El Consejo de Estado de Colombia ha revocado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia había reconocido la discriminación sufrida en su colegio por Sergio Urrego, adolescente gay que se quitó la vida en agosto. Lo más sorprendente es el principal de los argumentos usados: dado que Sergio Urrego ya está muerto… carece de derechos que proteger. El Consejo de Estado estima así la petición de la Procuradoría General de la Nación, encabezada por el homófobo Alejandro Ordoñez. Del fallo ha sido ponente, de hecho, un  magistrado cercano al procurador.

El fallo del Consejo de Estado, que en Colombia ejerce como tribunal supremo en el ámbito de lo contencioso-administrativo, determina que la acción de tutela no procede puesto que los derechos a los que se está pidiendo protección no habrían sido vulnerados a la madre del adolescente que se quitó la vida, sino a su hijo ya fallecido. “La Corte Constitucional ha reiterado que la muerte de quien es titular de los derechos presuntamente vulnerados conduce a una carencia actual de objeto y por tanto la acción de tutela resulta improcedente”, expresa el fallo, que recuerda que el menor murió “antes de la formulación de la presente acción de tutela”. “En consecuencia un pronunciamiento de fondo sobre el amparo reclamado de los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad, no discriminación e intimidad por carencia actual de objeto, resultaría inocuo”:

El Consejo de Estado, en cualquier caso, se pone del lado del colegio al negar que existan pruebas que demuestren la persistencia del centro en dañar el buen nombre de Sergio Urrego. “Solo existe un correo electrónico, sin fecha, remitido según se lee por una estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre a la Unión Libertaria Estudiantil, organización a la que perteneció Sergio David Urrego Reyes (q.e.p.d.), del que se desconoce su autoría y por ende la veracidad de tales afirmaciones”, expresa.

Sorpresa e indignación

La decisión del Consejo de Estado ha sido recibida con sorpresa e indignación por la madre del menor y por las organizaciones LGTB. “Es una decisión francamente lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando una persona muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares, sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, expresaba tras conocer el fallo Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa.

También se ha pronunciado con dureza, por ejemplo, el diario El Espectador, que editorializaba sobre el tema el 29 de noviembre. “Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida”, expresaba el editorial. El texto recuerda además que el ponente de la sentencia, el magistrado Alfonso Vargas, es amigo de Alejandro Ordoñez, el homófobo procurador general y recurrente: “No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas”.

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, ya ha anunciado que radicará una acción de tutela ante la Corte Constitucional. “Hoy me vienen a decir que no hay pruebas de la discriminación y que no tengo yo como mamá el derecho a pedir la restauración de su buen nombre. Voy a recurrir ante la Corte Constitucional y así me toque ir a la Corte Internacional también lo haré. Los derechos de los niños y niñas en Colombia no pueden ser vulnerados de esta manera”, ha expresado Reyes. La propia Reyes, además de colectivos LGTB y estudiantiles, se han manifestado ante el Palacio de Justicia de Bogotá para protestar contra la decisión del Consejo de Estado.

Insertamos a continuación un breve reportaje de la protesta realizado por Citytv de Bogotá:

Responsables del colegio, imputadas por la Fiscalía

En paralelo al proceso contencioso-administrativo, hay que recordar que la investigación de la Fiscalía concluyó hace un mes con la imputación de dos responsables del colegio Gimnasio Castillo Campestre por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia. La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor y de registros del propio Sergio Urrego, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia. Según informó una docente anónima a El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, era de hecho un excelente estudiante. Obtuvo el 10º lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Fuente Dosmanzanas

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Mientras la Conferencia Episcopal colombiana rechaza la adopción por parejas homosexuales afirmando que “Se perderían los valores”, nosotros nos alegramos enormemente y os preguntamos qué valores defienden ellos…

Solo como “histórica” se puede calificar la jornada de ayer para los derechos LGTB en Colombia. Por un lado, la Corte Constitucional avaló por seis votos contra tres el acceso de las parejas del mismo sexo a la adopción, aunque por el momento limita ese derecho a que uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro. Por otro lado, en un hito de visibilidad lésbica sin precedentes, dos ministras del gobierno confirmaron públicamente la existencia de una relación de pareja entre ellas.

El fallo del alto tribunal, del que fue ponente el magistrado Luis Guillermo Guerrero, expresa que “la Corte encuentra que se pueden comprometer los derechos constitucionales de los niños, cuando el Estado se abstiene de reconocer jurídicamente las relaciones de afecto y solidaridad, sólidas y estables, entre niños que tienen una única filiación, y los compañeros permanentes del mismo sexo del progenitor, con el que comparte la crianza, cuidado y manutención del menor. En esta hipótesis en las que de hecho se ha conformado este tipo de lazos, con el consentimiento del padre o madre, y que redundan en beneficio del menor, la falta de reconocimiento jurídico de tal vínculo se traduce en un déficit de protección del niño que amenaza el goce efectivo de sus derechos”.

La sentencia pone fin a la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que en varias ocasiones anteriores había amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla. La pareja, de hecho, tiene ya otro hijo, del cual la madre biológica es en este caso Verónica Botero.

Aunque la semana pasada se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable a la adopción por cinco votos a cuatro, la votación del jueves 21 quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente durante una semana más. Este jueves 28 se conocía el fallo, apoyado finalmente por seis de los nueve magistrados de la Corte.

Una decisión coherente con las previas

La decisión de la Corte Constitucional, es importante dejarlo claro, se refiere específicamente a la familia recurrente y no supone la apertura generalizada de la adopción a todas las parejas del mismo sexo. Quizá por eso el resultado de la votación final ha sido menos ajustado de lo que se preveía. Pero sí establece un precedente fundamental para que en casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro) la justicia proceda del mismo modo.

El avance es importantísimo, y unido a lo que ya en 2011 determinó la Corte y posteriormente ha ratificado el Consejo de Estado (que las parejas del mismo sexo deben ser reconocidas como familia) configuran un marco jurídico considerablemente avanzado para las parejas LGTB en Colombia, un país en el que la realidad política hace muy complicado que puedan producirse avances por vía exclusivamente legislativa.

La Corte Constitucional de Colombia, recordemos, está también obligada a pronunciarse en algún momento sobre el matrimonio igualitario y así despejar la incertidumbre jurídica existente después de que ya existan al menos tres matrimonios entre personas del mismo sexo cuya validez ha sido reconocida por los tribunales.

La decisión de la Corte supone por último un jarro de agua helada a la estrategia de la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción. Este jueves fue, sin duda, un día muy triste para Ordoñez.

Dos ministras del gobierno, pareja lésbica

Gina Parody y Cecilia Álvarez.

La histórica decisión de la Corte Constitucional se acompañaba además de otro hito, en este caso de visibilidad LGTB, aunque no deja de tener un marcado significado político.  La ministra de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez, confirmaba públicamente su relación de pareja con su compañera de gabinete Gina Parody, ministra de Educación. Fue en una entrevista a RCN La Radio, donde Álvarez era preguntada expresamente por las implicaciones que su relación podría tener en su acción de gobierno. “Yo me pregunto, ¿por qué estas preguntas no se las hacen a los hombres? ¿Cuántos hombres con tendencias como la nuestra han estado en los gabinetes? Yo no puedo desconocer lo que soy y nunca se habló de eso; el presidente, como ser humano que es, siempre habló de mis capacidades y me imagino que en el caso de Gina también”, respondió.

“Le doy gracias al presidente porque nunca, nunca, se metió en el tema personal, sino que vio las cualidades profesionales de nosotras”, añadió Álvarez, que ya fue ministra de Transporte en el anterior gobierno de Santos. “Hay una persona que tiene méritos, y yo lo he demostrado en el sector privado y en el sector público. Y afortunadamente las épocas de persecución y rechazo ya pasaron”, apostilló.

Cecilia Álvarez es ingeniera industrial y ya ocupó la cartera de Transportes entre 2012 y 2014, respaldada por el Partido de la U (el partido del presidente Santos).  Gina Parody, abogada, se convirtió en 2006 en la senadora más joven de la historia del país por el Partido de la U, cargo y formación que luego abandonó por diferencias ideológicas para presentarse como independiente a la alcaldía de Bogotá. Fue de hecho consejera presidencial para los asuntos de la capital. Tras la reelección de Santos, el presidente decidió contar con ella para la cartera de Educación.

Un gobierno, el de Juan Manuel Santos, claramente más comprometido con las personas LGTB en su segundo mandato después de este colectivo fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Fuente Dosmanzanas

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