El gobierno socialista de Portugal propone dar reconocimiento civil a las personas intersexuales
Ayer informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe su práctica. Hoy, publicaos esta nueva y buena noticia que ya adelantábamos en enero pasado…
Ya no sería necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil.
El Gobierno socialista de Portugal aprobó el pasado jueves en consejo de ministros una propuesta de ley que establece el régimen de identidad de género y otorga reconocimiento civil a las personas intersexuales (que tienen características físicas de ambos sexos).
El documento también establece el marco legislativo para los transgénero y los transexuales, “suprimiendo las discriminaciones subsistentes en la ley, como forma de protección y promoción de los derechos fundamentales de estas personas”, recoge el comunicado del consejo de ministros, que no avanza más detalles.
Con ello, el Gobierno que preside Antonio Costa pretende avanzar en el respeto de los derechos humanos de transexuales, transgénero e intersexuales, “con procedimientos que garanticen una mayor calidad de vida y una mayor inclusión de un grupo social que con frecuencia es objeto de discriminación, estigma y violencia”.
El mes pasado, la secretaria de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad, Catarina Marcelino, adelantó que la ley que estaba preparando el Ejecutivo establecería que ya no era necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil. Además, reduciría la edad mínima para poder realizar esta solicitud de los 18 a los 16 años y garantizaría que los menores transexuales serían tratados en la escuela con el nombre con el que ellos mismos se identificaban. También fue anunciado que la norma prohibiría realizar intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro a las personas intersexuales hasta que fueran lo suficientemente mayores como para elegirlo libremente.
La propuesta de ley aprobada el jueves por el Gobierno deberá ser sometida a tramitación en el Parlamento, donde los socialistas no tienen mayoría absoluta pero están apoyados por otras fuerzas de la izquierda.
¿Y en España, qué?
Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.
En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.
España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.
El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.
En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.
En este sentido, el pasado 20 de febrero, el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad. La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.
Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays
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