“No se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo”. Así se expresaba Luciano Alonso, consejero andaluz de Educación, cuando presentaba el pasado mes de junio el protocolo de actuación para menores transexuales que deberán seguir los colegios e institutos financiados con fondos públicos. En este sentido, más de 30 familias andaluzas, con hijos transexuales que no han alcanzado la mayoría de edad, se han reunido este fin de semana en Sevilla. El objeto de la cita ha sido analizar el nuevo contexto legal, tras la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad, y manifestar la necesidad de apremiar la aprobación de la orden que obligue al cumplimiento del citado protocolo de actuación en todos los centros públicos y concertados de las diferentes etapas educativas de la comunidad autónoma.

El verano comenzó con buenas noticias para el colectivo LGTB de Andalucía, ya que el Parlamento regional aprobaba la proposición de ley para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA. Una relevante noticia en materia de igualdad y de derechos, fruto del esfuerzo y de la lucha del activismo de las organizaciones trans andaluzas. Solo unos días después de la aprobación de la ley, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunciaba el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

La finalidad del protocolo es poder establecer las oportunas orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual, así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. La norma, entre otros aspectos, recoge la necesidad de que el centro acuerde con la familia el nombre con el que dirigirse al alumno, además de respetar su libre elección de la indumentaria y el uso de los aseos en función de su identidad.

Por todo ello, ahora que se acaba el verano y comienza un nuevo curso escolar, ATA Sylvia Rivera (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la organización Chrysallis Andalucía, han celebrado una reunión en Sevilla, con más de 30 familias con menores trans, para exigirle a la Junta que acelere la tramitación de la orden para que el protocolo de actuación pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera, ha expresado sobre esto que “el libre desarrollo de la personalidad  y el respeto a la identidad de género de los menores trans, no pueden depender de la ‘gracia’ y la ‘voluntad’ de los centros educativos”. Por este motivo se justifica la “urgente la aprobación de la Orden que  obligue a su cumplimiento y convierta  el carácter ‘graciable’ que actualmente presenta este protocolo en un ‘derecho’ para todos  los menores trans de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, se ha lamentado de que el procolo no esté ya vigente, porque este hecho ha provocado “algunos problemas de desinformación a nivel de Centros y de toda la comunidad educativa” que, además, está generando “un gran desgaste  para estas familias”. En el encuentro entre familias y entidades LGTB también han partidipado la diputada de Izquierda Unida Alba Doblas, miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, y Juan Gavilán, antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga.

Impedir casos como el de la niña discriminada en Málaga

La ley integral de transexualidad en Andalucía es la tercera de estas características que se aprueba en España, tras las de Navarra y Euskadi, aunque es sin duda el marco legislativo más amplio y ambicioso que se desarrolla en una cámara autonómica, a falta de una norma de carácter estatal que garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su territorio de origen o de residencia.

Meses antes de la probación de la ley andaluza y del anuncio por parte de la Junta del protocolo de actuación en los colegios e institutos públicos y concertados, asistimos a lamentables sucesos tránsfobos como el de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género. La familia de Gabi deció llevar el caso ante los tribunales, basándose en que el centro ignoró los informes y “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente”. El colegio, además, se jactó de que, con independencia de cualquier informe, “nunca trataría a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

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El acto de conciliación previsto para hoy (21 de abril) en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga solicitado por la representación legal de la madre de Gabi, la menor transexual, a raíz de unas declaraciones realizadas por el obispo de Málaga, Jesús Catalá, sobre este caso, se ha aplazado hasta el próximo día 28 de abril.

El abogado de la madre de Gabi, Oliver Roales, ha explicado que se ha suspendido con la intención de poder llegar a un acuerdo de conciliación y ha apuntado que ha habido “predisposición” por parte de la representación legal del obispo (que no ha acudido personalmente al acto). El letrado considera “fundamental” que se reconozca “públicamente” que son “inciertas” las manifestaciones.

En la demanda de conciliación presentada se pedía que reconociera que en un desayuno informativo declaró que desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, del Obispado y de quien depende el colegio en el que entonces estaba el escolar, “defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad en contra del abuso de la Junta y de su madre”.

Asimismo, en el documento se señalaba que el obispo también afirmó que “hay informes que insisten en que no se debe intervenir o dirigir la sexualidad del menor”, así como que “forzada por la madre, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor”; manifestaciones que fueron recogidas por distintos medios de comunicación.

Así, se instaba a que “reconozca expresamente que es incierto que mi representada haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña o que la haya sometido a tratamiento dañino de cualquier tipo, no la respete en su identidad sexual o haya realizado conducta alguna de manipulación sobre su sexualidad” y, por tanto, que admita que las declaraciones “atentan contra el honor de mi representada”.

En este sentido, se argumentaba que atentarían, “en cuanto son ofensivas a su dignidad, imagen pública y buen nombre como madre de la menor”, insistiendo en el escrito en que “se retracte de las afirmaciones y valoraciones transcritas, manifestando expresamente que no se atienen a la realidad a fin de restablecer el buen nombre, dignidad, imagen y honor de mi patrocinada”.

Por eso, se instaba a que se dirija una nota de prensa retractándose y se apuntaba que el mayor interés es “el restablecimiento del honor y la imagen pública” mediante una reparación pública, por lo que no se ha pedido aún indemnización “por el daño moral causado, pese a la gravedad del mismo”, aunque se añade que esta parte se reserva el derecho a dicha reclamación económica.

Fuente Ragap

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