Se avanza así en el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile asumió ante la CIDH.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, presidida por el parlamentario Felipe Harboe, aprobó hoy por tres a votos a favor y ninguno en contra la idea de legislar el matrimonio igualitario en el marco de una sesión donde expusieron el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Observatorio Legislativo y Cristiano.

Votaron a favor de la iniciativa legal de la ex presidenta Michelle Bachelet los senadores Felipe Harboe, Alfonso de Urresti y Francisco Huenchumilla, mientras que los parlamentarios Víctor Varela y Andrés Allamand no asistieron a la sesión.

“Este es un paso para terminar con una discriminación legal y hacernos cargo de una realidad social del chile de hoy”, señaló Harboe. En tanto Huenchillilla destacó que “aprobamos en general el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora pasa a la Sala del Senado” y De Urresti enfatizó la relevancia de hacer valer el Estado laico en el Congreso Nacional

Tras exponer hoy en la Comisión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “estamos felices de que por fin el Congreso Nacional dé un paso concreto hacia el matrimonio igualitario, pues esto solo viene a terminar con la vulneración histórica que afecta a parejas del mismo sexo y sus hijos. . El estadillo social, está repercutiendo en todos los planos, esperamos que siga así”.

Esta era la primera vez que la Comisión sesionaba sobre el proyecto de ley desde el 10 de septiembre pasado y tras el estallido social “que entre otras demandas ha levantado el matrimonio igualitario como uno de los principales temas, según reveló el estudio Chilecracia. El Congreso Nacional está en grave deuda, en particular cuando se considera que la mayoría de los parlamentarios dice estar de acuerdo, pero aún no aprueba esta ley. Se debe pasar del discurso a la práctica. Por tanto el resultado de hoy debe ser el mismo en la Sala del Senado”, añadió el Movilh.

En tanto la abogada del Movilh, Mónica Arias, quien también expuso hoy en la Comisión, enfatizó que el proyecto de ley de matrimonio igualitario elaborado por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el concurso de la sociedad civil, “es una obligación internacional que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al firmar un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con nuestra organización. Para la Contraloría General de la República este Acuerdo es legal y vinculante”.

Añadió que “por su lado la Corte Suprema chilena y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el matrimonio es un derecho humano, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que legislar sobre la materia no contraviene la Carta Magna, el Comité para la eliminación da la discriminación contra la mujer (Cedaw) pidió a Chile aprobar la iniciativa, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) hizo similar petición a los Estados de todo el mundo. No hay razón para postergar más este tema”

En la sesión de hoy también expuso la directora del Observatorio Legislativo y Cristiano y líder del Bus del Odio, Marcela Aranda, quien rechazó legislar sobre el matrimonio igualitario.

Ahora la idea de legislar deberá ser votada en Sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Acuerdo de Solución Amistosa, Bus del odio, Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe Harboe, Marcela Aranda, Michelle Bachelet, Mónica Arias, MOVILH, Observatorio Legislativo y Cristiano, Rolando Jiménez

Tras 11 años de investigaciones, la Comisión Interamericana resolvió a favor de Sandra Pavez, quien desde el 2007 no puede hacer clases de religión en Chile por decisión de la Iglesia Católica y del Poder Judicial. Así, en un hecho inédito una mujer lesbiana obtiene un primer triunfo sobre el Estado y la Iglesia al mismo tiempo.

 En un hecho histórico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Chile como “responsable” de vulnerar la igualdad, la vida privada y la no discriminación al prohibir desde el 2007 que la docente Sandra Pavez pueda ejercer clases de religión en nuestro país solo por ser lesbiana, hecho que fue comunicado y valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que representa a la maestra.

De esa manera, la CIDH desestimó los argumentos de libertad religiosa emanados desde la Cancillería, concluyendo tras 11 años de investigación que el “Estado de Chile es responsable por violación a la vida privada y autonomía, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, al trabajo, a contar con decisiones motivadas y a la protección judicial, (derechos) establecidos en los artículos 11.2, 24, 23.1 c), 26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”.

Por estas razones la CIDH decidió denunciar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente resolverá las sanciones que pesarán sobre nuestro país.

“Estoy tranquila y emocionada porque se avanza en justicia. Hace 12 años que me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas. Confío en que la Corte hará justicia con las sanciones”, sostuvo Pavez, cuyo proceso judicial fue representado en Chile por el Movilh, mientras ante la CIDH se contó con el especial respaldo de los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “la determinación de la Comisión es histórica por muchos motivos: por garantizar y exigir la no discriminación laboral, por decir que los abusos contra docentes LGBTI son caldo de cultivo para agresiones contra estudiantes LGBTI, por aclarar que la libertad religiosa no es argumento para excluir por orientación sexual o identidad de género y por considerar inaceptable que el Estado pretenda exculparse de responsabilidades en torno a un poder que el mismo entregó a las iglesias”.

“Estamos sin duda en presencia de una resolución con impacto internacional para los derechos LGBTI por todas las aristas que aborda. Nuestro reconocimiento para Sandra, por vencer a dos gigantes responsables históricos de de la homofobia y la transfobia: la Iglesia y el Estado. Estamos seguros de que este triunfo será reeditado en la Corte Interamericana de DDHH”, apuntó Jiménez.

La discriminación

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. 11 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario.

La Comisión Interamericana de DDHH

A continuación se reproducen de manera textual algunos párrafos de la histórica resolución de la CIDH.

I.- Sobre actuar de la iglesia

–“Si bien en el presente caso la presunta víctima no perdió su trabajo, sino que tuvo que dejar de ser docente de religión y asumir un cargo distinto al que venía ejerciendo por más de 20 años, (…) se trató de un acto profundamente discriminatorio que tuvo un impacto en su trabajo que, en este caso, se trataba del ejercicio de la función pública como docente o maestra en el ámbito educativo”.

-“No está en controversia que el cargo que ejercía Sandra Pavez como docente era cargo público. Tampoco existe controversia sobre el hecho de que la razón que motivó la revocatoria del certificado de idoneidad fue la orientación sexual de Sandra Pavez y el hecho de que mantenía una relación con una persona de su mismo sexo. Esto resulta evidente tanto de los contenidos de la propia revocatoria, como de los hechos anteriores referidos a las indagaciones por parte del vicario sobre la orientación sexual de la presunta víctima y las advertencias que le fueron realizadas, incluso requiriéndole que se sometiera a terapias”.

-Por tanto la revocatoria “constituyó una diferencia de trato, la cual fue basada explícitamente y de manera exclusiva en la orientación sexual de Sandra Pavez”.

-“Los contenidos de la revocatoria no ofrecen explicación alguna que permita determinar la necesidad imperiosa perseguida por la diferencia de trato, la idoneidad de dicha diferencia con relación a tal necesidad, ni su necesidad, ni proporcionalidad estrictas. Por el contrario, la revocatoria se limita a hacer explícito que el criterio diferenciador fue la orientación sexual de Sandra Pavez sin ofrecer motivo alguno que supere un test mínimo de objetividad y razonabilidad, mucho menos un escrutinio estricto como el exigido cuando se trata de dicha categoría”.

II.- Sobre el actuar del Estado y la libertad religiosa

-Frente a la defensa del Estado en orden a que no le correspondía inmiscuirse en temas relacionados con la libertad de religión, la verdad es que Sandra Pavez ejercía en un colegio público y, por tanto, su “relación con el Estado era directa”, señaló la CIDH.

–“La potestad dada a las autoridades religiosas para certificar la idoneidad de las personas se encuentra prevista en la legislación, por lo que el Estado es el que delegó un componente de la función pública a entes no estatales, como las autoridades religiosas. (…) Tal delegación se realizó en términos absolutos, sin establecer salvaguardas para evitar que se realizara de manera arbitraria o violatoria de derechos fundamentales, incluyendo el principio de igualdad y no discriminación (…) Las actuaciones de las autoridades religiosas en el ejercicio de la delegación contenida en el Decreto 924 de 1983 para el ejercicio de una función pública, necesariamente comprometen la responsabilidad internacional de Estado”.

-El Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos “no solamente en el ámbito de las actuaciones estatales, sino también en la esfera privada. De esta manera, ante el conocimiento de un acto discriminatorio o trato diferenciado injustificado por parte de un actor no estatal, le es exigible al Estado un deber de protección y respuesta para cesar dicha discriminación y procurar la debida reparación”

– Además se establece que “la injerencia en la vida privada y autonomía de Sandra Pavez fue arbitraria”

-“El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas, por lo tanto es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos en forma efectiva, respetando el principio de igualdad y de no discriminación”.

III.- Sobre el derecho al trabajo, la docencia y la homo/transfobia en las escuelas

–“Es esencial que el principio de igualdad y no discriminación guíe toda normativa que regule el acceso y permanencia del personal docente en las escuelas con el objeto de prevenir violaciones a los derechos humanos como las analizadas en el presente caso”.

-“Los actos de represalias, discriminación u hostigamiento en el trabajo en base a la orientación sexual resultan especialmente críticos cuando se enmarcan en un contexto educativo, ya que los Estados deben garantizar que sus políticas vinculadas a la educación, que como se indicó incluye aspectos laborales del personal docente, combatan los patrones sociales y culturales de conductas discriminatorias. De lo contrario, se envía un fuerte mensaje social de rechazo contra las personas con orientaciones sexuales diversas no dominantes, promoviendo conductas no solo contra el personal docente, sino también contra la comunidad de estudiantes, en su mayoría niños y niñas, pertenecientes a este grupo, y refuerza al mismo tiempo el estigma y sentimientos de vergüenza e inferioridad sobre estas personas”.

IV.- Sobre el desamparo judicial

–“No solo se discriminó a Sandra Pavez por su orientación sexual en su labor de docencia, sino que no existieron acciones concretas y deliberadas para impedir este tipo de violaciones; por el contrario el Estado las ratificó y reforzó mediante las decisiones de sus autoridades judiciales”.

-“La manera en que se decidió el recurso de protección puso en evidencia la total indefensión en que quedó Sandra Pavez frente al acto discriminatorio sufrido, pues la Corte de Apelaciones de San Miguel no analizó si la revocatoria del certificado de idoneidad violó sus derechos constitucionales o convencionales, sino que se limitó a establecer la legalidad de la actuación por la vigencia del Decreto 924. A pesar de que en su recurso de apelación Sandra Pavez hizo referencia explícita a la necesidad de que se evaluara la arbitrariedad de la medida a la luz de sus derechos, la Corte Suprema validó integralmente la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel sin motivación alguna y sin responder al alegato de la víctima que resultaba fundamental pues procuraba un pronunciamiento que más allá de la legalidad de la revocatoria, determinara si la misma había violado sus derechos humanos”.

– “Un recurso efectivo implica que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas”.

V.- Sobre la orientación sexual y la no discriminación

–“El principio de igualdad debe entenderse en el sentido de incorporar dos concepciones, una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados”.

“La orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención (…) En consecuencia ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o de particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos establecidos en la Convención” Americana de Derechos Humanos.

-“La orientación sexual hace parte de la vida privada de las personas y, por tanto, se trata de un ámbito que no puede ser sometido a injerencias arbitrarias”.

VI.-Las exigencias

Finalmente la CIHD pide a la Corte Interamericana que exija a Chile reincorporar a Sandra Pavez al cargo que ocupaba, brindarle reparación y compensación económica, modificar el Decreto 924, efectuar control administrativo y judicial contra las discriminaciones y capacitar a personal docente y funcionarios judiciales en no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Fuente MOVILH

General, Iglesia Católica Chile, Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Juan Ignacio González Errázuriz, Libertad Religiosa, MOVILH, René Aguilera Colinier, Rolando Jiménez, San Bernardo, Sandra Pavez

Ministro de Justicia, Hernán Larraín

Está claro que Chile lo hacen todos… pero no todos tienen los mismos derechos.

El Gobierno borró del Plan Nacional de Derechos Humanos el acuerdo internacional de impulsar el matrimonio igualitario. El compromiso fue firmado por el Estado de Chile y Movilh ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue además declarado vinculante por la Contraloría.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy que denunciará al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “romper el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que adquirió internacionalmente con nuestra organización”.

Lo anterior, luego de que el Ministerio de Justicia, encabezada por Hernán Larraín (UDI),  eliminara del Plan Nacional de Derechos Humanos el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario, cambiándolo por el de solo “monitorear” el proyecto de ley que en la actualidad tramita la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

“En 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República En tal sentido, presentaremos un requerimiento ante la Contraloría a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso o se concluya que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo con sus deberes en torno al ASA”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que “fue en virtud de este Acuerdo de Solución Amistosa que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello, que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “el Ministerio de Justicia está desafiando a sistema interamericano de Derechos Humanos al romper con los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa, Por ello denunciaremos al Estado ante la CIDH e iremos a la Contraloría”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Solución Amistosa, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Homofobia/Transfobia, Matrimonio igualitario, Michelle Bachelet, MOVILH, Plan Nacional de Derechos Humanos, Ramón Gómez, Rolando Jiménez

Por Vero Ferrari, desde Lima

Foto: Promsex

Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.

Hechos que se denuncian

Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.

En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que “este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT”.

Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH

• La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
• También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
• Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.

“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dino Horacio Ponce Pardo, Juan Isaac León Pardo, Luis Ernesto Vargas, Luis Quispe Cáceres, Perú, Policía, Torturas, Violación

La oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de 20 personas de la población LGBTI en 2019 en ese país. El organismo internacional lamentó que sólo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

“La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país”, expresaron en un comunicado difundido el lunes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció al respecto: “Urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población”, dice el comunicado. 

Los países que conforman el Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que también son víctimas la población LGBTI.

Ante el acoso, discriminación, amenazas y muertes, decenas de mujeres trans centroamericanas han integrado caravanas de migrantes que buscan a llegar a los Estados Unidos.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indica OACNUDH.

En 2018 la ONU expresó preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y señaló la impunidad en el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, El Salvador, Guatemala, Homofobia/Transfobia, Honduras, Naciones Unidas (OACNUDH), Triángulo Norte de Centroamérica

En el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reformar la ley 20.609.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó hoy al ministro secretario general de Gobierno (s), Emardo Hantelmann, un proyecto de ley que reforma la Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, cuyo compromiso de reformar asumió el Estado de Chile en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la ocasión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que desde la entrada en vigencia de la ley en 2012 y hasta julio del 2018, “solo 319 personas han presentado denuncias por la Ley Zamudio y apenas en 90 ocasiones hubo sentencias. Más aún, solo en dos ocasiones se ha podido aplicar la agravante contemplada para los delitos motivados por discriminación. Esta bajas cifras demuestran que la ley no es usada por las personas y, más lamentable aún, cuando se utiliza en pocas ocasiones se alcanza justicia o sanciones contra los responsables”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, añadió que el “proyecto de ley que hoy hemos presentado al Gobierno; en el marco del ASA firmado por el Estado de Chile con el Movilh y en el contexto del ataque contra la joven Carolina Torres Urbina; pretende por un lado motivar que las personas denuncien y por otro ampliar las penas contra los responsables de los abusos, sancionar la incitación al odio y generar una institucionalidad estatal que prevenga las discriminaciones arbitrarias, ayude a las víctimas y genere políticas públicas y estadísticas”.

El ministro (s) se comprometió a revisar las propuestas del Movimiento con miras a la iniciativa que el Gobierno está trabajando y que será alimentada con una consulta ciudadana sobre discriminación que el Ejecutivo aplicará durante el 2019

De igual manera se aclaró que de parte del Ejecutivo la coordinación de la reforma será asumida por el Ministerio Secretaría General de Gobierno “lo cual es una buena noticia, pues es una repartición con cercanía a los derechos LGBTI”, finalizó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

REFORMA A LEY ZAMUDIO

El proyecto de reforma a la Ley Zamudio elaborado por el Movilh con el apoyo técnico del abogado, académico, investigador y doctor en ciencia jurídica, Fernando Muñoz, contempla, entre otros puntos, los siguientes:

1.- Crea una institucionalidad antidiscriminatoria cuyos objetivos son ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Elimina del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Elimina el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorpora un artículo que obliga a indemnizar el daño moral y material causado a las personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Elimina del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invierte la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase “delitos motivado” por discriminación, por el de “delitos con presencia de elementos discriminatorios”. Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Carolina Torres Urbina, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Discriminación, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Óscar Rementería, Rolando Jiménez

Se trata de Mayra Opazo, Constanza Monsalves a quienes el Registro Civil de Viña del Mar y la Corte Suprema les negó el reconocimiento de ser ambas madres de Martina, una niña de un año. La demanda fue presentada con el patrocinio de abogados de la UDP y el Movilh.

Con el patrocinio de un destacado equipo de abogados de la Universidad Diego Portales y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una familia homoparental demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser discriminada por el Registro Civil, la Corte de Apelaciones de Viña del Mar y la Corte Suprema.

Se trata de las convivientes civiles Mayra Opazo, Constanza Monsalves y la de hija de ambas, Martina, quien nació el 17 de abril del 2017 tras un proceso de inseminación artificial. La familia vive en Villa Alemana, y es la primera de regiones que denuncia al Estado por lesbofobia.

El 26 de marzo del 2018 la pareja se dirigió al Registro Civil de Viña para pedir ser reconocidas como madres de Martina, pero la entidad se negó señalando que ello era ilegal. Por tal razón recurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que el 15 de junio del 2018 rechazó el recurso de protección por dos votos contra uno, el de la Ministra doña Silvana Donoso Ocampo, quien estuvo por reconocer los derechos de la familia amparada en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia, negando el derecho de Martina a tener dos madres.

Desde ese momento, la familia comenzó a preparar una fundamentada demanda contra el Estado de Chile que contó con la asesoría de la abogada del Movilh. Mónica Arias y de los/as destacados/as abogados de la Universidad Diego Portales,  Francisco Cox Vial, Jorge Contesse Singh, Domingo Lovera Parmo, Tomás Vial Solar, Fabiola Lathrop Gómez, Macarena Sáez y Verónica Undurraga,

En la demanda, las madres alegan que han “sufrido violaciones a los derechos humanos “ que han significado para nosotras y nuestra hija, graves perjuicios y daños morales”, lo que afecta en el interés superior del niño.

Precisaron que el desconocimiento legal de la doble maternidad “implica negar que aquello es parte de su proyecto de vida familiar, quebrando nuestro proyecto pues, ambas – como pareja – nos sometimos al procedimiento médico, vivimos cada momento de forma intensa y nos involucramos emocionalmente con la idea de ser madres. En la actualidad, mientras solo Constanza tiene reconocida legalmente su calidad de madre Martina, ambas asumimos el de madres en el día a día”.

Añaden que “la prohibición de doble filiación materna (…) configura una injerencia arbitraria en nuestra vida privada, toda vez que influyen en nuestra planificación familiar, desarrollo personal y autodeterminación de ser madres. Con una limitación como la que arbitrariamente se nos impone, inevitablemente se deja afuera a una de las madres de su derecho a ser, sentirse y presentarse como tal. Del mismo modo, se priva a Martina del reconocimiento legal de su verdadera familia. Además, vulnera el derecho a la protección de la familia y protección de los derechos del niño en relación con el derecho a la vida privada, no permitiéndoles la consagración legal de su familia”.

En tanto, los juristas  la UDP y del Movilh precisaron que el negarse la doble maternidad, el Estado violentó normas nacionales e internacionales, entre esas la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el primer caso se transgredió el deber del Estado de proteger a la familia (artículo 1), de  respetar los tratados internacionales (artículo 5),  y de garantizar la igualdad ante ley y el derecho a la integridad física y psíquica (articulo 19), entre otras disposiciones constitucionales.

De igual manera se violentó la obligación  de los estados de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos (articulo 1), la protección de la familia (artí culo 17), los derechos del niño (articulo 19) y igualdad ante ley (articulo 24),  garantizados en el instrumento internacional, el cual reconoce derechos a las parejas del mismo sexo y sus hijos, según  pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esperamos que la Comisión acoja esta  justa demanda y que Chile sea sancionado”, finalizó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Constanza Monsalves, Corte Suprema, Domingo Lovera Parmo, Fabiola Lathrop Gómez, Familias Homoparentales, Francisco Cox Vial, Homofobia/Transfobia, Jorge Contesse Singh, Macarena Sáez, Mayra Opazo, Mónica Arias, MOVILH, Registro civil, Rolando Jiménez, Silvana Donoso Ocampo, Tomás Vial Solar, UDP, Universidad Diego Portales, Verónica Undurraga, Viña del Mar

Electo por tercera vez consecutiva como diputado federal por el PSOL en Río de Janeiro, Willys decidió no comenzar su nuevo mandato: “Tengo que cuidar de mi vida, por eso me voy del país”. “No tengo ninguna expectativa positiva sobre este gobierno. El nivel de violencia contra las minorías ha aumentado dramáticamente desde que fue elegido“.

Jean Wyllys se hizo tremendamente popular en Brasil tras ganar la edición de 2005 de Gran Hermano, y es miembro del parlamento del país desde 2011. Desde su escaño Wyllys ha cargado duramente contra Jair Bolsonaro, al que llegó a escupir en el Parlamento en abril de 2016, durante los debates sobre la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff,  después de que éste elogiara a un notorio torturador de la época de la dictadura militar (1964-1985). El Consejo de Ética de la Cámara lo sancionó con una “censura por escrito”, rechazando una moción para suspenderlo de su mandato por un mes.

En una entrevista con el diario Folha, el parlamentario, electo con 24.295 votos y que actualmente se encuentra de vacaciones, reveló que no pretende volver a Brasil y que se va a dedicar a su carrera académica. Según la agencia informativa de la Cámara, Wyllys, de 44 años, aún no ha oficializado su decisión. Pero su asesoría confirmó que el legislador había resuelto desistir de su tercer mandato y que se había marchado de Brasil con la intención de permanecer “fuera del país” por un tiempo, sin precisar el lugar del exilio.

Pero sí ha dicho que estudiará para su doctorado. “He visto mi reputación destrozada por las mentiras y no tenía ningún poder, no podía hacer nada. La gente no tiene ni idea de lo que implica ser un objetivo. No puedo seguir en mi país sin que me insulte gente que piensa que soy un pedófilo, que quiero homosexualizar a los niños.”

Desde el asesinato de su corregionaria Marielle Franco, en marzo del año pasado, Wyllys vive con escolta policial. Con la intensificación de las amenazas de muerte, muy comunes antes del asesinato de la legisladora carioca, el diputado tomó la decisión de abandonar la vida pública.

El ex presidente de Uruguay Pepe Mujica, cuando supo que estaba amenazado de muerte, me dijo: “Cuídese. Los mártires no son héroes. Y es eso, no me quiero sacrificar”, afirma. Como explica el congresista: “Es justo eso. No quiero sacrificarme a mí mismo. Por el futuro de esta lucha, necesito estar vivo. No quiero ser un mártir. Quiero vivir.“

De acuerdo con Wylls, en su decisión también pensó la última información de que familiares de un ex Policía Militar sospechado de estar involucrado en la muerte de Marielle trabajaba para el senador electo e hijo del presidente, Flavio Bolsonaro, durante su mandato como diputado estadual en Río de Janeiro.

Jean Wyllys en una fotografía junto a Marielle Franco

“Me aterra saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la esposa y madre de ese sicario”, afirma Wyllys. “Ese presidente que siempre me difamó, que siempre me insultó de manera abierta, que siempre utilizó la homofobia contra mi. Este ambiente no es seguro para mí”, señala.

Wyllys explicó que “no fue la elección de Bolsonaro en sí misma” que lo llevó a renunciar a su tercer mandato consecutivo, que debía asumir el 1 de febrero, sino “el nivel de violencia que aumentó después de la elección” del exmilitar, que tuvo un fuerte apoyo de grupos ultraconservadores pentecostales. Dio como ejemplo la multiplicación de agresiones y muertes de miembros de la comunidad LGBT.

El pasado mes de noviembre, después de las elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado brasileño que adopte “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal” de Wyllys y su familia.

Wyllys es el primer parlamentario asumido abiertamente gay para acompañar la agenda LGBTI en el Congreso Nacional. Se convirtió en una de las principales blancos para los grupos conservadores, principalmente en las redes sociales. En esta línea, dice que está “quebrado por dentro” en función de las fake news en su contra y los cinco procesos de injuria, calumnia y difamación que protagonizó.

Wyllys se resiste, sobre todo, a la falta de libertad en Brasil: “Cómo voy a querer vivir 4 años más de mi vida en un auto blindado y con escoltas? Cuatro años de mi vida no pudiendo frecuentar los lugares que frecuento?”, pregunta.

Tambien avisó que se desconectará de las redes sociales temporalmente y que no pretende acompañar la repercusión de su dimisión.

“Esta no es una decisión fácil y me implica mucho dolor, porque también me estoy alejando de mi familia, amigos, de mi círculo cercano”, explica.

Sobre el futuro, él aún no tiene planos definidos: “Creo puedo llegar hasta decir que me voy a Cuba”, ironiza. “Soy profesor y creo que aprovecharé para volver a las aulas y realizar un doctorado”

Por su parte, Wyllys dejó un mensaje a sus miles de seguidores en sus redes sociales que encontraban en él una voz de igualdad: “Preservar una vida amenazada también es una estrategia de lucha para días mejores. Hicimos mucho por el bien común. Y haremos mucho más cuando llegue un nuevo tiempo, no importa si lo hacemos por otros medios! Gracias a todas y todos, de todo corazón. Axé!

Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum. E faremos muito mais quando chegar o novo tempo, não importa que façamos por outros meios! Obrigado a todas e todos vocês, de todo coração. Axé! ✊ https://t.co/Xy6SyDNXDy pic.twitter.com/Tf6SGmZFHq

— Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) 24 de enero de 2019

El presidente nacional del PSOL, Juliano Medeiros, confirmó que la vacante de Wyllys debe ser ocupada por el suplente David Miranda (PSOL-RJ), que actualmente es concejal en Río de Janeiro.

Después de la divulgación de que Wyllys decidió renunciar a su mandato, el concejal Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), hijo de Jair Bolsonaro, escribió en Twitter: “¡Vaya con Dios y sea feliz!”. El presidente, después de regresar de Davos, en Suiza, a Brasil, puso en red social el mensaje “¡Gran día!”.

Muchos internautas interpretaron el mensaje como referencia a Wyllys, pero el presidente negó más tarde, escribiendo que se refería a la misión concluida en Davos, en torno a Brasil ya la confianza en el país indicado por el resultado de la Bolsa. El suplente David Miranda llegó a escribir: “Respete a Jean, Jair, y mantenga su entusiasmo, sale un LGBT pero entra otro, y que viene de Jacarezinho, otro que en 2 años aprobó más proyectos que usted en 28. Nos vemos en Brasilia”.

Para leer la entrevista completa: pincha aquí .

Fuente Folha de São Paulo/Emergentes.com.ar/ El País 

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La CIDH accedió positivamente hoy a peticiones formuladas por el Movilh y otros seis colectivos LGBTI de las Américas para que se inste a los Estados, y en particular a Chile, a aprobar el matrimonio igualitario.

Una jornada histórica para las familias homoparentales de las Américas se vivió hoy en Washington donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su Primera Audiencia Pública sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de 7 grupos LGBTI del continente, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La audiencia fue encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos LGBTI para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

Tras a los abogados activistas LGBTI de Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México, la presidenta de la CIDH dijo que “hay una sola raza en el mundo y es la raza humana. Y todos los seres humanos deben tener los mismos derechos. Es un asunto fácil, pero el sentido común no es muy común. Lógicamente todas las parejas tienen el derecho a casarse”.

Añadió que las personas LGBTI “tienen derecho a gozar de todos los derechos que tienen otros seres humanos. Es su dignidad. Haremos todos los esfuerzos posibles para alentar a los Estados a que avancen en el matrimonio igualitario”.

Su opinión fue compartida por la relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, Flávia Piovesan. “Es muy importante tener acercamiento sobre las formas de lucha de la región. La relatoría comparte que el principio de la igualdad es fundamental para los derechos humanos. Sobre el matrimonio igualitario estamos con ustedes y vamos a evaluar los pasos más adecuados a seguir”, dijo.

Junto a May Macaulay, Piovesan, estuvieron la primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, la secretaria adjunta, María Claudia Pulido y la relatora Soledad García Muñoz, quienes también apoyaron la demanda de los movimientos LGBTI.

Junto a los abogados que representan al Movilh; Ciro Colombara y Hunter Carter; intervinieron hoy ante la CIDH representantes de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras, la Fundación Iguales de Panamá, la Fundación Igualitxs de El Salvador y la Alianza para el Matrimonio en las Américas.

En concreto se planteó una petición general de todos los grupos y dos específicas para Chile y México. En el primer caso se solicitó a la CIDH la implementación de medidas o mecanismos para que los Estados efectivamente cumplan con la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2017.

En dicho texto, la Corte pidió a todos los Estados parte de la OEA que “garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación”^.

Por su lado, Colombara y Carter solicitaron que se pida al Estado de Chile cumplir con el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que asumió en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado en 2016.

En relación a México, se solicitó a la CIDH que acoja una denuncia presentada en mayo del 2014 contra ese país por prohibir el matrimonio igualitario.

Finalizada la audiencia, el Movilh aplaudió “esta señala histórica que hoy ha dado la CIDH para las familias homoparentales y el matrimonio igualitario. Esperamos saber en el corto plazo, de qué manera la CIDH instará a los Estados, y en especial a Chile, para que impulsen el matrimonio igualitario”.

Fuente MOVILH

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La audiencia fue solicitada por colectivos LGBTI de diversos países y por los abogados que representan al Movilh en su demanda internacional contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario.

En un hecho sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a su primera Audiencia Temática sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de colectivos LGBTI de distintos países, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La histórica audiencia tendrá lugar el 5 de diciembre del 2018 en el marco del 170 Período de Sesiones de la CIDH que se desarrollará en Washington, tras la petición de los movimientos LGBTI que fue coordinada por los abogados que representaron al Movilh en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter y Ciro Colombara y Branislav Marelic.

De esa manera, se analizará la CIDH analizará situación actual del matrimonio igualitario en las américas, así como los deberes de los Estados al respecto.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, declaró que “estamos muy felices y emocionados de que el matrimonio igualitario sea una temática de la máxima relevancia para la promoción de los derechos humanos al interior CIDH, como queda de manifiesto con la futura realización de esta audiencia”

Añadió que “sin duda la CIDH hará historia con esta audiencia que contribuirá a impulsar el matrimonio igualitario, lo cual es de especial relevancia para Chile luego de que el Gobierno se negara a cumplir un compromiso del Estado en estas materia, tras un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con nuestra organización. Sin duda, el rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como ha ocurrido con su oposición a puntos claves del ASA, será uno de los temas relevantes de esta audiencia”.

Además del Movilh, la petición de audiencia sobre matrimonio igualitario fue solicitada por la Fundación Igualitxs de El Salvador, HDuarte Legal de El Salvador, Fundación Iguales de Panamá, Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica, Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras y AMA, de Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que la CIDH accede favorablemente a una petición de audiencia temática sobre parejas del mismo sexo. La primera vez fue en 2009, cuando la CIDH celebró, tras una petición del Movilh, una histórica audiencia sobre las uniones civiles, dando paso a importantes medidas a favor de este tipo de legislaciones en América.

Fuente MOVILH

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Así reaccionó el Movilh luego de que el Ejecutivo señalara no estar obligado a impulsar dicha ley y que ya cumplió al respecto. El acuerdo firmado ante la CIDH desmiente por sí solo al Gobierno.

Luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera señalara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado, ni el Ejecutivo están obligados a impulsar el matrimonio igualitario, información que hoy difunde La Tercera, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), declara y anuncia lo siguiente:

1.- El Gobierno de Sebastián Piñera falta a la verdad al indicar que el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó con nuestra organización no lo obliga a impulsar el matrimonio igualitario, por tanto:

1a. En el punto III.1 del ASA se señala expresamente que el Estado debe “impulsar en conjunto con los peticionarios un proceso de discusión pública del matrimonio igualitario”, que involucre al Gobierno, al Congreso Nacional y a la Sociedad Civil.

1b. En el punto III.3 del ASA, el Estado se compromete a ”adoptar las medidas necesarias, incluidas las de promoción, para impulsar la iniciativa de matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

1.c El pasado 17 de mayo del 2018, el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un adenddum donde se comprometió a dar el total cumplimiento el ASA, sin hacer observación u objeción alguna a los compromisos sobre de matrimonio igualitario.

En concreto, señala el adenddum, “con este acto se confirma la voluntad del Gobierno en cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por el Estado de Chile en lo referente a las materias que comprende el presente Acuerdo de Solución Amistosa”.

Este compromiso fue firmado por los/as ministros/as vocera de Gobierno, Cecilia Pérez; de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá; de Justicia, Hernán Larraín; de Salud, Emilio Santelices; de Educación, Gerardo Varela y por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

2.- Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo, deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA.

3.- Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as.

Tan obligado está el Gobierno a cumplir con el ASA que:

3.a Para una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del ASA, el Estado deberá gestionar la presencia de un miembro de la CIDH, a objeto de seguir evitando erróneas interpretaciones del ASA.

3.b. El Ejecutivo debió reponer la semana anterior el sitio sobre matrimonio igualitario que nuestra organización había desarrollado junto a la ex presidenta Michelle Bachelet, el cual había sido eliminado en julio pasado.

El sitio fue repuesto justamente porque es una de las tantas medidas que el Ejecutivo debe ejecutar por obligación para impulsar el matrimonio igualitario

4.- Lamentamos profundamente que el Ejecutivo falte a la verdad ante la CIDH respecto al debate sobre el matrimonio igualitario que sostuvimos con el Gobierno anterior y al espíritu que a ambas instancias nos motivó a firmar el ASA. El Gobierno de la presidenta Bachelet jamás se negó a impulsar el matrimonio igualitario, como mañosamente indica el actual Ejecutivo, según información difundida hoy por La Tercera y que el Gobierno no ha desmentido

5.- Repudiamos que una vez más sean agentes gubernamentales los que filtren a la prensa informaciones falsas sobre el ASA y que van en el sentido contrario del compromiso asumido por el Estado. Ello porque lo difundido hoy por La Tercera, posiciona al Gobierno como contrario al matrimonio igualitario, lo cual por donde se mire, constituye una violación del ASA.

6.- Insistiremos ante la Cámara de Diputados para que cite al Gobierno a dar explicaciones por estas y otras inconsistencias y afirmaciones falsas sobre el ASA, y gestionaremos ante el Ejecutivo que la coordinación del Acuerdo lo asuma un ente con capacidad y voluntad para cumplir los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Homofobia/Transfobia, Matrimonio igualitario, MOVILH, Sebastián Piñera

En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó ante la CIDH

El Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia desarrollaron hoy la Primera Mesa de Trabajo con la sociedad civil para avanzar en el cumplimiento de las medidas legislativas y de políticas públicas contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La convocatoria fue inaugurada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y por el subdirector de la División de Organizaciones Sociales, Sebastián Lafaurie, además de contar el espacio con la asistencia de representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Diversidad de Providencia.

En la ocasión se debatió y recibieron propuestas de las organizaciones de DDHH para impulsar la adopción homoparental, reformas a la Ley Zamudio, al Acuerdo de Unión Civil y a los artículos 365 y 373 del Código Penal, así como para crear y perfeccionar políticas públicas sobre los derechos LGBTI en los campos de la educación, la salud y el trabajo, entre otros.

Las propuestas e ideas sobre estos puntos provinieron de Acción Gay, Ceres, Corporación Humanas, Fundación Iguales, OTD, Sindicato Amada Jofré, Todo Mejora, Mums y Movilh, organizaciones que coincidieron en la necesidad de avanzar lo antes posible en la plena igualdad social y legal para las familias homoparentales y para las personas con orientación sexual o identidad de género diversa

Entre otros, los colectivos LGBTI solicitaron al Ejecutivo plazos para la concreción del ASA y de las propuestas sugeridas hoy, para lo cual se espera respuesta en las próximas semanas.

Los temas concretos tratados hoy corresponden al punto III.8 del ASA aquí expuesto.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Acción Gay, Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Acuerdo de Unión Civil, Artículos 365 y 373 del Código Penal, Ceres, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corporación Humanas, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, División de Organizaciones Sociales, Fundación Iguales, Ley Zamudio, Lorena Recabarren, Ministerio de Justicia, Ministerio Secretaría General de Gobierno, MOVILH, MUMS, Oficina de la Diversidad de Providencia, OTD, Sebastián Lafaurie, Sindicato Amada Jofré, Subsecretaria de Derechos Humanos, Todo mejora

Los parlamentarios buscan que el Gobierno aclare el estado del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile firmó ante la CIDH para el impulso del matrimonio igualitario y de otras medidas. El Movilh valoró la gestión de los parlamentarios.

Los diputados Marcelo Díaz (PS) y Matías Walker (DC) solicitaron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que cite al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que expliquen como el Ejecutivo impulsará el matrimonio igualitario y otras medidas del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición ocurrió a días de que la CIDH citara al Gobierno, luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunciara distintos incumplimientos del ASA, entre esos la falta del impulso del matrimonio igualitario.

Díaz explicó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que Larraín y Recabarren deben ser citados para dar cuenta sobre el ASA, el cual “establece varias cosas, como el proyecto de ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y campañas de prevención y no discriminación. Hay un catálogo de cosas que están comprometidas por el Estado de Chile. La situación es preocupante, pues habría ciertos incumplimientos al respecto”.

En tanto, Walker señaló que “hemos reiterado que aquí hay un compromiso del Estado de Chile. Independientemente de las distintas posturas que cada parlamentario pueda tener, lo que no puede hacer el Congreso Nacional es dejar de discutir el tema”.

Añadió que “hay una necesidad de que el gobierno del presidente de Sebastián Piñera explicite la forma como va a cumplir con este compromiso de Estado. Hemos conversado además con la nueva presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Natalia, Castillo, y con la diputada Pamela Jiles para que independientemente del trámite en el Senado (donde la ex mandataria Michelle Bachelet ingresó el proyecto de ley en el marco del cumplimiento del ASA), la Cámara de Diputados pueda discutir los distintos proyectos que hemos presentado sobre matrimonio igualitario”.

El Movilh “valoró las medidas tomadas por Díaz y Walker, en tanto comprenden que el impulso del matrimonio igualitario, involucra al Estado como conjunto, y ninguna institución puede boicotear , entorpecer o no cumplir este compromiso, menos el Gobierno o el Congreso Nacional. Esperamos que la presencia de Larraín y Recabarren en la Comisión, sirva para aclarar todas las dudas que el Congreso Nacional y la ciudadanía puedan tener en torno al estado de avance del ASA”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Castillo, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), DC, Marcelo Díaz, Matías Walker, Matrimonio igualitario, Michelle Bachelet, Natalia, Pamela Jiles, PS, Sebastián Piñera

Más aún, la CIDH sostiene que cualquier punto del acuerdo debe cumplirse tomando en consideración la Opinión Consultiva 24/7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Gobierno de Chile para conocer si está impulsando o el matrimonio igualitario y otras medidas legislativas y de políticas públicas que son parte del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En un ángulo similar, la CIDH ya está analizando la exclusión de los menores de 14 años de la ley de identidad de género

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue enfática en señalar el pasado martes día 2 al Gobierno de Chile que el punto central del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pasa por impulsar el matrimonio igualitario.

La cita tuvo lugar el pasado martes día 2 en Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, donde el Movilh fue representado por sus abogados Ciro Colombara y Hunter Carter, mientras que el Gobierno tuvo voz a través de tres funcionarios estatales.

De la CIDH, en tanto, estuvieron los comisionados Luis Ernesto Vargas Silva y Flávia Piovesan, además de la secretaria María Claudia Pulido, quienes coincidieron con los peticionarios en que el compromiso asumido en el ASA  es el impuso del matrimonio igualitario, debiendo por tanto, el Estado avanzar en tal sentido.

Para sorpresa de los presentes, el Gobierno sostuvo que si había cumplido con el acuerdo y que no incluía el impulso del matrimonio igualitario, situación que molestó al dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, apenas conoció de estos hechos en Santiago.

“Afirmar que este gobierno ha impulsado el matrimonio igualitario o que ya ha cumplido con el ASA es una falacia. No han movido un dedo a favor de esta ley y, peor aún, sus funcionarios se han pronunciado en contra del matrimonio igualitario. Tanto el Estado de Chile, como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación. Ello debe cumplirlo sea cual sea el Gobierno de turno. Chile se ha caracterizado por cumplir sus compromisos internacionales, sería desastroso que esta tradición se rompiera”, sostuvo Jiménez

En tal contexto, Colombara y Carter, solicitaron que en la próxima reunión de trabajo del Estado y el Movilh participe la CIDH, lo cual fue aceptado, justamente para discutir el impulso del matrimonio igualitario y saber cómo el Gobierno colaborará con ello.

“El Estado chileno, a través del pasado Gobierno de la presidenta Bachelet,  ha cumplido con varios elementos del ASA, pero falta mucho aún, entre las deudas se encuentra el matrimonio igualitario”, sostuvo Carter

A lo expuesto se suma una carta que la CIDH envió el Gobierno, donde le aclara que  el impulso del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental y de otros aspectos del ASA, deben hacerse tomando en consideración los estándares de la  Opinión Consultiva 24/7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre del 2017

La reunión en Colorado tuvo lugar luego de que el Movilh enviará a la CIDH un extenso documento donde reportó diversos incumplimientos del Estado de Chile con el ASA, entre los que se cuentan: a) el no impulso del matrimonio igualitario; b) declaraciones públicas de funcionarios públicos contra el matrimonio igualitario; c) presentación de indicaciones a la Ley de Identidad de Género que no fueron trabajadas con la sociedad civil y que excluyeron a los menores de 14 años; d) presentación de reformas a la Ley de Adopciones que no fueron trabajadas con la sociedad civil, que excluyeron a los convivientes civiles y que priorizan a parejas heterosexuales para criar niños en desmedro de las homosexuales, entre otros.

Desde firmado el ASA en 2016, esta es la primera vez que la CIDH citó al Gobierno ante una denuncia por incumplimientos de los acuerdos.

Con todo, el Movilh espera que “el Gobierno sea un colaborador con el cumplimiento de los compromisos del Estado de todos los chilenos y chilenas. Lo animamos a ello. El ASA solo busca mejorar la calidad de vida de las personas y confiamos en que el presidente Piñera comprenderá este punto y gestionará el efectivo cumplimiento del ASA, pues lo importante es una mirada de Estado. A ello se suma, que el matrimonio igualitario también es parte del Plan Nacional de DDHH que el Gobierno tiene el deber de impulsar, mientras que el ASA ha sido declarado legal y vinculante por la Contraloría General de la República”

Fuente MOVILH

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado que jóvenes LGBT en la región son sometidos a las llamadas “terapias” con la finalidad de “modificar” su orientación sexual o identidad de género.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha dado a conocer un video en su canal de YouTube la terrible situación que viven actualmente muchos jóvenes de países del continente americano donde son sometidos –principalmente por familiares y por grupos religiosos- a estrictos regímenes, que suelen incluir tratos inhumanos y abusos sexuales, con el propósito de “modificarles” su orientación sexual y/o identidad de género.

Este trabajo forma parte del informe de Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América realizado por la Comisión.

La persona bajo “tratamiento” es encerrada en un centro, internada en una “clínica,” la mayoría de las veces en contra de su voluntad o por medio de engaños, y sometida a regímenes muy estrictos, incluso a tratos inhumanos o degradantes y abusos sexuales como parte del “procedimiento“, explica el video.

Al tiempo que indican que estas terapias son contrarias a la ética, sin fundamento científico y podrían constituir una nueva forma de tortura.

La CIDH también ha indicado que sigue recibiendo informaciones sobre la existencia de estos “centros” en el continente. Los testimonios han revelado que durante su internación sufrieron abuso verbal y todo tipo de humillaciones.

Las personas son abusadas, tocadas e incluso violadas por el personal de la custodia. “Se quedaban en solitario o encadenadas al inodoro, sin comida o mal alimentadas, y bebían agua de pozos infestados de insectos y animales muertos. Eran obligadas a vestirse y a comportarse como prostitutas y tener que tener relaciones sexuales con otros internos para aprender el comportamiento femenino. Las despiertan con baldes de agua fría u orina. Y son sometidos a terapias de electroshock”, indican en el material audiovisual.

Por otra parte, la CIDH ha señalado que es “difícil que las víctimas denuncien estos casos muchas veces por implicaciones de familiares o agentes del Estado lo que genera miedo a represalias a menudo no existen mecanismos de protección jurídica para quienes denuncian estos crímenes, por lo cual, la tasa de impunidad es alta”.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La Corporación Caribe Afirmativo saluda esta decisión en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos Interamericano, frente a el primer caso que la CIDH somete a la Corte Interamericana en materia de violencia policial, detención ilegal y tortura sexual en contra de las personas LGBT.

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido un caso de violencia en contra de las personas LGBT a la Corte Interamericana (Corte IDH). El caso es sobre la detención ilegal y arbitraria a Azul Rojas Marín, mujer trans quien al inicio del caso se autorreconocía como hombre gay, el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad cuando caminaba hacia su casa.

Mientras duró la detención injustificada de Azul, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Sumada a la violencia física y psicológica, Azul también fue víctima de violencia sexual.

A pesar de la grave de los hechos, los responsables no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú, pues el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron. A lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda, siendo revictimizada tanto por los operadores de justicia en la actuación probatoria, como en el marco de las decisiones que dieron lugar al archivo de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS (Organización británica que lucha contra la tortura), Azul presentó su caso a la CIDH. Así las cosas, la Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes elementos para considerar que por la naturaleza y forma en la que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, en ese momento, como un hombre gay. A su vez, la Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio, además de los elementos constitutivos de tortura.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto a casos de violencia física, psicológica y sexual, y la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGBTI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGBTI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018[1] porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura de la que fue víctima.

Desde Caribe Afirmativo acompañamos estas exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición que logren avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT+ en la región; asimismo, instamos a los gobiernos en las Américas a respetar, acatar y ejecutar las decisiones del sistema interamericano como la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH, en la cual se instó a “impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos internos para garantizar que personas del mismo sexo tengan el derecho a contraer matrimonio y respetar las identidades de género de sus ciudadan[x]s”.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte IDH.

 Recuperado de [http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/189.asp].

Fuente Caribe Afirmativo

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Caribe Afirmativo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana (Corte IDH), Homofobia/Transfobia, Perú

En cita con el Movilh

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, se reunió ayer con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para abordar las demandas y propuestas legislativas sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex.

En la cita estuvieron también el secretario general del partido, Sebastián Vergara, la tesorera Andrea Muñoz, y el responsable nacional del equipo Diversidad del PPD, Javier Poulain.

Junto con abordar la ley de identidad de género, en la reunión hubo coincidencia en la necesidad de impulsar el matrimonio igualitario, así como el Acuerdo de Solución Amistosa sobre los derechos LGBTI que el Estado firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual a su vez es el principal legado en la temática de la ex presidenta Michelle Bachelet.

“Valoramos que Muñoz y el partido estén por empujar el matrimonio igualitario y las gestiones que se hagan al respecto. El PPD fue el primer partido que abrió las puertas al movimiento LGBTI en la década de los 90. Este espíritu progresista bien puede reafirmarse con acciones concretas a favor del matrimonio igualitario, que podrían ver la luz próximamente”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El activista aprovechó de destacar que en su rol como canciller, “Muñoz impulsó los principales avances en derechos LGBTI desde ese ministerio”, al tiempo que resaltó la “importante labor que está desarrollando el equipo de Diversidad del partido para generar mejores condiciones de igualdad”.

Fuente MOVILH

General Acuerdo de Solución Amistosa, Andrea Muñoz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Heraldo Muñoz, Javier Poulain, Ley de Identidad de Género, Matrimonio igualitario, MOVILH, Partido por la Democracia (PPD), Rolando Jiménez, Sebastián Vergara

En carta dirigida al presidente Piñera y tras cumplirse un año de la firma del proyecto de ley por parte de la ex mandataria Michelle Bachelet. 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se dirigió hoy al Palacio de La Moneda para dejar una carta al presidente de la República, Sebastián Piñera, donde exigió el impulso del matrimonio igualitario.

Esto, en el marco del primer aniversario de la firma del proyecto de ley de matrimonio igualitario efectuado por la ex presidenta Michelle Bachelet.

En la misiva, el Movilh precisó que “no se ha registrado ningún avance del ASA desde marzo a la fecha, y por otra parte, se han incumplido buena parte de los compromisos. Por ejemplo, el gobierno sacó de circulación dos sitios web estatales; uno sobre matrimonio igualitario y otro sobre la ley de identidad de género; que eran parte del ASA; el Ministerio de Justicia ha presentado proyectos o indicaciones de ley vinculados al Acuerdo (ley de identidad de género, reforma a ley de adopciones), sin el concurso de la sociedad civil como lo exige el compromiso asumido ante la CIDH, a lo que se suman declaraciones públicas de altos representantes del Ejecutivo que son contrarias al matrimonio igualitario, pese a que el Estado se comprometió a impulsar esta ley”.

La carta fue acompañada por otras 44 misivas firmadas por 11 senadores y 33 diputados que exigen el cumplimiento en el breve plazo del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la aprobación del matrimonio igualitario.

“Los compromisos asumidos por el Estado de Chile ante el sistema interamericano de derechos humanos son vinculantes e involucran a cada uno de sus poderes y autoridades”, señala la carta firmada por los parlamentarios.

“En el ASA el Estado se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la adopción homoparental, reformas a la unión civil y a la ley antidiscriminatoria, así como a modificar o derogar los artículos 365 y 373 del Código Penal, a lo cual se suma la implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar la homofobia, la transfobia o cualquier otra forma de abuso o discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”, señalaron los parlamentarios.

En ese sentido, los parlamentarios se comprometieron “a contribuir al fiel y total cumplimiento del ASA en el plazo más breve posible, en tanto es vinculante para Chile. Del mismo modo animamos a otros poderes del Estado y a las autoridades a dar cumplimiento al ASA.

Del PS firmaron los/as senadores/as José Miguel Insulza, Isabel Allende y Álvaro Elizalde y los/as diputados/as Daniella Cicardini, Marcelo Schilling, Leonardo Soto, Juan Luis Castro, Emilia Nuyado y Marcelo Díaz.

Del PPD, los/as senadores/as Felipe Harboe,. Ricardo Lagos y Adriana Muñoz y los/as diputados/as Loreto Carvajal, Tucapel Jiménez, Cristina Giradi y Carolina Marzán.

De la DC firmaron las senadoras Yasna Provoste, Ximena Rincón y los diputados Pablo Lorenzini, Gabriel Silber, Matías Walk y, Gabriel Ascencio.

Del sector independiente firmaron los/as senadores/as Alejandro Guillier, Ximena Órdenes y los diputados/as Gonzalo Winter y René Saffirio,

De País Progresista firmó el senador Alejandro Navarro y de Evópoli el diputado Francisco Undurraga

Del PC firmaron los/as diputados/as Karol Cariola, Daniel Núñez, Hugo Gutiérrez, Camila Vallejo, Amaro Labra y Carmen Hertz; De Poder la diputada Claudia Mix; del Partido Progresista, la diputada Marisela Santibáñez; del PRSD la diputada Marcela Hernando.

En tanto por RD firmaros los diputados/as Miguel Crispi, Maite Orsini, Catalina Pérez, Pablo Vidal y Natalia Castillo y por el Partido Libera los diputados Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales.

Fuente MOVILH

General Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Adriana Muñoz, Alejandro Bernales, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, Alvaro Elizalde, Amaro Labra, Camila Vallejo, Carmen Hertz, Carolina Marzán, Catalina Pérez, Claudia Mix, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cristina Giradi, Daniel Núñez, Daniella Cicardini, DC, Emilia Nuyado, Evópoli, Felipe Harboe, Francisco Undurraga, Gabriel Ascencio, Gabriel Silber, Gonzalo Winter, Hugo Gutiérrez, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Luis Castro, Karol Cariola, Leonardo Soto, Loreto Carvajal, Maite Orsini, Marcela Hernando, Marcelo Díaz, Marcelo Schilling, Marisela Santibáñez, Matías Walk, Matrimonio igualitario, Miguel Crispi, MOVILH, Natalia Castillo, Pablo Lorenzini, Pablo Vidal, País Progresista, Partido Libera, Partido Progresista, Partido Socialista (PS), PC, Poder, PPD, PRSD, RD, René Saffirio, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Tucapel Jiménez, Vlado Mirosevic, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Yasna Provoste

El Movilh denunció la vulneración a la vida, a la salud, al bienestar y a la dignidad humana consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy a Gendarmería de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por torturar a internos LGBTI, los cuales son además repetidamente insultados en razón de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto se denunciaron las agresiones que el pasado 11 de julio un grupo de gendarmes del Centro Penitenciario de La Serena propinó a la interna trans María del Pilar López Barrera y a otros cinco reclusos gays, algunos de los cuales quedaron con evidentes lesiones en su cuerpo, tras ser humillados por ser LGBTI y/o vivir con VIH. La situación fue tan dramática, que Gendarmería impidió que los reclusos enfermos accedieran a sus medicamentos.

En su denuncia el Movilh recordó que informes del Instituto Nacional de DDHH (INDH) han revelado situaciones indignas y precarias al interior del Centro Penitenciario de La Serena.

“Los baños del interior de la celda (de castigo) se encuentran en pésimas condiciones de higiene y salubridad, con el inodoro, lavatorio y ducha en mal funcionamiento. Por lo tanto, no hay disponibilidad de agua potable durante el periodo de encierro. Los aparatos no son limpiados con regularidad, tampoco existe basurero ni sistema de ventilación. Los baños presentan mal olor y marcas de humedad”, señala el INDH.

Añade que se han recibido denuncias de uso de gas pimienta contra internos/as, los cuales además han recibido “golpes de puño y/o pies por parte de gendarmes mientras permanecían castigados. Respecto a la posibilidad de contactarse con sus abogados/as, todos respondieron negativamente”.

Junto con solicitar una medida cautelar, el Movilh precisó que los hechos descritos vulneran el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“Por otra parte, en cuanto a los obstáculos para acceder a la terapia antirretroviral para internos con VIH se configura una vulneración del artículo 5, pero también del derecho a la vida (artículo 4) y del Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (articulo 10)”, finalizó la denuncia del Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Centro Penitenciario de La Serena, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Convención Americana de Derechos Humanos, Gendarmería, María del Pilar López Barrera

El Movilh recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó una apelación interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) para que se reconociera el hecho de que una niña de un año, Martina, es criada por dos madres, las convivientes civiles Mayra Opazo y Constanza Monsalves.

Sin permitir los alegatos solicitados por la abogada del Movilh, Carolina Etcheverry, los ministros Sergio Muñoz Gajardo, Juan Fuentes Belmar, Carlos Aránguiz Zúñiga y los abogados integrantes Ricardo Abuauad Dagah y Julio Pallavicini Magnere, confirmaron así la sentencia dictada el pasado 18 de junio de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En tal fallo, el tribunal había negado por 2 votos contra 1 que el Registro Civil hubiese incurrido en alguna ilegalidad al negarse a inscribir a Martina con dos madres. Aunque el fallo las reconoció como familia, sostuvo que la legislación actual impide ese reconocimiento. Por el contrario, el voto disidente enfatizó que negar la doble maternidad vulnera el Interés Superior del Niño.

“Lamentamos el fallo de la Corte Suprema, pues significa que una niña de un año seguirá viviendo sin que el Estado reconozca a su verdad, a su historia y a sus madres. Si bien a juicio de la sentencia esto es más bien responsabilidad del Poder Legislativo que del Judicial, la Suprema bien pudo dar un paso más allá, al igual como ha ocurrido en tribunales de Argentina, Uruguay o España, donde juezas y juezas han hecho valer los principios de igualdad, no discriminación y de interés superior del niño sobre cualquier otra consideración a la hora de fallar sobre estas temáticas”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.,

El activista anunció que “sin duda recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Mayra, Constanza y Martina alcancen la justicia negada en su propio país y para que el Estado de Chile sea sancionado por este evidente abuso solo explicado en razón de la orientación sexual de la pareja”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Carlos Aránguiz Zúñiga, Carolina Etcheverry, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Constanza Monsalves, Corte Suprema, Juan Fuentes Belmar, Julio Pallavicini Magnere, Martina, Mayra Opazo, MOVILH, Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, Ricardo Abuauad Dagah, Sergio Muñoz Gajardo, Valparaíso