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Una revisión de los manuales de convivencia escolar ordenada por la Corte Constitucional de Colombia alborota a los sectores homófobos

Jueves, 11 de agosto de 2016
Comentarios desactivados en Una revisión de los manuales de convivencia escolar ordenada por la Corte Constitucional de Colombia alborota a los sectores homófobos

escuela-gay-300x225Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia“determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…). El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

Una revisión que ha generado toda una serie de protestas y reclamos por parte de grupos religiosos, que no han dudado en exagerar y desinformar sobre su alcance, argumentando por ejemplo que Gina Parody, ministra de Educación de Colombia y abiertamente lesbiana, desea “homosexualizar a la juventud”, o que el requerimiento de no discriminar a los menores transexuales en el acceso a los aseos de los colegios supone acabar con las distinciones entre sexos. La escalada de LGTBfobia ha llegado al punto que la diputada por el departamento de Santander, Ángela Hernández, miembro de la Iglesia Cuadrangular (una iglesia evangélica), citó a un debate de control calificando la norma de “colonización gay”, ha llegado a afirmar ante los medios de comunicación que los gais tienen privilegios en lugar de derechos (en referencia al matrimonio igualitario) así como que lo ideal es que los niños LGTB estudien en colegios separados.

Declaraciones a las que han respondido diferentes asociaciones de ateos de Colombia, que han emitido un comunicado de prensa en el que aseguran que “el reconocimiento de derechos a las minorías no es un obsequio, sino el desarrollo jurisprudencial propio de un estado laico y social de derecho. Por demás, denunciamos que quienes gozan de privilegios excesivos son las iglesias, quienes no pagan impuesto alguno ni declaran renta”. Puedes ver a continuación un vídeo de Bogotá Atea en la que se incluyen algunas de las declaraciones de la diputada Álvarez:

Por su parte, el concejal de Bogotá y pastor pentecostal Marco Fidel Ramírez, bien conocido por sus posiciones homófobas, avaló a Hernández y convocó junto con las iglesias evangélicas a una marcha de protesta contra los derechos LGTB para este miércoles 10 de agosto. Ramírez también ha distribuido información falsa, asegurando por ejemplo que se está distribuyendo una cartilla que muestra actividad homosexual explícita.

Esta estrategia de desinformación no conoce límites. Los grupos conservadores han llegado a decir que se pretende obligar a que los baños de los centros sean mixtos o que los estudiantes podrán vestir el uniforme que deseen en cada momento. Al respecto, Mauricio Albarracín, activista LGTB e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), ha declarado a Vanguardia Liberal que“se ha formado una tormenta en un vaso de agua. No se puede obligar a un niño trans que se identifica como niño a ponerse un uniforme de niña. Esto es inconstitucional. No significa que ahora todos los niños van a ponerse el uniforme de la niña: esto es una banalización del tema”.  Y agrega que “este debate es un escándalo que oculta un problema muy grave: los estudiantes son discriminados por su orientación sexual e identidad de género. Los mismos profesores y rectores que se quejan por la modificación del manual han hecho afirmaciones homofóbicas. Hay que hacer pedagogía sobre lo que se está haciendo y se deben establecer nuevas preguntas orientadoras se pueden proponer. Ese trabajo es de los colegios”.

Y mientras tanto, otro episodio de discriminación en Barranquilla

William 03Mientras tanto, ha salido a la luz pública otro caso de discriminación de un estudiante gay. Se trata de William Triana Carvajal, un chico de 17 años que estudia en el Centro Educativo Aures de Barranquilla (ya en su último grado escolar, el 11, y con muy buenas calificaciones).

El pasado mes de abril, con motivo de la conmemoración de los 203 años de la fundación de la ciudad, su colegio llevó a cabo un acto en el que se obligó a los estudiantes a rezar. William, que además de ser gay se define agnóstico, se negó expresamente, por lo que se le puso una nota baja en disciplina. “Comenzó a discriminarme porque me rehusaba a orar [en referencia al coordinador del centro, José Luis Manotas], ha declarado al diario caribeño El Heraldo el joven. Días después se repetía la historia: el colegio organizó un evento con un motivador que lideró la actividad con canciones y oraciones religiosas, en el que el joven se negó participar. El coordinador, en este caso, le ordenó redactar como castigo un ensayo.

Pero el joven denuncia haber sufrido también discriminación por su orientación sexual. “Un día saqué en clases una camisa con el logo LGBTI para cubrirme un poco y la profesora me dejó en evidencia delante de mis compañeros. Ellos dan a entender que yo soy una mala influencia”, asegura. El estudiante también ha declarado a El Espectador que desde el centro se le ha acusado de querer imponer su condición homosexual al resto. Un argumento por cierto muy de moda entre los conservadores que consideran que no esconder la propia orientación homosexual o bisexual es una afrenta contra los valores.

William ha recibido el apoyo de la ONG Caribe Afirmativo y ha interpuesto una acción de tutela ante los tribunales. El juez le ha dado la razón, de hecho, por lo que al aspecto religioso se refiere, si bien en lo referente a la orientación sexual considera que no hay suficiente evidencia para determinar que se le había discriminado por ello (Caribe Afirmativo ha anunciado que presentará el caso ante la Defensoría del Pueblo). Un fallo que el coordinador Manotas ha acatado a regañadientes, permitiéndole a William no participar en actos religiosos al tiempo que se pronuncia en contra de las personas sin religión y los gais. Manotas también se ha posicionado, por cierto, en contra de la orden del Ministerio de Educación que pide revisar los manuales de convivencia de los colegios a  fin que no haya discriminación por motivos de orientación sexual o cualquier otra índole.
Fuente Dosmanzanas

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La batalla por el matrimonio igualitario en Colombia vive sus horas más decisivas: El Gobierno apoya Matrimonio Igualitario en Audiencia Pública y propone una figura transitoria hasta que sea legalizado

Martes, 4 de agosto de 2015
Comentarios desactivados en La batalla por el matrimonio igualitario en Colombia vive sus horas más decisivas: El Gobierno apoya Matrimonio Igualitario en Audiencia Pública y propone una figura transitoria hasta que sea legalizado

corte-constitucional-colombiaLa lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Después de una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que “no existe ningún motivo” que justifique un trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La Corte Constitucional colombiana realizó este jueves una audiencia pública para debatir el matrimonio del mismo sexo en el que se escuchó a integrantes de la comunidad LGBTI y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo y el Gobierno nacional.

La audiencia sobre unión civil de las parejas del mismo sexo se realizó públicamente por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

El debate tuvo como marco la acción de tutela (recurso de amparo) que presentó el activista Luis Felipe Rodríguez Rodas contra una notaría de la ciudad de Cali (suroeste) que en 2013 negó la formalización de la unión de una pareja del mismo sexo que pidió hacerlo bajo la figura del matrimonio.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

En dicha audiencia, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dijo: “Solicitamos a la Corte que permita una figura transitoria mientras el Congreso legisla”. La solicitud, expuso Rivera,trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo. De aprobarse la propuesta, explicó, cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual.

Colombia Gay MarriagePor su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales “constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común”. Por lo anterior, sostuvo Reyes, ambas uniones “deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social”.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Entretanto, en el Congreso colombiano, el partido de La U en cabeza del presidente de esa colectividad, Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y el presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, presentaron ante el Legislativo tres proyectos de ley. El primer proyecto busca que en Colombia se permita la Unión Solemne o matrimonio para parejas del mismo sexo; el segundo, garantiza que un menor de edad pueda ser adoptado por una pareja homosexual, y el tercero, reglamenta la práctica de la eutanasia activa o pasiva.

“Es hora de que todos entendamos que no estamos peleando por los derechos LGBTI, sino que estamos buscando es demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tengamos derechos de casarnos, buscar la felicidad, con el matrimonio. Todos tenemos los mismos derechos, aseguró el senador Benedetti.

Por su parte el presidente de la U, Roy Barreras afirmó que el paquete de proyecto, llamado ‘Nuevos Derechos’, pretende dejar claridad jurídica frente al matrimonio homosexual o Contrato de Unión Civil Solemne.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos con el mismo objetivo, el del senador Benedetti utiliza la palabra ‘Matrimonio’ y el del senador Barreras ‘Contrato de Unión Civil Solemne’. “En la comisión primera del senado se unificarán ambos proyectos que tienen el mismo objetivo”, explicó Roy Barreras.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Una largo proceso detrás

Para entender lo que está sucediendo en Colombia hay que mirar atrás unos cuantos años. En una histórica sentencia emitida en 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció en junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, una institución inexistente en las leyes del país y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave. Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como matrimonio. Otro juez ordenaba en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2013 cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue luego restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En octubre de ese año otra pareja celebró su matrimonio, y al igual que en el caso anterior fue anulado y luego restaurado. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las del procurador general. Un tercer matrimonio, sin embargo, vio su enlace confirmado en primera y segunda instancia. Son por el momento, en nuestro conocimiento, los únicos matrimonios plenamente celebrados y reconocidos como tales, a la espera de que la Corte Constitucional (ante la que hay interpuestas ya acciones de tutela en este sentido) despeje de una vez la incertidumbre jurídica y se pronuncie de forma clara. Una decisión que lleva demorándose ya cerca de año y medio  Una decisión que lleva demorándose ya cerca año y medio y que ahora parece que por fin estamos próximos a conocer (en paralelo, la Corte Constitucional tiene encima de la mesa el debate sobre la adopción homoparental, que sigue sus propios derroteros).

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

guillermo_riveraEl consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Fuente LimaGay.net y Dosmanzanas

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