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La intolerancia hacia la comunidad LGBT pone en riesgo la candidatura de Marruecos para el Mundial 2026

Sábado, 21 de abril de 2018

caf66ca3-3bc2-48ea-8a27-a14e66a231bdUna comisión de trabajo de la FIFA (la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que engloba a más de 200 agrupaciones futbolísticas de todo el mundo) ha desembarcado esta semana en Marruecos para evaluar en el terreno la candidatura de este país para albergar la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Tras las polémicas elecciones de Rusia 2018 y Catar 2022, sobre las que la FIFA lleva años recibiendo críticas debido a la situación en materia de derechos humanos de estos países y muy específicamente por sus leyes LGTBfóbicas, los nuevos estándares parecen dificultar las opciones de Marruecos de cara a 2026. Además, en el informe de 486 páginas que Marruecos envió a la FIFA, se omite la legislación LGTBfóbica existente como un factor de riesgo y por lo tanto no se aborda cómo se afrontaría el Mundial con este marco legal discriminatorio vigente. El presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Ahmed El Haij, denuncia que «el informe de derechos humanos de Marruecos presentado a la FIFA es un silencio intencionado sobre un tema que Marruecos sabe demasiado bien que es un crimen en su territorio».

La falta de respeto a los derechos humanos y la persecución indisimulada que Marruecos ejerce contra la comunidad LGTB le puede pasar factura de cara al posible descarte de su candidatura para acoger en 2026 la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. La elección de la sede de 2026 está prevista el próximo mes de junio en Moscú, coincidiendo con la celebración en Rusia del Mundial 2018, que tiene lugar en este país. Precisamente, las numerosas críticas que levantaron las elecciones de Rusia y Qatar como sedes del campeonato mundial de fútbol para 2018 y 2022, respectivamente, debido al más que cuestionable posicionamiento y acción política en materia de derechos humanos de estos países, parece que invitan a la FIFA a tener en consideración estas realidades en adelante comprometiéndose a valorar si acepta finalmente la candidatura de Marruecos de no cumplir con sus expectativas en lo que respecta a la discriminación de la mujer y la tolerancia hacia comunidad LGBT., además del análisis de los estadios, las infraestructuras, la seguridad o las finanzas. La candidatura de Marruecos se enfrenta a la candidatura conjunta de México, Canadá y los Estados Unidos de cara a convertirse en sede de la Copa del Mundo en 2026.

Marruecos aspira a ser sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026, lo que podría poner en peligro un informe de 486 páginas que una Asociación de Prensa ha hecho llegar a la FIFA en el que señalan que el denominado «Reino Occidental» no ha declarado su legislación intolerante hacia la comunidad LGBT como un factor de riesgo de cara a la celebración de un evento de tal envergadura. Con el objetivo de estudiar su candidatura y valorar si el país del norte de África podría haberse adaptado a las exigencias de tolerancia internacional de cara a la celebración del Mundial, un equipo de la FIFA se traslada este lunes, 16 de abril, al Reino de Marruecos.

Marruecos sabía que la situación de los derechos humanos y, específicamente, la LGTBfobia de Estado que ejerce podría perjudicar su elección. Por ello, en el informe de 486 páginas que enviaron a la FIFA no dedican ni una palabra a abordar esta realidad. En cambio, una cláusula del capítulo 23 de este documento recoge la siguiente declaración: «el presidente [de la Federación Marroquí de Fútbol] firmó un compromiso público explícito para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA sea un evento ejemplar desde el punto de vista de los derechos humanos, de conformidad con todos los requisitos internacionales de la FIFA y otros».

«El informe de derechos humanos que Marruecos ha presentado a la FIFA mantiene un silencio intencionado sobre un tema que Marruecos sabe demasiado bien es un crimen en su territorio (…). Es evidente que si Marruecos fuera sede de la Copa del Mundo, las personas LGBT que vengan a ver los juegos se enfrentarán a mucha discriminación. El estado no podrá protegerlos ni podrá comprometerse en la prevención de medidas que podrían ser tomadas en contra suya tanto por el estado como por la sociedad», declara Ahmed El Haij, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Según el artículo 489 del código penal marroquí, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con una pena de prisión de entre seis meses y tres años.

«Bajo los nuevos requisitos de no discriminación bajo los estatutos de la FIFA y bajo la Política de Derechos Humanos, una de las líneas rojas es la actividad, las leyes o las políticas anti-gay. Si realmente quiere ganar, Marruecos debería estar preparada para derogar el artículo del código penal que castiga a las personas por ser gay», asegura Minky Worden, director de iniciativas globales de Human Rights Watch. A la vista de la creciente preocupación por la celebración del Mundial en Rusia y las fuertes críticas por la elección de Qatar como sede en 2022, la FIFA ha incrementado su preocupación sobre la manera en la que los abusos de derechos humanos podrían afectar sucesivos eventos deportivos. Como consecuencia, los futuros anfitriones para el torneo en 2026 deben presentar informes independientes que evalúen de manera sincera el nivel de riesgo en las violaciones de los derechos humanos. Una valoración baja en este sentido podría descalificar una candidatura antes incluso de poder presentarse.

A diferencia de cuando Rusia y Catar se llevaron el gato al agua en el concurso de pujas de la FIFA para 2018 y 2022, respectivamente, los futuros anfitriones para el torneo de 2026 estaban obligados a encargar informes independientes de derechos humanos y proporcionar un análisis sincero de riesgos para formar parte de la evaluación del equipo de trabajo. Una candidatura que sea calificada con una puntuación muy baja en función de criterios técnicos o que no cumpla con los requisitos del torneo puede ser descalificada por el Consejo de la FIFA antes de la votación del próximo el 13 de junio.

Marruecos compite en esta carrera por ser sede en 2026 contra la candidatura conjunta de los tres países de América del Norte: México, Canadá y los Estados Unidos, que sí han accedido a publicar sus informes de derechos humanos. El equipo de comunicaciones internacionales de la candidatura de Marruecos también se ha negado a proporcionar cualquier información sobre las políticas de su país en relación a la comunidad LGBT o cómo se abordaría su tolerancia ante la presencia de personas homosexuales, bisexuales y transexuales durante la celebración del Mundial en su territorio. Lo único que el informe marroquí proporciona es una promesa redactada por su federación de fútbol y firmada por su presidente, Fouzi Lekjaa, en la que se comprometen a «luchar contra todas las formas de discriminación», incluyendo la «orientación sexual», pero sin mencionar que la homosexualidad es una ofensa criminal, al contrario que sus oponentes norteamericanos, que se comprometen a utilizar su influencia para reducir el riesgo de discriminación y acoso, así como aluden repetidas veces al colectivo LGBT.

Para Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, «bajo los nuevos requisitos antidiscriminación que se apegan a los estatutos de la FIFA y a la Política de Derechos Humanos, uno de los límites que no se pueden cruzar son las actividades, leyes o políticas anti homosexuales». En este sentido, la activista expone que «si Marruecos considera seriamente obtener la sede, necesitaría estar preparado para revocar el artículo del código penal que castiga a las personas por ser gay».

La alternativa a Marruecos es la candidatura conjunta formada por México, Estados Unidos y Canadá. En caso de resultar vencedora, se plantean como sedes compartidas las siguientes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (en México); Edmonton, Montreal y Toronto (en Canadá) y Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York/Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington DC (en Estados Unidos).

Aunque la información facilitada por esta candidatura sobre derechos humanos (y la situación del colectivo LGTB en estos tres países) es muy diferente a la de Marruecos, no están exentos de polémicas. En primer lugar, por las tensiones existentes entre México y EE UU por las políticas racistas de Donald Trump, así como por la distribución de partidos; a Canadá y a México apenas les correspondería albergar, en realidad, una decena, frente a los 60 que se jugarían en suelo estadounidense.

«Al leer estas ofertas, queda muy claro que la apuesta conjunta de los EE. UU., Canadá y México está tomando este proceso muy en serio, tanto en el alcance como en la escala, admitiendo que tienen problemas de derechos humanos que necesitan para abordar (…). [En Marruecos] existen preocupaciones muy serias tanto en el frente de discriminación LGBT como en los derechos de las mujeres. Ninguna de esas cosas se menciona ni se reconoce en la propuesta», explica Worden, a quien contesta Jamal El Amrani, que representa a la Organización de la Cámara Júnior Internacional en Marruecos asegurando que no cree que prohibir la homosexualidad «sea un problema porque organizar una Copa del Mundo se trata principalmente de infraestructura, pasión por el fútbol y la capacidad de organizar una Copa del Mundo segura (…). Tenemos nuestras leyes y tenemos nuestros valores y tal vez la FIFA también tenga sus valores. Podemos tener algunas diferencias, pero solo debemos tener la capacidad de respetar las diferencias y ser tolerantes». De todos los miembros de la junta de derechos humanos de la candidatura, sólo uno sostiene que Marruecos es un país «amistoso y tolerante».

Dura y constante persecución de las personas LGTB en Marruecos

La última noticia quepublicamos fue en agosto de 2017, la despreciable incitación a la violencia contra los homosexuales por parte del realizador y guionista marroquí Mahmoud Frites, que el día 22 de agosto hacía público en su perfil de Facebook un mensaje en el que animaba a violar a aquellos “que desean ser violados”. El texto iba acompañado de una fotografía de Adam Lahlou, también conocido como Adouma o Adoma, un joven abiertamente gay y muy conocido en redes sociales como Facebook o Instagram. Días después, Adouma denunciaba una agresión y acusaba a Frites de ser el responsable.

Dos universitarios eran detenidos y acusados de «comportamiento inmoral» en enero en Inezgane, después de que se hiciera viral un vídeo en el que aparecían besándose, aunque apenas se les podía reconocer porque tan sólo se mostraban sus siluetas.

No podemos olvidar cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados para mayor escarnio. La pareja era detenida en Beni Melal, después de haber sufrido la cruel agresión . Mientras que uno conseguía huir, el otro era condenado a 2 meses de cárcel y pagar una multa de 500 dirhams, aunque sería finalmente puesto en libertad, después de admitir su condición sexual y de que su abogado solicitara la anulación de la Ley 489.  Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Quienes sí cumplían condena de seis meses eran dos homosexuales sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en el interior de un vehículo en Guelmim.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben. Leer más…

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Condenan a una madre a realizar un curso de reeducación por impedir a sus hijos ver a su padre gay

Viernes, 20 de abril de 2018

sudafricaUna madre que impedía que sus hijos, de nueve y once años, vieran a su padre homosexual por “miedo a su estilo de vida gay” ha sido demandada y sentenciada. La mujer de Pretoria (Sudáfrica) deberá restituir, de inmediato, las visitas y además acudir a clases de educación parental”, según ha determinado un juzgado de este país.

La madre llegó a impedir de forma total que el progenitor, que vive con su pareja, un hombre, viera a sus hijos. Para tomar esta decisión, esta alegaba que sentía temor por sus pequeños, debido al estilo de vida del hombre. Esto contradice la sentencia de divorcio, firmada el pasado mes de febrero, que determina que el demandante tiene acceso total a los niños.

La mujer ha llegado, incluso, a mandarle citaciones judiciales, criticando su “forma de promover su orientación sexual y modo de vida con sus hijos. En las que, además, solicitaba que los niños no vieran a sus amigos hombres, punto que también ha rechazado el juzgado. Un experto en psicología ha asegurado que los niños no tienen ningún tipo de trauma.

La madre defendía en su alegato que ella ha crecido en una cultura en la que la homosexualidad es considerada un pecado. Esto fue muy discutido en la corte ya que mostraba cómo la mujer diferenciada claramente su pensamiento “sobre los gais, que describió como personas que solo tienen preocupaciones sexuales, y sobre los heterosexuales que, por el contrario, ocupan su tiempo en muchas actividades y que, ocasionalmente, practican sexo”.

Tras determinar que los miedos de la progenitora se deben a su concepción errónea en referencia a la comunidad gay, el tribunal ha sentenciado que el padre puede seguir viendo a sus hijos y que la madre asista a un curso de educación parental.

A pesar de que Sudáfrica fue el primer país del mundo en tener una Ley constitucional de discriminación basada en la orientación sexual, también ha sido el primer país de África en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque todavía muchos gais se enfrentan a la violencia y la marginación.

Fuente Oveja Rosa

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Conchita Wurst desvela que tiene el VIH para «dar un paso más en contra de la estigmatización»

Jueves, 19 de abril de 2018

Conchita-Wurst-artista-trans-Eurovision_CLAIMA20140510_0187_17La artista que logró conquistar a Europa con su mensaje de tolerancia y en contra de la discriminación LGTBfóbica ha utilizado su cuenta de Instagram para admitir que convive con el VIH. Al hacerlo, según sus propias palabras, pretende «dar ánimos» a las personas seropositivas en situaciones parecidas y también «dar un paso más en contra de la estigmatización». Pero su anuncio se ve empañado por su propia denuncia. Y es que, al parecer, habría estado recibiendo amenazas por parte de un antiguo novio de desvelar esta información (desconocemos por qué motivos). En este sentido, Conchita Wurst ha decidido tomar la delantera y hablar ella misma sobre su estatus serológico, ya que, tal y como alega, «no le daré a nadie el derecho de asustarme e influir en mi vida en el futuro». Desde España, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) recuerda que hacer público el estado serológico debe ser una decisión personal y que «en el momento en que se es víctima de chantaje o extorsión, como ha sido el caso de Wurst, se debe denunciar a la Policía».

«Ha llegado el día de liberarme por el resto de mi vida de una espada de Damocles: he sido VIH positivo durante muchos años. Esto es realmente irrelevante para el público, pero un exnovio me amenaza con hacer pública esta información privada, y no le daré a nadie el derecho de asustarme e influir en mi vida en el futuro», ha publicado la polifacética cantante austriaca en Instagram. También ha explicado que su carga viral es indetectable porque «desde que recibí el diagnóstico, estoy en tratamiento médico» de tal forma que «no puedo transmitir el virus». No está de más recordar, en efecto, que las personas con carga viral indetectable no transmiten la infección a sus parejas sexuales.

Aunque la familia y el círculo de amigos de Conchita Wurst ya conocía su estatus serológico, según argumenta la eurovisiva artista, revelar a la sociedad uno mismo este tipo de información privada «es mejor que ser descubierta por terceros». Por ello, dice querer «dar un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado por el VIH». Asimismo, Conchita ha lanzado un mensaje a sus fans: «la información sobre mi estado del VIH puede ser nueva para vosotros, ¡mi estado no lo es! Estoy bien y soy más fuerte, estoy más motivada y liberada que nunca. ¡Gracias por vuestro apoyo!».

Combatir el estigma del VIH/Sida

Desde España, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) recuerda que hacer público el estado serológico debe ser una decisión personal y que «en el momento en que se es víctima de chantaje o extorsión, como ha sido el caso de Wurst, se debe denunciar a la Policía». En todo caso, han aprovechado la revelación de la cantante para felicitarla, ya que «estos gestos son muy importantes para dotar de mayor normalidad a esta infección y reducir el estigma y la discriminación. Además, el efecto conseguido es infinitamente mayor cuando se produce a través de una figura de relevancia internacional».

Por otra parte, CESIDA urge a agilizar el Pacto social por la no discriminación asociada al VIH y al sida, anunciado por la propia coordinadora tras reunirse con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para erradicar situaciones de serofobia y dar atención legal, psicológica y social a las personas con VIH.

Para el presidente de la citada coordinadora, Ramón Espacio, «el Pacto Social es un documento que propone un paquete de medidas para reducir la discriminación hacia las personas con VIH. De especial importancia son todas aquellas medidas destinadas a acabar con las restricciones de acceso a servicios y funciones públicas consecuencia de la catalogación del VIH como enfermedad infectocontagiosa».

Este documento, promovido por el Ministerio de Sanidad, involucra en la consecución de sus objetivos a distintos ministerios, administraciones públicas y otros sectores gubernamentales y no gubernamentales. Cabe destacar, en cualquier caso, que el activismo lleva reclamando un pacto de Estado sobre el VIH/Sida en las últimas legislaturas y, hasta fechas recientes, no había habido una respuesta firme por parte del Gobierno de Rajoy en este sentido.

Conchita Wurst, una triunfadora comprometida con la igualdad

Dosmanzanas ha seguido de cerca la trayectoria de Conchita Wurst, desde antes de su sonado triunfo en el festival de Eurovisión en 2014. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacerle una de las primeras entrevistas publicadas en España, en marzo de aquel año (dos meses antes de la gran final eurovisiva). Entonces declaró que «la homofobia y la intolerancia son temas candentes ahora mismo. Yo diría también que lo son los derechos humanos en general. Debido a todo este odio, me reafirmo en lo que hago. Todos tenemos que contribuir a cambiar esta situación y yo, personalmente, lucho todo lo que puedo para alcanzar la meta de la aceptación».

Solo unas semanas después, pudimos volver a entrevistarla (esa ocasión en persona, durante una presentación de su actuación en Madrid). Wurst dijo querer «aprovechar la oportunidad que tengo como artista para trasladar mi mensaje a tantísima gente y transmitirle fuerza, especialmente a aquellos que sufren la intolerancia. Por ejemplo, a las víctimas de las estúpidas leyes rusas [anti-LGTB]. Ante este tipo de actitudes es fundamental que hablemos sobre la tolerancia y sobre la necesidad de encontrar la aceptación global. Entre todos tenemos que propiciar el cambio social y yo tengo la ocasión de hablar con muchas personas al respecto para aportar mi granito de arena».

Todo ese compromiso hecho público en numerosos foros y medios de comunicación europeos atrajo las críticas de la casta LGTBfóbica más reaccionaria. El promotor de las leyes homófobas rusas, Vitaly Milonov, llegó a pedir el boicot al festival de Eurovisión, al que calificó de «espectáculo de Sodoma». Pero a pesar de esta y otras salidas de tono con tintes LGTBfóbicos, Conchita Wurst fue la tercera artista más votada en Rusia, además de ser la ganadora del festival. El viceprimer ministro ruso, Dmitri Rogozin, dijo que «el resultado muestra a los partidarios de la integración europea cual es su futuro europeo: una mujer barbuda». Por su parte, el líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovski declaró que «es el fin de Europa. Ya no tienen hombres ni mujeres. Tienen ‘eso’». Sin embargo, el cardenal de Viena felicitó a Conchita Wurst por su triunfo en Eurovisión.

Pero lejos de amedrentarse, la artista austriaca siguió utilizando su privilegiada posición mediática como artista para combatir la intolerancia y la discriminación. A finales de 2014 envió un mensaje a la conferencia promovida en Bruselas por la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la presidencia del Consejo de la Unión sobre discriminación y solo unos días más tarde se reunía con el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que este le manifestaba su empeño personal en seguir combatiendo la LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

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Un juez holandés no aprecia delito de odio en la brutal agresión a un matrimonio de dos hombres al grito de «maricones»

Jueves, 19 de abril de 2018

630x800-noticias-jasper-vernes-sewratan-y-ronnie-sewratan-vernes-facebookEl juez ha dado como probado que Jasper Vernes-Sewratan y Ronnie Sewratan-Vernes, un matrimonio residente en la localidad holandesa de Arnhem, fueron atacados por un grupo de adolescentes cuando regresaban por la noche a su domicilio, cogidos de la mano. También ha dado como cierto que el ataque se inició mientras les proferían insultos como «homo» y «maricón», sin embargo, ha estimado que esas vejaciones no son prueba suficiente para aplicar la agravante de homofobia. La condena se reduce a 160 días de servicios comunitarios para el agresor que rompió cuatro dientes a uno de los miembros de la pareja y 80 días de servicios comunitarios para el resto, a lo que se debe sumar una sanción económica. En un comunicado efectuado en las redes sociales, Jasper y Ronnie afirman que la sentencia les ha dejado un «sabor amargo», y que la condena a unas cuantas horas de servicios comunitarios es «algo por lo que llorar».

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de abril de 2017. Jasper y Ronnie, de 35 y 31 años, volvían a casa tras acudir a una fiesta en la localidad de Arnhem. Aunque no suelen hacerlo normalmente «para no llamar la atención», como no había mucha gente, caminaban de la mano. En un determinado momento, fueron abordados por un grupo de entre seis y ocho adolescentes que les profirieron insultos homófobos. La pareja intentó esquivarlos, pero los atacantes les cortaron el paso y, según su declaración, los golpearon con un cortapernos. Como resultado, Ronnie sufrió la rotura del labio y de cuatro dientes y Jasper contusiones en las costillas y diversos hematomas en espalda y rodillas.

Tras la denuncia, se inició la correspondiente investigación, que concluyó con la entrega voluntaria de cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años (que hoy cuentan con 15 y 17) y la liberación sin cargos de un quinto miembro del grupo. La agresión desató una oleada de solidaridad con la pareja y contra la LGTBfobia. La periodista deportiva Barbara Berend propuso que hombres de todo el país se mostraran de la mano con otros hombres para mostrar su apoyo a Jasper y Ronnie. Su llamamiento encontró eco en ámbitos tan diferentes como el fútbol, la Policía o la política y se difundió en redes sociales con el hashtag #allemannenhandinhand.

Sin embargo, el primer jarro de agua fría llegó cuando la Fiscalía comunicó que los cuatro adolescentes no serían imputados por un delito de odio, sino simplemente por uno de agresión, pues, según argumentó, «la investigación no ha demostrado que la discriminación o el odio hacia los homosexuales fuera la razón que motivara la agresión». El juicio comenzó el 19 de diciembre, con una audiencia a puerta cerrada para proteger la intimidad de los menores.

Finalmente, el pasado 9 de abril se dio a conocer la sentencia. En ella, el juez no ha dado por probado que se utilizara un cortapernos en la agresión, al entender que las graves heridas recibidas por Ronnie en la boca (recordemos que le rompieron cuatro dientes) podrían haber sido producidas por los puños de uno de los adolescentes que practica kickboxing. Además, aunque encuentra altamente probable que, mientras les propinaban la paliza, los adolescentes gritaran a sus víctimas insultos como «homo» y «flikker» («maricón» en neerlandés), ha estimado que ello no es prueba suficiente como para calificar la agresión de homófoba.

Por último, la sentencia rebaja las penas solicitadas por la Fiscalía. El fiscal había requerido una pena de 180 horas de servicios comunitarios para el agresor que infligió mayor daño a las víctimas y 120 horas de servicios comunitarios para los otros tres (con 20 horas en suspenso para el agresor de 15 años). Sin embargo, el juez ha rebajado la condena a 160 horas de servicios comunitarios para quien rompió los dientes a Ronnie, y 80 horas para el resto. También deberán indemnizar a la pareja agredida con 4.276,61 euros (5.290 dólares) y 577,23 euros (714 dólares), según la gravedad de las heridas.

Sidney Smeets, abogado del matrimonio, ya mostró su indignación en su día cuando tuvo conocimiento de que los agresores no serían imputados por un delito de odio. «Mis clientes se cruzaron con los chicos y fueron llamados homosexuales, maricones y sucios porque eran visiblemente gais. Fueron perseguidos y agredidos por estos chicos», protestó.

Por su parte, Jasper y Ronnie han dejado un mensaje en su cuenta de Facebook en el que han expresado sus sentimientos acerca de todo el proceso. Tras un año de espera, la sentencia les ha dejado un «sabor amargo» y la califican de «algo por lo que llorar», a pesar de que la decisión anterior de la Fiscalía ya les había prevenido de que algo así podría ocurrir. Ambos se preguntan dónde está la frontera de la homofobia si los insultos y agresiones recibidos no se consideran legalmente como tal. También afirman que criminólogos expertos relacionan el ataque que sufrieron con otros sucesos anteriores de igual índole. En cuanto al castigo de unos cuantos días de servicios comunitarios, se preguntan «¿cómo se puede comparar eso con lo que hemos pasado este año y todavía experimentamos a diario?, ¿cómo se puede comparar eso con lo que podemos esperar en el futuro?. ¡Además, he estado sin dientes durante 53 semanas!». Finalmente, comunican su deseo de tomar un breve descanso para meditar, junto a su abogado, la posibilidad de presentar un recurso.

En su día, la asociación de defensa de los derechos LGTB COC Nederland solicitó que el Gobierno se fijase como objetivo prioritario el fin de la violencia homófoba y tránsfoba, que ha resurgido en Holanda en los últimos tiempos. Quizás también habría que revisar, como ocurre en España, los protocolos de fiscales y jueces en relación con los delitos de odio, a cuya imputación o condena parecen ser tan renuentes aunque, al final, por decisión de la Audiencia Provincial de Cantabria, la agresión sí será juzgada como delito de odio.

Fuente Dosmanzanas
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Aceh (Indonesia) dejará de torturar a hombres gay en público (pero lo hará en privado)

Miércoles, 18 de abril de 2018

indonesia-latizagos-homofobia-696x522irwandi-jpg-id284Irwandi Yusuf

La región de Aceh, que aplica la Ley Sharia musulmana, dejará de someter a latigazos en público a los y las acusados de homosexualidad para pasar a hacerlo en recintos privados.

El movimiento simplemente quiere ayudar al gobierno del país a limpiar su imagen exterior y acusan a occidente de islamofobia por las críticas recibidas.

Tal y como adelantábamos en julio, la provincia indonesia de Aceh impedirá la difusión pública de imágenes de los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La reforma fue discutida en su momento entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, debido al daño que para la imagen de Indonesia supuso la difusión de la flagelación de dos jóvenes. Pues bien, la semana pasada se conocía que Yusuf ha firmado la orden. Los castigos a homosexuales se ejecutarán  en el interior de las cárceles y centros de detención, sin que puedan registrarse ni difundirse imágenes de las mismas.

La provincia de Aceh en Indonesia, la única provincia del país en la que se aplica la Ley Sharia islámica, ha anunciado que dejara de someter a los hombres condenados por ser homosexuales a latigazos en público… para pasar a hacerlo a puerta cerrada.

Tal y como ha explicado el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, la decisión de mover las torturas de las plazas públicas a los patios privados de las cárceles se ha tomado para reducir así las críticas internacionales por ese tipo de castigos. Eso sí, aclara que tanto a él como al resto del país les dan igual esas críticas y las considera un ataque islamófobo: “No queremos que la islamofobia interfiera en los asuntos externos de Indonesia“.

La medida cuenta con críticos entre la población local. Los hay que consideran que si los castigos no son públicos perderán su carácter «ejemplarizante». «Si los latigazos se dan en prisión, seguro que habrá más violaciones de la sharía en Aceh»declaraba un manifestante opuesto a la reforma. En esta provincia, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Desde la organización Human Rights Watch su investigador en Indonesia, Andreas Harsono, ha declarado que “Indonesia va en cabeza en la carrera hacia el abismo“. La nueva ley que traslada las torturas a los centros penitenciarios permitirá la asistencia de adultos y periodistas y fue recibida con una manifestación frente a la delegación del gobierno en Aceh. “Si los latigazos se hacen en prisión” explica Tuwanku Muhammad, uno de los manifestantes, “estamos seguros de que habría más delitos contra la Sharia en Aceh“.

Hay que recordar que la homosexualidad (por ahora) no es ilegal en Indonesia y aunque Aceh es la única provincia que aplica la ley Sharia el país al completo está sumergido en una deriva anti-LGTB. Todos los grupos políticos apoyan que se criminalicen las identidades no heteronormativas, las personas trans sufren persecución y agresiones en público que resultan impunes e incluso la Asociación de Psiquiatría del país define a las personas LGTB como enfermos.

Actualmente dos estudiantes universitarios están en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de practicar sexo homosexual entre ellos. Los dos chicos, de 21 y 24 años, fueron detenidos por civiles que entraron a la fuerza en una habitación en la que estaban los dos chicos. El director del Departamento de la Ley Sharia de la región ha explicado a la prensa que tienen los teléfonos móviles de los detenidos, unos preservativos y el colchón que había en la habitación como pruebas; y asegura que uno de los dos hombres ya se habría declarado culpable de practicar sexo gay.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboral con el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Portugal aprueba la autodeterminación de género a partir de los 16 años y se sitúa en el grupo de países más avanzados en esta materia

Lunes, 16 de abril de 2018

bandera-portugal El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como GreciaIrlanda, DinamarcaMalta, BélgicaNoruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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La Corte Suprema de Trinidad y Tobago dictamina que las leyes que castigan las relaciones homosexuales son inconstitucionales

Lunes, 16 de abril de 2018

jason-jones-trinidad-y-tobagoEl Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago declara nulas las cláusulas de la Ley de Ofensas Sexuales que penalizaban la sodomía con hasta 25 años de cárcel.

Decenas de activistas LGTB+ celebraron con cánticos el veredicto a las puertas del mismo tribunal.

Gran noticia para los derechos LGTB en el mundo. El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago despenalizó el pasado jueves 12 de abril la homosexualidad en el país. El alto tribunal sentenció, a través de una demanda interpuesta por Jason Jones, que la Sección 13 y la Sección 16 de la Ley de Ofensas Sexuales (que ilegalizaba el sexo anal) eran contrarias a la Constitución del país. Ahora el número de países en el mundo que criminalizan la homosexualidad es de 71. Que no son pocos.

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha dictaminado que los artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales que penalizan las relaciones homosexuales son inconstitucionales. La jueza Devindra Rampersad, presidenta del tribunal, ha comunicado la decisión con gran elocuencia, llegando a comparar la negación de la humanidad y la dignidad que esos artículos representaban con el apartheid sudafricano y el Holocausto. Así culmina un proceso que comenzó a principios de 2017, cuando el activista Jason Jones decidió denunciar esos artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales ante los tribunales, dada la renuncia del Gobierno a derogarlos.

La jueza Devindra Rampersad no ha podido ser más clara en su comunicado: «El tribunal declara que los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales son inconstitucionales, ilegales, nulos, inválidos y sin efecto, en tanto y en cuanto tipifiquen como delito actos que constituyan una conducta sexual consentida entre adultos». Es decir, solo permancerán en vigor las estipulaciones de estos artículos que afecten a menores.

Los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1986, modificada por la Ley de Reforma sobre Delitos Sexuales (Ley 31 de 2000), establecían lo siguiente:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Curiosamente la oportunidad de denunciar esta ley ante el Tribunal Supremo surgió cuando el gobierno de Trinidad y Tobago decidió en el año 2000 incrementar las penas de cárcel por sodomía de 10 a 25 años de prisión. Cuando el país se independizó de Gran Bretaña en 1962 heredó las leyes coloniales que prohibían la sodomía. En 1986 el Parlamento reescribió la Ley para aumentar la pena de cárcel a 10 años y en 2000 la volvieron a incrementar a 25 años. Antes de eso era imposible llevar la ley ante los tribunales porque existía una “cláusula de protección” que impedía que las leyes británicas no podían ser cambiadas tras la independencia del país. Pero fue el propio gobierno al aumentar las penas el que invalidó esa “cláusula de protección” y abrió la veda para denunciarlas y derogarlas. Y así ha ocurrido.

dav Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño. “No tengo intención de hacer que el pueblo se trague una ‘agenda gay’; ni quiero atacar la religión, moral o espiritualidad“, explicó Jones que tuvo que emigrar a Reino Unido cuando su familia le repudió al salir del armario como gay; “Hago esto para mejorar nuestra nación, y por las futuras generaciones“.

Finalmente, este 12 abril la Corte Suprema ha dictaminado a su favor. Los jueces del alto tribunal opinan que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También han considerado que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa será publicada en el plazo de tres meses.

Ante la puerta de Tribunal Supremo se concentraron decenas de activistas LGTB+ que esperaban el veredicto y que estallaron en cánticos de alegría cuando conocieron que las leyes homófobas habían sido anuladas.

Jason Jones ha acogido el dictamen con gran satisfacción. En su cuenta de Twitter escribía: «¡Victoria! ¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo! ¡Lo hemos conseguido! ¡¡¡Hemos logrado la igualdad!!!».

«Lo que creo que el juez señaló fue que ‘aquí todos los credos y todas las razas tienen el mismo lugar’, y creo que todos debemos unirnos ahora y abrazarnos con verdadero amor y respeto (…). Esto no se trata de LGBT, se trata de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución», declara Jones que como los activistas LGBT han celebrado la decisión judicial.

La activista Kenita Placide, asesora en el Caribe de OutRight Action International, que tiene la esperanza de que otros países con leyes similares sigan el camino de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, valoraba además la importancia que la sentencia pueda tener para los países del entorno. «Los jueces se han ubicado en el lado correcto de la historia en este caso, al anular la ley de sodomía y dictaminarla como inconstitucional. Los activistas y la defensa continuarán en Trinidad y Tobago y en todo el Caribe hasta que se garantice la igualdad para las personas LGBTIQ.», afirmaba, «con estas resoluciones positivas en Belice y Trinidad y Tobago se impulsará a otras países de la región».

El propio Fiscal General del país, Faris al-Rawi, ha declarado a la prensa: “Nuestra sociedad ha cambiado significativamente en su forma de tolerar la homosexualidad, y lo ha hecho radicalmente en la última generación.

Sin embargo, también se han oído voces de disconformidad. Durante la mañana del día 12, en espera del dictámen, se congregaron ante el edificio de la Corte Suprema no solo las personas LGTB interesadas en la resolución, sino también miembros de grupos religiosos —cristianos y muslmanes— contrarios a la despenalización de las relaciones homosexuales.

640x0-youtube-s1xlkxpe0jk-trinidad-y-tobago-camino-de-despenalizar-la-homosexualidad-por-decreto-judicialEl grupo T&T, uno de los principales grupos que exigen que el tribunal defienda la ley, ha llegado a afirmar que la derogación de las Secciones 13 y 16 podría provocar que «los derechos homosexuales prevalezcan sobre los derechos heterosexuales». Yasin Abu Bakr, líder del grupo islámico Jamaat al Muslimeen, evidenciaba su intolerancia y fanatismo con las siguientes declaraciones: «Independientemente de lo que ocurra, nuestra posición sigue siendo la misma. Hay muchos ejemplos, tanto para los que son cristianos como para los que somos musulmanes, del desagrado de Dios por este tipo de comportamiento. Si no apareciera en las Escrituras, sería una cuestión de opinión, pero no es una cuestión de opinión. Es algo que las Escrituras califican de abominación. ¿Acaso vamos a invocar el desagrado de Dios?».

Pero el juez ha rechazado estas ideas, señalando que su veredicto «no es una evaluación o negación de las creencias religiosas de nadie», sino «un reconocimiento de que las creencias de algunos, por definición, no son la creencia de todos, y, en la República de Trinidad y Tobago, todos están protegidos, según la Constitución». El tribunal se reunirá nuevamente en julio para determinar si la Ley de Delitos Sexuales debe ser eliminada en su totalidad o solo en parte.

Como bien señalaba Kenita Placide, el Tribunal Superior de Belice despenalizó las relaciones homosexuales en 2016. Sin embargo, en el continente americano aún están penalizadas en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, en su mayor parte debido a las leyes de la herencia colonial británica. Esperemos que esta nueva resolución favorable a los derechos LGTB de pie a otras semejantes por todo el continente.

 Fuente | Gay Star News, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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Oleada de agresiones por LGTBfobia en Logroño: 6 agresiones por homofobia y lesbofobia en lo que va de 2018 la última de ellas aderezada con el «Cara al sol»

Lunes, 16 de abril de 2018

1312413428_850215_1428680446_noticia_normalLogroño, Concatedral y Plaza del Mercado

El colectivo riojano Marea Arcoíris ha denunciado lo que considera una auténtica “oleada de agresiones” por orientación sexual e identidad de género en la ciudad de Logroño. Según un comunicado hecho público este jueves, el colectivo ha contabilizado ya 6 agresiones en lo que va de 2018. La última de ellas a dos chicas, cometida en pleno centro de Logroño por un joven que se marchó del lugar a los sones del Cara al sol.

La agresión ocurrió, según detalla el digital riojano NueveCuatroUno, en los alrededores de la Plaza del Mercado (en el casco viejo de Logroño) la semana pasada. Cuando las dos chicas caminaban hacia su casa en actitud cariñosa, un joven comenzó a insultarlas con frases como “mira a estas bolleras de mierda” y “vamos a ponerles el ‘Cara al sol’ para que aprendan”. La pareja intentó continuar su camino, pero el joven prosiguió con sus insultos y se encaró con ellas. Pese a que le pidieron que se tranquilizara, el agresor les escupió y las empujó. Sus propios amigos se lo llevaron por la fuerza, intentando que la agresión no fuera a mayores, pero el joven reapareció conduciendo un coche, volvió a insultar a la pareja y finalmente se marchó con el Cara al sol a todo volumen. La pareja agredida ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional (para los que nos lean desde fuera de España, el Cara al sol era el himno de Falange Española de las JONS, convertida en himno oficioso del franquismo junto con el Oriamendi carlista, y habitual en concentraciones fascistas y de extrema derecha en España… Los que tenemos una edad recordamos que TVE terminaba sus emisiones con el himno nacional y estas dos canciones ).

Aunque La Rioja es una de las comunidades autónomas en las que menos agresiones por LGTBfobia se denuncian (el Ministerio del Interior no contabilizó ningún caso en sus registros de denuncias por delitos de odio ni en 2015 ni en 2016, los dos últimos ejercicios de los que ha hecho públicas las cifras), ello no quiere decir que no se produzcan. Existe una contrastada divergencia, de hecho, entre los registros oficiales y los que hacen públicos los diversos observatorios vinculados a colectivos en aquellas comunidades en las que existen. No es de extrañar: las entidades LGTB se están convertido en los espacios de referencia para denunciar este tipo de agresiones. Espacios seguros donde dar una atención integral a las víctimas y contrarrestar los peligros de la “normalización” o “trivialización” de las agresiones por parte de las víctimas, lo cual supone uno de los grandes obstáculos para conocer su verdadera frecuencia (junto al miedo a posibles represalias o la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial).

“Por desgracia no es un caso aislado”, explicaban desde Marea Arcoíris al diario digital Rioja2 con ocasión de la agresión de febrero. “Al menos una vez al mes recibimos en la Marea Arcoíris a una persona que ha sufrido una agresión física, la situación es realmente preocupante. También es cierto que cada vez se da más la cara, antes muchas agresiones no se denunciaban por miedo a salir del armario”,

En su comunicado, Marea Arcoíris enumera las seis agresiones cometidas este año en Logroño contra personas LGTB y de las que ha tenido constancia (algunas de las cuales recogimos en su momento). La primera ocurrió a finales de enero, cuando un joven comunicó a través de Twitter que había sido increpado junto con su novio por un hombre en el centro de la ciudad. A finales de febrero, un joven que jugaba con su perro en la calle, también en el centro de Logroño, sufría otra agresión. Riéndose de su condición sexual, le agarraron del cuello y patearon. La propia presidenta de Marea Arcoíris, Déborah Pimentel, sufría días después una nueva agresión en plena Gran Vía, cuando paseaba con su novia de la mano.

“Poco después nos llegaba otra denuncia de otro joven, que caminando de la mano con su novio en el Ayuntamiento fue increpado e insultado por un fanático”, explica Marea Arcoíris. “La penúltima [agresión] de la que tuvimos constancia fue la del periodista y artista riojano David Moreno, que denunció hace menos de un mes una agresión homófoba en Logroño”, añade el comunicado.

Marea Arcoíris denuncia la pasividad de las instituciones

Para Marea Arcoíris, resulta evidente que la capital riojana sufre una auténtica oleada de agresiones “que están haciendo inseguras las calles de Logroño para las personas con géneros y sexualidades diversas”. En este sentido, el colectivo denuncia muy especialmente la pasividad de las instituciones ante lo que sucede. “¿Qué están haciendo las instituciones para acabar con las agresiones al colectivo? ¿Qué está haciendo el Gobierno de La Rioja? ¿Los Ayuntamientos? ¿Delegación de Gobierno en La Rioja? La responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en la alcaldesa de Logroño como último escalafón en la Policía Local y en Alberto Bretón como delegado del Gobierno en La Rioja y responsable último de la Policía Nacional. En cuestión de educación, concienciación y promoción de la tolerancia y el respeto no se está haciendo nada, pese a contar con una partida presupuestaria de 40.000 euros. Partida presupuestaria que tememos no llegarán ni a gastar, haciendo una mísera campaña, aprisa y corriendo, a finales de año”, se lamenta.

En relación al Ayuntamiento de Logroño, Marea Arcoíris insiste en que se tome “más en serio” la lucha contra la discriminación. Reclama, por ejemplo, que se otorgue un espacio a la Plaza de la Diversidad. “Además, acercándose ya la fecha del Orgullo LGTBI+ en Logroño, no hablamos ya de favorecer, sino como mínimo no impedir el normal desarrollo de la semana cultural y el funcionamiento de la manifestación”, añade. También reclama que se apruebe de forma definitiva la ley integral de transexualidad (cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre) y se comience “de una vez por todas a trabajar por una Ley LGTBI+ autonómica”. “Creemos que la voluntad política es crucial para acabar con la violencia hacia las personas lesbianas, transexuales, gais, bisexuales o de géneros y sexualidades diversas”, añade el comunicado.

“Estamos convencidas de que el trabajo del colectivo LGTBI+ en La Rioja está favoreciendo el aumento de las denuncias, públicas o formales, de este tipo de agresiones. Confirmamos nuestro compromiso para acabar con la LGTBIfobia en La Rioja reiterando que como sociedad no podemos consentir que nadie violente a otra por sentirse, amar o querer diferente”, finaliza el texto.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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Estado de la LGTBIfobia en Cataluña en 2017: un 32,2% más de incidentes que el año anterior, con un especial repunte de las agresiones

Lunes, 16 de abril de 2018

640x0-noticias-rdp-presentacio-estudi-estat-lgtbi-fobia-cat-2017Eugeni Rodríguez (OCH) tilda de “muy grave” que “la incidencia más registrada por el OCH en Cataluña en 2017 sean las agresiones verbales y físicas”

Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”

Pocos días después de que lo hiciese su homólogo madrileño, el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2017 (puedes descargar aquí sus 99 páginas). Los datos no son precisamente tranquilizadores: el Observatori tuvo conocimiento de 111 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán en el año 2017, lo que supone un aumento del 32,2% respecto a los 84 casos registrados en 2016.

Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 47,7% de las incidencias. El capítulo de agresiones, de hecho, ha experimentado un fuerte incremento en los tres años en los que el Observatori lleva ya publicando su informe, pasando del 30,9% de las incidencias en 2015 al 47,7% en 2017.

A continuación se situaron los episodios de odio en internet y redes sociales (12,6%), así como los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (9,9%):

incidentes-lgtbfobia-catalunya-2017

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (51,4%). En segundo lugar se situaron las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (18%), seguidas muy de cerca por las incidencias contra el colectivo de personas trans (17,1%). En el 10,8% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:

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Viendo la evolución de los tres años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, pasaron al 15,5% en 2016 y han constituido el 17,1% en 2017. En este sentido, parece que Cataluña no es inmune a la corriente tránsfoba que de un tiempo a esta parte parece haberse intensificado en Europa y América.

Por lo que se refiere a la edad, la edad media de las víctimas registradas por el Observatori fue de 30,2 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 18 a 25. No obstante, el propio informe reconoce que solo 52 de las personas que registraron alguna incidencia reveló su edad, por lo que el dato no es demasiado consistente:

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Por lo que se refiere al itinerario de los 111 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 31 (el 27,9%) fueron denunciados directamente por las víctimas a través de la ley catalana contra la LGTBIfobia. Otras 22 incidencias (el 19,9%) fueron denunciadas por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su “deber de intervención” cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTBI. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de dicha ley, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico el pasado octubre. El tercer grupo más numeroso de denuncias interpuestas formalmente fue el correspondiente a los procesos penales (18, el 16,2%), que han experimentado un sensible aumento respecto a 2015 (9,7%) y 2016 (2,4%). El aumento de las agresiones registrado en 2017 se encuentra, sin duda, detrás de este repunte de procesos penales:

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Eso sí, otras 31 de las 111 incidencias recogidas por el Observatori (27,9%) no fueron denunciadas a través de ningún mecanismo.

Por lo que se refiere a la distribución territorial, y como parece lógico por su peso demográfico, la provincia de Barcelona es la que mayor número de incidencias registra (81,2%), seguida de Tarragona (8,2%), Girona (7,1%) y Lleida (3,5%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (34,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (24,5%). Girona registra el 22% y Lleida el 19,2%. De hecho, si se analiza la evolución entre 2015 y 2017, la tendencia más preocupante es la de Tarragona, que ha pasado del 8,1% en 2015  al 24,5% en 2017, mientras que mejora la de Barcelona.

El Observatori contra l’Homofòbia reclama medidas

En palabras del presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, durante la presentación ayer jueves del informe, “las agresiones verbales y físicas han aumentado escandalosamente respecto a 2016”. A Rodríguez le preocupa especialmente la presencia de tantas personas jóvenes, entre las víctimas, por lo que puso el acento en la necesidad de “políticas y campañas de prevención, información y formación entre los más jóvenes para que conozcan sus derechos”.

Rodríguez consideró urgente “reactivar de forma inmediata el grupo de trabajo entre el Observatori contra l’Homofòbia y los Mossos d’Esquadra para poder denunciar en todas las comisarias de Cataluña, independientemente del carácter penal o administrativo”. En ese sentido, destacó que las líneas de trabajo deben dirigirse hacia “una atención integral” a la víctima, destinando para ello “todos los recursos económicos y asistenciales necesarios”.

Eugeni Rodríguez volvió a insistir una vez más en la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo e implementación efectiva de la ley catalana contra la LGTBIfobia, con especial atención al régimen sancionador, “ya que hasta la fecha solo se han sancionado 6 casos”. Rodríguez también exigió la creación de un organismo coordinador independiente de políticas LGBTI con capacidad de sancionar de manera efectiva las denuncias administrativas, la ampliación de un protocolo sobre el “deber de intervención” en el que puedan participar las asociaciones, así como respetar la resolución del Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) que establece que el Observatori contra l’Homofòbia “debe formar parte de todos los casos denunciados alrededor de la Ley 11/2014”.

Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”

Por su parte, la directora del informe, Elena Longares, quiso destacar que tras la publicación del tercer informe del Observatori ya es posible establecer pautas sobre cómo es la LGBTIfobia en Cataluña. Entre los hechos destacados por Longares, el hecho de que más de una cuarta parte de las víctimas registradas (el 27,9% que mencionamos arriba) no denuncia las agresiones. “El estudio extrae que las personas que sufren agresiones revelan una necesidad de visibilizar los hechos y anteponen la denuncia social a la denuncia penal o administrativa”, aseguró. Añadió además que las entrevistas recogen que “en el proceso de denuncia, los cuerpos policiales tienden a no percibir la posible situación de odio y LGBTIfobia en la que se encuentran las víctimas”. “Cuando los incidentes se dan en espacios de ocio, se asocian las agresiones a simples peleas”, explicó. De ahí la importancia, a su juicio, de trabajar “la atención integral de la víctima” y de “formar y sensibilizar a profesionales de la salud, jurídicos y de la seguridad para que no se produzcan situaciones de desamparo y de no atención integral”.

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Puedes descargar el informe completo del Observatori contra l’Homofòbia (99 páginas) pinchando aquí

Fuente Nota de Prensa del Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), vía Dosmanzanas/ EstoyBailando/ Universogay

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El escritor argelino Anouar Rahmani denuncia la agresión sufrida por un joven homosexual por parte de tres desconocidos que le propinaron latigazos

Viernes, 13 de abril de 2018

anouar-rahmani-agresion-argeliaEl escritor y activista argelino Anouar Rahmani ha denunciado la agresión que ha sufrido un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. Tras la denuncia, el propio escritor ha recibido graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

Según Anouar Rahmani, un joven escritor argelino muy crítico con el régimen de Bouteflika, los hechos habrían tenido lugar el pasado 3 de abril en la provincia de Tipasa, al oeste de Argel. El mensaje de denuncia en su cuenta de Facebook era escueto: «Mi amigo fue agredido ayer por tres personas, fue flagelado». El escritor publicaba además una fotografía en la que se podían comprobar las marcas dejadas por el látigo. Posteriormente, aclaraba que la agresión se había debido a la orientación sexual de la víctima. Además, en respuesta a los comentarios, Rahmani aseguraba que se había interpuesto una denuncia.

Para el escritor, «la imagen ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad». Debemos señalar que Rahmani es un firme defensor de los derechos humanos y específicamente de los de las personas LGTB. Fue el primer activista argelino que abogó por la aprobación del matrimonio igualitario en su país.

Días después de su denuncia, Rahmani ha publicado algunas capturas de los mensajes de odio que ha recibido. Muchos de ellos incluyen insultos homófobos y amenazas de muerte. En uno de ellos se puede leer: «Anouar Rahmani, no eres más que un maricón hijo de puta. Espero que alguien te desuelle y te degüelle como a un cerdo. ¡Hijo de una perra prostituida!». Otro, en repuesta a un comentarista que se pregunta por qué tantos insultos, dice: «Los pro-LGTB sois la escoria de la humanidad. ¡Espero que a ese hijo de puta le rebanen la garganta!».

El Código Penal de Argelia establece penas de cárcel de hasta dos años para quienes «fueran encontrados culpables de cometer actos de homosexualidad» (artículo 338). El castigo puede alcanzar los tres años de prisión si se considera «un atentado contra el pudor público» con el agravante de que «consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo» (artículo 333). Según los informes de ILGA, aunque las detenciones por homosexualidad no son frecuentes, sí son remarcables «la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres».

Fuente Dosmanzanas

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Pese a los 321 incidentes de su informe de 2017, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia estima que solo recoge el 2-5% de los casos

Jueves, 12 de abril de 2018

observatorio_madrid_homofobiaAmpliamos la noticia que publicábamos el pasado sábado día 7 (pinchad en las imágenes para ampliarlas).

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado su segundo informe anual, correspondiente al año 2017. Un año durante el cual la entidad recogió un total de 321 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número significativamente mayor que el recogido en 2016 (240). Aun así, el Observatorio considera que esta cifra no es más que la punta de un inmenso iceberg cuya mayor parte continúa invisible bajo la superficie.

El informe fue presentado de modo oficial el pasado miércoles en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid y que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Celia Meyer. Es, en cualquier caso, un documento accesible para todos. Puedes descargarlo en formato PDF desde la página web del Observatorio, aunque te desgranamos a continuación algunos de sus datos.

Por lo que se refiere al tipo de incidente la casuística es muy diversa. Los más frecuentes fueron las agresiones verbales (120), seguidos de los discursos de odio (70), las agresiones físicas (57), las amenazas (27) y la denegación de servicios (18), aunque no han faltado, por ejemplo, las agresiones sexuales (8, entre ellas dos violaciones a un chico gay y a un chico trans) o las expulsiones del hogar (4):

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Gais entre 20 y 24 años, la “víctima tipo”

Por lo que se refiere a las víctimas, el Observatorio tiene registradas un total de 299, un número inferior al de incidentes al no incluir este recuento a las víctimas de los discursos de odio en redes sociales. El perfil más frecuente es el de hombre gay cis (208 casos, un 70%), seguido de las mujeres lesbianas cis (40 víctimas, un 13%) y de las personas trans, con independencia de su orientación sexual (37, un 12%). De estas 37 víctimas trans, 29 fueron mujeres y 8 hombres.

Otras 9 víctimas (un 3%) fueron personas cis heterosexuales (que también pueden ser víctimas del odio LGTBfobo, ya sea por ser confundidas con personas LGTB o por acompañarlas). En concreto, 6 mujeres y 3 hombres. Otras 5 víctimas (algo menos de un 2%) fueron personas bisexuales (en este caso los cinco fueron hombres):

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Por lo que se refiere a la edad, solo constan datos de 143 personas. El tramo con más víctimas es el de 20 a 24 años, seguido del de 25 a 29. Hay que tener en cuenta, en este sentido, la cada vez mayor visibilidad de los jóvenes LGTB, aunque no puede descartarse el sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio por su mayor publicidad en redes sociales:

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Por lo que se refiere a los agresores, el propio Observatorio reconoce que su estudio es muy complicado, “ya que la víctima por lo general no se centra tanto en el agresor, sino en lo que le ha sucedido”. En cualquier caso, el recuento reconoce 209 agresores diferentes, de los cuales la inmensa mayoría (89%) fueron varones. Su edad solo se ha podido registrar en 89 casos. Entre estos, el colectivo más numeroso es el de los menores de 18 años (25), seguido del intervalo de 30 a 39.

La ciudad de Madrid, a la cabeza 

Por lo que se refiere a la localización física de los incidentes, el grupo más numeroso es el que se produjo directamente en la calle (59), seguido de internet y redes sociales (51) y transporte público (29). Por municipios, y tal y como sucedió el año anterior, es la ciudad de Madrid la que registró un mayor número de incidentes (196), seguida de Móstoles (14), Alcalá de Henares (7) y Alcobendas, Fuenlabrada, Leganés y Parla con 5. A continuación está Getafe con 4 incidentes; Arganda del Rey, Collado Villaba, Galapagar, Pinto y Pozuelo de Alarcón con 3; Majadahonda y Torrelodones con 2, y finalmente Alcorcón, Algete, Boadilla, Ciempozuelos, Fuente El Saz de Jarama, Guadalix de la Sierra, Las Rozas, Navalcarnero, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro y Villaviciosa de Odón con 1 incidente cada una.

Dentro de la ciudad de Madrid, y también como sucediera en 2016, es el distrito Centro (aquel en el que se produce la mayor visibilidad) el que concentra la mayoría de las agresiones (81), seguido de Moncloa-Aravaca (13) y Retiro (13). Vicálvaro es el único distrito en el que no consta ningún incidente.

Denuncias: solo el 31%

proporcion-denuncias-lgtbfobia-madrid-2017De los 321 incidentes registrados, solo 101 han sido denunciados de una forma u otra, ya sea directamente a la Policía Nacional (48 casos), a la Fiscalía (36), a las diferentes policías municipales (15), la Guardia Civil (1) o al Juzgado de Guardia (1). Este número supone solo el 31% de los incidentes registrados, una cifra baja pero algo mayor que la registrada el año anterior (un 25%).

Más incidentes, sí… Pero también más visibilidad

A la hora de evaluar las cifras, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lo tiene claro. “Hay un constatable aumento de los delitos de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid desde hace unos años. Esto se produce porque las generaciones más jóvenes son más visibles que las generaciones que tienen más de 30 años. En especial las y los jóvenes considerados como ‘millennials’ son especialmente visibles en lugares donde el resto de las personas LGTB les cuesta más”, expresa el informe. “Hoy en día la visibilidad sigue siendo el principal factor a tener en cuenta. La sociedad es proLGTB en lo que se denomina la corrección política pero en cuanto hay que visibilizar a las personas LGTB en ámbitos más novedosos como puede ser unos semáforos inclusivos o la colocación de una bandera del arcoíris en un balcón oficial como se hace con otras muchas banderas en un guiño de inclusión social, provocan airadas protestas, que algunas de ellas llegan
a ser constitutivas de delitos de odio”, añade.

El Observatorio, en concreto, destaca como ejemplo lo sucedido con los semáforos inclusivos en la ciudad de Madrid, que “generaron más de 200 ataques en redes al colectivo LGTB”. “Palabras como ‘desequilibrado, raro, anormal, enfermo, aberrante, desorientación sexual, desviados, denigrante, asqueroso, putos enfermos, conducta sexual desordenada, depravados, desvergonzados, deficientes, contra natura, abominable, denegerados, degradación moral, asquerosos mugrosos chupadores de trancas, tarados, invertidos, vacas locas que son tontos de nacimiento, repugnantes, perversión, sodomita’ fueron algunas de las que se localizaron por la visibilidad de los semáforos en la ciudad”, relata el informe.

La mayoría de los incidentes no se recogen: el ejemplo del cruising

iceberg-de-agresiones-lgtbfobia-madridPese a todo, el Observatorio lo tiene claro: los incidentes de los que tienen conocimiento siguen siendo solo la punta del iceberg. “Son un número muy inferior al que realmente se produce. Desde nuestra percepción y tras ver cómo las víctimas, incluso formadas como activistas, no llegan a denunciar ni siquiera comunicar al Observatorio los casos hasta que no les preguntas directamente o que muchas siguen interiorizándolo como algo ‘normal’, creemos que aproximadamente registramos en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios que realmente ocurren en nuestra región”, expresa el informe.

“Tenemos numerosas sombras de actuación. En lugares como los de cruising no llegamos. Hemos realizado un registro de casi un centenar de zonas en la Comunidad de Madrid donde se practica cruising de forma asidua y no tenemos forma de llegar más que a una o dos de esas zonas. Y seguimos sospechando que el cruising es un foco de incidentes de odio oculto”, añade el texto. En este sentido, el informe reconoce que incluso entre el propio colectivo el cruising “sigue siendo visto de forma peyorativa y es complicado que se reconozca que se estaba practicando. Por ello cuando surge un incidente de odio en estas
circunstancias, en la gran mayoría de las veces queda en ese espacio de sombra al que no accedemos. Esto lo hemos podido comprobar en 2017, cuando hemos podido actuar con un caso claro de ataque homófobo a varios chicos practicando cruising y dos de las víctimas nos han relatado varios incidentes de ese mismo día, así como otros muchos incidentes que han
podido vivir en los últimos tiempos, algunos de ellos muy graves, y que en ningún momento se hicieron públicos”.

218 páginas que conviene leer

El informe del Observatorio, en el que además de los colectivos promotores participan los 14 ayuntamientos madrileños conveniados hasta la fecha, cinco universidades, así como Metro de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid y UGT Madrid es, sin duda, un trabajo encomiable, que también recoge, en sus 218 páginas, una comparativa nacional e internacional sobre los delitos de odio al colectivo LGTB, así como un repaso a los nuevos observatorios que han ido surgiendo en España y recomendaciones específicas a las diferentes administraciones involucradas. El Observatorio también señala, y lo hace de forma muy detallada, la falta de desarrollo reglamentario de dos importantes leyes regionales relacionadas con el colectivo: la ley integral de transexualidad y la ley contra la discriminación por LGTBfobia.

En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli, el informe del Observatorio “es una pieza fundamental a la hora de poder luchar contra la LGTBfobia tanto a nivel autonómico como local, ya que proporciona una radiografía real de las incidencias, y el poder hablar directamente con las víctimas nos concede una forma inmejorable de poder observar tanto las deficiencias institucionales como las necesidades futuras”.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Dosmanzanas

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Anchorage vota contra una medida para restringir el acceso de personas transgénero a los cuartos de baño

Miércoles, 11 de abril de 2018

640x0-youtube-nfdyblieqmu-alaska-vota-contra-una-medida-para-restringir-el-acceso-a-personas-transgenero-a-los-cuartos-de-banoAlaska vota contra una medida para restringir el acceso a personas transgénero a los cuartos de baño – Foto: Youtube 

La propuesta de un asociación cristiana para restringir el acceso a los cuartos de baño a las personas transgénero es tumbada por los ciudadanos de Anchorage, donde seguirán vigentes las medidas contra la discriminación de los miembros del colectivo LGBT aprobadas en 2015.

Con 53 votos contra 47, los ciudadanos de Anchorage votan en contra de la transfóbica Proposición 1, una iniciativa presentada por Alaska Family Action, una asociación sin ánimo de lucro cristiana, mediante la que pretendían restringir el acceso de las personas transgénero a los cuartos de baño y vestuarios, quienes tendrían que utilizar aquel espacio que se correspondiera con su género de nacimiento. De esta manera, seguirán estando vigentes las medidas contra la discriminación aprobadas por la Asamblea de Anchorage en 2015.

«Si la Proposición 1 fuera aprobada, tendría miedo de que se me impidiera usar el baño con el que me identifico. Me vería obligada a ir a un baño de hombres donde no me sentiría segura ni protegida, y definitivamente no creo que nadie en ese baño se sintiera particularmente cómodo conmigo tampoco», declara la activista Lillian Lennon, quien ha contribuido ampliamente en la campaña contra la aprobación de esta medida discriminatoria. Si bien el estado de Alaska está representado exclusivamente por republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, el alcalde de Anchorage es demócrata, quien ha expresado desde el inicio su oposición a la Proposición 1.

Carolina del Norte es el estado tristemente pionero en aprobar hace ahora dos años la Ley de los Cuartos de Baño mediante la que se impide el acceso a personas trans el acceso al cuarto de baño que no coincida con su género de nacimiento. Una ley transfóbica que desata el boicot de artistas y bandas tan populares como Bruce Springsteen, Ringo Starr, Pearl Jam, Boston, Against Me, Cirque du soleil, Marron 5, Nick Jonas, Demi Lovato o el violinista Irzhak Perlman, provocando la derrota del entonces gobernador que la había firmado, Pat McCrory, sustituido en el cargo por el demócrata Roy Cooper, que la deroga, aunque sólo parcialmente. Inicialmente la ley de los cuartos de baño es criticada incluso por el propio Donald Trump, estando en campaña porque una de sus primeras acciones, una vez es nombrado presidente, consiste en derogar la directiva de Obama que permitía el acceso a menores transgénero al cuarto de baño que se ajusta con su identidad de género.

Los partidarios de instaurar esta Proposición 1, afirman que permitir que las personas transgénero usen el baño o el vestuario del género con el que se identifican permitirá a cualquier hombre a vestirse o disfrazarse mujer, sólo para colarse en el cuarto de baño o vestuario de mujeres, lo que podría conducir a situaciones de acoso o incluso agresión sexual. Pero los impulsores de este peregrino razonamiento quizás no hayan tenido en cuenta que una persona transgénero suele sentirse atraída sexualmente por personas del que sería su género de nacimiento, poniendo igualmente en peligro de acoso y agresión sexual a personas cuyo género es el mismo que el género de nacimiento de las personas transgénero, aparte de que no hay evidencia alguna de que se hayan producido delitos sexuales por parte de personas transgénero en este tipo de espacios, como tampoco por parte de personas que se hayan hecho pasar por transgénero. Según la organización Media Matters for America, en 12 estados y 17 distritos donde han sido aprobadas medidas que protegen a las personas transgénero de la discriminación no se ha producido ningún incremento de los delitos sexuales.

Fuente Universogay

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Condenan a los asesinos de Dandara dos Santos, la persona transgénero del terrible vídeo de Brasil

Miércoles, 11 de abril de 2018

640x0-noticias-dandara-dos-santosY que nos explique alguna, qué tiene que ver esto con la Gestación Subrogada…

La brutal agresión verbal y física que termina con el asesinato de Dandara dos Santos fue recogida en un vídeo que se vuelve viral cuando es publicado en YouTube. Un juez condena a prisión a cinco individuos por tortura y asesinato, mientras que cuatro menores que participaron en la agresión seguirán un programa de rehabilitación. 

En abril del año Brasil (y otros países), quedaron conmocionados por el asesinato de una persona transgénero a través de un sobrecogedor vídeo que se vuelve viral tras ser publicado en YouTube. La terrible escena había tenido lugar dos meses antes, el 15 de febrero, en la localidad de Frontera, en el estado de Ceará, donde un grupo de varios individuos retienen contra su voluntad a Dandara dos Santos, de 42 años de edad, para después agredirla verbal y físicamente a la vez que la desnudan y le dan una paliza con todo tipo de objetos, desde zapatos hasta tablas de madera, burlándose en todo momento de ella mientras la transportan en una carretilla hasta que finalmente la asesinan de un disparo. La policía detenía a siete sospechosos de haber participado en la agresión dos días después de la publicación del vídeo, y 18 desde su asesinato. Después de que un jurado popular los declarara culpables, este viernes, 6 de abril, un juez de Fortaleza condena a cinco individuos a diferentes penas en función de su implicación con el asesinato de Dandara dos Santos.

Advertimos de que las imágenes son durísimas, pero no podemos ocultar el sufrimiento de tantas personas por el simple “delito” de ser LGTBI

Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., la persona que disparó finalmente sobre Dandara dos Santos, es condenado a una pena de 16 años (aunque en algunos medios acreditan 21), misma pena que cumplirán Jean Victor Silva Oliveira, quien le golpeó con un tablón de madera, y Rafael Alves da Silva Paiva y Francisco Gabriel dos Reis, que participaron en la paliza que le dieron a Dandara dos Santos; mientras que un quinto acusado, Isaías da Silva Camurça, quien se limitó a agredirle verbalmente mientras los demás le daban la paliza, ha sido condenado a 14 años y medio de cárcel. Dos de los condenados, han adelantado su intención de apelar la sentencia. Los cargos que se imputan a los condenados incluyen homicidio y tortura, con el agravante de transfobia.

Otras siete personas fueron acusadas de participar en el crimen, de los que cuatro de ellos, siendo menores de edad, han sido internados en un programa de rehabilitación, otros dos son prófugos y el último ha sido puesto en libertad por falta de pruebas. «¿Nadie mató a Dandara? ¿Fue un rayo lo que cayó sobre su cabeza? ¿Una piedra que cayó del edificio?», reclama Marcus Renan Palacio, fiscal del caso, después de que los condenados negaran haber matado a Dos Santos a pesar de haber admitido que la habían atacado.

Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., llega a disculparse con los familiares de su víctima en el tribunal, alegando que había sido «engañado», pero que «había aprendido que debemos tener amor en nuestro corazones» tras una revelación que le ha llevado a encontrarse con Jesús. «Este no es el convento de las Carmelitas. Este es el Tribunal de Justicia», le ha respondido el fiscal, argumentando que podía «pedirle al Todopoderoso» que le perdone, pero que el sistema judicial iba a castigarles por sus actos.

Si Brasil es uno de los países más violentos del mundo, con un triste récord de 62.000 homicidios en 2017 en lo que supone un incremento de un 30 % con respecto al año anterior, la violencia contra los miembros del colectivo LGBT es una de las más altas del mundo, produciéndose una media de más de un asesinato al día, siendo además el país que acapara la mitad de los asesinatos de personas transexuales del planeta. En lo que va de año han sido asesinadas 35 personas transexuales en Brasil.

Fuente Universogay

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Cuatro personas detenidas en Indonesia por «practicar la homosexualidad» se enfrentan a castigos como la flagelación en público

Martes, 10 de abril de 2018

indonesia-latizagos-homofobia-696x522Ampliamos la noticia de la que dabamos un avance el pasado día 3 de este mes. Según denuncian las asociaciones de defensa de los derechos humanos, patrullas ciudadanas han detenido a cuatro personas en la provincia indonesia de Aceh por «practicar la homosexualidad», para luego ponerlas a disposición policial. Se trata de tres varones y de una mujer transexual (a quien no se reconoce su identidad de género), contra quienes la policía islámica presentará cargos, por lo que se enfrentan a penas que incluyen castigos físicos como la flagelación en público.

Se trata de dos hechos distintos, aunque ambos han sido perpetrados por patrullas ciudadanas y han tenido lugar en Banda Aceh, la capital de la provincia. Estos grupos vecinales no tienen vinculación con ningún grupo religioso o político, pero sí fuertes lazos con la policía islámica, lo que provoca continuados abusos contra las minorías más vulnerables, que incluyen detenciones arbitrarias y torturas.

La primera detención se produjo el pasado 12 marzo, cuando la patrulla ciudadana irrumpió en una peluquería y detuvo a los dos trabajadores presentes, un hombre y una mujer transexual. Tras entregarlos a la policía islámica, esta comunicó que habían encontrado «pruebas» de que habían tenido lugar prácticas homosexuales en el local, como condones o dinero en posesión de la mujer transexual. Cabe señalar que, dado que las autoridades no reconocen la identidad de género de la mujer, es tratada legalmente como un varón y las relaciones que haya podido mantener con un hombre son consideradas como entre personas del mismo sexo.

El día 20 del mismo mes, otra patrulla invadió la residencia de dos estudiantes universitarios, bajo la sospecha de que mantenían relaciones homosexuales. Ambos fueron retenidos a la fuerza hasta la llegada de la policía islámica, que decidió registrar el domicilio e incautarles los teléfonos móviles. Al parecer, el hallazgo de condones y un colchón fue prueba suficiente para proceder a la detención de los dos jóvenes.

Según declaraciones del jefe de la policía islámica, identificado como Marzuki, «estamos completando sus informes y pronto los pondremos a disposición del fiscal». Mientras tanto, los cuatro permanecen detenidos hasta ser juzgados por un tribunal religioso. Hay que recordar que la sharía o ley islámica, vigente en la provincia de Aceh, establece fuertes castigos para quienes mantengan relaciones homosexuales. El pasado año, dos jóvenes, que también fueron detenidos por una patrulla ciudadana, fueron condenados a recibir 83 latigazos en público, en una brutal ceremonia que congregó a una multitud llena de fanatismo.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboral con el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

 

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Fukuoka se convierte en la segunda gran ciudad de Japón con una ley de uniones de hecho para parejas del mismo sexo

Lunes, 9 de abril de 2018

miho-yamashita-anri-ishizakiJapón se encuentra entre los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo y, sin embargo, es aquel (entre dicho grupo) que cuenta con menos legislación en materia de protección y reconocimiento de derechos LGTB. De hecho, ante la falta de políticas nacionales japonesas en este sentido, son las administraciones locales las que están dando pequeños pasos. Por ejemplo, con la aprobación de leyes de uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Estas uniones no solapan el objetivo del activismo de luchar por el matrimonio igualitario, pero son un primer paso ante la inexistencia de cualquier otro reconocimiento hasta su aprobación. Fukuoka se acaba de convertir en la segunda gran ciudad de Japón en aplicar una ley de uniones de hecho, después de que el año pasado lo hiciera Sapporo.  

Las parejas del mismo sexo de Fukuoka (una ciudad de un millón y medio de habitantes al norte de la isla japonesa de Kyushu) ya pueden registrar sus uniones de hecho ante la administración. Fue el pasado mes de febrero cuando se aprobó la nueva legislación local, pero el inició de su aplicación se estableció para el presente mes de abril. En septiembre de 2017 el alcalde de Fukuaka, Soichiro Takashima, se mostraba partidario de seguir los pasos Sapporo (la primera gran ciudad de Japón en aprobar una ley de uniones de hecho). “Consideraré la introducción de un marco de apoyo para las minorías sexuales que incluya las uniones de hecho, con la intención de crear una sociedad más inclusiva que reconozca la diversidad”, declaraba Takashima.

Aunque estas uniones no son equivalentes a la figura del matrimonio plenamente igualitario (que sigue siendo objeto de reivindicación por parte del activismo LGTB japonés) reconocen derechos relativos a la vivienda, la posibilidad de beneficiarse de los seguros de la pareja o permitir las visitas hospitalarias, entre otras cuestiones.

El alcalde Takashima entregó el primer certificado de uniones de hecho a la pareja de formada por Miho Yamashita, de 27 años, y Anri Ishizaki, de 33. Ishizaki, que es activista trans y LGTB en Fukuoka Rainbow Educational Networks, aseguraba a los medios de comunicación tras el enlace que “ya hemos pasado nuestras vidas juntas como familia, pero estamos contentas porque sentimos que recibimos felicitaciones de la sociedad”.

En el siguiente vídeo se recogen algunos momentos de la unión de hecho entre esta primera pareja LGTB:

Los primeros antecedentes en Japón

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como MalasiaBrunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Dosmanzanas

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Buenos Aires: Discriminación en la línea 168: “prefiero ir preso que llevar a alguien así”. Un conductor de un autobús se niega a llevar a un joven por ser gay.

Lunes, 9 de abril de 2018

emaEl conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina.

Por Lucas Gutiérrez

“Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro a Emanuel, un joven discapacitado que salía de la Fiesta Plop. “Yo a vos no te llevo a ningún lado”, agregó. Los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero, quien cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida de los pasajeros por más de 40 minutos hasta que intervino la policía.

Al salir de la Fiesta Plop, una conocida fiesta gay de Buenos Aires, a Emanuel Moyano no lo quisieron dejar subir al colectivo. “Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro.

Cuando estaba por bajarse, los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero. Acto seguido, el chofer cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida por más de 40 minutos hasta que intervino la Policía: si no se bajaba Emanuel, no arrancaría. Según dijo a Presentes, ayer a la tarde presentó la denuncia en la Defensoría de la Ciudad. Desde la empresa San Isidro no quisieron hablar con este medio.

Emanuel, de 26 años, explicó que eran pasadas las 3 de la madrugada cuando subieron al colectivo, en la parada de Alvarez Thomas y Lacroze, en el barrio de Colegiales. Antes de ellos, subió una pareja heterosexual, pidió dos boletos y pagó utilizando una misma tarjeta SUBE. Cuando Emanuel pidió dos pasajes para él y su amigo con una misma SUBE, el chofer se negó. ¿Por qué no tenía la propia? Ante la pregunta, Emanuel le dijo que se había olvidado su carnet del certificado único de discapacidad (CUD) para poder viajar.

“Yo a vos no te llevo a ningún lado, andá a buscar otra SUBE o un carnet de mentira, si no tenés ni debes tener nada, mentiroso de mierda“, siguió diciendo el chofer en la parada frente a las inmediaciones de la conocida Fiesta Plop. “Discapacitado y encima puto. Vos no tenés nada, sino no estarías entrando acá enfrente”, repetía el conductor.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es tener poca información, un discapacitado no está solamente postrado. ¡Yo tengo derecho a salir! Sino me voy a morir, no por la enfermedad sino por depresión”, dijo a Presentes Emanuel.

“Estoy más discapacitado por la sociedad que por la enfermedad”

“La ley de discapacidad por la cual me dieron el carnet dice que yo no tengo por qué decirle a nadie qué enfermedad tengo”, explica Emanuel. El joven comenta que si bien su enfermedad, una enfermedad mixta del tejido conectivo, es de conocimiento público ya que es un caso que tuvo difusión en los medios por tratarse de una extraña y compleja situación, “estoy más discapacitado no por la enfermedad sino por la sociedad que me está matando. No estoy incluido en nada. Ni siquiera tengo la posibilidad de tener un buen trabajo”.

Al no bajarse Emanuel, el chofer de la línea 168 decidió cerrar las puertas no dejando bajar a nadie y quedándose estacionado. En su descargo en redes sociales, el joven cuenta que durante esos más de 40 minutos el conductor mantuvo encerrada incluso a una joven claustrofóbica. Esto también está narrado junto a los videos que acompañan el texto en Facebook.

Solidaridad

“Entre los pasajeros me regalaron siete tarjetas SUBE. Incluso una chica usando internet puso una a mi nombre”. Pero el chofer no accedía. “Por ser gay me quería bajar”, explica Emanuel. Hasta que no intervinieron varios policías la unidad no retomó su recorrido habitual.

Emanuel dice que al principio se iba a bajar del colectivo. “Le decía a mi amigo que nos bajemos, que la gente tiene que ir a trabajar”, pero la gente no quería que se bajara. “Al otro día de este hecho tuve ataques de epilepsia”, relata con una tonada que comparte su origen cordobés. “Sé que cualquier cosa me puede afectar, yo ya no quiero volver a estar en terapia intensiva”, explica Emanuel, quien tiene EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo), una enfermedad rara autoinmune que se manifiesta como tres enfermedades distintas: lupus, esclerodermia y polimiositis.

Agencia Presentes se comunicó con la empresa Expreso San Isidro, responsable de la línea de transportes 168. Desde la oficina de personal, un empleado que se negó a identificarse correctamente, informó que no hablarían con este medio.

¿Qué se hace en estos casos?

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a Presentes que van a asesorar y acompañar a Emanuel respecto a las denuncias que puede hacer ante la justicia -civil y penal- y ante organismos como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Vamos a abrir un expediente desde el cual vamos a citar a la empresa y al chofer. También vamos a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a quien le propondremos algunas líneas de trabajo para que estos hechos no se repitan ni en esta ni en ninguna otra línea de colectivos de corta ni larga distancia”, explica Rachid.

Visibilizar para que no se repita

Emanuel dice que dudó antes de visibilizar esta situación. “Al principio pensé que si yo hacía algo podía perjudicar a una familia, porque él seguro tiene una. Pero tantas veces me repitió ‘así como bajo a tantos acá (en la zona de la Fiesta Plop) ¿te pensás que no te voy a bajar a vos?’. Entonces si yo no hago algo esta situación va a seguir repitiéndose”, contó el joven.

Mientras en Argentina las cifras nos alertan del aumento de agresiones al colectivo LGBT+, Emanuel cuenta con testigos y ya está encaminado a realizar las denuncias pertinentes ante la justicia. “No me gustaría que esto le pase a otra persona”.

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El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina. Así lo ha dado a conocer el organismo a través de un comunicado, en el que explica que la sanción contra el conductor denunciado, Leonado Benítez, se tomó “por desconsideración a los pasajeros”. Del mismo modo, también han abierto una investigación sobre este caso de discriminación.

“Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos. En este sentido, la normativa aplicada es la Resolución CNRT 28 de 2016 – Inciso I, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero”, afirma el comunicado, y amplía: “A partir de este momento, comienza una investigación que comprende evaluación psicofísica para determinar si el conductor se encuentra en condiciones de realizar su oficio de manera responsable. De acuerdo a los resultados que arroje dicha investigación, la sanción puede extenderse y agravarse, en caso de comprobarse los hechos citados”.

El episodio fue denunciado por la víctima, Emanuel Moyano, quien narró en su cuenta de Facebook los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado pasado, cuando salía de un local de ambiente gay conocido como la Plop junto con un amigo.

Fuente Agencia Presentes/Agencias, vía SentidoG y Cáscara Amarga

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Activistas LGTB ugandeses plantan cara para celebrar el Orgullo 2018

Jueves, 5 de abril de 2018

uganda-1758988_960_720Las organizaciones LGTB de Uganda tienen la esperanza de poder celebrar este año 2018 actos para conmemorar el Orgullo, tras dos años consecutivos en los que dicha celebración ha sido reprimida por las autoridades. Si lo consiguen, sería la primera celebración del Orgullo en dicho país desde el año 2015.

En 2016 el evento fue brutalmente reprimido. Dotaciones de policía irrumpieron en un local donde tenía lugar una de las celebraciones, agredieron a los asistentes y detuvo a varios activistas. Un joven sufrió heridas graves al intentar escapar. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, fue detenido junto con otros activistas. El Orgullo 2017 tampoco pudo llevarse a cabo: las amenazas por parte de Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad, obligó a sus organizadores a cancelarlo. Lokodo amenazó a los participantes con detenciones masivas e incluso agresiones físicas. De hecho, no ha sido este el único evento LGTB cuya celebración ha sido impedida o reprimida en los últimos años. También lo han sido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Queer de Kampala 2017 y un evento de sensibilización sobre el VIH que había de tener lugar el pasado febrero.

No obstante, Isaac Mugisha -coordinador de Pride Uganda- tiene una visión optimista respecto al Orgullo de este año. “La situación ahora es muy diferente a la de los años anteriores. Por aquel entonces, solo contábamos con unos pocos activistas LGBT. Ahora nos encontramos con cientos de personas que quieren celebrar el Orgullo”, ha declarado. Mugisha afirma que el objetivo prioritario es construir puentes con aliados entre la población heterosexual, continuar el diálogo con los cuerpos policiales para evitar redadas durante las celebraciones de este año e incluso buscar apoyo institucional. Según Mugisha, el ministro Lokodo está cada vez más aislado en su discurso LGTBIfóbico.

Sí parece que el colectivo LGTB de Uganda cuenta ahora con aliados entre el resto de la población. De hecho, diversos locales de la capital del país, Kampala, han manifestado su intención de facilitar la organización del Orgullo de este 2018. Según Mugisha, el objetivo es conseguir más de estos aliados. Los activistas ugandeses llevan tiempo tratando de facilitar el entendimiento hacia la comunidad LGBT por parte del resto de la población e instituciones, entre ellas la policía y la judicatura.

No obstante, a pesar de los esfuerzos para sensibilizar a las instituciones del Estado, aún persiste mucha discriminación y represión hacia las personas LGTB en Uganda. Actualmente, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son castigados con penas de cárcel, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. No obstante, los autores del “delito” deben ser sorprendidos en el acto, aunque desde el activismo se ha venido denunciando la práctica de los exámenes anales por parte de la policía ugandesa para establecer la “culpabilidad” de un acusado de homosexualidad.

La “ley anti-homosexualidad” de 2014: un punto de inflexión

presidente-uganda-castiga-homosexualidad-perpetua_ediima20140224_0627_4Un importante punto de inflexión para el colectivo LGTB ugandés fue, irónicamente, la aprobación de la “ley anti-homosexualidada finales de 2013, posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Dicha ley, cuyo borrador inicial incluía la pena de muerte, ampliaba las actividades sujetas a persecución y prohibía también la denominada “promoción de la homosexualidad”, lo que hacía virtualmente imposible la existencia de organizaciones que defendiesen los derechos de las personas homosexuales. La ley castigaba incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denunciasen a las autoridades.

Según afirma Mugisha, la aprobación de dicha ley trajo cambios positivos: “fue el momento en que la población ugandesa se dio cuenta de que las personas LGBT existían. Hasta entonces, creían que era algo occidental, pero el gobierno aprobaba una ley sobre personas que, según el propio gobierno, no existían”.

Dicha ley fue anulada al cabo de pocos meses por la Corte Constitucional de Uganda por un defecto de forma, pero la consciencia ya había despertado entre el colectivo LGTB del país. Según Mugisha, esta ley “hizo que mucha gente abriera su mente respecto al tema. Muchas personas LGBT salieron del armario, bares de ambiente se abrían en Kampala. La gente se volvió valiente. Algunos abogados nos defendían, la comunidad internacional enfureció”. Algo había cambiado en la sociedad ugandesa, y las personas LGTB no querían echarse atrás.

Objetivo: Orgullo 2018

Los activistas LGTB ugandeses buscan ahora plantar cara a la ley de orden público de 2013, que es la que se ha utilizado en ocasiones anteriores para reprimir las marchas del Orgullo, pero también a la ley que prohíbe de facto la libertad de expresión y asociación del colectivo LGTB, a través de la disolución forzosa de todas las organizaciones que luchen por los derechos del colectivo.

Mugisha cree que el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible, pero también apunta a que el cambio debe venir de los propios ugandeses. La presión exterior, aunque necesaria, debe ser moderada e ir acompañada de cambios internos, para evitar causar más daño a las personas LGTB que se encuentran en el país.

El objetivo de los valientes activistas LGTB ugandeses no es simplemente poder celebrar una fiesta. Quieren que la celebración del Orgullo sea un auténtico revulsivo que sirva para cambiar la situación a largo plazo, mejorando las vidas de las personas no heterosexuales y de las personas trans en Uganda.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, el año pasado el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas

Jueves, 5 de abril de 2018

175206-01_12_2012_13_10_55_289716084Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

mike-penceSegún numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

  • Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
  • Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
  • Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

dana-white-portavoz-del-pentagono-300x155Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

kerri-kupec-portavoz-del-departamento-de-justicia-eeuu-300x155La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

trumpEl documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

justicia-300x203-1-300x203-1-300x203Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

militares-gays-pentagonoCasi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

Fuente Dosmanzanas

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La victoria de Carlos Alvarado frente al candidato evangélico en las presidenciales de Costa Rica abre el camino a la aprobación del matrimonio igualitario

Miércoles, 4 de abril de 2018

12593917_1263214820374701_2599458339787438275_o Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.

Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.

Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.

Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad”, declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen “en lo que nos une y no en lo que nos separa”, sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.

“La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema”, manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un “reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo”, haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la “ideología de género”, convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el “orden natural” de la sociedad.

Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.

En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.

Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.

Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).

Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.

Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:

En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el   Poder   Ejecutivo   impulsará   la   aprobación  de  leyes  esenciales  para  construir  una  sociedad  más  justa  e  inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.

En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los  derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género;  y  garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.

Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas  de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social,  centros  educativos  o  centros  de  médicos  estatales espacios seguros  para  jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención  psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.

Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador

fabricio-alvaradoHundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por “principios y valores”, instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho “historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país”. Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.

Sus posiciones contra “una agenda LGBTI” impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.

Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.

El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.

Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.

El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:

Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.

La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios

La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.

De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Tanto las jerarquías católicas como las evangelistas cristianas de Costa Rica se han mojado en estas elecciones y han usado todos sus recursos disponibles (incluyendo los templos y los oficios religiosos celebrados en ellos) para hacer campaña, a veces velada y otras veces completamente explícita, a favor de Fabricio Alvarado y su partido Restauración Nacional. Los católicos más intransigentes, por tanto, viendo cuestionada la doctrina social emanada de la jerarquía eclesiástica ante el triunfo eventual (ya confirmado) de Carlos Alvarado y el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparcaron sus diferencias religiosas con los evangélicos y apoyaron incondicionalmente al pastor Fabricio Alvarado.

Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).

En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.

También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.

El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica

flag_of_costa_rica_1848-1906-300x200Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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El presidente de uno de los partidos que gobiernan Túnez define la homosexualidad como «un fenómeno natural» que no debe ser perseguido

Miércoles, 4 de abril de 2018

g1Rached Ghannouchi, líder del partido tunecino Ennahdha —que forma parte de la coalición de gobierno actual—, ha declarado en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Si bien no es la primera vez que Ghannouchi aboga por la despenalización de la homosexualidad en Túnez, si es la primera ocasión en que utiliza términos como «natural» para definir algo que el Código Penal tunecino castiga con hasta tres años de prisión. Mounir Baâtour, presidente de la asociación LGTB Shams, se congratula por las declaraciones del líder islamista, pero insta a Ghannouchi a que no se quede en las meras palabras y tome las medidas políticas oportunas para que su partido presente ante el Parlamento una propuesta definitiva de despenalización de la homosexualidad.

La revista Jeune Afrique ha publicado en su último número una entrevista con Rached Ghannouchi, presidente del partido islamista Ennahdha (o Partido del Renacimiento), que actualmente forma parte de la colación de gobierno que rige en Túnez. A lo largo de la entrevista, Ghannouchi fue interpelado por su opinión respecto a la penalización de la homosexualidad. El líder islamista respondió que, según su criterio, «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente», puesto que «todos somos libres y no tenemos que preocuparnos por lo que sucede en las casas». También agregó que no se debe intervenir en las elecciones individuales, ya que «cada cual es libre de vivir la vida que desee siempre y cuando no perjudique a nadie».

No es la primera vez que Ghannouchi se posiciona en contra de la penalización de la homosexualidad, pues anteriormente ya había declarado que la ley no debe perseguir los actos pertenecientes a la vida privada, ya que únicamente se debe dar cuenta de esos hechos ante la divinidad de su confesión religiosa. Sin embargo, sí se trata de la primera ocasión en que define la homosexualidad como algo «natural», circunstancia que no ha pasado desapercibida para los activistas LGTB tunecinos.

mounir-baatour-tunez-300x155En declaraciones a la agencia EFE, Mounir Baâtour, abogado y presidente de la asociación Shams, estimaba que «el hecho de haber utilizado la palabra ‘natural’ es muy importante para nosotros, es un paso más en la defensa de los homosexuales, mostrar que no es algo abominable, una perversión o una enfermedad». Sin embargo, también reclamaba al presidente del partido gubernamental que no se quedara en meras declaraciones: «Si mañana se presenta una proposición de ley para despenalizar la homosexualidad, queremos que Ennahda, con sus 69 diputados, respeten su palabra. Si su presidente dice que es algo ‘natural’, entonces ¿cómo se puede prohibir algo que es natural? No nos importan los discursos políticos sino los hechos: cada día los homosexuales acaban en prisión. Apoyamos a cualquier político que respalde los derechos de los homosexuales al margen de su pertenencia política».

En un reciente reportaje, Baâtour describía perfectamente lo que supone en realidad la penalización de la homosexualidad:

El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.

Legalizado tras la llamada «Revolución tunecina», Ennahda ha formado parte de los gobiernos de Túnez desde las elecciones de 2011, es las que se promovió como un partido islámico de corte democrático. Rached Ghannouchi, su presidente y cofundador, sufrió prisión y exilio durante el régimen de Ben Ali, presentándose a su regreso como partidario del respeto al orden constitucional y haciendo gala de moderación en asuntos como la obligatoriedad del velo para las mujeres.

No obstante, para la población LGTB de Túnez las esperanzas de aperturismo social y político depositadas en aquellas fechas pronto se vieron defraudadas. El artículo 230 del Código Penal tunecino sigue castigando la homosexualidad con penas de hasta tres años de prisión, las detenciones y condenas de hombres homosexuales y bisexuales son continuas (tan solo en el pasado 2017 se produjeron 71 condenas por homosexualidad). Las declaraciones públicas de representantes del Gobierno difieren por completo de las realizadas por Rached Ghannouchi. El ministro de Derechos Humanos, Samir Dilou, afirmaba en su día que «la homosexualidad es una perversión que necesita tratamiento»; Mehdi Ben Gharbia, ministro encargado de las relaciones institucionales, rechazaba despenalizar las relaciones homosexuales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; el diputado Abedlatif el Maki ligaba la homosexualidad con prácticas como el consumo de drogas o la violencia conyugal cuando defendía la disolución de Shams.

Hedi-Sahly-Activista-LGTB-de-Tunez1Además, la presión social y de los líderes religiosos es feroz, hasta el punto de que muchos de los activistas LGTB han tenido que partir hacia el exilio debido a las amenazas de muerte recibidas. Así describía uno de ellos, Hedi Shaly, la actual situación de persecución y profunda desilusión:

En la facultad, las proclamas abiertamente homófobas asumidas por la Unión General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los «maricones», como nos llaman ellos. Mi hermano, que también está en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de él.

Me engañaron haciéndome creer que ahora éramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no había lugar para el miedo. Incluso los partidos políticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prácticas policiales agresivas continúan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Túnez es una quimera.

Fuente Dosmanzanas

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