La semana pasada, Jerry Falwell Jr. apareció en los titulares cuando se informó que Michael Cohen supuestamente ayudó a detener la publicación de fotos del activista antigay poco antes de apoyar a Trump para presidente en 2016.

Se rumoreaba que el chico de la piscina poseía fotos sucias de Falwell y las usaba para chantajear al líder evangélico por valor de 1,8 millones de dólares. Falwell negó que tales fotos existieran, y el chico de la piscina negó haberle chantajeado, pero tampoco negó el pago de 1,8 millones de dólares, lo que aún no se ha explicado.

Por supuesto, Falwell no es el primer líder de la iglesia antigay en verse envuelto en un extraño escándalo sexual, alegado o confirmado.

Aquí hay otros seis líderes anti-gay de la iglesia que fueron expuestos recientemente por hipocresía…

Ernest Angley

El ex líder de 97 años de la Iglesia Catedral de la Gracia en Akron, Ohio, que hizo su carrera predicando la homofobia y estafando a la gente con demencia con los ahorros de su vida, tuvo una escandalosa grabación de sí mismo que se filtró a los medios a principios de este año.

En la grabación, que fue hecha en 1996, Angley es escuchado admitiendo que se desnudó y se masturbó con un hombre sin nombre en su cama, pero insiste en que el encuentro no fue gay porque “yo no lo hice correrse“. “No lo eyaculé”, dice Angley. “Yo no lo hice correrse….[Y] él no me hizo correrse. No, no lo hizo!”

Matthew Dennis Patterson

El pastor de 45 años de la Iglesia Bautista Nolensville Road en Nolensville, Tennessee y autoproclamado “oponente vocal” de los derechos de los LGBTQ fue expulsado de su puesto en abril de 2018 después de que los miembros de la congregación comenzaron a quejarse de sus peticiones de “participar en actividades extrañas” con sus hijos.

Patterson fue acusado de pedir a numerosos niños que se desnudaran hasta los calzoncillos y se sentaran en su cara en el transcurso de 20 años. La policía no dijo cuántos años tenían los niños en el momento del supuesto abuso; sin embargo, Patterson fue acusado de ocho cargos de agresión sexual agravada, cada uno de los cuales estaba relacionado con un niño diferente.

Gary y Gay Evens

Evans, de 72 años de edad, era el pastor del templo bautista Rushville Baptist Temple en Rushville, Indiana, fue acusado de tres cargos de abuso de menores, cuatro cargos de agresión sexual y cinco cargos de solicitación de menores en octubre de 2017.

Evans, que predicaba regularmente sobre los males de la homosexualidad, fue arrestado después de que varias niñas de su iglesia, todas menores de 10 años, les dijeron a sus padres que las había atraído a su oficina con dulces y luego las tocó inapropiadamente.

Mientras tanto, su esposa de 70 años, Gay, fue acusada de atacar verbal y físicamente a la policía cuando se llevaron a su esposo, lo que también resultó en su arresto. Luego, en enero de 2018, fue acusada de amenazar a su nuera, que delató a Evans a la policía, con un arma.

Donnie Romero

El pastor que celebró abiertamente horrores como la masacre de Pulse fue forzado a renunciar a su trabajo en la Iglesia Bautista Stedfast en Fort Worth, Texas en enero después de su participación en un escándalo de sexo y drogas.

En un sermón poco después del año nuevo, Romero reveló que había abandonado abruptamente su puesto, pero fue vago sobre la razón por la que, simplemente diciendo: “No he estado gobernando bien mi casa. He sido un terrible esposo y padre. Siento mucho el daño que esto puede causar a la gente”.

Unas semanas más tarde, el pastor Steven Anderson, quien inicialmente ordenó a Romero en 2014, dijo que Romero había cometido “pecados graves” que incluían “marihuana y juego” y “estar con prostitutas”.

Timothy Lee Reddin

El pastor antigay de 67 años de edad de la Iglesia Bautista Turner Street en Fayetteville, Arkansas, fue arrestado en agosto de 2018 por enviar mensajes de texto con alguien que él creía que era un niño de 14 años pero que en realidad era un policía encubierto.

Reddin, padre casado de cuatro hijos y abuelo de siete, arregló una cita con el niño para tener relaciones sexuales. Cuando llegó al punto de encuentro, se encontró con oficiales. Fue arrestado y acusado de intento de coerción y seducción de un menor.

Fue la segunda vez que se involucró en este tipo de cosas. 18 años antes, fue condenado por posesión de pornografía infantil y pasó 27 meses en prisión.

Paul Edward Acton Bowen

El pastor de jóvenes de 37 años de edad y autoproclamado “autor de best-sellers” de Alabama fue acusado de sodomía en segundo grado, incitando a un niño a entrar en un vehículo o casa con fines inmorales, y de abuso sexual en segundo grado de un menor en abril de 2018.

La víctima era un joven varón, pero la policía local no liberó su edad salvo para decir que tenía “más de 12 años pero menos de 16” y que era un “conocido de la familia” de Bowen.

Días después de su arresto, la esposa de Bowen de dos años, Ashley, solicitó el divorcio, buscando la casa de la pareja, todo el dinero en sus cuentas conjuntas y una orden de restricción contra su esposo.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Un matrimonio de dos profesoras universitarias demanda al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos tras ser rechazadas para el programa de acogida temporal de refugiados menores de edad sin familia porque son lesbianas y «no reflejan a la Sagrada Familia».

Profesoras de la Universidad A&M de Texas, Fatma Marouf y Bryn Esplin, viven en Fort Worth desde hace dos años, estando legalmente casadas desde hace tres. Cuando deciden iniciar los trámites para acoger niños refugiados de manera temporal acuden a la congregación local de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la única organización en el estado que trabaja con el gobierno federal en el reasentamiento de menores inmigrantes sin familia. Sin embargo, su solicitud es denegada porque «no reflejan a la Sagrada Familia», según explica Lambda Legal, que ha presentado una denuncia en representación de la pareja contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés: Health and Human Services) y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés: U.S. Conference of Catholic Bishops) ante en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

«Los niños refugiados han sufrido un trauma suficiente como para durar toda la vida (…). Necesitan amor, estabilidad y apoyo, que Bryn y yo tenemos en abundancia», asegura Marouf, de 41 años y directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Escuela de Leyes de Texas A & M. «Que se nos niegue la oportunidad de criar a un niño porque no ‘reflejamos a la Sagrada Familia’ —claramente un código por ser una pareja del mismo sexo— fue hiriente e insultante para nosotras (…). Más que eso, sin embargo, insistir en una visión religiosa tan estrecha de lo que debe ser una familia priva a estos niños de un hogar solidario y comprensivo», declara asimismo Esplin, de 33 años de edad, responsable del currículo para los becarios de bioética de niños y adolescentes de la Facultad de Medicina de A&M,

La pareja contacta con el HHS después de que la USCCB denegara su solicitud, pero no les han proporcionado ninguna respuesta ni explicación por haber sido rechazadas. En su demanda, acusan al HHS de violar cláusulas de protección de igualdad protegidas por la constitución al permitir que la conferencia imponga un «criterio religioso que rige la provisión de servicios federales de bienestar infantil». Millones de dólares en ayuda federal se destinan desde la Oficina de Reubicación de Refugiados a la USCCB y los Servicios Luteranos de Inmigración y Refugiados, las dos organizaciones responsables de supervisar la colocación de niños menores de edad no acompañados en hogares adecuados.

El obispo Michael Olson rodeado de monaguillos…

«Encontrar padres adoptivos y otros recursos para los niños refugiados es un trabajo difícil (…). Sería trágico que Catholic Charities no pudiera proporcionar esta ayuda, de acuerdo con los valores del Evangelio y la familia, asistencia que es tan esencial para estos niños que son vulnerables a ser maltratados por carecer de sentido en la sociedad», defiende Michael Olson, Obispo de la Diócesis Católica de Fort Worth. «No seleccionamos ni pedimos a los niños a quienes servimos que se autoidentifiquen si son LGBT (…). Capacitamos a nuestras familias de crianza para que acepten a niños de todas las culturas y ámbitos de la vida para que puedan estar lo más preparados posible para recibir a alguien nuevo en su hogar», asegura Katelin Cortney, directora de comunicaciones de Catholic Charities Fort Worth.

Aprobada en mayo por la Cámara Baja de Texas, en agosto del año pasado entra en vigor una ley que brinda cobertura legal para la discriminación a las agencias de adopción y crianza mediante la que pueden rechazar a las familias que considere oportunas amparadas en la libertad religiosa. De esta manera muchas son las entidades que rechazan a parejas del mismo sexo, personas solteras o que no sean cristianas. Con sede en Abilene, Christian Homes & Family Services, sólo considera a los futuros padres adoptivos que asisten semanalmente a la iglesia y han estado casados por dos años, por ejemplo. Buckner International, con sede en Dallas, considera a las personas solteras caso por caso, pero permite que sólo las parejas casadas durante cuatro años o más se conviertan en padres de crianza temporal. Muchas organizaciones tienen políticas para rechazar a las parejas LGBT o personas de otras religiones.

Sin embargo, desde Lambda Legal advierten que Marouf y Esplin no deberían verse afectadas por esta ley, dado que no están solicitando la adopción de ningún menor, sino que ofrecen un hogar de acogida, un servicio que se tramita a través del gobierno federal, no del estatal. «Estamos desafiando los fondos federales para una organización que permite la discriminación basada en la religión (…). Pero si bien nuestro caso no desafía la [ley] estatal, va al meollo del asunto en esa ley igualmente inconstitucional y demuestra claramente el peligro de tales leyes: perjudica a los niños como resultado de menos hogares disponibles para ellos y perjudica a las cariñosas familias que rechazaron», declara Currey Cook, director del proyecto de jóvenes en el cuidado fuera del hogar de Lambda Legal.

Fuente Universogay

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Obama emitió la instrucción en mayo con el objetivo de frenar la discriminación contra las personas transexuales en los centros educativos.

La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.

Nuevo episodio en la batalla por los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos. Un juez federal ha paralizado la aplicación de la directiva para que los estudiantes trans de los centros educativos públicos puedan utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La norma impulsada por la administración Obama iba a empezar a aplicarse con el comienzo del curso escolar.

El juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitió el pasado domingo una medida cautelar (preliminary injuction) que deja en suspenso, justo antes de que empiece el curso escolar, la orden de la administración Obama que insta a los centros educativos públicos a que permitan al alumnado trans hacer uso de las instalaciones acordes con su identidad. La sentencia de O’Connor es la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación el pasado mes de mayo, que indicaban a la comunidad educativa que las leyes antidiscriminación por razón de sexo deben aplicarse también a las diferentes identidades de género, una decisión que ha provocado polémica en EE.UU.

Una visión que no comparte el magistrado, que cree que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla: lo cual, en opinión de O’Connor, contradice estatutos y textos regulatorios existentes a nivel de los estados. El departamento de Educación replicó que las directrices se limitaban a aclarar la interpretación que hace la administración federal de las normativas antidiscriminación y que la retirada de fondos públicos sería solo la última medida tras un proceso judicial.

El juez federal de distrito de Fort Worth (Texas), Reed O’Connor, emitió una orden restrictiva preliminar al asegurar que los funcionarios federales no habían seguido los procedimientos adecuados a la hora de redactar la directiva. “Este caso presenta la difícil cuestión de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y los de la privacidad personal al usar los baños, duchas, vestuarios y otras instalaciones íntimas, a la vez que se garantiza que ningún estudiante está innecesariamente marginado”, afirmó O’Connor en el texto judicial.

Expertos legales consultados por The New York Times limitan el alcance de la resolución del juez O’Connor, porque no afecta a otros frentes judiciales sobre derechos trans que están abiertos actualmente. El propio magistrado, nominado en su momento por el expresidente George W. Bush, advierte de que no se ha dicho la última palabra “este complicado asunto político” y reconoce la “dificultad de equilibrar la protección de los derechos de los estudiantes y su privacidad personal” con la garantía de que “ningún estudiante es innecesariamente marginado”.

La decisión del juez se produce después de Texas y otros doce estados apelaran contra la directiva federal por considerarla inconstitucional.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el bloqueo al asegurar que se trata de “la última extralimitación federal de la Administración del presidente Barack Obama”. “El presidente está tratando de modificar las leyes aplicadas por los representantes electos por los ciudadanos, y amenaza con retirar fondos federales de escuelas para forzarlas a cumplir”, indicó en un comunicado.

La decisión coincide con el inicio de las clases para millones de estudiantes en Estados Unidos tras las vacaciones de verano.

En mayo, el Gobierno de EE.UU. envió una directiva a todas las escuelas públicas del país para que permitieran a los estudiantes transexuales elegir el baño de acuerdo a su identidad de género, y recordó que la discriminación por identidad sexual está prohibida.

Desde que entró en vigor, cuando un estudiante o sus progenitores notifiquen un cambio en el género con el que el alumno se identificaba previamente, la escuela debe actuar en consecuencia y respetar esa nueva identidad

El argumento federal es que la palabra “sexo” en debates sobre cuestiones de discriminación también cubre la “identidad de género”, y defiende que los centros educativos que reciben fondos federales no pueden discriminar por razones de sexo.

Esa norma ha provocado protestas, campañas de boicot y demandas legales, especialmente en estados de tradición más conservadora.

Dos batallas legales se están librando actualmente sobre este mismo asunto. Por un lado, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch anunciaba en mayo una demanda federal contra la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, que entre otras cosas prohíbe a las personas trans escoger los baños públicos acordes con su identidad. Además, hace pocas semanas el Tribunal Supremo del país prohibió temporalmente a un adolescente trans, Gavin Grimm, poder usar el baño de chicos de su instituto. En abril, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito con sede en Richmond (Virginia) le había dado la razón a Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La sentencia del Supremo revoca temporalmente la de la Corte de Apelaciones y supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el alto tribunal adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

A pesar de que estos dos frentes siguen abiertos, la medida cautelar de O’Connor supone una nueva victoria para las fuerzas homófobas y tránsfobas que han hecho del derecho a usar los baños acordes con la propia identidad sexual su caballo de batalla en los últimos meses. Así lo consideran diversas organizaciones de derechos civiles que han emitido un comunicado oponiéndose al fallo del juez federal: “Una sentencia de un solo juez en un circuito no puede anular los años de jurisprudencia a nivel nacional que establecen que los estudiantes transgénero tienen el derecho a ir a la escuela sin ser discriminados”. El fiscal general de Texas, por el contrario, se ha felicitado por la medida, ya que en su opinión el presidente Obama “intenta reescribir las leyes aprobadas por los representantes del pueblo”.

Una directiva para atajar la discriminación del alumnado trans

La directiva aprobada por el departamento de Educación el pasado mes de mayo y enviada a todos los distritos escolares del país estipula que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

La estrategia del “pánico transexual”, trasfondo de la polémica

La sentencia de O’Connor, como la del Supremo hace unas semanas, supone un cierto jarro de agua fría para las organizaciones LGTB. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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El Senado de Georgia ha aprobado con una gran mayoría un proyecto de ley que permitirá que las organizaciones religiosas del Estado puedan discriminar a los ciudadanos en base a la orientación sexual o a la identidad de género de los mismos.El resultado fue de  37 votos a favor de la medida y solo 15 votos en contra de la misma.

El proyecto de ley homófobo que ha sido aprobado por el Senado de Georgia establece que las organizaciones religiosas, por respeto a sus “creencias”, tienen derecho a discriminar en base a la orientación sexual o a la identidad de género de los ciudadanos.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado que las autoridades de Georgia estén impulsando la discriminación de los ciudadanos del Estado norteamericano, recordando que, por muy minoritaria que pueda ser la diversidad sexual, el gobierno tiene el deber de proteger sus derechos al igual que el del resto de la ciudadanía. “Este proyecto de ley es un ataque indignante contra las personas LGTB y sus familias. El proyecto crea consecuencias perjudiciales para todas las personas del Estado”, ha indicado Marty Rouse, activista de la organización Human Rights Campaign.

HRC reacciona, a través de esta declaración:

En términos prácticos, S. B. 129 podría permitir a las empresas negar el servicio a parejas del mismo sexo, un paramédico a negarse a proporcionar servicios de salvamento a una persona LGBT, o un consejero escolar a rechazar los servicios de un adolescente LGBT. El proyecto de ley pone a los grupos minoritarios en riesgo de que les sean negados los servicios por todas partes, desde la tienda de conveniencia a la oficina del doctor.

“No se refiere a cualquier problema legítimo con la legislación actual y crea consecuencias perjudiciales para las empresas de todo el estado. No sólo pone en peligro a la comunidad LGBT, sino a las mujeres, a los miembros de religiones minoritarias y otras clases minoritarias. Todos los georgianos merecen ser tratados con dignidad y respeto, y necesitamos a todas las personas ecuánimes en el estado para ayudar a detener este proyecto de ley “.

“Es decepcionante que el Senado votó hoy una pieza tan divisora e innecesaria de la legislación”, dijo el Director Ejecutivo de Georgia Equality Jeff Graham. “Los expertos jurídicos de todo el espectro político están de acuerdo en que este proyecto de ley podría abrir la puerta a la discriminación. Y si no se trata de crear una licencia para discriminar, ¿por qué trabajan tan duramente para evitar un lenguaje que aclare esta agregación de la ley.  Las acciones de hoy tendrá un efecto negativo en la reputación de Georgia y envian un mensaje de intolerancia a la siguiente generación “.

El empuje de Georgia por consagrar una mayor discriminación legal contra la comunidad LGBT se ha enfrentado recientemente con la oposición de una fuente inesperada: Mike Bowers,  el ex Fiscal General de Georgia que defendió la ley de sodomía del estado en el caso histórico Corte Suprema Bowers v. Hardwick. El mes pasado, se manifestó en contra de este tipo de propuestas como “excusa para practicar discriminación injustas.”

Presentan un proyecto de ley en Texas para evitar que se prohíba la discriminación LGTB

Un miembro del Partido Republicano en el Estado de Texas ha presentado un proyecto de ley contrario a la prohibición de la discriminación que sufren los ciudadanos LGTB. La medida ha sido presentada por Mike Miller, un político del Partido Republicano perteneciente a la Cámara de Representantes del Estado norteamericano de Texas.

La ley de Texas no incluye la orientación sexual o la identidad de género y expresión. El proyecto de ley establece que ninguna ciudad o condado del Estado tiene derecho a crear ordenanzas contra la discriminación que sean más completas que la ley estatal al respecto.

La medida, de ser aprobada, impedirá que las localidades de Texas puedan crear ordenanzas contra la homofobia, bifobia o transfobia, al no prohibir dichos tipos de discriminación la ley estatal al respecto.

El proyecto de ley del representante republicano Rick Miller, de ser finalmente aprobado, desprotegerá a 7,5 millones de ciudadanos que en la actualidad están protegidos de la discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género.

Dichos ciudadanos de Texas están protegidos contra la discriminación LGTB gracias a las ordenanzas al respecto existentes en las localidades de Austin, Dallas, San Antonio, El Paso, Fort Worth, Houston y Plano.

La   HB 1556 es más específica que una medida similar introducida por el senador Don Huffines (R-Dallas). Huffines ‘SB 343 prohibiría ciudades de aplicar cualquier ordenanzas que sean más rigurosas que la ley del estado, a menos que lo autorice la ley.

En Arkansas el mes pasado, un proyecto de ley similar se convirtió en ley sin la firma del gobernador. Los activistas de base criticaron a las  organizaciones nacionales LGBT por no hacer lo suficiente para oponerse a la medida Arkansas, SB 202, que fue redactada en respuesta directa a la aprobación de una ordenanza no discriminación LGBT inclusiva de Fayetteville.

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El Departamento de Policía de Fort Worth está integrado por 1.595 agentes, aunque se desconoce cuántos de ellos se definen como miembros de la comunidad LGBT.

“Tenemos ciudadanos LGBT. Necesitamos oficiales de Policía LGBT”.

La ciudad de Fort Worth, una de las más grandes de Texas, lanzó esta semana, a través de su Departamento de Policía, una campaña para reclutar futuros agentes homosexuales y lesbianas, a fin de brindar diversidad a la corporación.

“Queremos reflejar la población de la ciudad de Fort Worth”, explicó la sargento Tracey Knight, quien funge como enlace del Departamento de Policía de esa localidad con la comunidad Lésbica Gay Bisexual y Transexual (LBGT).

“Tenemos ciudadanos LGBT. Necesitamos oficiales LGBT”, dijo Knight, una de las primeras agentes lesbianas de la policía de Fort Worth.

El Departamento de Policía de la ciudad texana está integrado por 1.595 agentes, aunque se desconoce cuántos de ellos se definen como miembros de la comunidad LGBT.

La campaña de reclutamiento se realiza a través de vídeos en YouTube, en los que policías abiertamente homosexuales invitan a quienes comparten sus preferencias sexuales a sumarse al departamento de policía de la ciudad.

En uno de los vídeos, el agente Chris Gorrie comparte su historia como un detective abiertamente gay en la unidad de investigaciones de accidentes de tráfico del departamento. “Hola, soy Chris”, dice Gorrie en el video. “Me han pedido, junto con varios otros ‘diversos’ miembros de nuestro departamento el informarles sobre nuestra historia”, señala. “Usted puede preguntarse ¿Qué tiene que ver con la diversidad un hombre de 30 años, de origen anglosajón? (…) Bueno, la respuesta corta es: ‘Yo soy gay’”, menciona.

La campaña de reclutamiento es el último esfuerzo del Departamento de Policía de Fort Worth para acercarse a la comunidad LBGT y limar las asperezas que aún persisten a cinco años de una redada en un bar homosexual de esa ciudad.

La redada en 2009 en el Salón Rainbow dejó a varias personas lesionadas y muchos acusaron a la policía de uso de fuerza excesiva. La incursión, condujo a la suspensión de varios oficiales y agentes.

Fuente Cáscara Amarga

General Chris Gorrie, EE. UU., Fort Worth, Homosexualidad, Policía, Texas, Tracey Knight

El agresor, Brice Johnson, y Arron Keahey, víctima de la paliza

Brice Johnson, de 19 años de edad y habitante del estado de Texas hace frente a cargos federales por un delito de odio después de que las autoridades dijeron que el hombre golpeó severamente a una persona gay que conoció en una página en internet.

Una denuncia criminal federal revisada por el periódico de la localidad de Fort Worth, Star-Telegram, alega que Brice Johnson, de 19 años de edad, invitó a la víctima a su casa en Springtown, a unos 40 kilómetros al noroeste de Fort Worth.

Arron Keahey, la víctima, de 24 años de edad, fue golpeado por su orientación sexual y arrojado al maletero de un automóvil. Las autoridades dijeron que sufrió varias fracturas y fue hospitalizado por diez días.

Johnson inicialmente fue acusado de asalto agravado por el ataque ocurrido. Los fiscales dijeron que Johnson sostuvo que la paliza fue solamente una broma que se salió de control.

Homofobia/ Transfobia. Agresión, Arron Keahey, Brice Johnson, EE. UU., Fort Worth, Star-Telegram