La ley LGTBI de Cantabria dio sus primeros pasos en mayo de 2017. Casi dos años después, sigue varada a la espera de aprobación por las dilaciones del Partido Regionalista y Ciudadanos. El Gobierno presentó el borrador del anteproyecto en mayo de 2017, lo aprobó en octubre de 2018 y a día de hoy sigue parada en el Parlamento de Cantabria

La ley de garantía de derechos del colectivo LGTBI de Cantabria dio sus primeros pasos en mayo de 2017. Casi dos años después, esta norma que protegerá especialmente a los menores transexuales e incluirá estrategias de salud específicas para el colectivo LGTBI, sigue varada en el Parlamento de Cantabria a la espera de aprobación con las elecciones a la vuelta de la esquina.

La Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria (ALEGA) muestra su “más absoluta decepción por el poco o nulo compromiso en la aprobación de la ley“. Eva Díaz Tezanos, presentó el  borrador del anteproyecto el 3 de mayo de 2017 junto a Kiara Brambilla, representante de ALEGA, y ambas alabaron ese “logro tan importante”. Casi dos años después sigue sin ser efectiva pese a que la vicepresidenta, por aquellas fechas, esperaba aprobarla antes de final de año.

El borrador recoge medidas concretas del ámbito educativo, sanitario y social. También incluye las obligaciones de las administraciones públicas de Cantabria y el régimen sancionador, que contempla multas de hasta 1.000 euros para las infracciones leves y multas de hasta 30.000 euros para las infracciones muy graves.

La ley tiene 64 artículos en los que recoge el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de estas personas, las políticas públicas que se llevarán a cabo para garantizar este derecho en todos los ámbitos y la asistencia a las víctimas, como la que sufrió un ataque tránsfobo el pasado noviembre en Torrelavega.

Además, pone especial énfasis en la protección de los y las menores trans. Recoge el derecho de los menores transexuales al tratamiento para bloqueo hormonal y al tratamiento hormonal cruzado fijado por el médico y protege su derecho a expresar y desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual.

Más de un año después de ese borrador, el 25 de octubre de 2018, el Gobierno de Cantabria aprobó el  anteproyecto de ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Así, se remitió al Parlamento de Cantabria para su aprobación.

Brambilla apunta a eldiario.es que, desde ALEGA, solicitaron “hace dos meses” que la tramitación de la ley fuera “lo mas ágil posible”, al contar con tiempos “escasos” antes del cierre parlamentario. Entre otras cosas, pidieron que los partidos hicieran “pocas comparecencias o ninguna” y se ofrecieron a resolver dudas y hacer un grupo de trabajo. “Entendíamos perfectamente que podían surgir dudas”, aclara la representante de ALEGA.

Hasta el momento, Ciudadanos ha solicitado seis comparecencias y el PRC ha hecho lo propio en dieciséis ocasiones. ALEGA entiende, por lo tanto, que “es una maniobra consciente de dilatar el proceso para impedir pasarla a votación”. Brambilla cuenta, además, que “nadie nos ha llamado”, pero la lista de comparecencias es larga y piden, además, la suya a nivel personal.

Como denuncia por no tratar esta ley “tan necesaria”, la asociación que defiende los derechos del colectivo LGTBI ha renunciado a la comparecencia, confiando en la “aprobación urgente” de la ley, que pasa por “acotar los plazos tan reducidos y que otros intentan dilatar”, apuntan. Brambilla, sobre la posibilidad de aprobar la ley antes de que termine la legislatura, en abril, concluye: “Si hay voluntad y compromiso político, aún podría aprobarse“.

Izquierda Unida se suma a las reacciones y ha reprochado a PRC y Ciudadanos su bloqueo a la ley. Desde la formación piden que se retiren las peticiones de comparecencia para “no bloquear ni retrasar más su aprobación”. El partido Cantabristas, por su parte, considera “inaceptable” la “parálisis y los continuos obstáculos a esta ley en Cantabria”. Añaden, además, que “en la redacción de la ley ya han participado los colectivos implicados”.

Ciudadanos, por su parte, ha emitido un comunicado en el que se desmarca del retraso en la tramitación de la ley y apunta a la demora del Gobierno de Cantabria en remitir el proyecto de ley a los grupos parlamentarios y a la crisis interna de Podemos -la comisión encargada de tramitar esta ley estaba presidida por la exintegrante del grupo Podemos, Verónica Ordóñez, señalan-.

Un motivo por el que la formación naranja ha pedido la comparecencia de una serie de expertos en la materia, cuentan, “es conocer puntos de vista diferentes sobre la ley de cara a mejorarla en el proceso de enmiendas”. Además de expertos en diversas áreas, han reclamado la presencia de la representante de ALEGA, que no acudirá.

Fuente El Diario

General, Homofobia/ Transfobia. ALEGA, Cantabria, Eva Díaz Tezanos, Gobierno de Cantabria, Kiara Brambilla, Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, Parlamento de Cantabria, Transexuales, Transexualidad

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

Ha llegado el día

️‍APROBADA LA LEY LGTBI+ DE CANTABRIA ️‍

Aún hace falta que se apruebe en el Parlamento, pero para eso están los currantes de Alega!!

Por si no lo sabéis, esta fue la principal petición en el orgullo pasado, y la verdad es que estamos ORGULLOSOS. (1/4) pic.twitter.com/Vw5akD5StQ

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 25 de octubre de 2018

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ALEGA, Cantabria, Ciudadanos, Discriminación, Eva Díaz Tezanos, Homofobia, LGTBfobia, Miguel Ángel Revilla, Partido Regionalista de Cantabria, Podemos, PP, PSOE, Transfobia

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El gobierno del Partido Regionalista y el PSOE, presidido por Miguel Ángel Revilla no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

Los niños transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal.

El Gobierno de Cantabria quiere tener aprobada una ley regional que garantice la “plena integración” de las personas LGTBI “antes de que acabe el año”. Para lograrlo, ha presentado un anteproyecto en el que se prevé la igualdad de acceso de lesbianas y bisexuales a la reproducción asistida, así como tratamiento hormonal para menores transexuales.

Además, el gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla formado por Partido Regionalista de Cantabria y PSOE no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, la socialista Eva Díaz Tezanos, y una representante del colectivo Alega en la comunidad autónoma, Kiara Bambrilla, han presentado el anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, una norma que se va a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que saldrá a información pública durante 20 días.

El texto podrá consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria y en la web Cantabria Participa para la realización de aportaciones. El anteproyecto se someterá a una tramitación interna en las consejerías para que en “el más breve plazo posible llegue al Parlamento” cántabro, donde Díaz Tezanos espera que salga adelante con la unanimidad de los cinco grupos (Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos).

Se pretende, según ha explicado Díaz Tezanos, garantizar los derechos de los menores transexuales a expresar y desarrollar libremente su personalidad durante la infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y, con este fin, se establecen medidas sanitarias, educativas y de atención social.

En materia educativa, la ley obliga a los centros educativos a garantizar que el profesorado y personal se dirija al menor transexual por el nombre y la identidad de género que elija en todas las actividades docentes y extraescolares, incluidos lo exámenes.

Junto a ello, se respetará su imagen física y la vestimenta elegida, así como el acceso y uso de las instalaciones de acuerdo con esa norma, incluidos los aseos y vestuario.

Por último, se garantiza la confidencialidad de los datos del menor y la adecuación de toda la documentación administrativa conforme a la identidad elegida.

En el ámbito sanitario, se prevé que los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad fijado por criterio médico.

También se establece que, en el caso de que los padres o tutores legales se nieguen a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte la resolución correspondiente “en aquellos casos en los que, por causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor, se entienda que dicha decisión es contraria al mayor beneficio para su vida o salud”.

La ley también contempla un protocolo específico de actuación en materia de intersexualidad, que incluirá la atención psicológica a la persona intersexual, o a su familia si fuera necesario, y los tratamientos requeridos de acuerdo con el género con el que se identifica.

Además, “se evitará siempre que sea posible la intervención médica inmediata, quirúrgica y hormonal que tengan el objetivo de lograr la normalización sexual para ajustarse a las normas físicas del binarismo de género”, ha explicado Díaz Tezanos, “y se velará por la erradicación de modificación genital en bebés recién nacidos en un momento en que se desconoce la identidad real de la persona intersexual”.

Además, el texto establece medidas en el ámbito de la contratación pública, incluyendo cláusulas que garanticen que las empresas contratantes respeten la igualdad de oportunidades y la no discriminación a personas LGTB, priorizando la contratación a aquéllas que favorezcan estas medidas. Además, se incluyen iniciativas destinadas a evitar la discriminación en el ámbito laboral y en el cultural, de ocio, de turismo y en los medios de comunicación.

En el anteproyecto de ley, se concretan sanciones con tres niveles de infracciones (leves, graves y muy graves) y se prevén multas económicas que pueden llegar hasta los 30.000 euros, además de multas accesorias, como, por ejemplo, la prohibición de acceder a ayudas públicas, el cierre o suspensión del servicio y la inhabilitación temporal.

Entre las infracciones leves figura, por ejemplo, el uso de “expresiones vejatorias” por razón de orientación o identidad sexual o expresión de género contra las personas o familias de éstas de forma intencionada o cualquier discriminación contra ellas que no se consideren graves o muy graves. Infracciones graves se considerarán, entre otras acciones, la emisión intencionada de expresiones vejatorias de “LGTBfobia en los medios de comunicación” , en discursos o intervenciones públicas y también el impedir realizar trámites, acceder o permanecer en servicios o establecimientos para el público por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. Muy graves serán el acoso o comportamiento agresivo en función de la orientación o identidad sexual; las represalias contra persona que denuncien o hayan intentado impedir cualquier discriminación por estas causas. En esta categoría se incluyen la aplicación de terapias aversivas que supongan un “intento de conversión, anulación o supresión” de una determinada orientación o identidad sexual o el despido o expulsión de un persona de su trabajo, centro educativo, asociación o entidad por estas razones.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI ALEGA, Cantabria, Ciudadanos, Eva Díaz Tezanos, Gobierno de Cantabria, Kiara Bambrilla, Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, Miguel Ángel Revilla, Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Transexuales, Transexualidad