La Defensora del Pueblo ucraniana cierra una petición online que exigía al gobierno del país crear una ley contra la “propaganda gay” similar a la que existe en Rusia.

Las tensiones políticas constantes entre Ucrania y Rusia no van a impedir que los homófobos de un lado quieran copiar a los del otro, así que aunque no quieran saber nada los unos de los otros hay algo en lo que parece que mucho están de acuerdo: en ser homófobos.

Una petición online con más de 23.000 firmas pedía al gobierno ucraniano que creara una ley “anti propaganda gay”, al estilo de la rusa, porque consideran que “las orientaciones sexuales no tradicionales de los padres tienen una influencia terrible en la vida futura de los hijos” y también aseguraba que la adopción por parte de parejas homosexuales es “un acto de violencia contra esos niños“.

“Esta petición pide que se restrinjan los derechos humanos basándose únicamente en la orientación sexual y la identidad de género con respecto al colectivo LGTB“, escribió la Defensora del Pueblo en materia de Derechos Humanos, igualdad y contra la discriminación por género Aksana Filipishyna al creador de la petición que en el momento de ser eliminada había recibido el apoyo de grandes figuras de la iglesia y diferentes organizaciones religiosas.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Según informa en su página web, La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid información sobre las actuaciones previstas para prevenir y erradicar las agresiones homófobas.

La Institución ha iniciado una actuación de oficio tras conocer el incremento de denuncias de agresiones físicas que sufre el colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) por parte de ciudadanos en la Comunidad de Madrid, aunque algunos colectivos como COGAM se empeñen en decir que no pasa nada. Que si te pegan un poquito es normal, que eso no es una agresión ni es nada. Que eso eres tú que eres una marca floja.

La Defensora del Pueblo ha trasladado su preocupación por estos casos y ha recordado la importancia de la prevención y la intervención temprana para evitar estos hechos, que podrían ser constitutivos de delitos de odio.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas y es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado por una mayoría de tres quintos.

Fuente EstoyBailando

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“La identificación pública con el nombre registrado en discordancia con el nombre que refleja su identidad provoca en los menores transexuales un malestar que puede ser perjudicial para su desarrollo personal”.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado al Ministerio de Justicia que imparta instrucciones a fin de facilitar la “rectificación” del nombre propio de los niños y niñas transexuales con el objetivo de que concuerde con su identidad de género y quede garantizado tanto el interés superior del menor como su seguridad jurídica.

“La identificación pública con el nombre registrado en discordancia con el nombre que refleja su identidad provoca en los menores transexuales un malestar que puede ser perjudicial para su desarrollo personal”, alega la Defensora en su informe anual, presentado la semana pasada ante las Cortes Generales.

Becerril pone de manifiesto su “preocupación” ante los “distintos tipos de discriminación que sufren los menores transexuales”, entre los que se encuentra la dificultad con la que se encuentran sus padres para hacer efectiva esa rectificación en el Registro Civil.

Según explica este organismo, varias asociaciones de familias de niños y niñas transexuales han acudido a la oficina del Defensor del Pueblo para denunciar la disparidad de criterios de los encargados de los registros civiles de los distintos territorios de España ante la petición de cambio del nombre inscrito por el usado habitualmente.

“Estos menores presentan disforia de género o transexualidad y solicitan el cambio del nombre con el que están inscritos en el Registro Civil, el cual no se corresponde con la identidad sexual que sienten personalmente y muestran socialmente”, alerta.

La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, solo legitima a solicitar la rectificación de la mención registral del sexo a las personas de nacionalidad española mayores de edad.

Por este motivo, según indica la institución, los progenitores solicitan el cambio de nombre, conforme lo previsto en el artículo 209 del Reglamento del Registro Civil, ante los registros correspondientes que autorizan o deniegan el cambio de nombre con el resultado de una “disparidad de criterios” dependiendo de la oficina a la que se dirijan.

Fuente Cáscara amarga

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Fuente: Al Momento, 7 Días, vía SentidoG.

La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, señaló que en el país no existe discriminación contra las minorías sexuales.

La comunidad gay de República Dominicana pidió la promulgacion de una ley que impida la “represión y discriminación” y citó nueve casos de apresamientos, la negación de derechos fundamentales y 25 crímenes de odio desde el 2009.

Durante una rueda de prensa en el colectivo Amigos Siempre Amigos (ASA), los dirigentes de las lesbianas, bisexuales y transexuales de la comunidad GLBT, refutaron las declaraciones de Radhys Abreu, enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien negó la existencia de trabas, discriminación o estigma hacia esa población.

Indicaron que la embajadora Abreu trató de reducir el impacto del informe que presentó el Examen Periódico Universal (EPU), en la parte referente a la República Dominicana ante las Naciones Unidas, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que se establece que sí existe represión, discriminación y estigma contra la comunidad gay.

De su parte, el director de ASA, Cristian King, acusó al Estado de ocultar el clima de discriminación y estigmatización contra la población LGBT.

“La embajadora ofreció su respuesta en el entendido de que el desfile anual de la Caravana del Orgullo Gay es una muestra de comprensión y tolerancia hacia nosotros. Evidentemente, no es suficiente”, indicó King.

En el informe Sombra presentado en el 13º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en examen del EPU, se citan diversos casos de violación a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Se explica que “se ha convertido en una práctica común en el territorio Dominicano que personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, sean expulsadas de sus trabajos, sufran acoso de algún tipo de parte de sus superiores o compañeros de trabajo, abuso y acoso de los estamentos militares y policial“.

También, indican que son víctimas de “violencia familiar, acoso y homofobia escolar, atención inadecuada en los centros de salud y discriminación constante desde otros sectores de poder”.

Citaron el caso de una joven transexual graduada de la universidad como contadora que, a pesar de los esfuerzos, no ha podido acceder a un empleo digno, ni en el sector público ni el privado.

El informe también presenta denuncia el despido de un joven gay de 20 años en una empresa del sector privado bajo la excusa de que su conducta sexual y forma de ser podría afectar a otros empleados. El hecho ocurrió en julio del 2012.

Afirman que la policía y los cuerpos militares cometen apresamientos ilegales, extorsión y hasta violaciones sexuales contra la población LGBT. Recuerdan que en marzo del 2012 una joven transexual de Santo Domingo Norte fue arrestada por miembros de la Policía en Villa Mella bajo el alegato de que atentaba contra la moral y las buenas costumbres.

Agregan que otras mujeres transexuales fueron arrestadas durante 24 horas en junio del 2012 mientras esparaban un vehículo público en Villa Mella, sin ningun motivo, entre otros casos.

En un documento, la Coalición de Organizaciones LGBT exige a los representantes del Estado que asuman el rol que les corresponde de garantes del ejercicio pleno de la ciudadanía de todos, sin distinción de ninguna clase.

Asimismo, sugiere que sean creadas políticas públicas coherentes y garantes de los derechos humanos y que sea promulgada una ley que sancione la discriminación.

Defensora del Pueblo declara su apoyo a la comunidad homosexual

La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, se apareció de sorpresa en la rueda de prensa celebradao por ASA  y reafirmó su compromiso con los sectores vulnerables de la población, en este caso con la comunidad LGBT.

“Ustedes son mis amigos y los llevo en el alma, ¿cómo podría estar en contra de ustedes? Los quiero mucho, pero ahora tengo que irme, voy a cumplir a un funeral”, dijo Martínez.

Visiblemente nerviosa, la funcionaria reiteró varias veces que su gestión garantiza la defensa de los derechos humanos de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Al ser preguntada recientemente sobre la vulnerabilidad de poblaciones específicas expuesta en el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado, Martínez señaló que en el país no existe discriminación contra las minorías sexuales.

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