Una mujer trans que sufrió violencia, discriminación y se le negaron medicamentos mientras estaba bajo custodia ganó un gran acuerdo y desencadenó una reforma política para los reclusos trans.

Makyyla Holland, de 25 años, presentó una demanda en 2022 contra el condado de Broome, Nueva York, después de haber sido víctima de abuso físico, confusión de género y de que se le negaran sus antidepresivos y terapia hormonal durante una estancia de seis semanas en prisión en 2021.

Holland dijo que los agentes penitenciarios la discriminaron por el hecho de que es trans, la sometieron a registros ilegales al desnudo, la golpearon y la alojaron con hombres, mientras que también enfrentó abusos por parte de otros reclusos.

Como parte del acuerdo, Holland recibirá 160.000 dólares por el daño que sufrió en la cárcel del condado de Broome y el condado también adoptará nuevas políticas que afirmen los derechos de las personas trans que se encuentran bajo custodia.

“Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé en la cárcel del condado de Broome y estoy muy agradecido de que con esta nueva política, con suerte, nadie más lo hará”, dijo Holland en una declaración escrita en Transgender Legal Defense & Sitio web del Fondo de Educación (TLDEF).

“Esta política y políticas similares pueden afectar a gran parte de mi comunidad y seguiré luchando para garantizar que ninguna otra persona trans en Nueva York o en cualquier otro lugar tenga que soportar lo que yo sufrí”.

Los nuevos compromisos políticos harán que la cárcel del condado de Broome garantice que se respeten los nombres y pronombres de las personas y que los reclusos trans sean alojados en unidades acordes con su género. Además, las personas trans en la cárcel tendrán acceso a ropa y artículos de tocador acordes a su género y recibirán atención médica libre de discriminación.

El sheriff del condado de Broome, Fred Akshar, quien fue elegido después de la detención de Holland, dijo que está “contento” de que ambas partes hayan podido “llegar amistosamente a una resolución” que establezca pautas LGBTQ+ para el personal. “Es otro paso importante hacia la modernización pragmática y segura de las políticas para satisfacer las necesidades de aquellos a quienes servimos y protegemos mientras trabajamos para construir una comunidad mejor y más segura para todos en el condado de Broome”, dijo Akshar en una declaración a USA Today.

La cárcel del condado de Broome 

Al comentar sobre el caso, Shayna Medley, abogada principal de litigios del Fondo de Educación y Defensa Legal Transgénero, dijo: “Nadie debería ser sometido a violencia, cacheados ilegalmente al desnudo, negado la atención médica necesaria ni obligado a vivir en condiciones inseguras mientras está en la cárcel, y nos complace que el condado de Broome haya acordado implementar políticas que protegerán mejor la seguridad de las personas transgénero mientras están bajo custodia.

“En un momento en que las personas trans están siendo atacadas cada vez más en todo el país, es aún más importante que los estados y los gobiernos locales protejan afirmativamente a las personas trans bajo custodia.

“Desde esta política en el condado de Broome hasta políticas similares que hemos logrado en otros asentamientos en los últimos años, TLDEF sigue comprometida a luchar por los derechos de las personas transgénero que interactúan con el sistema carcelario”.

En una declaración escrita, Bobby Hodgson, director de Litigios sobre Derechos LGBTQ de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo que existe un “maltrato y abuso generalizado” de mujeres transgénero en las cárceles y prisiones” en todo el estado de Nueva York.

Hodgson continuó: “El acuerdo de hoy establece un nuevo estándar de política para prevenir futuros incidentes de abuso y discriminación en nuestro estado y en todo el país.

“Gracias al coraje y la perseverancia de la señora Holland, las cárceles y prisiones son conscientes de que tienen la obligación de tratar a las personas transgénero con dignidad.

“Ante los ataques a nivel nacional contra las comunidades transgénero, continuaremos luchando por la seguridad, la salud y el bienestar de las personas transgénero en todo el estado de Nueva York”.

Fuente DailyMail.comUK

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bobby Hodgson, Cárcel, Condado de Broome, EE.UU., Fred Akshar, Homofobia/Transfobia, Makyyla Holland, Nueva York, Unión de Libertades Civiles de Nueva York

De su blog Punto de Encuentro:

10.06.2023 | Gabriel Mª Otalora

No hago más que escuchar que la inmigración trae delincuencia incluso entre personas que son cristianas por tanto seguidoras del mensaje de amor inclusivo de Jesús de Nazaret. Casi nunca se añade que los inmigrantes vienen de países donde la guerra y el hambre es la principal realidad de quienes salen de un infierno para buscar un futuro mejor. Si nos quedamos con el miedo y desprecio al diferente (se llama racismo), la cárcel sería más o menos abominable en función de las características de sus presos. Pero lo cierto es que la población carcelaria está compuesta por gente muy joven, cuyo perfil real no es el que la sociedad se imagina, ni tampoco la justicia pretendida es la real.

Para empezar, solo un 14% de reclusos están condenados por delitos graves o violentos. Llama la atención que siendo uno de los Estados con menor número delitos graves sentenciados, sea unos de los que más presos estén recluidos en las cárceles, a lo que hay que hay que añadir el elevado número de preventivos a la espera de sentencia. E igualmente llama la atención la escasa presencia de condenados por delitos societarios, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública, el urbanismo, la malversación, el medio ambiente…

Quizá lo más grave de todo es la convicción social de que los inmigrantes son los delincuentes habituales de las prisiones; como si delincuencia e inmigración fueran de la mano. Es una especie de estigma xenófobo que pesa como una sentencia firme, una predisposición que no deja margen al beneficio de la duda. La búsqueda de un hábitat más humano hace que millones de personas huyan de la miseria en una carrera de obstáculos a veces superior a sus fuerzas. Los llamados “sin papeles” y no pocos de los recién regularizados afrontan toda clase de penalidades y trastornos psicosomáticos que los especialistas denominan el síndrome de Ulises o estrés crónico depresivo acumulado por múltiples factores como su situación irregular, la explotación laboral, la soledad y lejanía de los suyos, ser el punto de mira policial, etc. Muchos miles se han quedado en el camino ante el muro de exclusión agravado por las dificultades con el idioma, su precariedad emocional y el ambiente hostil que sufren.

El Papa Francisco es una de las contadas excepciones que ha condenado nuestro modelo económico excluyente. Él nos invita a cuestionarnos “el modelo de desarrollo”y de economía actual para evitar que “los hijos y nietos paguen una factura demasiado alta porque “la tierra arde” y el capitalismo “mata”. Así hablaba Francisco el año pasado ante cerca de mil jóvenes reunidos en Asís.

Frente al estigma de asociar al inmigrante con el delincuente, debemos mirarles con otros ojos, sobre todo porque la realidad no es la que pensamos. Volviendo al perfil real carcelario, ¿cuánta población reclusa es inmigrante? Según datos oficiales del Ministerio del Interior (2022), solo un tercio, el 31,1% de reclusos y reclusas, son población extranjera, y eso que las cifras han subido ligeramente desde 2021.

Lo que sí es cierto es que las cárceles están llenas de pobres y enfermos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los centros penitenciarios acaban albergando mayoritariamente a personas de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y junto a esta realidad, el aumento de penas no mejora la reinserción, objetivo central de toda la política penitenciaria cuando, además, el 70 % de la población recusa padece adicciones.

La gestión eficaz de las cárceles no depende únicamente de las autoridades penitenciarias, a pesar de la importancia del organismo que las gestiona. La eficacia está directamente relacionada con la legislación, la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto; el desempeño judicial, el nefasto corporativismo y las presiones que recibe dicho sistema desde fuera, sobre todo cuando la inmigración viene escapando de la miseria y se utiliza como arma arrojadiza. Vox, en plena resaca electoral, anuncia su intención de quitar la asistencia sanitaria a los “ilegales”…

Es preciso ampliar la justicia penal, a la que deben servir las leyes y la praxis jurídica, buscando la convivencia desde los derechos humanos, con acciones valientes en materia de inserción y de pedagogía social ante la realidad penitenciaria para desterrar que inmigración y delincuencia van de la mano ¡Al menos entre los cristianos!

Espiritualidad, General Cárcel, Desigualdad, Inmigración, Pobres

El hecho ocurrió en la comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad, durante un motín.. Imagen: Jorge Larrosa

El hecho ocurrió en 2022 en una comisaría de CABA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de un comisario de la Policía de la Ciudad acusado de haber puesto en “desamparo” y “peligro” a unamujer trans que en 2022 fue detenida e ingresada en la celda de una comisaría del barrio porteño de Balvanera en la que había hombres, donde sufrió abuso sexual.

El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2022, cuando la mujer trans fue detenida en la calle Moreno, entre Catamarca y Deán Funes, acusada de vender estupefacientes. Tras el arresto, fue alojada en una celda de la comisaría Vecinal 3A en la que había hombres, algo que está prohibido. Ese día, según denunció entonces la víctima, se produjo un motín y dos hombres abusaron sexualmente de ella, hecho que quedó acreditado mediante estudios de ADN en una causa paralela.

Por ese motivo, confirmaron la acusación por el delito de “puesta en peligro” por colocación en “situación de desamparo” en perjuicio de K.O.M. y dejaron al imputado al borde del juicio.

Según definieron los jueces, el argumento del comisario de que la mujer trans firmó su conformidad para ser alojada en esa celda en la que había hombres no justifica lo ocurrido.

“Quien tenía la posición de garante y debía velar por los derechos de K.O.M. y su integridad, como máxima autoridad del lugar de alojamiento, era el jefe de la comisaría; quien, tal como se resalta en la decisión cuestionada, tenía pleno conocimiento de la improcedencia de alojar mujeres con varones en la misma celda, con o sin candado, y en un sector compartido con sobrepoblación de hombres detenidos”, señalaron los camaristas.

En el fallo, también refutaron a la defensa del comisario que indicó que él no estaba presente en la comisaría al momento del hecho y recordaron que sí estaba su firma en el acta donde la mujer trans dio conformidad de ser ingresada allí.

Asimismo, respondieron el argumento de la “superpoblación” con el cual el comisario quiso justificar el alojamiento de la mujer trans en la celda con hombres y explicaron que “si bien no se desconoce la situación de colapso en los centros de detención no penitenciarios de esta ciudad a la que alude la defensa, aquella circunstancia no lo exime de responsabilidad; máxime cuando fue el propio imputado quien tomó la decisión de su alojamiento, conforme surge de las constancias de la causa“.

En su decisión, la Cámara consideró que se incumplió con la Ley de Identidad de Género (N°26.743) y normas internacionales “que otorgan una guía para evitar una mayor marginación de las personas en estado de detención, en base a su orientación sexual o expuestas a sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o sexuales”.

También valoró un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se detalló que esa dependencia policial ya no cumplía, con anterioridad al hecho, “con las condiciones de higiene, servicios e infraestructura que demandaba su adecuada custodia”.

Fuente Página12

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Buenos Aires, Cárcel, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Homofobia/Transfobia, J.L.B, K.O.M.

Leído en su blog Umbrales de Luz:

En octubre de 2022 entró en vigor en el Estado español la “Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual”, más conocida como “ley del solo sí es sí”. En ella, todo acto sexual sin consentimiento pasa a ser considerado delito de agresión sexual, eliminando la figura del mero “abuso”. La ley incluye todas las violencias ejercidas contra la mujer por el hecho de serlo. Refuerza las medidas de protección a las víctimas, en particular a la mujer, y se establecen medidas de protección especial para las niñas y niños. Adopta medidas de lucha contra el negocio de la prostitución. Pone el énfasis en la educación afectivo-sexual y en la efectiva igualdad de derechos, recursos y oportunidades de todas las personas independientemente de su identidad de género.

Una ley necesaria, y creo que muy acertada en su filosofía de fondo y en su articulado concreto. Una ley aprobada por una amplia mayoría del Congreso español. Una ley celebrada con práctica unanimidad por las víctimas de toda clase de violencia sexual, en particular por las mujeres, hasta que… Hasta que algunos condenados de acuerdo con la ley anterior empezaron a ver reducidas las penas o incluso a abandonar la cárcel, aprovechando un resquicio (¿inadvertido?, ¿inoportuno?) presente en la nueva ley. Y cundió la “alarma social”, torticeramente provocada o jaleada por la derecha política con todos los medios a su alcance. No le importa defender a las víctimas, sino desgastar al Gobierno de la izquierda social. La rebaja de las penas de cárcel no es más que un pretexto y una burda manipulación de las víctimas –y de los victimarios– en nombre de la justicia. Y van camino de lograr su bajo propósito.

Hay razones para estar preocupado. Como tantos ciudadanos de a pie, miro perplejo cómo unos jueces rebajan las penas y cómo otros, en casos idénticos o análogos, no lo hacen, y no puedo dejar de preguntarme: ¿será que la ley es tan torpe o será que los jueces no son tan imparciales? Tampoco acierto a ver cuál sería la mejor forma de retocar o de reformar la ley, ni siquiera estoy de la necesidad de ningún toque o reforma, salvo que sea para no proporcionar armas o argumentos a la oposición. Mientras tanto, saltan a la vista los conflictos de intereses partidistas – evidentes incluso en el seno del Gobierno de coalición, para desengaño de sus votantes, regocijo de la derecha y perjuicio del bien común de la mayoría de la gente– en esta múltiple precampaña electoral en marcha.

Sin embargo, dejo de lado todo ello, y propongo una reflexión de fondo sobre el sentido mismo de la cárcel en relación con la víctima y en relación con el victimario. Lo hago porque la alarma social y el debate político giran justamente en torno a la rebaja de las penas de cárcel. Y me pregunto: ¿quién gana qué con que un agresor sexual –así sea el violador más violento y reincidente– pase dos años o cinco o diez o veinte o los que fueren encerrado en una cárcel?

¿Gana algo la víctima? ¿Acaso se aliviarán o sanarán sus terribles heridas porque su agresor esté encarcelado? “Al menos estará segura de que no la volverá a agredir mientras se encuentre en la cárcel”, se dice, y es verdad, pero solo a medias. Sería verdad del todo si la cárcel fuera la única manera de garantizar razonablemente la seguridad de la víctima actual y de otras víctimas potenciales, y si el agresor pasara toda su vida en prisión. La persona agredida, actual o potencial, ha de ser sin duda la primera en ser cuidada y el primer criterio de todas las medidas a adoptar. Pero no puedo creer que una humanidad que invierte sumas tan colosales en inteligencia artificial y en armamentos tan sofisticados no pueda aplicar medidas para garantizar la seguridad de manera más eficiente y humana que una cárcel. Pensar lo contrario significaría renegar de la fe en la humanidad, en su inteligencia, en su sensibilidad, en el aliento vital que le habita y mueve.

¿Gana algo el agresor con pasar los días y los años en una cárcel inhalando sin cesar adrenalina, desesperación y desprecio? Pero ¿acaso ha de ganar algo? ¿No ha de perder más bien, y perderlo todo: su dignidad, sus derechos, su libertad, su vida presente y futura? ¿No es la cárcel el castigo merecido para expiar su culpa? No, no lo es. Castigo, expiación, culpa… son viejas categorías propias de hace muchos milenios, cuando se creía en el libre albedrío no condicionado y en la culpa y en la expiación religioso-metafísica del mal cometido por medio del castigo o del sufrimiento. Son categorías que ya no tienen sentido. Todas las ciencias y la filosofía y la espiritualidad nos descubren que no somos libres, sino que estamos llamados a serlo, que nadie hace el mal por ser libre de verdad, sino por no serlo. Así, en la filosofía del derecho de los últimos 200 años, la cárcel ha dejado de tener sentido punitivo, es decir, ya no vale ni se justifica como castigo por el crimen cometido, por el daño infligido. ¿Qué sentido tiene, pues, la cárcel? La Constitución Española lo dice claramente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” (Art. 25,2). No sirve para castigar al delincuente o criminal, sino para curarlo y humanizarlo.

¿Pero cree alguien que el modelo actual de cárcel sirve de verdad para reeducar, rehabilitar y reinsertar al agresor sexual o al delincuente en general? Todos los estudios del mundo dicen que no. Debieran considerarlo atentamente quienes tanto se alarman de que un preso salga de la cárcel o vea reducida su pena. Y debiéramos preguntarnos muy seriamente: ¿hay razón para alarmarse cuando una ley –como es el caso en la ley de la que hablo– dispone reducir (mínimamente, la verdad) las penas de cárcel para priorizar otras medidas más sanadoras y salvadoras, más humanas y humanizadoras? ¿A quién benefician el castigo y la alarma? ¿No debiéramos alarmarnos más bien por la funesta carencia de medidas personales y sociales que podrían contribuir a curar y reparar de verdad a las víctimas, a liberar y socializar al victimario, a humanizar a toda la sociedad?

No sé si es un sueño despierto, pero sueño que llegue el día en que ninguna persona agredida necesite que se encarcele al agresor para curar su herida, recuperar su autoestima, reparar su dignidad. Sueño el día en que nadie sea víctima de sus pulsiones físicas, sus heridas psicológicas y sus errores mentales hasta el punto de agredir a otra persona, usarla para su propio placer y dejarla tirada. Sueño el día en que nadie se alarme porque se rebajan o se eliminan las penas de cárcel, el día en que nadie, por ningún motivo, salga a la calle para gritar más castigo y venganza.

No sé si será una ensoñación, pero creo firmemente que esa posibilidad está inscrita en lo más profundo de nuestro ADN personal y colectivo, y que podemos hacerla realidad, que podemos hacer de nuestra especie una especie más humana y feliz, si de verdad lo queremos y si aplicamos, personal e institucionalmente, todas las medidas a nuestro alcance: la ciencia, la educación, la economía, la política.  Entonces habrá merecido la pena que hace 300.000 años hubiera surgido el Homo Sapiens. Entonces habremos llegado a ser humanos y sabios, humanos espirituales en la comunidad de los vivientes.

Aizarna, 11 de febrero de 2023

General Agresión sexual, Agresiones sexuales, Cárcel, Castigo, Culpa, España, Homo sapiens, Ley del Sí es Sí, Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual, Libertad, Reinserción

BUENOS AIRES, Argentina. Sasha Barrionuevo tenía 38 años, 13 hermanes y 35 sobrines. Como sucede con muchas mujeres trans, no encontró otra fuente de ingresos que la prostitución. Durante mucho tiempo tuvo que lidiar con el maltrato policial en las calles de Mar del Plata. Pasó su último año y medio de vida, presa. Sufrió y denunció golpizas. Su cuerpo dio múltiples señales de alarma, pero la acusaron de ser una simuladora. Murió en el hospital, casi en simultáneo con la firma de su liberación. La agonía fue la llave para salir del encierro. Para desentenderse de ella, cuando ya era tarde.

Sasha falleció el 20 de julio en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende. Allí la habían derivado mientras estaba detenida en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron en camilla a recibir atención extramuros. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía monitoreando su situación, reclama que se investiguen las causas de su muerte y la incidencia de la falta de acceso a la atención sanitaria.

“Ella me decía que se sentía muy enferma. Perdió 35 kilos abruptamente. Vomitaba, tenía pérdida de visión, estaba desorientada. Pero ella y las compañeras decían que los del Servicio Penitenciario no le creían. Por una enfermedad de base que tenía, estaba comprometido su sistema inmunológico. Le tendrían que haber hecho estudios para descartar meningitis, tuberculosis, todo. ¿Cómo no la llevaban al hospital? La dejaron estar. Su muerte se podría haber evitado”, se indigna Yésica Gómez, una de las muchas sobrinas de Sasha. Tenían casi la misma edad y un vínculo muy cercano: “Nos criamos juntas”.

El golpe y la caída

En diciembre del año pasado, Yésica vio los videos que mandó Sasha tras una represión en la Unidad 54, donde estaba alojada por entonces. “Ahí se ve que le están pegando. Las compañeras trans decían que no le peguen. Se escucha que alguien dice que le habían marcado la cara, que le habían doblado un dedo. Ahí todavía estaba más gordita”, cuenta Yésica sobre su tía. Después, comenzaron la pérdida de peso y el deterioro.

“A Sasha la conocemos el 22 de diciembre en la Unidad 54. Se comunica con nosotros porque había sido gravemente golpeada por el Servicio Penitenciario. Sufre un golpe en la cabeza y comienza con problemas en un ojo. Hicimos varias presentaciones por atención a la salud, pero nunca la vio un oftalmólogo, que era lo que a ella le preocupaba”, dice Antonella Mirenghi, directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Desde ese espacio volvieron a ver a Sasha en junio. “Estaba muy deteriorada, le costaba hablar. Estaba bajo efectos de medicamentos que no sabía cuáles eran. Ahí decidimos ir a la historia clínica y consultar por su situación de salud. Los médicos de Sanidad de la U44 nos dicen que a criterio de ellos era un simulacro. Que estaba simulando para conseguir algún beneficio procesal. Lo consultamos con el director y nos refiere lo mismo”, advierte Mirenghi.

Y remarca: “No consultaron un médico extramuros. No tuvo interconsultas. En 15 días la volvemos a ver en un estado más crítico. Las compañeras nos decían que muchas veces no se quería levantar. Había empeorado notablemente en menos de un mes”.

Ante ese panorama, la CPM presentó un hábeas corpus. “Ese mismo día la sacan al hospital. Empiezan a tratarla primero por tuberculosis. La aislaron por eso, pero luego los estudios dieron negativo. Estuvo internada diez días. Fue el deterioro total, hasta que fallece el 20 de julio”, relata Mirenghi. “Los familiares dicen que a horas de su muerte su hermana firma la libertad de Sasha que había otorgado el Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata. Y su familia cuenta que a raíz de aquella represión de diciembre su estado de salud había empeorado. No podemos afirmar que esa haya sido la causa, pero la familia pudo detectar que algo estaba pasando”, plantea.

A morir a casa

“Ya la enterramos. Pero queremos que le hagan una autopsia. Para que se pueda ver que dejaron avanzar todo. Había rumores en la cárcel de que la estaban dejando morir”, asegura Yésica, sobrina de Sasha. Cuenta, además, que “le iban a dar prisión domiciliaria, pero por condiciones ambientales le dio negativo. Porque no tenía medidor de luz y no podía ir con la pulsera electrónica a esa vivienda (en Barrio Centenario). Pero en el último tiempo se rumoreaba que la querían mandar a la casa, aunque le dio negativo el permiso. Para que no se muriera ahí dentro”.

La sobrina de Sasha sostiene que “cuando le ponen el respirador, el Servicio Penitenciario estaba apurado por irse y que le saquen las esposas. Le dieron la libertad y murió. Al darle la libertad, el SP ya no era responsable. Así se lavaron las manos”. Denuncia, además, que su tía “no estaba bien registrada en el hospital. Era un fantasma. Tuvo que ir alguien de dirección a corroborar que estaba ahí. Figuraba alguien con el mismo nombre, pero dada de alta”.

El caso es investigado por la fiscalía 10 de Mar del Plata, especializada en delitos contra la administración pública. “En teoría se iba a investigar la cuestión de los médicos, la desatención de la salud. Y vamos a insistir con esto, estamos pensando en presentarnos en la causa. Todos los días estamos en comunicación con la fiscalía y vamos a seguir presentando y solicitando prueba. Que se llame a declarar a familiares, a compañeras de pabellón, para que den cuenta de su estado de salud”, apunta la directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Lo que pasó con Sasha, remarca Mirenghi, “no es un caso aislado. Las cárceles de la Provincia de Buenos Aires están atravesando una crisis sanitaria que se profundizó en pandemia. Y en esta población que ya entra con una trayectoria de violencias y cuestiones deterioradas de su salud -por todo lo que conocemos sobre la población trans y travesti-, las que no ingresan con enfermedades de base se enferman dentro, y las que ingresan enfermas se agravan en el encierro”.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, decía tiempo atrás a esta agencia Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Y agregaba: “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones (…) La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

En línea con lo planteado también por otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la referenta de la CPM cuestiona que “no hay políticas pensadas para la población trans travesti, con toda la especificidad de acompañamiento que necesitan por las patologías que tienen y pensando en alojamientos acordes a su género. Dentro del encierro sus patologías se agravan, sus tratamientos hormonales se interrumpen, se dejan de controlar, algo que venimos denunciando. Hay una criminalización muy grande sobre esta población y un 70% en la PBA está por venta o tenencia de estupefacientes”. Como pasó con Sasha.

Maternar sobrines

Antes de ser detenida, Sasha pasaba todos los domingos en la casa de su hermana Romina. Con la que tenía más vínculo. La mamá de cinco de sus 35 sobrines. “Era una tía muy presente. A sus sobrinos les llevaba el mundo, les compraba todo. Eran como sus hijos. Ella siempre lo dijo. Que era su segunda mamá”, se emociona Romina Barrionuevo. Y aclara: “Ella no era solo mi hermana. Era mi mejor amiga, mi mamá. Era todo para mí. Dejaron morir a la persona equivocada”.

Romina cuenta que Sasha comenzó su transición alrededor de los 13. Al principio les ocultaba a su mamá y a su papá. Pero cuando se enteraron, la aceptaron. “En la familia no hubo discriminación”, dice. En otros ámbitos, sí.

“Antes que cayera presa estábamos haciendo los documentos, porque ella tramitaba pensiones por discapacidad por una leve discapacidad en su mano y su pie, y otra por tener VIH. No puedo creer tanta discriminación, por lo difícil que es hacer documentos para una chica trans. Tenía que hacer el cambio de género, me pedían partida de nacimiento, ponían muchas trabas y nunca lo logré”, lamenta Romina.

Sasha “quería dejar la prostitución y mantenerse con la pensión. No quería prostituirse más. Sufría la violencia sobre todo de la policía, como todas las chicas trans. La paraban y le decían que vendía droga. Cayó presa por eso. Pero ella consumía, no vendía. La vivían cagando a palos. Ella era grandota y a veces se movía y la agarraban entre diez policías. Por eso, iba desde su parada a su casa y desde su casa a su parada. Nada más”, relata su hermana. El cambio de vida que buscaba Sasha quedó trunco.

11 de agosto de 2022

Luciana Rosende

Flor Capella

Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Antonella Mirenghi, Argentina, Cárcel, Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Complejo Carcelario de Batán, Homofobia/Transfobia, Josefina Ignacio, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Romina Barrionuevo, Sasha Barrionuevo, Yésica Gómez

General, Homofobia/ Transfobia. Cárcel, Homofobia/Transfobia, Paraguay, Personas trans, Tacumbú

Una interna del módulo 94 señaló los atropellos provienen tanto de gendarmes como de otros reclusos que se organizan para hostigar a las personas LGBTIQ+

 Los/as internos/as gays, bisexuales y trans del módulo 94 del  Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena, denunciaron que las torturas en razón de su orientación sexual o identidad de género continúan, aún cuando el pasado 28 de mayo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reportó parte de los atropellos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y al Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería.

“Soy una chica transgénero, tengo miedo de mi integridad física y psicológica. Ya cuento con varias cirugía en mi cuerpo y no sé lo que me espera”, señaló A.D.T quien se suma a las denuncia efectuadas en mayo pasado por V.P.P y  S.V.G y J.M.M,  todos/as del módulo 94.

Al igual que su compañeros/as de celda, A.D.T denunció que el pasado 12 de mayo un funcionario, de apellido Manríquez, “nos agredió con gas pimienta, nos trató de maricones y lacra. Solo a mí a otra persona V.P.P no dejaron constatar lesiones en el Hospital Penal. En tanto a S.V.G y J.M.M. no  les permitieron eso”.

Explicó que a raíz de lo expuesto el 24 de mayo fueron visitados/as por funcionarios/as del INDH, sin embargo, solo a los minutos de que éstos abandonaron el lugar, los internos/as del Módulo 91, que siempre los hostigan por su orientación sexual o identidad de género,  “comenzaron a lanzarnos piedras”. Más aún, explicó A.D.T, “cuando intentamos defendernos lanzándoles orina, los funcionarios/as nos sancionan a nosotros/as. Pido que se revisen las cámaras del sector para que sepa la verdad”.

El Movilh, que ha intervenido en el 95% de las denuncias de internos/as LGBTIQ+ afectados por abusos homo/ransfóbicos a lo largo del todo el país, estimó que “lo ocurrido en La Serena amerita una intervención a fondo e inmediata de la autoridad. Aquí está en riesgo la vida de personas, cuya única sanción legal es la privación de la libertad. La homo/trasfobia no puede tener espacio”.

En tal sentido, el Movilh volvió a insistir ante el INDH y el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería para que intercedan directamente en el cárcel a favor de los afectados/as.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cárcel, Chile, Complejo Penitenciario Huachalalume, Corporación Féminas Diversas en Acción, Gendarmería, Homofobia/Transfobia, La Serena, MOVILH

La campaña #FreeSyiaah en las redes sociales ha ganado fuerza durante el año pasado, pero el gobernador Newsom aún no ha respondido. (Micah Bazant y Forward Together)

Syiaah Skylit, una mujer trans encarcelada en una prisión de hombres de California, solicita el indulto debido a los abusos y la violencia “graves y persistentes”.

Skylit está tras las rejas en la prisión estatal de Kern Valley (KSVP) en Delano, California, donde, según una petición en línea, ha sido “víctima de múltiples actos de violencia brutal e insensata” tanto “a manos del personal de la prisión como de otros en custodia”.

La petición tiene más de 5,000 firmas al momento de redactarse y fue lanzada por Transgender Advocacy Group, pidiendo al gobernador Gavin Newsom y al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) que liberen a Skylit. Según los informes, varias veces solicitó ser trasladada a un centro para mujeres, pero el CDCR la ha denegado. Ha sido trasladada a seis instituciones diferentes desde 2017, todas las cuales eran cárceles de hombres.

Describe numerosos ataques atroces que Syiaah ha sufrido desde 2018, incluida la “desnudez por parte del personal del CDCR y dejarla durante la noche en su celda sin ropa, mantas o colchón”, siendo “atacada por otras personas bajo custodia que admitieron que el personal del CDCR les indicó que hacerlo ”y ser“ colocada intencionalmente en el mismo patio que una persona contra la que testificó y que enfrenta cargos de intento de asesinato por su agresión a una mujer transgénero ”.

Syiaah dijo a los activistas detrás de la campaña: “Cuando alguien en mi caso no tiene una familia que lo apoye, que otros aparezcan significa mucho para mí. Me permite saber que no estoy solo como una vez pensé que estaba. Tienes tanto poder que puede hacer un cambio”, agregó. “Eso es por lo que estamos luchando: el cambio no solo para mí, sino para cada uno de nosotros. Importa que las cosas cambien para mejor. Tenemos que unirnos y trabajar juntos. Su apoyo es una hermosa bendición para mí y realmente les agradezco a todos “.

Ha estado encarcelada desde 2015 y su fecha de libertad condicional más temprana figura actualmente como abril de 2027.

En la misma prisión, otra mujer trans fue asesinada en 2013. Carmen Guerrero fue torturada y asesinada después de solo ocho horas compartiendo celda con Miguel Crespo, quien fue condenado a muerte por el asesinato en 2019. Según los informes, les dijo a los funcionarios de la prisión que no lo alojaran con Guerrero, llamándola con insultos gay, antes de la mudanza.

Ashley Diamond, otra mujer trans negra en una prisión para hombres en Georgia, presentó una demanda contra el Departamento Correccional de Georgia (GDC) el año pasado debido al abuso que ha enfrentado. Esto llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a hacer una declaración diciendo que poner a los reclusos trans en las cárceles equivocadas era un “castigo cruel e inusual”.

Tommy Dorfman, un actor no binario conocido por su papel en 13 Reasons Why de Netflix, apoyó la campaña. Escribieron en Instagram: “Syiaah, al igual que innumerables mujeres trans negras y mujeres negras que no se ajustan al género en las cárceles de California y los Estados Unidos, está tratando de sobrevivir mientras es objeto de violencia y discriminación constantemente. No se puede hacer de la prisión un lugar seguro para Syiaah; la única opción segura es que el gobernador Gavin Newsom utilice sus poderes ejecutivos y conceda el indulto a Syiaah ahora”.

Fuente Pink News

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Karla Bello

Una mujer trans está demandando a una cárcel en Florida donde fue retenida en un centro para hombres, sin nombre y se le negó su tratamiento hormonal durante 11 días por multas de tránsito impagas.

Según WUSF, Karla Bello, de 37 años, fue encarcelada en la cárcel del condado de Pinellas en noviembre del año pasado durante 11 días después de que faltó a una cita en la corte para abordar multas de tránsito impagadas. Karla Bello perdió más que su libertad cuando entró en la cárcel del condado de Pinellas. Cuando  fue registrada por un cargo derivado de multas de tráfico sin pagar, le dijo a un trabajador de la cárcel que era una mujer. Ella había comenzado la transición a los 30 años. Pero ella fue desnudada por agentes masculinos y colocada en un bloque celular masculino. Los oficiales la llamaron “señor”.

Bello, una trabajadora de salud en el hogar, estaba pasando apuros económicos en ese momento y no pudo pagar las multas ni la fianza de $ 513 establecida para su liberación.

Aunque le dijo al personal de la cárcel que era una mujer, la colocaron en una unidad para hombres y la nombraron como hombre en repetidas ocasiones y la desnaturalizaron. Ella dijo: “Me despojaron de mi identidad. Aunque todo el mundo me conoce como Karla, me llama ‘señorita’, querían etiquetarme como hombre, y me llamaban ‘señor’, y fue muy doloroso tener que soportar eso “.

La cárcel también despojó a la mujer trans de todo lo que afirmaba su género, incluido su sostén, extensiones de cabello y tratamiento hormonal vital. “Es tan estúpido llorar por el cabello y el maquillaje”, le dijo al Tampa Bay Times, con la voz quebrada. “Pero cuando te quita lo que tú dices que eres, Dios mío”.

El encarcelamiento ya es un proceso deshumanizante. Pero puede ser aún más implacable para quienes enfrentaron discriminación y marginación antes de ser encerrados.

Lo que Bello soportó es típico de la forma en que las personas transgénero son tratadas mientras están encarceladas, dicen los defensores de los derechos de las personas transgénero.

El personal de la prisión le dijo que no podía tomar su medicación porque, como persona trans con dificultades para acceder a la atención médica, no tenía receta médica. La interrupción repentina de su tratamiento hormonal hizo que Bello desarrollara dolores en el pecho, otros problemas físicos y angustia emocional extrema. Según los informes, los registros muestran que el personal de la prisión investigó sus síntomas físicos, pero no encontró problemas médicos. “Me llevó a la sala de psiquiatría“, dijo Bello. “Como si empezara a deprimirme, me estaba volviendo suicida. Había decidido, no puedo vivir con esto, voy a morir aquí”.

Para el séptimo dia, ella estaba bajo estrecha observación por parte del personal de la cárcel porque podría llegar a suicidarse. “Voy a morir aquí”, recuerda haber pensado. “Voy a terminar con mi vida”.

Karla Bello asiste a una audiencia en la corte del condado de Pinellas con su abogada, Rook Elizabeth Ringer. (Marta Asencio Rhine| Times)

Finalmente, un grupo de derechos trans se enteró de la situación de Bello, pagó su fianza y solicitó la ayuda de la abogada Rook Elizabeth Ringer de Lento Law Group, quien ahora representará a la mujer trans en su demanda contra el condado de Pinellas, el sheriff Bob Gualtieri y 15 oficiales y personal de la cárcel.

Los estudios muestran que están encerrados de manera desproporcionada y es más probable que sean abusados por el personal y los compañeros de prisión. Eso puede conducir a trauma y depresión y, en casos extremos, asesinato o suicidio. El alguacil de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo que su personal de la cárcel hace lo mejor que puede para satisfacer las necesidades de los reclusos, pero reconoció que a veces maltrataron a Bello durante sus 11 días en la cárcel, particularmente al desdibujar su identidad. La Oficina del Alguacil pide a los oficiales usar los nombres y pronombres fieles al individuo, dijo. Pero no es una política escrita. “No necesitamos traumatizar a estas personas”, dijo Gualitieri, “Así que lo Exploraré”.

Ringer dijo: “El trato del condado de Pinellas a la Sra. Bello no solo es impactante y, como creemos, ilegal, sino que muestra el continuo prejuicio que enfrentan las personas transgénero en Florida y en todo Estados Unidos. Ningún funcionario del condado se atrevería a colocar a una persona no transgénero en una unidad de vivienda de la cárcel que esté en conflicto con su identidad de género. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que los oficiales del alguacil del condado de Pinellas y los funcionarios de la prisión hicieron con la Sra. Bello aparentemente sin otra razón que ella es una persona transgénero”.

Además de buscar daños a través de la demanda federal, Bello también exige que el condado de Pinellas implemente nuevas políticas para proteger a los reclusos trans en el futuro. Ella dijo: “Quiero justicia, para mí, pero al mismo tiempo tiene que ser un gran problema, porque alguna otra mujer transgénero podría no tener tanta suerte cuando le pase a ella”.

***

(Douglas R.Clifford| Times )

Oriunda de México, Bello creció en Wimauma en una familia católica.

A los 7 u 8 años, dijo, comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por dentro no se alineaba con su aspecto. Poco después, vio una drag queen actuando en un programa de televisión. La revelación de que podía usar vestidos deslumbrantes y lápiz labial brillante la emocionó.

Entonces su madre le dijo: “Oh, esas personas son asquerosas”, recordó Bello que le dijo.La reacción detuvo su autoexploración durante años.

En 2000 se graduó de La Escuela Secundaria Wharton en New Tampa, luego se enlistó en el Ejército. Bello trató de enterrar la sensación de que era una mujer, esperando que disminuyera con el tiempo.

Karla trató de salir con hombres mientras estaba prestando el servicio en Alemania, pero la burla homofóbica de sus compañeros soldados era demasiado para manejar. Finalmente, fue dada de baja honorablemente, dijo, bajo la política militar “no preguntes, no digas”, que prohibió a los miembros del servicio gay y lésbico hasta que fue derogada en 2011.

De vuelta a casa, encontró una pasión trabajando como cuidadora de adultos con discapacidades. Ella entendió lo que era vivir con un cuerpo que no podía controlar.

Fuente Pink News/Tampabay

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Además viven  en condiciones insalubres. Enfermedades, plaga de ratones, falta de agua y de electricidad y violaciones son parte de la cruda realidad. El Movilh exigió a Gendarmería soluciones inmediatas.

Reos/as  LGBTI del módulo 89 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito de Puerto Montt, denunciaron golpizas y ofensas verbales en razón de su orientación sexual e identidad de género propinadas por gendarmes, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Los Lagos).

“A los  brutales hechos de homofobia y transfobia se suman condiciones insalubres para hacer frente el Covid-19 al interior del mencionado recinto, por lo que hoy hemos solicitado medidas inmediatas a Gendarmería para hacer frente a esta situación”, señaló el activista de Movilh-Los Lagos, José Arcos.

El dirigente añadió que “se trata de una situación inhumana, que se agudiza al estar cruzada por un desprecio irracional a las personas LGBTI. Gendarmería debe acoger las demanda de los internos y trasladarlos a otro penal donde se garantice la dignidad humana”.

En la denuncia, llegada al Movilh-LosLagos y al Colectivo de DDHH y Género de San Felipe, los/as internos/as dijeron que “estamos sufriendo discriminación por parte de gendarmes. Nos tratan de “caballos culiaos”, “maricones hijo de perra” y cuestionan a mujeres trans por su vestimenta. Nos están vulnerando”.

Explicaron que un mismo módulo se encuentran personas afectadas por «VIH, hepatitis, asma, epilepsia, hipertensión arterial, y depresión» a lo que se suma “ la carencia de agua caliente y de electricidad y una plaga de ratones que nos deja propensos adquirir otras enfermedades”,

“Incluso en las mesas del comedor hemos encontrado excremento de ratones”, señalaron, junto con reportar agresiones físicas en distintas parte de su cuerpo propinadas por gendarmes y  una violación sufrida por un interno LGBTI en manos de otro.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cárcel, Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito, Chile, Homofobia/Transfobia, José Arcos, Movilh- Los Lagos, Presos, Puerto Montt

Por Verónica Stewart

Katalina Martínez Yancha es una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principio de este año se encontraba en la Unidad penitenciaria N°32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito. A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis (TBC) -.enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses- los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos, y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Según el comunicado publicado por Aramis, abogadx y activista y Naomi Lozano, prima de Katalina, “al momento de atenderla no revisaron su capacidad respiratoria y quien la atendió le dijo que no podía recetarle ‘ni un ibuprofeno porque no era doctor’.”

“Un viernes vino un médico de otra unidad al área de sanidad”, contó a Presentes Marilyn, compañera de Katalina en el penal. “La llevé con mucha fiebre, el médico la revisó y automáticamente la derivó al hospital “Mi Pueblo” de Florencia Varela”. Cinco días después, los resultados de los estudios arrojaban TBC. Tras dos semanas de internación, Katalina iba a ser internada en la Unidad N°22, un penal hospital en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por falta de lugar, la volvieron a trasladar a la Unidad N°32, aislada para no contagiar a sus compañeras. Allí, su cuadro empeoró.

A raíz de esto, el Tribunal solicitó un informe que diera cuenta tanto de las condiciones de detención de Katalina como de su estado de salud. Sin embargo, el mismo desmereció la gravedad de su condición y cómo las condiciones de encierro había contribuido a su detrimento. Según el comunicado, “el 1° de abril la Defensoría volvió a presentar otro escrito exigiéndole al Tribunal que se expida sobre la situación de Katalina, lo que se conoce en los pasillos judiciales como un “pronto despacho”. Sin embargo, no fue hasta fines de abril que fue internada nuevamente en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela. A las dos semanas, fue nuevamente trasladada al penal, y luego de que su cuadro se agravara aún más, fue trasladada a la Unidad N°22.

“La comida es muy poca y pasa frío”

Katalina y Naomi viajaron durante dos años y medio antes de llegar a Buenos Aires. Desde su partida de Ecuador en 2010, pasaron por Piura, Máncora, Chiclayo y Lima en Perú, luego por Santiago de Chile y  Mendoza, hasta terminar instalándose en La Plata. “Salimos de Ecuador en busca de mejores vidas”, explicó Naomi a Presentes. “No teníamos dinero y éramos discriminadas por ser trans. Recibíamos burlas y risas, como si fuéramos payasos. Por eso decidimos emigrar a otro país. Acá fuimos aceptadas por la sociedad. Es un país diferente con una sociedad que nunca nos cerró las puertas y nunca se burló”. A pesar de no sentir esa discriminación, no tuvieron otra opción que ejercer la prostitución para sobrevivir.

Ambas salían a trabajar todas noches, pero hace tres años Katalina fue detenida: “Vinimos sin ayuda ni apoyo de nadie. En nuestra familia nos discriminaban”, cuenta Naomi. “Después de mucho tiempo, fuimos aceptadas. Ahora, mi tía me llama y no puedo hablar con ella porque no sé qué decirle sobre Katalina. Nadie me da información”.

La comunicación desde la Unidad N°22 es, efectivamente, muy escasa. “La última vez que me llamó fue el lunes de la semana pasada y no tenía ni luz en la celda”, contó Marilyn. “La comida es muy poca y pasa frío”.

Naomi, por su parte, ha intentado obtener novedades sobre el estado de salud de su prima por distintas vías. “Nunca me han dado nada porque es una persona que está detenida. No he sabido nada. Tengo tiempo yendo a la 22 y no me han dado información”, explicó a Presentes. “Fui muchas veces pero nunca me han dado un parte médico. Tantas veces fui al juzgado pero nunca escucharon”. Naomi cuenta que cuando Katalina estaba en la 32, previo a la pandemia, sí la visitaba frecuentemente. Las últimas veces había adelgazado tanto que, según Naomi, “no parecía la misma persona que antes.”

“Exigimos a la Sala 3° de la Cámara de La Plata la libertad de Katalina Martínez Yancha y responsabilizamos a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y los funcionarios judiciales del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata por la situación que está atravesando y las consecuencias posteriores que sufra en su calidad de vida”, reclama el comunicado.

La población trans en los penales bonaerenses

Según un informe realizado por la organización OTRANS Argentina en 2019, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. El informe se inició a partir de las muertes de cuatro mujeres trans mientras estaban detenidas en La Plata en 2017. Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado, fallecieron privadas de su libertad en la Unidad N°32 de Florencio Varela. Brandi Bardales Sangama murió en el hospital platense San Martín tras un allanamiento policial en su vivienda.

Esto es resultado de una atención sanitaria deficiente. En el ámbito federal, el 25% de las mujeres trans afirma no haber recibido atención a pesar de haberla necesitado. A esto se suma una situación habitacional crítica, ya que en la Provincia de Buenos Aires los penales están sobrepoblados y el hacinamiento es un problema que lleva años. Además, el informe resalta “las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”.

“El caso de Katalina se inscribe en una trama colectiva”, explicó Aramis a Presentes. Aramis destacó que, en muchas ocasiones, la falta de acceso a la salud en los penales probó ser letal. Además de las muertes mencionadas, trascendió el caso de Mónica Mego (36), una mujer trans peruana que quedó parapléjica tras pasar un año detenida en un penal sin condena. El comunicado resalta cómo estas prácticas institucionales “sistemáticamente ejercen violencias contra las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires.” “Es posible reducir estos daños”, aseguró Aramis.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Abandono, Argentina, Cárcel, Katalina Martínez Yancha, Personas trans

Francisco Javier Nguyên Van Thuân, un buen pastor… un hombre de Dios uno de cuyos libros, Cinco panes y dos peces, os recomendamos vivamente leer…

Cuando en 1975 me metieron en la cárcel, se abrió camino dentro de mi una pregunta angustiosa: “¿Podré seguir celebrando la eucaristía?”. Fue la misma pregunta que más tarde me hicieron los fieles. En cuanto me vieron, me preguntaron: “Ha podido celebrar la santa misa?”.

En el momento en que vino a faltar todo, la eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros pensamientos: el pan de vida. “El que come de este pan viviré siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo” (Jn 6,51).

¡Cuántas veces me acordé de la frase de los mártires de Abitene (siglo IV), que decían: “¡Sine Dominica non possumus” (“No podemos vivir sin la celebración de la eucaristía”).

En todo tiempo, y especialmente en época de persecución, la eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos: la comida de los testigos, el pan de la esperanza.

Eusebio de Cesarea recuerda que los cristianos no dejaban de celebrar la eucaristía ni siquiera en medio de las persecuciones: “Cada lugar donde se sufría era para nosotros un sitio para celebrar…., ya fuese un campo, un desierto, un barco, una posada, una prisi6n…”. El martiriológico del siglo XX está lleno de narraciones conmovedoras de celebraciones clandestinas de la eucaristía en campos de concentración. ¡Porque sin la eucaristía no podemos vivir la vida de Dios! […].

Cuando me arrestaron, tuve que marcharme en seguida, con las manas vacías. Al día siguiente me permitieran escribir a los míos para pedir lo más necesaria: ropa, pasta de dientes… Les puse: “Por Favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago”. Los fieles comprendieron en seguida. Me enviaron una botellita de vino de misa, con esta etiqueta: “Medicina contra el dolor de estómago”, y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad.

La policía me preguntó:

– ¿Le duele el estómago?

– Si.

– Aquí tiene una medicina para usted.

Nunca podré expresar mi gran alegría: diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. ¡Este era mi altar y ésta era mi catedral! Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo: “Medicina de inmortalidad, remedio para no morir; sino para vivir siempre en Jesucristo”, como dice Ignacio de Antioquia.

A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con él el cáliz más amago. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. ¡Han sido las misas más hermosas de mi vida!

*

F. X. Nguyen Van Thuan,

Testigos de esperanza.
Ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia de Juan Pablo II,
Ciudad Nueva, Roma 72000, 143-146; traducción, Juan Gil Aguilar.

***

"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad Cárcel, Eucaristía, F. X. Nguyen Van Thuan, Vietnam

Por Alejandra Zani y Verónica Stewart

Foto: Cárcel de Ezeiza/Centro de Información Judicial

Pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios denuncian la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET da cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

El 24 de abril, un guardia de seguridad del Complejo Penitenciario de Villa Devoto dio positivo en las pruebas de Covid-19. La noticia generó una enorme preocupación entre los presos que venían exigiendo la falta de insumos para higiene personal y limpieza. A partir de esto, comenzó un motín que terminó con varios heridos y la conformación de una mesa de diálogo entre distintas autoridades, representantes de Derechos Humanos y delegados de los distintos pabellones. Finalmente, esta semana comenzaron a realizar tests de coronavirus en los reclusos.

“Yo llamé al pabellón de Devoto porque estaba preocupado por unos amigos y me comentaron que ya hay chicos infectados por el virus. Pusieron a todo el pabellón en cuarentena, porque allá no hay celda individual, les dieron guantes y barbijos y se hizo el hisopado a todos. Pero entre los tests de la ciudad más los de la cárcel, cuando los resultados estén va a ser un poco tarde. Lo que sucede con el coronavirus en las cárceles es una bomba de tiempo”, cuenta Emiliano. Tal es así que los chicos del Pabellón A debieron organizarse para juntar sus preculios, el salario que perciben por sus tareas diarias, e invertirlo en lavandina y otros insumos de higiene.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, Josefina Alfonsín, quien también integra la Comisión por la Absolución para Luz, asegura que desde los pabellones decidieron denunciar las irregularidades y la situación que están viviendo. “Están con ganas de contar la situación en la cárcel, que actualmente es sumamente delicada desde que arrancaron los motines en Devoto, y que se replicaron a modo de distintas protestas en otras cárceles. Sabemos que esta situación trae más violencia y represión”, explica Alfonsín a Presentes.

Hace poco, en Facebook se dio a conocer una fanpage con el nombre Gays privados de su libertad en donde los chicos del Pabellón A de Ezeiza realizaron una denuncia por falta de insumos para higiene personal: lavandina, detergente, jabón blanco. A esto, sumaron la denuncia por la mala calidad de la comida y por la constante discriminación que reciben por parte de los guardias. “La situación es preocupante y estresante. Cuando se enteraron de la página conseguimos mágicamente que nos dieran yerba, azúcar y hasta galletitas. Me sorprendió. La calefacción, igual, no anda desde el año pasado”.

El objetivo de la fanpage es que la gente conozca que existe un pabellón LGBTI+ en el penal de Ezeiza y que conozcan lo que sucede adentro. “Ningún organismo de Derechos Humanos, ninguna organización LGBTI+ vino nunca a darnos ninguna ayuda, a conocer a los gays privados de su libertad, porque no todos los que estamos acá somos iguales. Hay diferentes historias y no tienen que meter a todos en la misma bolsa porque esto no es la televisión, somos personas y tenemos derechos”.

Mujeres trans en el penal de Ezeiza

“Desde que comenzaron los motines en Devoto, estamos a la espera de una fuerte represión del sistema penitenciario”, cuenta Dalma Emilce Lobo (40 años), activista travesti que se encuentra privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. “Acá, siempre voy a estar del lado de mis compañeras, nunca de la policía. Yo estoy presa por ser trans y por ejercer la prostitución. Casi todas mis compañeras están acá por causas armadas o por cuestiones de narcomenudeo. Estamos exigiendo que garanticen nuestra salud, no queremos morir en la cárcel”.

En el año 2000, Emilce fue acusada por tentativa robo y estuvo ocho meses presa hasta que le dictaron falta de mérito. En el año 2007, estuvo detenida en Marcos Paz, donde vivió en un pabellón con personas acusadas por violaciones y abusos deshonestos. Allí se organizó junto a otras nueve compañeras trans para denunciar las diversas violaciones y extorsiones sexuales que los agentes penitenciarios le pedían a cambio de comida, y lograron que las trasladaran a los pabellones divididos por género en Ezeiza.

“Yo soy sobreviviente del sistema penitenciario argentino. Vivo con VIH, un nódulo pulmonar y estoy a la espera de un arresto domiciliario”. De acuerdo a Emilce, actualmente en Ezeiza no se están haciendo los testeos necesarios. “El aislamiento en este lugar es imposible. El comedor es un pasillo de dos metros, la cocina y el baño son focos infecciosos, somos 9 chicas trans en un cuarto y nos dan medio litro de lavandina para todas. Las ventanas están rotas, no vienen a arreglarlas, y no dejan entrar a nuestros familiares para que nos depositen nuestra comida. Ya hace unos años hubo personas con tuberculosis asintomáticas y recién se dieron cuenta cuando empezaron a escupir sangre y se las tuvo que trasladar. Acá el virus no va a entrar por la ventana, mi reina”.

Población de riesgo

Emilce no es la única a la espera de prisión domiciliaria. En el contexto de crisis sanitaria actual, son muchas las compañeras privadas de su libertad con problemas de salud preexistentes que la necesitan. En un nuevo informe presentado por el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto otras organizaciones regionales se estimó que  en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. “Los últimos datos presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, exponiendo que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad en el SPF por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta sumamente preocupante”, explica el informe.

Por otra parte, el pasado 27 de abril, la organización activista RESET – Política de drogas y derechos humanos presentó un amicus curiae, el cual constituye una herramienta judicial que permite a quienes no son parte de una contienda, pero cuya intervención en el debate es valiosa (como es el caso de varias organizaciones de derechos humanos), participar de la misma. En este caso, el documento busca, entre otras cosas, “considerar al colectivo de mujeres trans y travestis como población especialmente vulnerable frente al COVID-19, en un contexto generalizado de hacinamiento, sobrepoblación y crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses.”

Según este pedido, los problemas de salud más frecuentes que padece la población travesti trans son “antecedentes de tuberculosis, complicaciones derivadas del uso de silicona industrial o alguna enfermedad crónica”. El informe de diagnóstico de situación durante el periodo 2018-2019 “Personas travestis y trans en situación de encierro” realizado por la organización Otrans registra que el 73.3% de la población travesti trans en penales en la Provincia de Buenos Aires padece algún tipo de enfermedad. La más frecuente, representada por el 59%, es el VIH.

En lo que respecta a la atención médica intramuros, el informe denuncia una falta de insumos y de personal médico, por lo que gran parte de las reclusas se ve obligada a recurrir a hospital extramuros. “Lo que sucede en el penal es que cualquier medicamento de venta libre, como ser Ibuprofeno o Tafirol, se termina utilizando para tratar padecimientos complejos como la tuberculosis”, explica Aramis, abogadx y activista de RESET, a Presentes

Arresto domiciliario

Conseguir el arresto domiciliario no es tan sencillo. Por un lado, como explica Aramis, muchos jueces y juezas no van a trabajar con regularidad debido a la pandemia. Por el otro, “el tema de la domiciliaria está atada al acceso a la vivienda, a las mismas dificultades para obtenerla”, agrega Aramis. “Generalmente los domicilios donde se producen los allanamientos son donde vivían”. Por lo tanto, suelen ser las amigas quienes ofrecen sus casas para que las privadas de su libertad que así lo necesiten puedan obtener este beneficio. Como detalla el informe de RESET, “la inmensa mayoría de las mujeres trans y travestis tiene que atravesar enormes escollos para acceder a una vivienda.”

Otro gran problema al que se enfrenta la población carcelaria en este contexto es la prohibición de las visitas. Ante la falta de insumos de parte de los penales, son los vínculos cercanos de los privados de libertad quienes la suplen. Así, son las referentes de los pabellones LGBTI+ y las organizaciones de derechos humanos los que acercan los insumos necesarios. “No son cosas que nos provean dentro del penal”, explica Crystal (36), a Presentes. Crystal obtuvo el 20 de abril, tras complicaciones derivadas de la inyección de silicona, el arresto domiciliario, el cual está cumpliendo en el hogar de una compañera. “En el pabellón en el que yo estaba éramos 64, pero con todo esto que pasó muchas chicas se fueron en libertad. Había 23 infectadas de VIH”, agrega.

Las demoras habituales en el procesamiento de las causas también impiden que quienes lo necesiten reciban el tratamiento médico adecuado. Cuando no hay nadie exigiendo que se aceleren estos procesos desde afuera, los casos avanzan aún más lentamente. Tal como detalla RESET en su pedido de amicus, “la gran mayoría de las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires son migrantes sudamericanas, no suelen recibir visitas y su comunicación y redes interpersonales extramuros son sumamente reducidas lo que acentúa la demora en el acceso a derechos como la libertad condicional, las salidas transitorias o la prisión domiciliaria”. En relación a esto, Aramis cuenta a Presentes que “junto con otrxs amigxs y activistas pasamos el caso de diez chicas para darles domiciliaria que todavía no lo habían pedido. Si no hay nadie atrás monitoreando y demostrando que importa lo que sucede, pasa esto.”

La discriminación, un problema recurrente

A pesar de encontrarse en un pabellón dividido por género, Emilce explica la discriminación está lejos de ser resuelta. “Acá somos discriminadas por las agentes que nos dicen “dónde están los pibes, qué olor a huevos” cada vez que pasan, mientras que los grandes mandatarios afuera se regodean por decir que nos traen a un penal divino. “Después los periodistas se sorprenden cuando ven un facón escondido. ¿Qué pretenden? ¿Qué nos dejemos matar en un motín? Acá tenemos que defendernos de la violencia de un sistema que nos maltrata constantemente”.

Según detalla el pedido de amicus de RESET, “la violación del derecho a la identidad de género, la disposición de prohibiciones reglamentarias cisexistas en el régimen de visitas (que solo tienen en cuenta la familia tradicional y biológicamente constituida), en el uso de indumentaria o cosmética, en el esparcimiento o en el acceso a la trabajo, educación y salud y el ejercicio de la violencia por parte del personal penitenciario en los traslados, en las requisas y durante la estadía en el encierro son algunas de las problemáticas denunciadas en el ámbito judicial provincial, nacional e internacional.”

En Ezeiza, cuenta Emiliano, los pabellones A y B son “los de los homosexuales”. “El B está destinado a extranjeros y mayores de 50. Ellos iniciaron una huelga porque estuvimos sin agua durante varios días. Imaginate lo que es no poder tirar el inodoro por tres días, no poder baldear… En fin, tuvimos que hablar con el director que por suerte es flexible. Acá vinieron a dar un curso de cómo tratarnos, pero ya el curso fue discriminatorio. Nos reíamos, “los putos respiran, toman leche, toman café”, ¿qué enseñaron en ese curso? De nada sirvió, siguen insultándonos por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género”.

En cuanto al pabellón A, explica Emiliano, el servicio penitenciario no los trata adecuadamente. “Nos dicen que somos putos quilomberos, que por ser putos cometemos tales o cuales delitos, y que venimos a hacer lío. Yo estoy a punto de cumplir mi condena y los funcionarios penitenciarios no conocen la historia de cada uno, no están para juzgarnos, para eso está la justicia”.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Cárcel, Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, COVID-19, Desprotección, Discriminación, Emiliano Santa Cruz, Josefina Alfonsín

Por Rosario Marina

Fotos: gentileza Otrans Argentina

¿Cuál es la situación de las personas travestis y trans en las cárceles argentinas? ¿Cuántxs son, quiénes son y cómo viven? Un estudio exhaustivo de la organización OTRANS Argentina se adentró en los penales federales y bonaerenses para generar datos reales y construir un documento que pruebe “la violencia sistémica a la que son sometidos los cuerpos travestis y trans” en situación de encierro.

Pamela Macedo Panduro.

Pamela Macedo Panduro, militante de Otrans y migrante, falleció el 1 de enero de 2017 mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.

Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado también murieron en cárceles bonaerenses. Brandi Bardales Sangama en el hospital platense San Martín, después de que la policía bonaerense allanara su casa. Este informe se inició a partir de sus muertes.

Damaris Becerra Jurado

Un informe pionero

“Nuestra investigación surge de hechos puntuales, relacionados con el aumento de las detenciones arbitrarias y armados de causas y, el desencadenante que produjo las muertes de cuatro compañeras en el 2017, detenidas en la ciudad de La Plata”, explica en el informe Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS y directora del proyecto.

El informe es el primero y único en su tipo. No existe ninguna organización trans que haya relevado antes las condiciones de detención del colectivo travesti-trans en el país.

En total, se hicieron 87 visitas a cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, entre enero y julio de 2019. La investigación fue financiada por el Fondo Internacional Trans.

Cuántas son y dónde están

El informe contabilizó la situación de encierro de 94 mujeres trans en las unidades N° 44 de Batán, N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela (todas ellas en provincia de Buenos Aires). En estas últimas, dos se encuentran alojadas personas trans con varones cis. En el Servicio Penitenciario Federal, la investigación regisró a 44 mujeres travestis y trans en la Unidad Carcelaria de Ezeiza. Dos tercios de las trans en situación de encierro tienen entre 25 y 40 años.

Hasta el 2015, el Ministerio de Justicia de la Nación no contabilizó a las personas trans travestis en sus estadísticas. Recién a partir de ese año, tres después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Estado empieza a saber cuántas son las trans encarceladas.

Según el informe, aunque en Argentina han habido avances, “el sistema penitenciario ha quedado en un desfase teórico que se traduce en el ejercicio de prácticas institucionales que no logran dar una respuesta adecuada”.

Sin antecedentes y sin condena

En 2019, en las cárceles bonaerenses el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas en el marco de este informe no tenía antecedentes: ésta es la primera vez que pisaron una unidad de detención penal. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena.

En el ámbito federal la situación se parece: más del 50% de las entrevistadas nunca antes habían sido encarceladas ni habían cometido ningún delito.

El informe identificó el aumento en la cantidad de migrantes privadas encarceladas. “La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de la libertad son migrantes. Un gran porcentaje de ellas se encuentra procesada, esperando una condena firme o la libertad”, explica el informe.

Migrantes: cada vez más

Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2015 el 52% de las travestis y trans encarceladas en unidades penales del país eran argentinas. Al año siguiente representaban el 59%. El segundo grupo más importante era el de las peruanas, representando el 39% de las presas trans y travestis.

Sin embargo, según los datos relevados por la investigación, tres años después la proporción no se ha sostenido: en provincia, el grupo de nacionalidad argentina es de un porcentaje menor al migrante, en una proporción de 30% y 70% respectivamente.

Hoy, en la provincia de Buenos Aires, el 70% de la entrevistadas privadas de su libertad son extranjeras: la mayoría de Perú, otras de Ecuador. En el ámbito federal, el 55% son extranjeras. Las nacionalidades coinciden y se suma República Dominicana.

Las detenciones arbitrarias a trans y travestis migrantes, que llegan a la Argentina huyendo de las violencias y el transodio en sus países de origen, son solamente una cara de la discriminación que sufren por parte de la Justicia. Este año, un juez de La Plata, Juan José Ruiz, fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia.

Argentinas o migrantes, las impulsoras de este informe pusieron el foco en las pocas visitas que reciben casi todas ellas de sus familiares. En Sierra Chica hay una chica trans que no recibe visitas hace tres años.

“De las migrantes, ni sus consulados se ocupan de ellas. La cantidad de migrantes detenidas me generó muchas interrogantes al igual que la edad de las compañeras”, explicó Claudia Vázquez Haro a Presentes. “Se observa unas condiciones que contribuyen al deterioro de la salud: la situación habitacional agrava los problemas y los paliativos a las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”, explica el informe.

«Las cárceles son depósitos humanos»

A Claudia, directora del proyecto, le llamó la atención las condiciones inhumanas de detención. ¿Cómo eso agrava la salud de las que viven con enfermedades crónicas?

Los datos indican que el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. Una de las infecciones más comunes es el VIH-sida. En el ámbito federal, el 55% tiene alguna enfermedad, siendo el VIH-sida la más común.

“El informe es un importante capital simbólico y político en términos de poder sistematizar la situación en que se encuentran travestis y trans”, dijo Vázquez Haro a Presentes. El objetivo final, explicó, es que los datos sirvan no sólo exigirle al Estado el cumplimiento de políticas públicas para el colectivo trans y travesti, sino también para poder denunciar ante organismos internacionales cómo se violan los derechos humanos del colectivo trans y travesti en el encierro en Argentina. “Las cárceles son depósitos humanos donde se termina desechando la vida de las compañeras trans y travestis”, concluyó.

Los ejemplos abundan. Uno de ellos: Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y quedó postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Había estado casi un año detenida sin condena, acusada de narcomenudeo.

Ordenan pabellones travestis y trans en unidad penal Florencio Varela

A contramano de lo que suele ocurrir la mayoría de las veces en la Justicia, este año el fiscal Franco Picardi -titular de la Fiscalía Federal N° 5- emitió dictámenes para pedir que trans acusadas (en dos causas distintas) del delito de venta de drogas a baja escala fueran sobrevenidas y evitaran ir a la cárcel . En ambos escritos, el fiscal consideró que se trataba de sobrevivientes «en estado de necesidad disculpante y falta de acceso a derechos básicos».

En consonancia, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, a cargo de  Sebastián Casanello, decidió sobreseer a cinco de ellas. Se trató de una decisión histórica de la Justicia argentina, que admitió el estado de «necesidad disculpante» en que actuaron las acusadas y reconoció la falta de derechos que afronta el colectivo travesti-trans, fuera y dentro de las cárceles argentinas.

Fuente Agencia Presentes

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Una mujer transgénero en Canadá fue presuntamente agredida sexualmente por otros reclusos y fue intimidada por el personal por su identidad de género en una prisión de hombres.

Hayden Patterson ha presentado quejas de derechos humanos contra dos instituciones distintas. Afirma que, en la primera institución, el Centro de Servicios Previos al Juicio de Surrey, fue agredida sexualmente y su identidad de género fue ignorada por el personal.

En la segunda institución -Centro Correccional de Mujeres de Alouette, donde reside actualmente- vive supuestamente con una serie de “restricciones sobre cómo puede expresar su género”.

Los detalles del supuesto maltrato de Patterson fueron revelados cuando ella solicitó que ambas quejas fueran escuchadas al mismo tiempo. La solicitud fue rechazada, según informó CBC News.

En los documentos publicados, se alega que mientras estaba en Surrey Pretrial-Patterson le dijo a la Subdirectora que ella era transgénero, pero él le dijo que era “mentira” y que ella estaba “mintiendo”. El subdirector también habría dicho que ella “no era una candidata adecuada” para un traslado a una prisión de mujeres.

Después de revelar su identidad de género, afirma que fue colocada en una unidad donde fue intimidada y agredida sexualmente por otros reclusos.

Al parecer, el personal también se negó a llamarla por sus pronombres preferidos y denegó su solicitud de que la cacheara una agente de policía.

Además, la queja alega que se le negó el traslado a una prisión de mujeres durante casi seis meses, a pesar de que un médico ya la había recomendado para el traslado.

Patterson también afirma que el personal de la institución le hizo “comentarios acosadores” sobre su identidad de género.

Mientras tanto, en el Centro Correccional de Alouette, Patterson afirma que tiene un “contrato de conducta” con la institución que establece restricciones sobre cómo puede expresar su identidad de género.

Los documentos publicados afirman que si Patterson incumple los términos de su contrato de conducta, su libertad podría verse aún más restringida, e incluso podría ser transferida a una prisión de hombres.

En una tercera queja más, que es también contra Surrey Pretrial-Patterson, ella también fue discriminada por su identidad judía, ya que la prisión se negó a proporcionar comidas kosher.

En esa demanda, Patterson afirma que se ha identificado como judía desde que tenía 15 años.

También tenía 15 años cuando sus padres adoptivos la echaron de su casa y estuvo sin hogar durante los siguientes cinco años. Patterson creía que su madre biológica podía ser judía.

Los documentos que han sido liberados no dejan claro por qué Patterson fue encarcelada.

Está previsto que su denuncia contra Alouette sea vista el 24 de junio de 2019, sin que se haya fijado aún una fecha para su causa contra el Centro de Servicios Previos al Juicio.

El Ministerio de Seguridad Pública y Procurador General de Colombia Británica se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por PinkNews.

Un caso similar llamó la atención en los Estados Unidos el año pasado cuando la mujer transgénero Strawberry Hampton alegó que había sido agredida sexualmente en una prisión de hombres. A principios de este año, finalmente fue trasladada a una prisión de mujeres, donde dijo que finalmente se siente”segura”.

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Fuente Fe Adulta

Espiritualidad Cárcel, Jesús de Nazaret

Del twitter de J.M. Olaizola:

Estás prisionero.

Hay una reja

que no te deja

entrar en ti.

La cárcel eres tú.

*

Gloria Fuertes

*

Abre la puerta (yo)

***

"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad Cárcel, Interior, Reja

La indignación y protesta popular tuvo éxito con Tara Hudson, una joven transexual de 26 años, que cumplía una condena de 12 semanas por delitos menores en la cárcel Horfield, recurrió pidiendo su traslado a una cárcel de mujeres tras sufrir continuos abusos sexuales de sus compañeros de prisión. Costó pero lo logró. Pero no ha podido ser con Vicky Thompson, de 21 años de edad, se la han encontrado muerta después de que la petición para que fuera trasladada a una prisión femenina cayeran en saco roto. ¿Quién se hace responsable de la muerte de esta joven?.

Vicky Thompson cumplía condena en la cárcel de Leeds, en la que hay una población reclusa de unos 1200 varones muy peligrosos, y le había dicho a amigos y familiares que se mataría si la enviaban a una cárcel para hombres.

Su novio, Robert Steele, explicó que había pedido ser enviada a una cárcel de mujeres porque tenía miedo de los comentarios que oía sobre abusos sexuales a transexuales en prisión, según ha informado la BBC.

Thompson fue condenada a 12 meses de prisión el pasado mes de agosto y estaba su sentencia suspendida durante 24 meses. Sin embargo, presuntamente violó los términos de la sentencia y tuvo que enfrentarse a otro juicio en la Corte de Bradford Crown.

Su procurador, Mohammed Hussain, instó al juez para que le enviaran a una cárcel de mujeres ya que la describió como “vulnerable“ pero no hicieron caso a la petición.

Un portavoz del Servicio de Prisiones comunicó el fatal desenlace: “La prisionera Vicky Thompson no respondía en la tarde del viernes 13 de noviembre. El personal y los paramédicos intentaron la reanimación pero fue declarada muerta a las 21:10 horas”.

La policía de West Yorkshire descarta que la muerte de Thompson haya sido provocada y no tienen a ningún sospechoso. Todo quedará en una investigación de prisiones y del Defensor del Pueblo de Libertad Condicional.

El caso de Vicky no es único pero responde a la escasa preparación de la justicia inglesa en materia de transexualidad. Está claro que muertes como la de Vicky y de muchas otras se podría evitar si se siguiera un protocolo adecuado ante estos casos.

Foto principal: redes sociales de Robert Steel

Fuente Ragap

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El caso de Verônica Bolina ha despertado la conmoción en Brasil después de que se filtrara en Internet su rostro después de una supuesta paliza que le habría propinado la Policía, en represalia por su actitud dentro de la cárcel, donde presuntamente habría intentado arrancar la oreja a uno de los agentes.

Verônica tiene 25 años y fue detenida el pasado viernes por tentativa de asesinato a una vecina anciana y posteriormente trasladada a la cárcel de Bom Retiro, en São Paulo.

Según la versión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una vez en la celda, expuso sus genitales y se masturbó ante el resto de presas. Para contener el revuelo uno de los policías entró en la celda, y hubo un forcejeo en el que Bolina le atacó dándole un mordisco en la oreja.

La versión policial argumenta que las heridas de Bolina en el rostro se produjeron en ese rifirrafe, y en un audio filtrado a los medios se puede escuchar a la joven exculpando a los policías, porque “actuaron dentro de sus leyes” y tenían derecho a “contenerla”.

Sin embargo, la defensora pública Juliana Belloque desconfía de estas declaraciones, al constatar que fueron hechas ante la Policía, estando Bolina intimidada y sin capacidad para expresarse claramente; por eso quiere que la víctima se explique de nuevo ante un juez.

Por el momento, las imágenes de Verônica Bolina con el pelo rapado, la cara hinchada y mostrando sus senos ya recorren decenas de páginas web y han causado la indignación de los colectivos que luchan por los derechos de gays y transexuales.

En Facebook se ha creado un grupo de apoyo y se ha lanzado el hashtag #SomostodasVerônica, mientras que el diputado Jean Wyllys (Partido Socialismo y Libertad) ya ha avisado que llevará el caso a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a otras instancias oficiales para que se averigüe si hubo o no hubo tortura.

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Los ordenadores y las redes sociales permiten generar bromas de todo tipo. Sin embargo, alguna de estas inocentes bromas puede traer consecuencias más que serias, y si no que se lo digan a Domanik Green, un joven de 14 años de origen estadounidense.

Domanik cambió el fondo de escritorio del ordenador uno de los profesores del Paul R. Smith Middle School de Florida. El chico puso una foto de dos hombres besándose, un beso gay que le puede salir caro. El problema no es el contenido homosexual, ni mucho menos, sino que tuvo acceso al ordenador de manera ilegal, pues están protegidos por contraseñas al ser bienes del estado de Florida. Daba igual que la clave fuese tan sencilla como el segundo apellido del docente: el chico fue expulsado 10 días, y también otros amigos que usaban esta clave para hablar por Skype.

Cuando la historia se fue conociendo, el sheriff del condado, Chris Nocco interpuso una denuncia y ahora el chico tendrá que sentarse en el banquillo y ser juzgado por un delito de hackear un bien del Estado de Florida. Una broma, un asunto a priori baladí, que podría generar hasta 5 años de prisión y 50.000 dólares de multa, lo que es una pena desmesurada para un niño de 14 años. Y es que según el sheriff, el cambio del fondo de ordenador es lo de menos, lo importante es que entró al ordenador del profesor de manera ilegal. Eso sí, Nocco también ha asegurado que se tendrá en cuenta la edad del acusado y que solo intentaba gastar una broma. Para evitar más casos, el colegio ha cambiado todas las contraseñas, por si a algún adolescente le apetece emular a Domanik Green.

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