra personas LGBTI+ con voluntad de matar han aumentado a niveles sin precedentes, incluidos dos ataques terroristas cerca de bares LGBTI+ en Noruega y Eslovaquia, en los que murieron cuatro personas y 22 resultaron heridas”, explica la organización.

Según la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis: “desde ILGA-Europa llevamos años diciendo que el discurso del odio en todas sus formas se traduce en violencia física real. Este año, hemos visto que la violencia es cada vez más planificada y mortal, generando que las personas LGBTI+ se sientan inseguras en países de toda Europa”. “Tenemos pruebas de que el discurso del odio contra las personas LGBTI+ no son solo palabras de líderes minoritarios, sino un problema real con consecuencias nefastas para las personas y las comunidades”.

Situación en España

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, denuncia que “en España, el ascenso de la ultraderecha a las instituciones públicas ha provocado que, en organismos como el Congreso de los Diputados, tengamos que escuchar discursos que creíamos ya relegados a tiempos pasados como que existe un alarmante aumento de casos de homosexualidad y la transexualidad, como si ser LGTBI+ fuera una enfermedad, una pandemia”.

“Tenemos ley, pero el odio va a seguir existiendo y mientras siga alimentado desde las instituciones públicas las personas LGTBI+ seguiremos sufriendo agresiones y ataques en las calles. Por eso, necesitamos con urgencia un Pacto de Estado contra los discursos de odio que la Federación Estatal LGTBI+ y otras entidades de la sociedad civil estamos promoviendo”, anuncia.

Asimismo, ha recordado que “durante la tramitación de la Ley Trans y LGTBI+, las personas trans hemos sufrido un brutal discurso de odio que nos ha presentado como violadoras y asesinas, entre otras barbaridades, lo que ha generado muchísimo sufrimiento llegando incluso a intentos autolíticos. Esto debe parar ya y le pedimos a los medios de comunicación que lo tengan en cuenta a la hora de dar espacio a estos discursos”.

En este sentido, la presidenta ha asegurado que “teme” que estos mensajes sigan aflorando y ha pedido que se tenga en cuenta que van dirigidos a personas reales “especialmente vulnerables y previamente ya maltratadas por una sociedad que las ha venido discriminando de manera sistemática solo por ser quienes son”. “Estos discursos legitiman el odio, motivado por el desconocimiento, que muchas veces ya encontramos en nuestros espacios de trabajo, en nuestras escuelas, incluso en nuestras propias familias y promueven la violencia física. Es el miedo al otro, al diferente, el argumento tradicionalmente utilizado por la ultraderecha para conseguir rédito político, sin tener en cuenta que hay vidas detrás”, alerta Sangil.

NOTA. Informe anual ILGA

Fuente FELGTBI+

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El Tribunal de Estrasburgo condena a Lituania por bloquear la distribución de un libro infantil que incluye parejas del mismo sexo entre sus personajes

Martes, 31 de enero de 2023
Comentarios desactivados en El Tribunal de Estrasburgo condena a Lituania por bloquear la distribución de un libro infantil que incluye parejas del mismo sexo entre sus personajes

tribunal-de-estrasburgoLa demandante del caso era Neringa Dangvydė Macatė, una autora de cuentos infantiles de nacionalidad lituana. Aunque falleció en 2020, su madre continuó el proceso judicial para conseguir hacer justicia. En 2013, la Universidad de Ciencias de la Educación de Lituania publicó uno de sus libros, Amber Heart (Gintarinė širdis), que contiene una serie de cuentos infantiles dirigidos a niños de nueve y diez años, con financiación parcial del Ministerio de Cultura lituano (puedes descargar el libro, traducido al inglés, desde The Amber Heart, una página web creada para difundir el caso). Se trata de una adaptación de los cuentos de hadas tradicionales, pero que incluye personajes de diferentes grupos étnicos y con discapacidad intelectual y que aborda temas como la estigmatización, el acoso escolar, las familias divorciadas o la inmigración. Además, dos de los cuentos incluyen entre sus personajes dos parejas del mismo sexo que contraen matrimonio, motivo por el cual el Ministerio de Cultura, que había contribuido a su publicación, lo denunció ante la Oficina de Inspección de Ética Periodística.

Conviene recordar, en este punto, que en marzo de 2010 había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual a menores (a cosa no quedó ahí, de hecho: en octubre de 2010 entró en vigor otra reforma que prohíbe la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual dirigidos a toda la población, y no solo a menores).

Volviendo a Ambert Heart, la Oficina de Inspección de Ética Periodística de Lituania consideró que en efecto el libro de cuentos violaba la mencionada normativa referida a menores y solo podía ser distribuido con una advertencia de que su contenido no era adecuado para menores de 14 años. La distribución del libro fue así paralizada durante un año hasta que se reinició con dicha advertencia. Su autora acudió a los tribunales de Lituania, donde no consiguió revertir la censura. Es más, en una argumentación absolutamente kafkiana, el Tribunal Regional de Vilna llegó a considerar que presentar modelos de familia alternativos a los tradicionales podría considerarse un acto discriminatorio por parte de la propia autora, abiertamente lesbiana, contra aquellas personas que defienden valores diferentes a los suyos propios.

Tribunal de Estrasburgo: la censura homófoba violó la libertad de expresión

Neringa Dangvydė Macatė, y después del fallecimiento de esta en 2020 su madre, con la participación como terceras partes, entre otras organizaciones, de ILGA-Europa, llevaron finalmente a Lituania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en un fallo unánime considera, que en efecto, el Estado lituano violó el artículo 10 de la Conevnción Europea de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libertad de expresión, al bloquear la distribución del libro.

Por otra parte, la argumentación del alto tribunal, tal y como ha sido reproducida en su nota de prensa, mantiene que restringir por «inapropiado o perjudicial» el acceso de los niños a información sobre relaciones entre personas del mismo sexo únicamente por el hecho de mostrar estas relaciones en ausencia de otros elementos, demuestra la preferencia de las autoridades por unos tipos de relaciones y de familias como socialmente más aceptables y valiosas, algo «incompatible con las nociones de igualdad, pluralismo y tolerancia inherentes a una sociedad democrática». Una vez expresada esta argumentación, una mayoría de 12 jueces frente a 5 consideraron que una vez comprobada la violación del artículo 10 no había necesidad de valorar separadamente si el acto de censura violó también el artículo 14 del Convenio, que prohíbe la discriminación.

El alto tribunal condena a Lituania a indemnizar con 12.000 euros a la madre de la escritora y a abonarle, además, otros 5.000 euros en concepto de costas.

La LGTBIfobia de Estado en Lituania: sombras y alguna luzLa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una gran noticia, dado que Lituania, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, se adelantó a otros países como Rusia o Hungría a la hora de limitar la información positiva sobre homosexualidad a menores sin que eso le supusiera sanciones de ningún tipo. Lo sucedido con el mencionado cuento, además, no es el único ejemplo de LGTBIfobia de Estado en ese país.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a las mencionadas leyes. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas. Un caso, por cierto, que también acabó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ya supuso una primera condena contra Lituania hace ahora tres años.

Confiemos en que esta serie de condenas mueva a Lituania a dar marcha atrás y poner fin a su legislación homófoba. En este sentido, resulta al menos esperanzador que en noviembre de 2015 el Parlamento lituano decidiese no seguir el ejemplo de Rusia y eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» aún más restrictiva. Y en 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual.

Por otra parte, en febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La situación sin embargo, fue corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

En noviembre de 2020, el recién elegido Gobierno de coalición de Lituania acordó promover un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo o de distinto sexo, al que se opone el Presidente de la República Gitanas Nausėda.

Según la ley de la UE, todos los estados miembros deben “facilitar” a los ciudadanos LGBT+, lo que significa que deben mantenerse libres de discriminación. La homosexualidad solo se despenalizó en el país de mayoría católica en 1993, y la constitución todavía define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Gitanas Nausėda, presidente de Lituania, ha expresado abiertamente su creencia en lo que él llama valores familiares tradicionales. Se ha manifestado en contra de lo que denominópropaganda de género “ y ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. “Como presidente de la República de Lituania, usaré mis poderes para asegurarme de que así sea”, dijo en un mitin en mayo de 2021, mientras los ciudadanos protestaban contra un proyecto de ley que permitiría las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Bulgaria registra una menor nacida en España de un matrimonio de mujeres por mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Jueves, 9 de junio de 2022
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indiceUn círculo que se cierra de manera satisfactoria: la justicia búlgara ha ordenado la emisión de un documento de identidad a la menor nacida en Barcelona de un matrimonio entre una mujer búlgara y una gibraltareña. Se trata de la ejecución de la sentencia europea que estableció hace unos meses que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros, aunque contravengan su legislación nacional. Concluye un largo proceso legal por los derechos de una niña en estado de apatridia.

El caso, que hemos seguido en detalle en dosmanzanas, se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud, presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apatridia, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadana de la Unión.

En abril del año pasado, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, en la que interpretó las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El tribunal europeo trasladaba la cuestión a la justicia búlgara, a la que exigía facilitar la expedición de un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La trasposición de la sentencia europea por parte de la justicia búlgara ha tardado cinco meses en producirse. El Tribunal Administrativo de Sofía ha ordenado al ayuntamiento de la capital la emisión de un certificado de nacimiento en el que conste la filiación de ambas madres. SDKA recibirá un documento de identidad que acredite dicha filiación, adquirirá así la nacionalidad búlgara de su progenitora oriunda de dicho país y podrá por fin moverse libremente por la UE con cualquiera de sus madres. Desde ILGA-Europa se han felicitado por la noticia y confían en que las autoridades búlgaras emitan a la mayor brevedad los correspondientes documentos para la menor.

La repercusión de la sentencia europea sobre el caso de SDKA es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de 2020. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Pese a su victoria en las elecciones generales, Orbán fracasa en su intento de demostrar vía referéndum el apoyo popular para sus medidas anti-LGTBI

Viernes, 8 de abril de 2022
Comentarios desactivados en Pese a su victoria en las elecciones generales, Orbán fracasa en su intento de demostrar vía referéndum el apoyo popular para sus medidas anti-LGTBI

13968854263210El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa resalta la exclusión de las personas trans migrantes en el proyecto de normativa LGTBI como denuncia Kifkif

Lunes, 21 de febrero de 2022
Comentarios desactivados en ILGA Europa resalta la exclusión de las personas trans migrantes en el proyecto de normativa LGTBI como denuncia Kifkif

FLnojayWYAEjaMX-980x735ILGA EUROPA (la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) presenta su Informe Anual 2022, sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI en Europa y Asia Central, que arroja un aumento severo en 2021 de la retórica anti-LGTBI por parte de políticos y líderes, lo que ha alimentado una ola de violencia, con crímenes de odio contra las personas LGTBI reportado en todos los países.

Sobre la situación en España, ILGA resalta la incidencia realizada por Kifkif durante el año pasado. En concreto, destaca la crítica realizada por Kifkif y muchas otras ONG sobre la exclusión de las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

En este sentido, Kifkif lanzó la semana pasada la campaña Igualdad de Derechos Ya, para las Personas Migrantes y Refugiadas Trans ante la inminente tramitación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar el artículo 44 del proyecto de Ley y garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans migrantes con residencia permanente en España, independientemente de su situación administrativa.

El artículo 44 del proyecto de Ley exige a las personas trans migrantes que demuestren que han iniciado procedimientos administrativos de cambio de su identidad de género en sus países de origen. Una realidad que no se da en la mayoría de los casos por la legislación de esos países, que persiguen o no reconocen a este colectivo.

“No entendemos esta exclusión y tenemos las esperanzas puestas en el debate parlamentario de la ley. Desde Kifkif consideramos que hay vías legales con plenas garantías jurídicas para incluir a las personas trans migrantes”, concluye el presidente de Kifkif

Samir Bargachi.

Informe España: enlace

Informe completo: enlace

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Bandera-kifkif

Manifiesto sobre el Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI

Tras 15 años de exclusión de las personas trans migrantes del ejercicio del derecho al cambio registral de sexo y de nombre como consecuencia de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, que regula la rectificación registral del sexo de las personas, el Gobierno de España está a punto de tramitar en el Congreso la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. En cuanto al reconocimiento de derechos, contiene algunos avances, pero el proyecto de ley, en su versión aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2021, previa intervención de los Ministerios de Igualdad y de Justicia, sigue excluyendo a las personas migrantes trans de la posibilidad de adaptar su identidad de género en la documentación de extranjería expedida por España.

Ante la inminente aprobación del texto definitivo de este proyecto de ley, por parte del Gobierno, las personas y organizaciones abajo firmantes consideramos que ha llegado el momento de extender este derecho a las personas trans migrantes que viven en nuestro país, muchas de las cuales son beneficiarias de protección internacional.

El artículo 44 del proyecto de ley exige que las personas trans migrantes demuestren que han iniciado los procedimientos administrativos para la modificación de su identidad de género en sus países de origen. Un hecho que no se produce en la mayoría de los casos debido a la legislación de estos países, que persiguen o no reconocen a este colectivo. Es decir, en la práctica, al aplicar el texto de forma ordinaria, la gran mayoría de las personas migrantes trans que se encuentran en el país no podrán reconocer su identidad de género en los documentos oficiales españoles.

La mayoría de las personas trans migrantes no se arriesgan o no pueden cambiar su género legal en sus países de origen por el peligro que ello supone, y es una injusticia exigirles que demuestren su transición en su país, cuando la mayoría de ellas son beneficiarias o con necesidades de protección internacional, precisamente por razón de su identidad de género. Por tanto, este requisito no sólo es inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que representa una barrera adicional para una población que ya de por sí enfrenta importantes obstáculos en sus procesos migratorios o de protección internacional.

La necesidad de garantizar la inclusión de estas personas en los sistemas de protección ha sido reclamada en los últimos meses por numerosas organizaciones e instituciones de reconocido prestigio, como la Asociación Internacional de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos LGTBI (ILGA), la Comisión Europea a través de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Por lo tanto, consideramos que es una injusticia esperar 15 años o más para que las personas trans migrantes que llegan a nuestro país buscando desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de seguridad, estabilidad e igualdad vean reconocidas su identidad de género y  queden fuera de los sistemas de protección en curso. Ello supone una situación que contravendría la jurisprudencia Europea provocandoles graves perjuicios.

Además, la falta de precisión de algunas normas estatales ha resultado ser un grave problema para el ejercicio de ciertos derechos por parte de la ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, del RDL 7/2018, que en principio pretendía garantizar el acceso universal al sistema sanitario y que en la práctica no ha podido resolver las situaciones para las que había sido concebido.

Por ello, ante la posibilidad de interpretaciones restrictivas de los propios textos normativos, instamos a que la inclusión de las personas trans migrantes en este proyecto de ley se exprese en términos inequívocos en cuanto a su finalidad.


Por ello, instamos al Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios a tomar las siguientes medidas:

  • Suprimir el artículo 44 del Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
  • Garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans migrantes con residencia permanente en España, independientemente de su situación administrativa.

Como organización: puedes adherirte al Manifiesto a través del siguiente formulario.

Como persona individual: puedes firmar la petición aquí.

Fuente KifKif (1, 2 )

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Atacado un centro LGTBI búlgaro por un grupo liderado por el candidato presidencial de extrema derecha Boyan Rasate

Martes, 16 de noviembre de 2021
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Ataque-a-Bilitis-Foundation-300x155La asociación de defensa de los derechos LGTBI búlgara Bilitis Foundation ha denunciado el ataque que sufrió uno de sus centros en Sofía por parte de un grupo de 10 hombres y mujeres, en el que resultó agredida una de las activistas presentes. El líder del asalto fue Boyan Rasate, fundador y candidato a las elecciones presidenciales por el partido de ultraderecha Unión Nacional Búlgara, que fue detenido por su participación en los hechos y puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio.

El ataque se produjo el pasado 30 de octubre y fue denunciado por Bilitis Foundation a través de su cuenta de Twitter. Alrededor de las 5:30 de la tarde, un grupo de 10 hombres y mujeres irrumpieron en el centro Rainbow Hub, que comparten Bilitis Foundation y la fundación GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society), otra organización de defensa de los derechos LGTBI. La coordinadora de proyectos Gloriya Filipova fue golpeada en la cara, mientras el mobiliario era destrozado.

Gloriya-Filipova-300x155Gloriya Filipova escribía en su cuenta de Twitter: «Lo único que pretendía era crear espacios más seguros para nuestra comunidad. Ayer mi mayor temor se hizo realidad: nuestro centro comunitario fue destruido y me dieron un puñetazo en la cara. Estoy segura de que tenemos suficiente amor para sanar, pero esto realmente duele. Es hora de que las instituciones del Gobierno búlgaro actúen».

Boyan-Rasate-300x155Filipova declaraba que el líder del asalto y su propio agresor había sido el fundador de la Unión Nacional Búlgara (BNS), Boyan Rasate, bien conocido por su beligerancia contra los derechos de las personas LGTBI.

El 2 de noviembre, también desde su cuenta de Twitter, Bilitis Foundation informaba de la detención de Boyan Rasate, después de que, a petición de la Fiscalía, la Junta Electoral Central le retirase su inmunidad como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 14 de noviembre.

La fiscal general Siika Mileva informaba que se presentarían cargos por vandalismo temerario. Rasate permaneció detenido durante 72 horas y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza de 500 euros en espera de juicio, aunque esa decisión puede ser apelada.

Aunque el Código Penal búlgaro establece penas de hasta cinco años de prisión por ataques en grupo a ciudadanos o sus bienes motivados por el origen étnico o racial, no ampara a quienes son agredidos por su orientación sexual o identidad de género. Precisamente, la agresión al centro de Bilitis Foundation se produjo diez días después de que se presentaran en el Parlamento búlgaro más de 8000 firmas solicitando la introducción de los delitos de odio contra la población LGTBI en el Código Penal.

El ataque al centro Rainbow Hub ha sido condenado por ILGA-Europa, Amnistía Internacional, la comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y por las misiones diplomáticas de España, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Holanda, Reino Unido, Portugal, Irlanda y Francia.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Polonia por retirar la custodia de sus hijos a una madre que inició una relación con otra mujer

Jueves, 23 de septiembre de 2021
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tribunal-de-estrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual. El alto tribunal europeo, por acuerdo de seis de los siete jueces encargados del caso (el séptimo, de nacionalidad polaca, se ha desmarcado del fallo que condena a su país) considera que los tribunales polacos que actuaron en los dos procedimientos judiciales analizados violaron los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La historia, según la narración de los hechos que hace en su comunicado de prensa el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pone los pelos de punta. La demandante (X) planteó en 2005 una demanda de divorcio de su marido (Y), con el que se casó en 1993 y había tenido cuatro hijos, después de que ella iniciara una relación con otra mujer. Los padres de X, que no estaban de acuerdo con la decisión de su hija, obtuvieron la custodia provisional, pero después de un primer acuerdo de divorcio entre X e Y la madre se hizo con la custodia de los cuatro hijos. La situación duró poco: un año después, en 2006, el padre acudió de nuevo a los tribunales y reclamó la custodia que antes no había querido. Durante aquel proceso la orientación de la madre fue objeto de discusión detallada, hasta el punto de que X se vio obligada a responder preguntas sobre el tipo de relaciones sexuales que mantenía con su nueva pareja. Como resultado de aquel proceso la custodia de los cuatro hijos pasó al padre.

X apeló, argumentando que ella había sido siempre la que había cuidado de sus hijos y que, de hecho, en el año en el que habían estado separados su expareja no se había preocupado de ellos. De nada sirvió: la justicia polaca rechazó la apelación en 2008 y confirmó que el padre tenía la custodia. Hasta tal punto llegó el sesgo discriminatorio del tribunal que este ignoró que el padre sí estaba dispuesto a cederle a su exmujer la custodia del hijo pequeño, atendiendo a su edad y a los vínculos emocionales del pequeño con la madre. De hecho, este se quedó junto a ella, mientras que sus tres hermanos se marcharon a la casa del padre. Unos meses más tarde X intentó, de hecho, que se revisara al menos la custodia del pequeño pero el tribunal no solo no le dio la razón, sino que obligó a que este se marchara definitivamente a la casa del padre. La apelación de X fue rechazada en 2009 con el argumento de que el pequeño necesitaba un «modelo masculino». La madre siguió peleando ante la justicia, argumentando que de hecho eran sus hermanas mayores y sus abuelos los que se encargaban de cuidar del pequeño en lugar de su padre, pero no consiguió recuperarlo.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que tanto durante el primer proceso (que concluyó con el otorgamiento de la custodia de los cuatro hijos al padre) como durante el segundo (durante el cual fue la custodia del niño pequeño la que estuvo en discusión), el Estado polaco trató de forma discriminatoria a X debido a su orientación sexual, violando los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. El alto tribunal condena al Estado polaco y le obliga a indemnizar a la mujer con 10.000 euros. Lamentablemente, el daño emocional causado es irreparable: han pasado ya más de doce años desde que que la justicia polaca arrebató al más pequeño de sus hijos, entonces de siete años, de los brazos de su madre.

El resultado final del fallo, no obstante, ha sido recibido positivamente por el activismo LGTBI. «La sentencia confirma la igualdad de derechos de los padres LGTBI en relación a sus hijos. El mejor interés de los hijos en recibir el amor y el cuidado debe prevalecer en cualquier consideración de custodia al margen de la orientación sexual de los padres», ha declarado Arpi Avetisyan, del departamento de litigaciones de ILGA-Europa, una de las organizaciones que ha dado soporte a la demandante.

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de una madre trans a la que la justicia rusa denegó el contacto con sus hijos

Miércoles, 14 de julio de 2021
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tribunal-de-estrasburgoImportante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia por no permitir a A.M., una mujer trans, continuar viendo a sus hijos una vez que esta transicionase y fuese reconocida legalmente como mujer. Los tribunales rusos dieron la razón a la otra madre, que argumentó que el contacto de su ex con los niños era perjudicial para su salud mental y su moralidad. El alto tribunal europeo, en un fallo unánime, considera que la prohibición viola los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

A.M. se casó en 2008 con otra mujer de la que se divorció en 2015. En ese tiempo tuvieron dos hijos, nacidos en 2009 y 2012. Después del divorcio A.M, consiguió ver reconocida legalmente su identidad femenina, algo que en Rusia solo es posible después de someterse a un proceso de reasignación. En se momento la otra madre comenzó a poner impedimentos al derecho de visita de A.M. a sus hijos. Una historia, en definitiva, muy parecida a la de tantas otras mujeres trans en diferentes lugares del mundo.

En este caso, si embargo, la otra madre lo tuvo fácil, teniendo en cuenta el marco legal al que se enfrentan las personas LGTBI en Rusia: le bastó con argumentar ante los tribunales rusos que el contacto de A.M. con sus hijos era perjudicial para su salud mental y moralidad, distorsionaba su percepción de la familia y les «exponía» a información sobre las «relaciones sexuales no tradicionales» (el elemento central de la ley rusa contra la «propaganda homosexual»). Los tribunales rusos le dieron la razón.

La batalla jurídica llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora, en un fallo de gran importancia para los derechos de las personas trans, ha determinado de forma unánime que Rusia violó en este caso los derechos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referidos al derecho al respeto a la vida y familiar y a la prohibición de la discriminación, respectivamente. En este último caso el alto tribunal vuelve a recordar que de acuerdo a su doctrina consolidada la identidad de género está cubierta por el derecho a la no discriminación.

No sabemos hasta qué punto la sentencia tendrá un efecto inmediato sobre la vida de A.M., teniendo en cuenta que, según el relato del caso que hace el alto tribunal europeo, la otra madre se trasladó a vivir con los hijos de ambas a un lugar desconocido, y A.M. no tiene información alguna de dónde ni cómo se encuentran. Pero al menos ahora cuenta con armas legales con las que continuar la batalla. El Estado ruso, además, deberá abonarle algo más de 10.000 euros (entre indemnización por daños causados y costas) pese a que la mujer no solicitaba indenmización pecuniaria en su demanda. De lo que no cabe ninguna duda es de que sentencia sienta un importantísimo precedente para los derechos de las personas trans en toda Europa. No es de extrañar que desde Transgender Europe e ILGA -Europa, dos organizaciones paragüas que agrupan a organizaciones trans y LGTBI de todo el continente, lo hayan considerado histórico.

 Fuente Dosmanzanas

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Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: inoperancia legislativa global y descenso de España a 8ª posición por la falta de legislación que ampare adecuadamente los derechos trans

Miércoles, 26 de mayo de 2021
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Ilga-Europa-2021-Mapa-1536x1086Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2021-Cumplimiento-EuropaIlga-Europa-2021-Cumplimiento-Espana

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2021-Clasificación-por-países

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Ilga-Europa-2021-Mapa-1536x1086

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Ilga-Europa-2021-Indice-1536x1086

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Ilga-Europa-2021-Cumplimiento-Espana

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

  • Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
  • Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
  • Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 201720182019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre los derechos LGTBI en Europa: la pandemia de la COVID-19 pone de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados

Jueves, 4 de marzo de 2021
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IMG_2050ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

En el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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El Comité de los Derechos del Niño de la ONU falla contra Finlandia por no conceder el asilo a una familia rusa formada por dos mujeres y su hijo

Viernes, 26 de febrero de 2021
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ONU-GAYEl Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha determinado que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del hijo de una pareja de mujeres cuando rechazó su solicitud de asilo, ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable cuando la familia no tuvo otra opción que regresar a Rusia. Una decisión que ILGA, la federación que agrupa a más de 1600 colectivos y organizaciones LGTBI de todo el mundo, ha saludado como un hito importante. «En el sistema de la ONU, este es el primer caso relacionado con el asilo que afecta a un niño que se enfrenta a riesgos específicos por la orientación sexual de sus madres, y por la familia que forman», ha declarado Kseniya Kirichenko, su coordinadora de programas. «Esta es también la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU toma una decisión sobre cuestiones de orientación sexual, y el primer caso sobre niños en familias del mismo sexo en la práctica de los órganos de los tratados en general», ha añadido.

Según informa ILGA, la decisión del Comité se refería a una solicitud presentada en nombre de A. B., que ahora tiene 11 años, un niño que había huido de Rusia junto con sus madres después de que la familia se enfrentara a acoso y amenazas, y de que él mismo empezara a sufrir acoso y aislamiento en la escuela. Hay que recordar, en este sentido, la especial situación que vive Rusia, un país en el que a la LGTBIfobia social se superpone desde hace más de una década una creciente LGTBIfobia de Estado que en 2013, después de que varias regiones lo hicieran por su cuenta, cristalizó en una ley estatal que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. Leyes que en la práctica hacen imposible celebrar el Orgullo LGTBI o simplemente enarbolar una bandera arcoíris.

Temiendo por su seguridad, la familia huyó a Finlandia, donde el niño empezó a ir a la escuela, hizo amigos y ya no tuvo que vivir con el temor a hablar abiertamente sobre su realidad familiar. Sin embargo, Finlandia rechazó su solicitud de asilo. Aunque las autoridades finlandesas reconocieron las experiencias pasadas de amenazas, acoso y discriminación, concluyeron que no podían considerarse constitutivas de persecución. A la familia no le quedó más remedio que regresar a Rusia. Sin embargo, la denuncia contra Finlandia acabó por llegar a Naciones Unidas.

Ahora el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los estados miembro, ha concluido que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del pequeño como consideración primordial al evaluar la solicitud de asilo ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable en caso de devolución a Rusia. El Comité considera que el Estado finlandés violó los artículos 3, 19 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene la obligación de proporcionar una reparación efectiva a la familia damnificada, incluida una «indemnización adecuada». La decisión del Comité fue informada por una intervención de terceros presentada conjuntamente por ILGA Mundo, ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Child Rights International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA).

«Esta es una decisión importante, que establece las normas necesarias para la protección de los niños de las familias LGBTI que están en mayor riesgo de discriminación, especialmente en países como Rusia, donde las personas LGBTI se enfrentan a la estigmatización y las hostilidades en su vida cotidiana», ha declarado Arpi Avetisyan, jefa de litigios de ILGA-Europa, que ha remarcado además la obligación de los estados de garantizar siempre que el interés superior del niño se tenga en cuenta de forma efectiva y sistemática en el contexto de los procedimientos de asilo y que no se les discrimine por la orientación sexual de sus padres. «En el pasado, hemos visto que las decisiones internacionales sobre solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales han llevado a concederles la residencia en los Estados demandados», ha añadido por su parte Kseniya Kirichenko. «Esperamos que Finlandia también garantice que esta familia pueda volver y tener por fin una vida feliz y segura», ha añadido. Esperemos que sea así.

Puedes descargar la decisión completa del Comité de los Derechos del Niño aquí (en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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Amazon permite recaudar fondos a decenas de grupos anti-LGBTI

Jueves, 7 de enero de 2021
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amazonportada-1036x518Por open Democracy

Decenas de grupos anti-LGBTI con sede en Estados Unidos están recaudando fondos en la plataforma de donaciones en línea de Amazon – pese a las políticas de la compañía contra la discriminación por orientación sexual – revela una nueva investigación de openDemocracy.

Amazon terminó 2020 como una de las pocas grandes ganadoras de la pandemia de COVID-19, pues las compras en línea crecieron exponencialmente con los confinamientos, el miedo al contagio y el cierre de las tiendas físicas. Las ganancias de la empresa crecieron casi 50% comparadas con las de 2019.

“Vive la experiencia de comprar y sentirte bien” es el eslogan del programa AmazonSmile, que habilita a los clientes a donar a organizaciones benéficas mientras compran en línea. Amazon asegura que desde el lanzamiento del programa en 2013 ha facilitado donaciones por más de 215 millones de dólares.

El Acuerdo de Participación de AmazonSmile establece claramente que las organizaciones elegibles para recibir donaciones no pueden “involucrarse, apoyar o promover: la intolerancia, la discrminación o prácticas discriminatorias por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad”.

Sin embargo, la investigación de openDemocracy descubrió más de 40 organizaciones inscriptas en la plataforma estadounidense de AmazonSmile que se oponen públicamente a la igualdad y los derechos de las personas LGBTI. Entre ellas hay grupos que:

  • intervinieron en numerosos litigios judiciales en EEUU y el resto del mundo para oponerse al matrimonio y adopción para parejas homosexuales y a leyes antidiscriminatorias;
  • aseguraron que la homosexualidad “abre las puertas al reino demoníaco” y que legalizar el matrimonio para personas del mismo sexo “impone” una “agenda inmoral, impulsada de forma demoníaca”;
  • catalogaron el COVID-19 como “la ira consecuente de Dios” y el castigo para pecados de la sociedad como la “propensión hacia el lesbianismo y la homosexualidad”;
  • atacaron programas de TV (por ejemplo, American Idol) por ampliar “la aceptación social de la homosexualidad” al presentar ante la audiencia a personas LGBTI como “gente común”;
  • amenazaron a su personal con “despidos inmediatos” si se descubría que expresaban apoyo al matrimonio igualitario.

En respuesta a estos hallazgos de openDemocracy, activistas de derechos humanos dijeron que Amazon debería retirar inmediatamente a esos grupos de su plataforma.

“Las empresas, si practican lo que predican, no deberían servir de vidriera para organizaciones que trabajan para limitar los derechos de otras personas”, dijo Evelyne Paradis, directora ejecutiva del grupo de defensa de derechos LGBTI ILGA-Europa.

Es bueno que Amazon tenga diversidad de grupos en su plataforma, agregó, “pero no debería dar lugar a ninguna organización […] que impulse activamente el odio y/o trabaje contra los derechos de otras personas”.

¿Promesas traicionadas?

Amazon ha expresado numerosos compromisos públicos con la no discriminación y la inclusión de personas LGBTI. Por ejemplo, como empleadora, ofrece desde hace varios años beneficios a las parejas homosexuales de sus empleados y presta cobertura para cirugías de reasignación de sexo.

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, recibió el Premio Nacional de Igualdad 2017 que entrega el grupo estadounidense de derechos LGBTI Human Rights Campaign. En 2012, él y su entonces esposa comprometieron públicamente 2,5 millones de dólares para la lucha por el matrimonio igualitario en el estado de Washington.

El sitio web de Amazon en Reino Unido publicita alianzas con organizaciones benéficas LGBTI, entre ellas el programa Diversity Champions del grupo Stonewall, en favor de ambientes laborales inclusivos.

Dos grandes grupos de la derecha cristiana estadounidense – Alliance Defending Freedom (ADF) y el Family Research Council – fueron retirados del programa AmazonSmile debido a la controversia por su activismo contra la población LGBTI.

Pero la investigación de openDemocracy revela que esos son apenas la punta del iceberg, y que muchas más organizaciones con similar historial de ataques a la gente LGBTI permanecen en AmazonSmile.

El director de uno de esos grupos, Human Life International, llamó a la población a oponerse al movimiento LGBTI y aseguró que la homosexualidad se relaciona con la pedofilia. A inicios de este año, openDemocracy reveló que este grupo apoya también iniciativas antiaborto en América Latina acusadas de propagar desinformación y de manipular a mujeres vulnerables sobre su salud y sus derechos.

El American Center for Law and Justice (ACLJ), encabezado por el abogado personal de Donald Trump, Jay Sekulow, también está inscripto en la plataforma AmazonSmile. Este grupo ha participado en numerosos litigios judiciales en EEUU contra el matrimonio igualitario. Su filial europea también suministró argumentos legales para prohibir que las mujeres polacas aborten en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida.

CPAC-1024x682El abogado en jefe de ACLJ, Jay Sekulow, es también el defensor personal de Donald Trump | Foto: Mark Taylor/Wikimedia CC BY 2.0

Otro grupo de AmazonSmile criticado por sus posturas divisivas y anti-LGBTI es la Billy Graham Evangelistic Association. Su presidente, Franklin Graham, afirma que Satán es el arquitecto del matrimonio igualitario y que el Islam es “diabólico” y “maligno”. Este año, varios locales y escenarios del Reino Unido cancelaron presentaciones de Graham debido a este tipo de expresiones.

Estos tres grupos se encuentran entre las decenas de organizaciones ultraconservadoras estadounidenses que, como reveló openDemocracy en octubre, han gastado millones de dólares en todo el mundo para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos, incluso en los juzgados.

Ayudar a ‘grupos de odio’

“Sé parte de algo más grande”, invita AmazonSmile a quienes compran en línea. La plataforma habilita a los clientes para que donen 0,5% del precio de las compras elegibles a las organizaciones benéficas que prefieran. Asegura tener en su plataforma más de un millón de estos grupos, y que los que más donaciones han recibido son los vinculados a la defensa de los animales, seguidos de los dedicados a la educación.

No está claro cuánto dinero han recaudado los grupos anti-LGBTI de donaciones de AmazonSmile, pues ni ellos ni Amazon suministran esa información.

AmazonSmile también tiene presencia internacional, con grupos diferentes a los cuales donar. Por ejemplo, ninguno de los estadounidenses catalogados como anti-LGBTI están inscriptos en el programa AmazonSmile de Reino Unido.

OpenDemocracy le entregó a Amazon un informe de investigación sobre las actividades y declaraciones anti-LGBTI de más de 40 grupos inscriptos en su plataforma estadounidense y preguntó a la compañía si investigaría posibles infracciones a su Acuerdo de Participación.

Una portavoz de Amazon respondió: “Las organizaciones benéficas deben cumplir los requerimientos mencionados en nuestro Acuerdo de Participación para ser elegidas por AmazonSmile. Las organizaciones que se involucren en, apoyen, alienten o promuevan la intolerancia, el odio, el terrorismo, la violencia, el lavado de dinero u otras actividades ilegales no son elegibles”.

“Si una organización viola este acuerdo en cualquier punto, su elegibilidad será revocada”, agregó la portavoz, aunque no indicó si esto pasará en estos casos.

La declaración añade que “desde 2013, Amazon se respalda en la Oficina Estadounidense de Control de Activos Extranjeros y en el Southern Poverty Law Center que suministran los datos para esas decisiones”.

El Southern Poverty Law Center (SPLC) elabora listas anuales de “grupos de odio”. ADF y el Family Research Council, las dos organizaciones que fueron retiradas del programa AmazonSmile, habían sido incluidas en esas listas como “grupos de odio anti-LGBTI”. Ambas rechazaron la designación.

De los más de 40 grupos que openDemocracy descubrió en AmazonSmile, ocho han sido socios o integrantes de la controvertida red del Congreso Mundial de Familias – también catalogado por el SPLC como “grupo de odio anti-LGBTI”.

En la plataforma de Amazon se encuentra asimismo una filial de la American Family Association (AFA) en el estado de Indiana, incluida en la lista actual de “grupos de odio anti-LGBTI” del SPLC. La AFA relaciona la homosexualidad con el nazismo y la tacha de “elección mala y peligrosa”.

Otra organización que recauda fondos en AmazonSmile es Focus on the Family, criticada por el SPLC debido a sus posturas anti-LGBTI y descrita como parte de “una docena de grupos que contribuyen a dirigir la cruzada anti-gay de la derecha religiosa”.

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Capturas de pantalla de la plataforma AmazonSmile tomadas en diciembre de 2020.

Seth Levi, director de estrategia del SPLC, confirmó que Amazon usa las “designaciones de grupo de odio” que realiza su organización para identificar a aquellos que “no se alinean con los valores y exigencias del programa Smile”.

“No estamos al tanto de si hay otras fuentes de información que use Amazon. Urgimos a la empresa a asegurarse de que ninguna de sus plataformas, incluidas las de ventas minoristas, recursos web y entretenimiento, sea usada para apoyar o dictar contenido de odio o deshumanizante, ni desinformación que amenace nuestro tejido democrático”.

Robbie de Santos, director asociado de campañas y comunicación de Stonewall, una organización británica que defiende derechos LGBTI, dijo a openDemocracy: “Es decepcionante ver que organizaciones que hacen campaña contra la igualdad LGBTI tienen una plataforma en AmazonSmile”.

Stonewall asegura haber enviado mensajes a sus contactos en Amazon acerca de lo denunciado por openDemocracy. “Planteamos nuestras preocupaciones a Amazon y seguiremos trabajando hasta que cada persona LGBT+ del mundo sea libre de ser quien es”, agregó De Santos.

El American Center for Law and Justice, la American Family Association, Focus on the Family y Human Life International no quisieron contestar sobre su observancia del Acuerdo de Participación de AmazonSmile.

Un portavoz de la Billy Graham Evangelistic Association dijo que el grupo está “agradecido de participar en el programa AmazonSmile”, que “no se involucra en discriminación ilegal” y que “no promovemos la intolerancia”. La organización añadió: “Esperamos que AmazonSmile siga respetando los derechos y la dignidad de todas las personas y no discrimine a grupos confesionales basándose solamente en las creencias religiosas que profesan con sinceridad”.

Fuente Agencia Presentes

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Detenida la activista LGTBI bielorrusa Victoria Biran en una de las marchas de mujeres contra Lukashenko

Sábado, 17 de octubre de 2020
Comentarios desactivados en Detenida la activista LGTBI bielorrusa Victoria Biran en una de las marchas de mujeres contra Lukashenko

LGBT_pride_flag_of_Belarus_02-300x150La activista bielorrusa por los derechos LGTBI+ Victoria Biran ha sido detenida y encarcelada por policías encapuchados mientras se dirigía a una de las marchas de mujeres contra Alexander Lukashenko. Amnistía Internacional reclama su liberación por ser una «presa de conciencia» y correr «especial peligro por malos tratos» al pertenecer al colectivo LGTBI.

Según señala Amnistía Internacional, el motivo del encarcelamiento de Biran fue muy posiblemente que esta portaba una bandera arcoíris mientras se dirigía a una marcha de mujeres en Minsk, la capital bielorrusa. Estas marchas pacíficas y multitudinarias de mujeres han supuesto una reacción ante la brutalidad con la que la policía había reprimido con anterioridad las convocatorias en las que participaban hombres de forma igualitaria o mayoritaria. Pese a ello, la policía bielorrusa ha llevado a cabo detenciones selectivas entre sus participantes.

La prensa internacional ha definido a a Biran como «posiblemente la activista LGTBI más brillante de su generación». Ahora Biran se encuentra privada de libertad tras ser condenada a 15 días de prisión en el centro de detención de la calle Akrestina, conocido por los opositores bielorrusos como sinónimo de tortura y otros malos tratos, incluyendo la violencia sexual, contra los detenidos. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de difusión de este encarcelamiento y de recogida de firmas para pedir la liberación de la activista. También ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a decenas de asociaciones y colectivos LGTBI de todo el continente, se ha hecho eco de la campaña de Amnistía Internacional.

El gobierno bielorruso de Aleksander Lukashenko se ha caracterizado en los últimos años por seguir la estela de Rusia en materia LGTBI+, lo que se traduce en privación de derechos básicos como el de asociación o la aplicación de políticas contra una supuesta «propaganda homosexual». Por otra parte, Lukashenko no ha dudado en azuzar el odio en sus discursos contra la comunidad LGTBI+. En este enlace podrás descubrir más atropellos contra la comunidad LGTBI+ en Bielorrusia que hemos recogido durante años en dosmanzanas.com. Un país en el que lla homosexualidad no es ilegal, pero cuyo gobierno ha planteado medidas como aumentar la edad para permitir las relaciones del mismo sexo de los 16 a los 18 años para complacer a los sectores religiosos más conservadores del país.

Las más recientes protestas en Bielorrusia, en las que han sido detenidos varios activistas y otras personas LGTBI+ del país, se originan tras el presunto fraude electoral cometido en las pasadas elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko fue reelegido tras 26 años en el poder por un 80% del electorado. Recordemos que las tres líderes de la oposición que se enfrentaron al mandatario lo hicieron tras la detención de sus maridos, los principales líderes opositores. Ahora ellas se encuentran en el exilio. Por hechos como este las mujeres han adquirido un papel principal en este proceso. La Unión Europea no reconoce estos resultados, la oposición bielorrusa se sigue manifestando contra Lukashenko y este se refugia en el amparo prestado por Vladimir Putin.

Fuente Dosmanzanas

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Hungría culmina la villanía: prohíbe que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género asignado al nacer

Jueves, 21 de mayo de 2020
Comentarios desactivados en Hungría culmina la villanía: prohíbe que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género asignado al nacer

13968854263210El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

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Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: inmovilismo y deterioro en varios países, aunque España sube al 6.º puesto por la sentencia del Constitucional sobre menores trans.

Miércoles, 20 de mayo de 2020
Comentarios desactivados en Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: inmovilismo y deterioro en varios países, aunque España sube al 6.º puesto por la sentencia del Constitucional sobre menores trans.

Ilga-Europa-2020-MapaAunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2020-Clasificacion-por-paises

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Ilga-Europa-2020-Mapa

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Espana

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

  • Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

 Fuente Dosmanzanas

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FELGTB y organismos internacionales alertan de la situación de vulnerabilidad de las personas LGTBI ante la crisis del COVID-19

Viernes, 15 de mayo de 2020
Comentarios desactivados en FELGTB y organismos internacionales alertan de la situación de vulnerabilidad de las personas LGTBI ante la crisis del COVID-19

dia-contra-la-lgtbifobiaCon motivo del Día contra la LGTBIfobia que se celebra el próximo domingo 17 de Mayo

La Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Trans y Bisexuales (FELGTB), la entidad de derechos humanos OutRight Action International e ILGA Europa, entidad referente a nivel internacional a la que pertenece FELGTB, alertan de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas del colectivo LGTBI como consecuencia de la crisis del COVID-19 puesto que el confinamiento y la privación temporal de libertad agrava las discriminaciones ya existentes.

En este sentido, apuntan que, con 90 países en cuarentena y casi 4.000 millones de personas refugiándose en casa de la pandemia, las personas LGBTI experimentan en la actualidad un mayor riesgo de violencia doméstica (intragénero o la sufrida por jóvenes confinados con familias LGTBIfóbicas), un mayor aislamiento, sobre todo las personas mayores, y una mayor precariedad económica, en muchos casos, derivada de discriminaciones previas que las empujaron a actividades no reguladas, a la vez que sufren una disminución de recursos, puesto que las propias organizaciones LGBTI que ya trabajaban precariamente y luchan ahora por su supervivencia financiera.

Según explican estas entidades, las personas LGTBI sufren en general niveles más altos de violencia, exclusión y privación de derechos debido al estigma, la discriminación y la criminalización de su realidad en muchos países del mundo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad mayor. Asimismo, recuerdan la problemática a la que se enfrentan muchas familias LGTBI ante los cierres de fronteras, puesto que determinados documentos emitidos en un país, como certificados de matrimonio, filiaciones y certificados de identidad de género, pueden no ser reconocidos en otro.

Además, las entidades ponen de manifiesto que los altos niveles de estigmatización y discriminación de los servicios de salud han apartado a las personas trans e intersex de los sistemas sanitarios durante años, lo que puede generar retrasos a la hora de buscar atención médica cuando se precise. Del mismo modo, alertan sobre las interrupciones en el acceso a determinados tratamientos imprescindibles para las personas LGTBI, como la medicación relacionada con el VIH o la terapia hormonal, que se están produciendo en la actualidad en muchos países como consecuencia del colapso de los sistemas sanitarios por la crisis del COVID-19.

Igualmente, estos organismos denuncian la situación de millones de personas refugiadas, incluidas las personas LGTBI solicitantes de asilo, que se encuentran en campos de refugiados con condiciones sanitarias e higiénicas propensas a la propagación del virus. Las personas LGTBI que conviven en estos centros se encuentran, además, a menudo sin espacios seguros y expuestos a la LGTBIfobia por la que huyeron de sus países de origen.

Por otra parte, las entidades muestran su preocupación por los abusos de poder cometidos por determinados estados como Turquía, Polonia, Uganda y Filipinas, donde las primeras investigaciones revelan que se está aprovechando la implantación de medidas para controlar la pandemia para mermar los derechos de la población LGTBI, así como la proliferación de los discursos de odio en países como Ucrania, Kenia, Ghana, Rusia o los Estados Unidos, entre otros, en los que, generalmente, líderes religiosos conservadores, relacionan directamente la crisis sanitaria con las personas LGTBI.

Legislación como garantía de derechos

Con motivo del Día Internacional contra el LGTBIfóbia, ILGA Europa ha presentado su informe anual 2019 sobre la situación de las personas LGTBI en Europa. Según esta investigación, prácticamente la mitad de los países europeos (49%) se ha estancado en materia de derechos LGTBI sin que se produzca en ellos ningún tipo de avance desde el año anterior.

Sin embargo, tal y como defiende la copresidenta de la Junta Ejecutiva de ILGA-Europa, Darienne Flemington, “es precisamente ahora cuando los gobiernos deben mantenerse firmes en el estado de derecho y los derechos humanos”. Y es que, tal y como explica la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, “esta emergencia de salud pública convive con una crisis de desigualdad estructural que provoca que las personas vulnerables sufran mayores riesgos. Ante la situación actual, las personas LGTBI y otras poblaciones vulnerables solo tendrán las leyes como escudo, por lo que ahora es más importante que nunca que los gobiernos garanticen sus derechos a través de las legislaciones”.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda que España sigue sin una legislación estatal que garantice los derechos de las personas LGTBI. “Las personas trans siguen sin ver reconocida la autodeterminación del género, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y, en situación de emergencia, a determinados recursos de ayuda. La violencia intragénero sigue siendo una gran desconocida para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, los menores siguen expuestos al acoso y al ciberacoso sin protocolos, ni formación en sus escuelas y las parejas de mujeres siguen sin poder filiar a sus descendientes sin estar casadas, discriminación que se ha agravado durante confinamiento cuando los registros suspendieron las uniones matrimoniales”, denuncia.

Por todo esto, y “para evitar discriminaciones y riesgos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo”, reclama que se apruebe “una ley estatal que iguale los derechos de las personas trans y LGB a los del resto de la población”.

España ha ascendido en el ránking de ILGA a la sexta posición desde la undécima que ocupó en la edición de 2018, sin embargo, la presidenta de FELGTB explica que no es motivo de celebración. “Hemos subido en el ránking gracias a la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el acceso al cambio registral de género a los menores trans, lo cual fue una buena noticia, pero las personas LGTBI no podemos depender exclusivamente de sentencias judiciales, necesitamos una legislación estatal que iguale nuestros derechos independientemente del territorio en el que residamos”, asegura.

Fuente FELGTB

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