Su  pareja, una mujer trans recluida en el Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena, teme por su vida. En diciembre pasado la Justicia había acogido un recurso de amparo a favor de la pareja. El Movilh expresó su preocupación a Gendarmería y pidió la Intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Un interno de 25 años, Wilson Villanueva Riffo, fue encontrado muerto en una celda del Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena,  luego de que junto a su pareja, una mujer trans, denunciara a gendarmes por torturas y acosos homo/transfóbicos, siendo los hechos repudiados hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo a cercanos, gendarmes  venían desde hace meses hostigando a Wilson y a  su pareja  en razón de la orientación sexual y la identidad de género, a un punto que “lanzaban orina al módulo 94 de la cárcel”, el cual está destinado para la población LGBTIQ+

En septiembre pasado, Gendarmería llegó al extremo de separar y trasladar de manera ilegal a los/as internos/as a otras cárceles, a las de  Arica y Concepción,  contraviniendo al Juzgado de Garantía de La Serena que había ordenado paralizar esos trámites.

Por esta razón, Wilson y su pareja presentaron acciones legales contra la alcaide de la cárcel de La Serena, Elizabeth Ramos, tras lo cual los/as interno/as debieron ser devueltos a dicho recinto, sin embargo los mantuvieron durante meses en celdas de aislamiento, lo cual fue calificado de ilegal por la propia Corte Suprema

El 6 de diciembre pasado la Corte Suprema concluyó que “los amparados se encuentran en celdas de aislamiento casi cuatro meses, no siendo dichas dependencias las idóneas para el cumplimiento de pena privativa de libertad, lo que se agrava por el hecho de que la resolución del tribunal (de primera instancia) fue clara en orden a que la destinación era de carácter provisoria (…) La mantención en las celdas de aislamiento, habiendo cesado su motivo y no esgrimiéndose uno nuevo, se traduce en ilegal”.

El pronunciamiento judicial no bastó. De acuerdo a familiares, los acosos homo/transfóbicos continuaron razón por la que Villanueva Riffo se auto-lesionó con  arma blanca el anterior sábado.

Si bien las causas del deceso aún se investigan, cercanos a la víctima y a  su pareja señalaron al Movilh que Villanueva Riffo no recibió la asistencia adecuada por parte de gendarmes, pese a su intento de suicidio.

“Lo dejaron solo una hora sin quitarle sus cordones, sin esposarlo, sin cuidar su integridad física y al momento de ir a verlo lo encontraron ahorcado”, denunciaron cercanos al Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó de “gravísima esta situación. Aquí ha sido la propia Corte Suprema la que ha tipificado de ilegal las medidas que adoptaba el Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena contra Wilson y su pareja, quienes a su vez venían denunciado hace meses acosos y torturas homo/transfóbicas”.

“Hemos expresado nuestra máxima preocupación a Gendarmería por estos abusos y hemos solicitado la intervención a la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia. Que un interno haya perdido la vida, tras ser sometido  a sanciones ilegales por parte de Gendarmería, y que otra interna, una mujer trans, tema por su integridad física, es una situación alarmante y gravísima. La única pena legal contra internos/as es la privación de la libertad, por lo que el proceder de la cárcel de la Serena es a todas luces ilegal”, apuntó Jiménez.

“La situación es más grave aún porque a la interna trans le están negado la posibilidad de ir al funeral de su pareja, por lo que estos momentos realizamos intensas gestiones para revertir esa brutal medida”, finalizó Jiménez.

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Una interna del módulo 94 señaló los atropellos provienen tanto de gendarmes como de otros reclusos que se organizan para hostigar a las personas LGBTIQ+

 Los/as internos/as gays, bisexuales y trans del módulo 94 del  Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena, denunciaron que las torturas en razón de su orientación sexual o identidad de género continúan, aún cuando el pasado 28 de mayo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reportó parte de los atropellos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y al Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería.

“Soy una chica transgénero, tengo miedo de mi integridad física y psicológica. Ya cuento con varias cirugía en mi cuerpo y no sé lo que me espera”, señaló A.D.T quien se suma a las denuncia efectuadas en mayo pasado por V.P.P y  S.V.G y J.M.M,  todos/as del módulo 94.

Al igual que su compañeros/as de celda, A.D.T denunció que el pasado 12 de mayo un funcionario, de apellido Manríquez, “nos agredió con gas pimienta, nos trató de maricones y lacra. Solo a mí a otra persona V.P.P no dejaron constatar lesiones en el Hospital Penal. En tanto a S.V.G y J.M.M. no  les permitieron eso”.

Explicó que a raíz de lo expuesto el 24 de mayo fueron visitados/as por funcionarios/as del INDH, sin embargo, solo a los minutos de que éstos abandonaron el lugar, los internos/as del Módulo 91, que siempre los hostigan por su orientación sexual o identidad de género,  “comenzaron a lanzarnos piedras”. Más aún, explicó A.D.T, “cuando intentamos defendernos lanzándoles orina, los funcionarios/as nos sancionan a nosotros/as. Pido que se revisen las cámaras del sector para que sepa la verdad”.

El Movilh, que ha intervenido en el 95% de las denuncias de internos/as LGBTIQ+ afectados por abusos homo/ransfóbicos a lo largo del todo el país, estimó que “lo ocurrido en La Serena amerita una intervención a fondo e inmediata de la autoridad. Aquí está en riesgo la vida de personas, cuya única sanción legal es la privación de la libertad. La homo/trasfobia no puede tener espacio”.

En tal sentido, el Movilh volvió a insistir ante el INDH y el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería para que intercedan directamente en el cárcel a favor de los afectados/as.

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Junto con recordar al joven, el Movilh reportó que tras su asesinato otras 34 personas LGBITQ+ han perdido la vida en crímenes de odio. En tal sentido el organismo insistió en la necesidad de reformar la Ley Zamudio, llamando al Congreso Nacional a acelerar su tramitación, además de lamentar que a la fecha Gendarmería aún no explica los irregulares e ilegales beneficios con que cuenta uno de los homicidas de Daniel en la Cárcel de Valparaíso.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordó que hoy se cumplen nueve años del “brutal ataque homofóbico que terminó por quitar la vida a Daniel Zamudio”, al tiempo que instó al Congreso Nacional a acelerar la tramitación de la reforma a la Ley Antidiscriminatoria y lamentó que hasta la fecha Gendamería “no explique los irregulares e ilegales beneficios carcelarios con que cuenta uno de los homicidas del joven, hecho que denunciamos el año pasado”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, recordó que “un día como hoy, a eso de las 20:00 horas, Daniel Zamudio  salió de un cibercafé en Providencia y se dirigió al Parque San Borja. Cerca de las 21:30 horas comenzó a conversar con cuatro sujetos, que solo en razón de su orientación lo torturaron durante horas, hasta la madrugada del día siguiente”.

El crimen homofóbico “es unos de los más brutales conocidos en Chile y a nivel internacional. A Daniel lo orinaron y quemaron con cigarros, azotaron su cabeza con una piedra de 6 kilos y con vidrios dibujaron la esvástica en su cuerpo. Producto de la golpiza falleció el 27 de marzo. Daniel significó un antes y un después para los derechos LGBTIQ+ y en razón de su fatal desenlace, se aceleró la tramitación de la Ley Antidiscriminatoria, que renombramos como Ley Zamudio”.

Lamentablemente, añadió Rementería, “tras  el asesinato Zamudio, las denuncias por ataques a personas LGBTIQ+ han aumentado, a un punto que se han registrado 34 nuevos crímenes de odio, resultando en la casi totalidad de los casos completamente ineficiente la Ley Zamudio para alcanzar justicia, pues solo en cuatro ocasiones se ha aplicado el agravante contemplado en la norma y no ha habido ningún tipo de reparación”.

Un estudio del Movilh arrojó que desde la entrada en vigencia de la Ley Zamudio, y hasta el 2020, se presentaron unas 500 denuncias por Ley Zamudio. De éstas, apenas el 23,4% terminó con sentencias, la mayoría desfavorables para las víctimas.

“Esto significa que las personas no están usando la ley y que cuando la utilizan en pocas ocasiones hay justicia. Por eso insistimos en la necesidad de acelerar la reforma, la cual se encuentra radicada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tras su aprobación general en Sala el pasado 27 de enero”, sostuvo Rementería.

Entre otros, la reforma debe considerar “indemnización y reparación  para las víctimas, la eliminación de restricciones que impiden apelar a la ley para derogar normas o sentencias discriminatorias y la instalación de posibilidades  reales para aplicar el agravante ante un delito relacionado con  exclusiones, enfatizando el enfoque preventivo de la vulneración de derechos”, apuntó Rementería.

Finalmente, el Movilh lamentó que a “nueve meses de denunciar que Alejandro Angulo,  uno de los asesinos de Daniel Zamudio, gozaba a julio del 2020 de diversos beneficios carcelarios en la Cárcel de Valparaíso; como son uso de celular y de videojuegos; Gendarmería de Chile aún no responde a estos reclamos, ni menos se ha conocido de sanciones contra los responsables de estas ilegalidades. Repudiamos la indiferencia e indolencia de Gendarmería frente a estos atropellos, que han significado incluso que desde la cárcel Angulo amenace con asesinar más personas”.

Historia sobre el Caso Zamudio aquí:

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“Siempre serás un hombre”, le gritan funcionarios de la institución, además de golpearla, lanzarle gas y desnudarla frente a terceros para que vean sus genitales. El nuevo atropello se conoce a días de que un interno se suicidara en La Serena tras abusos homofóbicos de gendarmes.

Una mujer trans, K.M.P (31 años) ha sufrido constantes torturas en razón de su identidad de género en manos de funcionarios/as del Centro Penitenciario Acha Arica, denunció con angustia la madre de la víctima al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El nuevo abuso es conocido a solo 4 días de que el interno Boris Esteban Castillo Arriagada (23) se suicidara en el Complejo Penitenciario de La Serena, tras recibir constantes abusos en razón de su orientación sexual en manos de gendarmes, atropellos que el Movilh había denunciado en junio del 2020 a la institución, sin que se adoptaran las medidas necesarias para protegerlo.

En esta oportunidad, la madre de K.M.P. relató que desde noviembre del 2020 su hija ha visto vulnerados sus derechos en razón de su identidad de género en manos del funcionario de Gendarmería, Hugo Martínez, y de la paramédico Claudia Claveles.

Mi hija “está siendo violentada psicológica y físicamente por su identidad de género, al extremo que la hacen desnudarse ante varios miembros del recinto para decir y “demostrar” que es  “un hombre”. Le están haciendo mucho daño”, precisó la madre.

Además, de acuerdo a la denuncia, la mujer ha recibido golpizas, le han lanzado gases, la ofenden con frases transfóbicas, la desnudas para que otros/as vean sus genitales y le niegan el acceso a las hormonas para el tratamiento de cambio corporal.

Por todos estos hechos, el pasado 25 de enero, la madre de K.M.P, visitó de urgencia a su hija, percatándose de su grave estado de salud, por lo que dos días más tarde se reunió con el alcaide el Centro Penitenciario.

“En tal ocasión, la madre le dio a conocer las agresiones de que habían sido víctima su hija, pero la respuesta del Alcaide fue que la interna se portaba un poco mal. Es decir, justificó de cierta manera los actos denunciados. Asimismo, luego de la visita de la madre a dicha reunión, la interna  le comentó que sufrió nuevos malos tratos por parte del gendarme Sr. Martínez, a modo de represalia”, señaló la abogada del Movilh, en misivas dirigidas al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez,  y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.

“Las situaciones que están ocurriendo en Gendarmería son alarmantes y pese a que las venimos denunciando de manera periódica hace unos cuatro años, nada cambia al interior de la Institución. Cuando denunciamos estos abusos, llegamos a acuerdos que no se cumplen, en otras ocasiones no responden correos y/o no adoptan la medida más básicas que solicitamos: investigar las denuncias por abusos homo/transfóbicos por personas no vinculadas con las víctimas, ni con los victimarios, ni tampoco con el recinto donde ocurren a los atropellos. Esto es lo que más teme o se niega Gendarmería, cuando sería la una de las pocas herramientas que ayudarían a dar con la verdad y hacer justicia”, señaló el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

Por lo expuesto “desde ahora en adelante el Movilh ya no comunicará de estos y otros casos solo a Gendarmería, sino que al mismo tiempo solicitaremos la intervención del INDH, a objeto de prevenir y erradicar la homo/transfobia tan arraigada en una Institución y frente a lo cual el Ministerio de Justicia y su Subsecretaría de Derechos Humanos guardan total silencio”, finalizó Rementería.

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Así lo reportó el Movilh a Gendarmería

 Luego de que Gendarmería anunciara una investigación por las amenazas de muerte que Alejandro Angulo lanza desde la cárcel de Valparaíso, donde se encuentra recluido por el asesinato de Daniel Zamudio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) aportó hoy nuevos antecedentes

En efecto, y tras denunciar la existencia de un video donde Angulo amenaza de muerte, el Movilh solicitó hoy al Departamento de Derechos de Gendarmería que investigue y sancione a los funcionarios responsables de diversos e ilegales beneficios a los que está accediendo el homicida.

Junto con señalar a la institución que el video en cuestión correspondería a un intercambio por WhatsApp, donde intervienen otras personas, el Movilh reportó que una de las víctimas de Angulo  “nos ha informado que funcionarios de Gendarmería otorgaron diversos beneficio al  sujeto, como uso de celular y de Joystick. Más aún, nos indican que a Angulo le permiten ingresar e incluso vender celulares al interior del recinto penal y que, a cambio de ello, solo le piden que reparen artículos electrónicos de los gendarmes”.

“Solicitamos, por tanto, denunciar al Ministerio Público las amenazas de Angulo, brindar protección a quienes son víctimas de sus abusos, garantizar que el sujeto no tenga ningún beneficio o acceso celulares o cualquier beneficio, y que se investigue y sancione a los gendarmes responsables de permitir estas regalías”, finalizó el Movilh.

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La institución prepara un nuevo protocolo. La temática fue abordada en reunión del Movilh con el director nacional de la institución, Christian Alveal.

 Gendarmería de Chile está coordinando importantes pasos para garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género tanto a sus funcionarios, como a quienes cumplen condenas, destacó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

 El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que Gendarmería “se encuentra redactando un nuevo protocolo contra las exclusiones que afectan a las personas LGBTI y en especial a las personas trans, lo cual nos alegra”, señaló el dirigente Rolando Jiménez.

En efecto, en cita del Movilh con el director nacional de Gendarmería , Christian Alveal, y con las unidades Jurídica y de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la institución, se trató la elaboración de un nuevo protocolo “que ahora si garantizará respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no rectificado su partida de nacimiento, así como internarlas en cárceles acordes a su género. Este es un gran avance”, apuntó Jiménez

Para la redacción del protocolo, trabajo que está en manos de la abogada de Gendarmería Alicia Salinero, se están estudiando experiencias nacionales y extranjeras, recogiendo opiniones de diversas instituciones y, muy particularmente, analizando de los recursos ganados por internos o funcionarios con el apoyo del Movilh en los últimos tres años. El más reciente, del pasado 5 de noviembre, tuvo lugar cuando la Corte Suprema exigió a Gendarmería respetar el género y la vida privada de una de sus funcionarias trans.

 “Valoramos el compromiso manifestado por el actual director nacional de afianzar avances previos; como lo es el derecho a venusterio de las parejas del mismo sexo, y generar nuevas transformaciones a favor de la igualdad. Del mismo modo, estamos muy entusiastas con el trabajo de la abogada Salinero, pues en conversación con ella, nos percatamos que se ha preocupado mucho de conocer a fondo la realidad de las personas trans”, finalizó Jiménez.

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Tras recurso presentado por el Movilh, el fallo obliga a Gendarmería a respetar el nombre y sexo social de una de sus trabajadoras, así como a mantener en reserva su identidad legal.

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió una apelación presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra Gendarmería de Chile por negarse a respetar el nombre y sexo social de una funcionaria trans, siendo el fallo el primero del máximo tribunal en hacer referencia a la Ley de Identidad de Género.

“Gendarmería se había negado a respetar el nombre social en la casilla electrónica de una de sus trabajadoras, así como a mantener en reserva frente a otros funcionarios la identidad legal asignada al nacer, argumentando que ello no era discriminatorio, ni vulneraba ningún derecho. En primera instancia la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó nuestro recurso de protección. Apelamos basándonos en la Ley de Identidad de Género (LIG), y felizmente ganamos en la Suprema. Esto sienta un importante precedente. Esto sienta un importante precedente ya que establece que no es posible ampararse en la falta de dictación de un reglamento, para desatender el mandato constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la dignidad”, sostuvo la abogada del Movilh, Paz Becerra.

El fallo fue pronunciado por los ministros de la Tercera Sala de esta Corte Suprema Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Carlos Aránguiz y el abogado integrante Pedro Pierry.

El artículo 4 de la LIG “reconoce garantías asociadas al goce y ejercicio del derecho a la identidad de género, entre las que se encuentran el reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género, a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad y al libre desarrollo de su persona”, señaló el fallo.

En tal sentido, añadió la sentencia, no puede desatenderse “el mandato constitucional en orden a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la dignidad de toda persona y asegurar el respeto de sus derechos en plenitud, entre los que se encuentra el ser tratada socialmente de acuerdo con su convicción personal e interna, de ser hombre o mujer, tal y como la persona se percibe a sí misma”.

La Suprema redondeó que no existe “impedimento legal para asignar a la recurrente una casilla electrónica con el nombre de usuario que se avenga de mejor manera a su identidad de género, circunstancia que no obsta a dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 18.834, pues el correo electrónico institucional no se encuentra dentro de los documentos cuya individualidad debe coincidir necesariamente con el nombre registrado en la cédula de identidad respectiva”.

Agregó que “tampoco resulta suficiente argumentación, aquélla esbozada por la recurrida para rechazar lo solicitado por la actora en cuanto a tomar todas las medidas necesarias en orden a que el resto de los funcionarios de la institución no tenga acceso a sus registros personales, desde que el mantener en reserva su hoja de vida resulta una medida adecuada para resguardar el derecho a la protección de la vida privada de la recurrente, frente a posibles actos discriminatorios”.

La Suprema sentenció además que Gendarmería incurrió en un “acto arbitrario que afecta la integridad psíquica de la recurrente y el derecho a la protección de su vida privada, protegido por el artículo 19 N° 1 y 4 de la Carta Fundamental (…) La autoridad recurrida, pudiendo hacerlo, no adoptó las medidas necesarias en resguardo a su derecho de ser tratada socialmente de acuerdo a su convicción interna de ser mujer, tal y como se percibe a sí misma, lo que afecta su integridad psíquica y su derecho a la protección a su vida privada, al mantener sus antecedentes personales al alcance de los demás funcionarios de la institución”.

El fallo previno, por último, que el ministro Aránguiz y el abogado Pierry, estuvieron por mantener en reserva los antecedentes legales de la mujer trans, pero en contra de que el correo electrónico respetara su nombre social.

Con el fallo de la Suprema se revocó una sentencia que el pasado 11 de julio habían dictado los ministros de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Rivera Muñoz, Bárbara Quintana Letelier y el abogado integrante José Luis López Reitze, quienes habían rechazado el recurso de protección presentado por el Movilh.

Sentencia completa aquí

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Los dejó con severas lesiones en distintas partes del cuerpo.

Cinco internos del “módulo para la diversidad sexual” de la Cárcel Santiago 1, denunciaron ante el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) que fueron ayer torturados por un gendarme, en medio de insultos por su orientación sexual.

Los afectados; cuatro de ellos chileno y uno extranjero; precisaron que los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 A.M , identificando como responsable al “teniente Castro”, quien les propinó golpes con objetos contundentes.

Tras el abuso, que ocurrió en el marco de un allanamiento al módulo, los afectados constaron lesiones en el recinto médico del penal.

«Repudiamos totalmente este nuevo episodio de torturas que cometen gendarmes contra las personas LGBTI. Los gendarmes deben entender de una vez que el único castigo para los internos es la privación de libertad y que todo otro abuso raya en la tortura, además de constituir discriminación cuando se mezcla con insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que “en relación a este último incidente hemos presentado un recurso de amparo. Del mismo modo, exigimos una intervención inmediata del Ministerio de Justicia, el cual ha guardado silencio en todos los abusos que hemos denunciado en los últimos dos años, pese existir fallos de tribunales que han condenado estos atropellos y exigido su cese inmediato”

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En el recurso patrocinado por el Movilh se alega que Gendarmería se niega a incluir el nombre y sexo social de las personas trans en correos electrónicos y registros internos que están a la vista de otras personas, violentando así la Ley Zamudio.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una funcionaria administrativa de Gendarmería presentó un recurso de protección contra la institución por negarse a respetar su nombre y sexo social.

La abogada del Movilh, Paz Becerra, precisó que en febrero pasado la trabajadora comunicó a la institución su transexualidad y comenzó a adecuar su estética a la identidad de género que la representa, lo cual derivó en “actitudes y comentarios transfóbicos en su contra, provenientes de algunas jefaturas y de compañeros de trabajo”.

En virtud de ello, el Movilh solicitó por escrito a Gendarmería que investigara los acosos transfóbicos, que capacitara a todos sus funcionarios en diversidad sexual sexual y de género y que adoptara las medidas necesarias para respetar el nombre y sexo social de la trabajadora.

Si bien Gendarmería accedió a buena parte de las demandas, se negó a que el nombre y sexo social de la trabajadora fuesen respetados en el corree electrónico y los registro internos a los cuales tienen acceso otros funcionarios, argumentando que para ello la mujer debía primero cambiar su identidad legal.

La abogada Becerra precisó que tal exigencia es “arbitraria e ilegal”, pues contraviene la no discriminación por identidad de género garantizada en la Ley Zamudio, así como diversos fallos de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no cambiado su identidad legal.

De igual manera, apuntó la abogada en el recurso, con su actuar Gendarmería violentó diversos principios constitucionales; como son el derecho la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, además de transgredir la Convención Americana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “doblemente repudiable es que en los últimos dos años Gendarmería de Chile ha sido obligada una docena de veces por tribunales a respetar el nombre y sexo social de las y los internos trans. Con lo ocurrido ahora a una de sus trabajadores, es claro que esta institución nada ha entendido de los fallos de los tribunales y, por el contrario, persiste con su tradicional, peligrosa y perjudicial transfobia”.

Por todo, “esperamos un fallo favorable y que de una vez por todas Gendarmería respete los derechos humanos de sus trabajadores/as y de los internos/as”, finalizó el Movilh.

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El Movilh denunció la vulneración a la vida, a la salud, al bienestar y a la dignidad humana consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy a Gendarmería de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por torturar a internos LGBTI, los cuales son además repetidamente insultados en razón de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto se denunciaron las agresiones que el pasado 11 de julio un grupo de gendarmes del Centro Penitenciario de La Serena propinó a la interna trans María del Pilar López Barrera y a otros cinco reclusos gays, algunos de los cuales quedaron con evidentes lesiones en su cuerpo, tras ser humillados por ser LGBTI y/o vivir con VIH. La situación fue tan dramática, que Gendarmería impidió que los reclusos enfermos accedieran a sus medicamentos.

En su denuncia el Movilh recordó que informes del Instituto Nacional de DDHH (INDH) han revelado situaciones indignas y precarias al interior del Centro Penitenciario de La Serena.

“Los baños del interior de la celda (de castigo) se encuentran en pésimas condiciones de higiene y salubridad, con el inodoro, lavatorio y ducha en mal funcionamiento. Por lo tanto, no hay disponibilidad de agua potable durante el periodo de encierro. Los aparatos no son limpiados con regularidad, tampoco existe basurero ni sistema de ventilación. Los baños presentan mal olor y marcas de humedad”, señala el INDH.

Añade que se han recibido denuncias de uso de gas pimienta contra internos/as, los cuales además han recibido “golpes de puño y/o pies por parte de gendarmes mientras permanecían castigados. Respecto a la posibilidad de contactarse con sus abogados/as, todos respondieron negativamente”.

Junto con solicitar una medida cautelar, el Movilh precisó que los hechos descritos vulneran el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“Por otra parte, en cuanto a los obstáculos para acceder a la terapia antirretroviral para internos con VIH se configura una vulneración del artículo 5, pero también del derecho a la vida (artículo 4) y del Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (articulo 10)”, finalizó la denuncia del Movilh.

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Tras reunión del Movilh con la Comisión. También será citado el INDH y se oficiará al Ministerio de Salud.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Carmen Hertz (en la fotografía), acordó ayer citar al ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, a raíz de los continuos abusos, torturas y discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género que están padeciendo internos/as LGBTI en distintos recintos penitenciarios del país.

La medida se adoptó ayer luego de que el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiéménez, expusiera ante la Comisión detalles de todos los abusos ocurridos en los últimos tres año, pese a existir siete fallos de tribunales que obligan a Gendarmería a terminar con los atropellos y a garantizar un trato libre de discriminación a los reclusos LGBTI.

El hecho más reciente está afectando a internos trans y gays del Centro Penitenciario de La Serena, y en particular, a la reclusa María del Pilar López Barrera, quien han sido discriminada y torturada en diversos penales del país debido a sus denuncias ante tribunales.

En gran parte de estos graves hechos “ha debido intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que también serán citado al Congreso Nacional para conocer su versión de los hechos. De igual manera la Comisión de DDHH de la Cámara oficiará al Ministerio de Salud para que se garantice el tratamiento sobre VIH/SIDA en las cárceles, pues varios reclusos son impedidos de estos derechos en represalia a sus denuncias”, finalizó Jiménez.

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General, Homofobia/ Transfobia. Cámara de Diputados, Carmen Hertz, Chile, Claudia Bendeck, Comisión de Derechos Humanos, Gendarmería, Hernán Larraín, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Prisiones, Tortura

En un ángulo similar, el Movilh se reunió con la Policía de Investigaciones

Importantes iniciativas de capacitación en derechos humanos efectuaron en el transcurso de este mes Carabineros y Gendarmería, incluyendo a la diversidad sexual y de género en sus contenidos a través de charlas dictadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Especialmente significativo fue el “X Curso de Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial” que organizó Carabineros entre el 7 de mayo pasado y hoy.

El curso, que tiene entre sus estudiantes a policías chilenos y extranjeros, “forma instructores en diversas materias como el Derecho Internacional de los DDHH, Derecho Internacional Humanitario, uso de la fuerza, privación de libertad, protección de grupos sujetos a vulnerabilidad y mantenimiento del orden público”, entre otros.

Lo anterior, “con la finalidad de que repliquen los conocimientos adquiridos en sus propias unidades y que apoyen la labor de difusión y capacitación que realiza el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros”, explicó dicha entidad.

El pasado 18 de mayo el Movilh expuso en el mencionado curso sobre los derechos de personas LGBTI y las familias homoparentales, a lo que sumó una charla de similares características dictada por la misma organización el 4 de mayo en la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros.

El Movilh también participó el 24 de mayo de un panel sobre la Ley de Identidad de Género que organizó Gendarmería de Chile en el marco de un seminario de dos días denominado “Trabajo Penitenciario, Derechos Humanos y Violencia de Género”

El cónclave, efectuado en la Escuela de Gendarmería de Chile, contó con la exposición de académicos, funcionarios públicos y movimientos sociales.

Por último, el viernes anterior el Movilh se reunió con el Subdirector Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, Óscar Escudero, con el objeto de definir trabajos conjuntos que minimicen los riesgos de vulneración de derechos de los grupos vulnerables.

En la cita también estuvieron las direcciones de la PDI de Extranjería, de Asuntos de Familia,  de Educación y de Inteligencia, entre otros.

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El Movilh informó a la recién asumida autoridad que Gendarmería no ha cumplido ninguna de las sentencias de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió hoy con la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, para informarle de los graves atropellos que han padecido internas y gendarmes trans , así como funcionarias lesbianas al interior de la institución.

“En una reunión muy sincera, explicamos a Bendeck que en los últimos tres años Gendarmería experimentó lamentables retrocesos en relación al respeto a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bi, y trans. Se ha tratado de torturas y discriminación contra internos/as, así como de desigualdades laborales hacia los funcionarios que se declaran LGBTI”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. “Nueve fallos de tribunales, dos de los cuales son de la Corte Suprema, han exigido a Gendarmería cesar con estos atropellos, pero ninguna sentencia ha sido acatada. Dado que Bendeck recién ha asumido su cargo, consideramos de gran relevancia informarle lo que está ocurriendo”, apuntó Jiménez.

Los abusos en cuestión han tenido lugar en cárceles de Iquique, Antofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Santiago.

Tras escuchar al Movilh, Bendeck aseguró que ordenará el cumplimiento de todos los fallos, sí como el pleno respeto a la legislación que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Del mismo modo “se avanzará en medidas para prevenir y erradicar los atropellos, para lo cual sostendremos próximamente una reunión de trabajo de tipo más técnica, donde se busquen soluciones conjuntas a los problemas expuestos”.

El Movilh aprovechó la reunión para felicitar a “Bendeck por ser la primera mujer en asumir la dirección de Gendarmería. Su cargo, marca un hito, haciendo historia para el avance de la plena igualdad de género”.

Fuente MOVILH

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Gays y trans fueron tratados de “caballos”, “perras”, “maricones” y “sidosos”, luego de que ganaran en tribunales distintos recursos por similares abusos. El Movilh concluyó que “Gendarmería es en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”

Nuevos abusos en razón de la orientación sexual e identidad de género propinados por gendarmes sufrieron personas privadas libertad, esta vez del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los últimos atropellos afectaron a la interna trans Vicky Rosas Mendéz y a Cristofer Fidel Carrasco Galvez, en represalias por denuncias previas contra abusos homo/transfóbicos que fueron confirmados por tribunales.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, donde los/as internos/as fueron tratados/as de “caballos”, “culiaos sidosos”, “perras” y “maricones” (Sic). Además, Vicky fue golpeada con un palo, y luego lanzada al suelo, recibiendo patadas por parte de al menos un funcionario de Gendarmería, mientras otros eran testigos pasivos de los abusos.

Los responsable de estos atropellos serían un sub-oficial identificado como Jorge González Roa y los capitanes de apellidos Mosalve y Valenzuela, quienes al presenciar los abusos nada hicieron para detenerlos.

Sólo en el 2017 se conoció de 13 casos de discriminación y torturas contra interno/as LGBTI en diversos penales del país, “todos los cuales fueron confirmados por tribunales. Hubo un total de cinco fallos, dos de la corte Suprema, que dieron la razón a los internos. Esto se suma a otros tres fallos del 2016”, indicó el Movilh.

“Contra todo lo deseable, los abusos han continuado, lo cual refleja que Gendarmería es una institución en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”, indicó el Movilh.

En ese sentido, el Movilh envió hoy una carta al director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas Flores, expresando repudio por lo ocurrido y exigiendo medidas inmediatas.

En paralelo, el Movilh solicitó al director del Instituto Nacional de Derechos (INDH), Branislav Marelic, que encomiende a sus representantes en Bíobío la intervención de la entidad para sancionar y prevenir nuevos abusos.

“Recibimos una rápida respuesta del señor Marelic, quien al instante designó a la abogada de la Unidad Jurídica Nacional, Marlenne Velásquez, para hacerse cargo de la denuncia y dar respuestas a las víctimas. Valoramos profundamente ello”, dijo Guzmán

Muy distinto es lo ocurrido “de Gendarmería, la cual ni siquiera acusa recibo de las denuncias, lo cual incrementa la gravedad de los permanentes daños causados por esta institución”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Gendarmería había rechazado que las mujeres trans fueran revisadas por  personal femenino, alegando que ello era ilegal. La Corte Suprema desestimó la la apelación, dando un tremendo triunfo a la dignidad de las personas trans privadas de libertad.

La Tercera Sala de la Corte Suprema emitió su más contundente fallo a favor de las personas trans privadas de libertad al concluir que las medidas de seguridad deben ser adoptadas por personal de enfermería del mismo género, lo cual destacó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificando como “histórica” la resolución.

De esa manera los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Carlos Cerda, rechazaron la impugnación de Gendarmería contra un fallo dictado en diciembre pasado por la Corte de Apelaciones de Iquique, que había ordenado respetar en todo momento y lugar la identidad de género de la mujer trans M.L,B, ahora recluida en La Serena.

En su apelación, Gendamería había alegado que los uniformados cargo de las medidas de seguridad sobre M.L.B debían ser hombres y que no había posibilidad de que ello fuese realizado por personal de enfermería, en tanto ello era ilegal.

“Felizmente , y gracias a la labor del defensor púbico Javier Araya, en su sentencia la Corte Suprema falló que Gendarmería debe tratar a las personas trans según su identidad y expresión de género y que las medidas de seguridad debe realizarla personal femenino. Además estableció que el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio deberá capacitar a sus funcionarios en materias relacionadas con identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género”, informó el Movilh.

En el fallo, la Corte Suprema expuso que el hecho de que M.L.B fuese revisada por personal masculino “implicaba un menoscabo al género expresado por quien recurre, toda vez que su cuerpo era desnudado y expuesto frente a otros reclusos (…) procediéndose a una exhibición no sólo de sus pechos aumentados por el tratamiento hormonal sino que existía una “exhibición anal”.

Se “debe precisar que no es efectivo que las revisiones corporales deban ser realizadas únicamente por personal de Gendarmería excluyendo al personal de enfermería”, añadió el fallo.

Apuntó que el “personal del Gendarmería a cargo de los procedimientos de seguridad deberá limitarse a una inspección táctil superficial y, si lo estiman pertinente, ante sospechas fundadas, deberá la interna ser trasladada a la enfermería para que se le realice la revisión corporal más intensa”.

“Este es un fallo histórico, en tanto proviene del máximo tribunal, y marca un precedente para los derechos de todos los internos e interns trans, pues en toda cárcel del país deberá respetarse completamente su identidad de género. Valoramos la valentía de la victima para hacer justicia, así como el profesionalismo y compromiso del abogado Araya”, apuntó el Movilh

El organismo puntualizó que “sin suda esta es la antesala, para avanzar a un nuevo momento, donde las mujeres trans pueden ser internadas en cárceles para mujeres y los hombres en cárceles para hombres. Falta para eso, pero este fallo dota de un gran argumento para comenzar esta lucha a favor de la igualdad plena en las cárceles”.

Fuente MOVILH

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INDH visita a internos gays y trans por abusos en cárceles de Antofagasta y La Serena

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó que las mujeres trans sean revisadas por personal femenino en todo procedimiento de seguridad. El Movilh acusó a Gendarmería de “persistir con una salvaje discriminación, sin precedentes en una institución pública”, pues en menos un año cuatro fallos se han dictado contra la entidad.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección contra Gendarmería presentado por tres internas trans que acusaron torturas, golpes, sobrepoblación y políticas que las obligan a desnudarse frente a personal masculino.

Pese a la sentencia “Gendarmería sigue negándose al pleno respeto a la identidad de género exigido por la Ley Zamudio, persistiendo con una salvaje e inhumana discriminación”, denunció el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En el fallo, los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones Virginia Soublette y Cristina Araya, confirmaron que el pasado 28 de diciembre las internas M.L.B, S.O.O y C.P.B padecieron “maltrato, humillación y vejámenes” en el Centro Penal Penitenciario de Antofagasta además de constante discriminación en razón de su identidad de género.

Los jueces acusaron a Gendarmería, de no adoptar “una medida eficaz y oportuna para subsanar la afectación de derechos fundamentales (…) en concreto, el trato a las reclusas de conformidad al género con que se identifican”. En este plano, la Corte ordenó a Gendarmería “velar porque su personal trate a las recurrentes por su nombre social, adoptando las medidas necesarias acerca del trato que debe dársele en consideración a su identidad y expresión de género”, además de exigirle capacitar a funcionarios del Centro Penal Penitenciario de Antofagasta “en materias relacionadas con identidad de género, orientación sexual y expresión de género”. Del mismo modo, el tribunal fue enfático en indicar que las medidas de seguridad referente personas trans debe realizarla “personal femenino de enfermería en presencia de personal del mismo sexo de la institución”, siendo este el punto que Gendarmería de niega a obedecer, “lo que constituye un doble abusos contra las mujeres trans”, reportó el Movilh.

En efecto, el Movilh precisó que esta semana “Gendarmería apeló al fallo en un escrito a todas luces transfóbico, pues por un lado tratan en todo momento a las mujeres trans como hombres, además de llegar al extremo de sostener que el respeto a la identidad de género de las personas, transgrede los derechos de sus funcionarios. Esto es impresentable. Gendarmes han torturado personas y acusan que son sus derechos los vulnerados. Se trata de abusos sin precedentes contra las minorías sexuales en una institución pública”

En concreto Gendarmería señaló en su apelación que el hecho de que las mujeres trans sean revisadas por personal femenino es una “imposición” que “ implicará una trangresión a la normativa y derechos funcionarios, toda vez que el trato directo en cuanto al registro corporal de las personas privadas de libertad debe ser necesariamente efectuado por personal del mismo sexo, siendo concordante a los procedimientos establecidos por resolución del Director Nacional”.

En este contexto, el Movilh denunció además que Gendarmería “llegó al extremo de negarse a respetar la identidad de género de una de las internas, M.L.B (quien había sido beneficiada por otro fallo de Iquique) sólo porque había apelado al mismo. Aquí, la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue enfática en indicar que es obligación de Gendarmería respetar los fallos desde el momento que se dictan, al margen de cualquier apelación que pueda hacer posteriormente”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, recordó que “en menos de un año este es el cuarto fallo contra Gendarmería por abusos y torturas contra personas trans en recintos penales, tras dos sentencias similares en Iquique y una en Concepción. Se trata de abusos sistemáticos”. Jiménez apuntó que “por estos atropellos ya nos reunimos la semana anterior con la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería, por lo que esperamos las reacciones de la Dirección General en breve”

“Del mismo modo, exigimos a la Dirección Regional de Gendarmería de Antofagasta que dé la cara y pida disculpas públicas, en vez de seguir escondiéndose de la prensa local argumentando que los procesos están en curso, pues ello es falso. Los fallos ya fueron dictados y la justicia fue clara. La mínima decencia que puedan tener es acatarlos y pedir disculpas públicas a las afectadas”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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El 2013 fue definido como el año de “las contradicciones gatilladas por la transición hacia mejores condiciones de igualdad”, pues al mismo tiempo que se registraron 50 hitos favorables a las minorías sexuales, se conoció de graves atropellos en los más variados planos.

Un 3% disminuyeron las denuncias y casos por discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el 2013, registrándose la baja más considerable en los episodios de  exclusión escolar (-50%), sin embargo, los asesinatos incrementaron (+33%) y se conocieron hechos de violencia sin precedentes, reportó el XII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile elaborado por el Movilh con el financiamiento de la Unión Europea.

El estudio calificó al 2013 como el año de “las contradicciones” en torno a los derechos de la diversidad sexual, pues al mismo tiempo que hubo avances, se registraron graves abusos, situación explicable por “la transición hacia más y mejores condiciones  de vida para las personas”, indicó el movimiento.

“El fenómeno de la contradicción se da en todos los planos. Así, por ejemplo,  la Corte Suprema y Carabineros volvieron a ser las instituciones responsables de los atropellos más graves, pero al mismo tiempo, y a diferencia de antes, ciertos sectores  de los tribunales y policías dieron importantes pasos por la igualdad, como ocurrió con la histórica sentencia en el Caso Zamudio y en la edición de un manual que educa a los uniformados en derechos de la diversidad sexual”, sostuvo el Movilh.

Añadió que lo mismo “ocurre con la propia Ley Antidiscriminatoria, la cual contra todo pronóstico ha sido insuficiente en su carácter punitivo, sin embargo su existencia es responsable o ayudante de gran parte de los avances en políticas públicas antidiscriminatorias ocurridas el 2013”, redondeó la organización

En tanto,  mientras los denuncias y casos por discriminación disminuyeron, estos no sólo fueron más graves porque aumentaron los asesinatos, sino también porque se registraron casos de violencia sin precedentes: un joven quedó en estado vegetal, otro perdió un pie, un padre secuestró y amenazó de muerte a la pareja de su hijo sólo porque era gay y una docente hostigó a un niño de 9 años por creer que podría ser homosexual.

LA DISCRIMINACION EN CIFRAS

Los 143 casos y denuncias por discriminación del 2013 se dividieron en  4 asesinatos, 13 agresiones físicas o verbales perpetradas por  desconocidos, 6 abusos policiales, 10 atropellos laborales y 5 educacionales, 19 movilizaciones homofóbicas o transfóbicas, 15 casos de exclusión institucional,  10 prohibiciones a la libertad de expresión en espacios públicos y privados, 17 hechos de marginación comunitaria (familia, amigos/as, vecino/as), 42 declaraciones de odio y 2 episodios de segregación en el campo de la “cultura, medios y espectáculo”.

La categoría de  discriminación que más aumentó fue la “comunitaria”, con un 41%, más que el 2012, seguida por los asesinatos (+33%), las declaraciones homofóbicas o transfóbicas (+27%), las exclusiones laborales (+11%) y los abusos que violentaron la libertad de expresión (+11%),

Los aumentos se explican en la mayoría de los casos porque cada vez son más las personas que denuncian hechos que antes silenciaban, en un marco donde la sub-representación de los atropellos a la diversidad sexual sigue siendo un problema, pues sólo el 8% de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) reporta los abusos que padece en razón de su orientación sexual o identidad de género.

“En tanto,  el incremento de los dichos homofóbicos o transfóbicos mediatizados y/o emitidos por personajes públicos más bien se explicó porque las declaraciones cuentan con impunidad total a falta de una ley que sancione la incitación al odio. Además es en el plano discursivo donde los discriminadores están concentrando sus esfuerzos anti-igualdad al constatar que su interferencia en terrenos institucionales o de políticas públicas se está reduciendo por ser  cada vez más antipopular y porque la Ley Zamudio les juega en contra”,  señaló la investigación.

“Así por, ejemplo, quedó claro cuando un grupo  de diputados UDI presentó una reforma constitucional de manera que los hijos/as de parejas del mismo sexo pasaran a ser ilegales y/o de segunda categoría, cruzada que recibió un portazo de la mayoría de los parlamentarios y partidos”, recordó el estudio

Por otro lado, las discriminaciones de tipo institucional bajaron 21% en relación al 2012, mientras que fue en el terreno educacional donde se registró el mayor descenso de abusos (-50), seguido por las agresiones físicas perpetradas por desconocidos (-35%) y las movilizaciones homo-transfóbicas (-24%)

“El descenso en estos  casos se explica por el positivo efecto preventivo  y disuasivo de la Ley Zamudio,  pues por un lado  se implementaron políticas estatales contra las exclusiones, mientras que por otro los organismos públicos y privados han ido erradicando prácticas y reglamentos homo-transfóbicos sólo porque ahora estos son claramente ilegales a los ojos de la norma antidiscriminatoria.”, indica el estudio

El 8% de los 143 casos y denuncias del 2013 afectó sólo a personas transexuales, el 15% a lesbianas, el 27% a gays y el 50% a la población LGBTI como conjunto, siendo los abusos que dañaron a hombres homosexuales los más violentos, mientras que la población trans sigue siendo excluida de antemano de derechos  básicos y las mujeres que aman mujeres deben enfrentar la homofobia y el machismo al unísono.

Por su alta población, la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de casos y denuncias por homofobia y transfobia, con el 39.2%, seguida por Valparaíso (12.6%), La Araucanía (4.2%), Atacama, (2.8%), Biobío (2.8%), Antofagasta (2.1%), Los Lagos (2.1%), Libertador Bernardo O´Higgins (1.4%), Maule (1.4%), y Magallanes (0.7%).

Mientras que por primera vez se conocieron denuncias en Atacama, las regiones que más aumentaron en cuanto a la concentración de casos fueron La Araucanía, con 2.2 puntos porcentuales más que el 2012, seguido por el Maule (+1.6), Antofagasta (+0.8), Valparaíso, (+0.7), Magallanes (+0.1).

Desde el 2002 se han conocido 1.128 casos de discriminación, concentrando el 2013 el 12.7% del total.

Responsables de los abusos:

Los responsables de los atropellos del 2013 fueron 50 instituciones y 106 personas,  gran parte de estas representantes o integrantes de las iglesias católica y evangélicas, grupos ultra-religiosos ad hoc, autoridades de la UDI y de RN, militares en retiro y personas con antecedentes.

A nivel institucional el Ranking de la Homofobia y la Transfobia 2013 fue encabezado por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, por su rechazo a reconocer a la maternidad lésbica y a las familias homoparentales,  y en el segundo lugar la UDI, por su boicot al Acuerdo de Vida en Pareja y porque sus parlamentarios promovieron un proyecto de ley que buscaba declarar ilegales a los hijos de convivencias del mismo sexo.

En tercer lugar quedó Carabineros, por agredir física y verbalmente a personas  en razón su orientación sexual e identidad de género, seguido por la Iglesia Católica, varias iglesias evangélicas, el Liceo Santa Marta de Vallenar, el Liceo Politécnico 120 de Talagante, Eulén S.A, Hotel Sol Naciente de Puerto Montt, Empresa Shs, variados grupos ultra-religiosos (como Idea País, la Fundación Jaime Guzmán y Acción Familia), la Panadería Kether de Castro y distintas comunidades de militares en retiro.

A nivel personal, el primer lugar fue para los asesinos de los cuatro jóvenes que perdieron la vida el 2013, seguido en el segundo puesto por los jueces de la Corte Suprema Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes y por el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera.

En el tercer lugar quedaron los diputados UDI Ramón Barros, María Angélica Cristi, Claudia Nogueira, Mónica Zalaquett y el senador RN, Carlos Larraín. En el cuarto lugar los senadores UDI Víctor Pérez y Juan Antonio Coloma, los diputados UDI Iván Moreira, José Antonio Kast, Enrique van Rysselbergue,  el vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, el diputado (ind) Cristián Letelier, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, entre otros de una lista de 16 ubicaciones.

Avances

Un total de 50 hitos favorables a los derechos humanos de la diversidad sexual ocurrieron el 2013.

En el campo de las políticas públicas brilló una nueva normativa de los bancos de sangre que terminó con la prohibición para que homosexuales donaran, mientras que se puso en ejecución la primera política estatal  de apoyo a víctimas LGBTI de delitos violentos.

Por su parte, el Minsal oficializó que los procesos de readecuación corporal de las personas transexuales pueden y deben ser cubiertos por Fonasa y el Mineduc lanzó las primeras orientaciones para erradicar la discriminación en los colegios haciendo por primera vez  explicita  mención a  la diversidad sexual y a las familias homoparentales, además de recomendar a los liceos un texto elaborado por el movimiento LGBTI. De igual manera, el Injuv consultó por primer vez en su encuesta nacional sobre la orientación sexual de los jóvenes y el Gobierno aplicó el primer sondeo nacional sobre discriminación.

En el  mundo uniformado se incluyó la temática de la diversidad sexual en una guía de formación para carabineros,  mientras que Gendarmería eliminó variadas prácticas homo-transfóbicas y firmó un convenio con el movimiento LGBTI para que los condenados por delitos menores cumplan sus penas con trabajo antidiscriminatorio. En un plano similar, las minorías sexuales se reunieron por primera  vez con el alto mando de la Fuerza Aérea de Chile

En el nivel municipal, cinco comunas (Independencia, Maipú, Providencia, Santiago, Vallenar) aprobaron ordenanzas, oficinas y/o políticas pro-derechos de la diversidad sexual , mientras que en un hecho del mayor simbolismo  nueve edificios consistoriales  (Antofagasta, Coquimbo, Independencia, La Reina, Providencia,  Tocopilla, San Antonio, Santiago y Valparaíso)  izaron la bandera del arcoíris.

Mientras en el terreno judicial marcó un hito la condena contra los asesinos de Daniel Zamudio y destacó una sentencia por discriminación contra un colegio católico en Vallenar, en lo político de la máxima relevancia fueron la inédita sanción por homofobia contra un diputado, Ignacio Urrutia, la llegada al Congreso Nacional de un hombre abiertamente gay, Claudio Arriagada, la asistencia de la mayoría de los candidatos presidenciales a un evento (Gay Parade) organizado por la diversidad sexual y las disculpas públicas ofrecidas por un candidato al Parlamento, tras dichos que dañaron la dignidad de personas.

En el campo laboral resaltó el inédito convenio firmado por una multinacional (Sodexo) con el movimiento LGBTI y en el académico-social seminarios que abordaron la doble discriminación que padecen las minorías sexuales adultas mayores y con capacidades diferentes.

En el terreno televisivo se perfiló como un cambio el primer matrimonio igualitario difundido por una serie, Separados.

En tanto, a nivel internacional destacó que la OEA aprobará la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y su sexta resolución sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”, mientras que un grupo de países celebró en la ONU la “Primera reunión ministerial sobre el papel de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia y la discriminación contra  personas LGBTI”.

En un ángulo similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  aprobó crear la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó entre sus desafíos de población y desarrollo a los derechos de la diversidad sexual.

Por su parte, la Unión Europea aprobó  las “Directrices para promover y proteger el disfrute de todos  los derechos humanos por parte de las personas LGBTI” en todo el mundo, mientras que su delegación en Chile firmó convenios y/o respaldó actividades de diversos movimientos LGBTI.

En tanto, el Papa Francisco se convirtió en el primero del Vaticano en cuestionarse públicamente que “¿quien soy yo para criticar?” a una persona homosexual, generando un gran debate y múltiples interrogantes.

Por último, el 2013 queda registrado como el año de mayor movilización pro derechos de la diversidad sexual en las calles, pues 252 mil personas se expresaron por la no discriminación y la igualdad de derechos en 12 ciudades donde hubo marchas o eventos masivos, destacando los primeros desfiles en Castro y Los Ángeles.

Fuente MOVILH

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