Dos tunecinos han sido condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales han considerado como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.

Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, fueron detenidos el pasado 3 de junio en la ciudad de Kef, situada al suroeste de la capital, después de que uno de ellos denunciara al otro por un préstamo no devuelto. Según la asociación de defensa de los derechos humanos Damj, la policía de Kef los instó a que «confesaran que eran homosexuales» mediante acoso, insultos y amenazas de cárcel. Posteriormente, ambos fueron encausados por la vulneración del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta tres años de prisión.

Hassina Darraji, la abogada de los jóvenes durante el proceso de apelación, declaró a Human Rights Watch que sus defendidos le aseguraron que la policía también les instó a que se sometieran a un examen anal para probar la relación sexual. Ambos se negaron, pero esa misma negativa fue considerada como prueba en la sentencia. En primera instancia, el 6 de junio fueron condenados a dos años de prisión, una de las penas más altas en procesos de este tipo, y fueron trasladados a la cárcel de Ben Arous, donde se han dado varios casos de infección por covid-19.

A finales del mes de julio tuvo lugar la vista de su apelación, tras la que la pena fue rebajada a un año de prisión. Sin embargo, el tribunal volvió a estimar la negativa a someterse al examen anal como una prueba de cargo. Para Human Rights Watch, esta condena supone «una violación del derecho a la intimidad y a la no discriminación consagrado en la Constitución de Túnez de 2014». Rasha Younes, una de sus investigadoras, señala que «mientras que otros países y organismos internacionales elogian a Túnez por sus logros en materia de derechos humanos, la penalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual revela una realidad diferente». El Colectivo Civil para las Libertades Individuales, que reúne a más de 40 asociaciones de defensa de los derechos civiles, asegura que en 2019 se llevaron a cabo en Túnez cerca de 120 procesos por homosexualidad.

En cuanto a los exámenes anales forzados, en 2017, durante la audiencia del Examen Periódico Universal de Túnez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación tunecina Túnez aceptó oficialmente la recomendación de acabar con esa práctica como método para «demostrar la homosexualidad» en los procesos penales. Pero el abandono no sería absoluto, pues, tal y como declaró el representante tunecino: «Los exámenes médicos se llevarán a cabo únicamente con el consentimiento de la persona y en presencia de un experto médico».

Según Human Rights Watch, este enfoque particular de las autoridades tunecinas no reconoce que el consentimiento se ve seriamente afectado, dado que los tribunales de primera instancia pueden inferir la culpabilidad a partir de la negativa a someterse al examen. Además, la evidencia científica asegura que los exámenes anales no tienen ningún valor probatorio para demostrar la homosexualidad. Esas pruebas invasivas, cuando se realizan por la fuerza, son intrusivas y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho internacional y la ética médica. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que, cuando los exámenes anales son auspiciados por el Estado, constituyen una forma de tortura.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.

En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.

En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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A partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo”

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

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Estados Unidos único país occidental que ha votado en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide acabar con la pena de muerte en los casos en que “sea discriminatoria”.

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor de 27 países y 13 en contra.

Actualmente ser homosexual sigue siendo castigado con pena de muerte en Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, en los territorios de Irak y Siria ocupados por el Daesh y en algunos territorios de Somalia y Nigeria.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado para condenar la pena de muerte dictada sobre la base de la orientación sexual de las personas. Aunque la resolución se aprobó con 27 países votando a favor de la medida, 13 países, incluyendo a Estados Unidos, votaron en contra.

Sin embargo, esta resolución no pide el fin de la muerte como castigo, si no que pide a los países que tienen la pena de muerte que no la utilicen de manera “discriminatoria”. Concretamente, la medida solicita poner fin a la pena capital a personas con discapacidad intelectual, a menores de 18 años en el momento del crimen, a mujeres embarazadas, a causa de apostasía, blasfemia o adulterio y a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.

Aunque ya sabemos que estas resoluciones no sirven para casi nada, es muy grave que EEUU (y Japón, que también tiene lo suyo) hayan votado a favor de que las cosas sigan como están.  Como dijo Renato Sababadini, el director ejecutivo de la ILGA, después de la votación, “es inadmisible pensar que haya cientos de millones de personas que viven en Estados donde alguien puede ser ejecutado por el simple hecho de amar. Este momento es un hito en el que la comunidad internacional ha señalado públicamente que simplemente se debe terminar con estas horribles leyes“.

Hace más de una década, la ahora desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución similar. Sin embargo, esta resolución es la primera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Egipto, Etiopía, India, Irak, Japón, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Estados Unidos fueron los países que votaron contra la resolución aprobada. Por su parte, el también previsible voto en contra de Rusia no pudo llevarse a cabo debido a que su papel en el bombardeo de ciudades sirias llevó a que al país le fuera negado un lugar en el Consejo en 2016.

Todos ellos, salvo Burundi que la despenalizó hace poco,  son países en los que se aplica (y en la mayoría con entusiasmo) la pena de muerte. Además en casi todos ellos  ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. En Egipto técnicamente no es un delito, aunque como estamos viendo estos días las autoridades se sacan de la manga cualquier tontería para perseguirte igual.  Esto se lo recordamos a toda esa gente que estos días nos está sorprendiendo cuando dicen, como en las mejores dictaduras, que si no quieres que la policía te pegue o te detenga lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada ilegal.

André du Plessis, responsable del Programa de las Naciones Unidas y Defensa en ILGA, mostró su agradecimiento al “liderazgo de los ocho países que presentaron esta resolución: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza“. Por encima de todo, “se mantuvieron firmes en principio a través de una difícil negociación y período de votación“.

Ahora es tenemos que recordar, una vez más, que Estados Unidos ha votado en contra de pedir que se deje de castigar el ser homosexual con la pena de muerte, y  podemos estar seguros de que esto con Obama (o con Hillary, esa que según algunos era igual de mala o incluso peor) no hubiera pasado. A algunos les cuesta admitirlo, pero Trump no es amigo nuestro y ya se encarga de poner en los puestos adecuados a gente que lo demuestra con sus políticas, como por ejemplo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Aunque no es la más reaccionaria entre las personas que rodean a Trump,  fue una de las que más virulentamente lucho contra el matrimonio igualitario en Carolina del Sur, de donde era gobernadora entonces.

Fuente | Gay Star News, vía Cáscara Amarga/EstoyBaliando

General, Homofobia/ Transfobia. André du Plessis, Arabia Saudita, Bangladesh, Bélgica, Benín, Botswana, Burundi, Catar, China, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, ILGA, India, Irak, Irán, ISIS/DAESH, Japón, México, Moldavia, Mongolia, Nigeria, ONU, Pena de Muerte, Renato Sabbadini, Siria, Somalia, Sudán, Suiza, Yemen