Luis Felipe Rolón Villegas fue abordado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta con arma de fuego, quienes le dispararon nueve veces. 

01 de agosto de 2023. Al finalizar el día 31 de julio de 2023, a eso de las 11:10 p.m. ocurrió el asesinato de Luis Felipe Rolón Villegas, un hombre gay de 24 años, en la calle 7B con carrera 5, en el barrio El Ferry. Rolón Villegas fue abordado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta con arma de fuego, quienes dispararon nueve veces en contra de la víctima, ocasionándole lesiones graves. Tras cometer el ataque, los sujetos salieron del sector a toda velocidad, usando como ruta de escape la avenida principal del barrio y, de acuerdo con información de los vecinos del sector, tomaron rumbo hacia Soledad, por la calle 17. El día 31 de julio, residentes del barrio habían manifestado panfletos amenazantes de las Autodefensas Conquistadores de la Costa.

Con este asesinato, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo registra 10 homicidios y/o feminicidios de personas LGBTIQ+ ocurridos en el 2023 en el departamento del Atlántico. Reiteramos nuestra preocupación por este aumento de violencias pues, con relación al año 2022, se presenta un aumento del 66.66% en este 2023. Es importante destacar que hace 17 días fueron asesinadas dos personas LGBTIQ+ en el departamento, siendo estas Franklin Pabón y Jadir Zambrano. Ambos crímenes ocurrieron mediante actos de sicariato.

Franklin Pabón fue asesinado el 13 de julio de 2023, día de la visibilidad no binaria, quien realizaba activismo y lideraba procesos LGBTIQ+, reconocide como víctima del conflicto y fungía como enlace LGBTIQ+ de Malambo. Franklin había recibido amenazas el pasado 26 de octubre de 2022 por parte del Clan del Golfo/Autodefensas Gaitanista de Colombia (AGC) y, nuevamente, las recibió en los últimos meses.

Jadir Zambrano, un hombre gay, fue asesinado la noche del 15 de julio en el municipio de Soledad. La víctima, interceptada por sus victimarios en el barrio San Antonio de Soledad, fue impactada con cinco disparos con arma de fuego que provocaron su muerte.

Franklin Pabón

Estos hechos se dan en un contexto de índices graves de violencias en Barranquilla y en el Atlántico, donde se registran dinámicas de extorsiones y panfletos amenazantes, en los cuales se perfilan personas LGBTIQ+. Es por eso que exigimos una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación para ahondar en acciones direccionadas a la investigación de los hechos, teniendo en cuenta la orientación sexual de la víctima. También, el hecho de que a esta se le propinaron nueve disparos puede indicar ensañamiento, sevicia o una animosidad en contra de la víctima.

Desde Caribe Afirmativo lamentamos profundamente estos hechos y le solicitamos a las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que tome acciones para garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad. Del mismo modo, hacemos un llamado a que instaure un consejo de seguridad ampliado con la participación de la sociedad civil para debatir acciones específicas sobre este flagelo y, específicamente, de cara a garantizar la vida, integridad y seguridad de personas LGBTIQ+, además de cumplir con los compromisos pactados en el Plan de Desarrollo.

Nos solidarizamos con la familia y amistades de Luis Felipe Rolón Villegas, esperando que sus hechos sean esclarecidos para obtener justicia. Las personas LGBTIQ+ en Barranquilla, el Atlántico y el resto del país requerimos acciones urgentes para garantizar que nuestras vidas puedan ser vividas de manera digna y libre de violencias.

Como decíamos antes, el Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo, con estos hechos, registró 10 casos de homicidios y/o feminicidios de personas LGBTIQ+ en el 2023 en el departamento del Atlántico. Estas cifras encienden alarmas pues, en comparación con el año 2022, se está hablando de un aumento de 50% de hechos de homicidios y/o feminicidios en el departamento del Atlántico. Es decir, siendo apenas el inicio del tercer trimestre del 2023, ya el departamento superó la cifra de asesinatos de personas LGBTIQ+ registrada en la anualidad anterior, siendo esta seis casos.

En paralelo a estos lamentables hechos, en el municipio de Sabanalarga circuló los días 15 y 16 de julio un panfleto que amenaza a 9 personas LGBTIQ+ del municipio. En este panfleto se perfilan a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, obligándolas a salir del municipio en menos de 48 horas, amenazandolas de ser eliminadas. Es importante resaltar que este crecimiento de violencia se registra posterior a los ejercicios de incidencia y visibilización realizado en el mes de junio en el marco de la conmemoración del orgullo LGBTIQ+, las cuales se desarrollaron por primera vez en algunos municipios del departamento.

Jadir Zambrano

Este crecimiento de violencias contra personas LGBTIQ+ genera profunda preocupación, pues no existe pronunciamiento por parte de las autoridades del orden nacional. Es así que le solicitamos a las autoridades locales, con énfasis en la Gobernación de Atlántico y los alcaldes locales, que realicen seguimiento permanente a los compromisos adquiridos en conversaciones el pasado viernes 14 de julio con las instituciones del nivel central y local, en aras de generar medidas efectivas que garanticen la seguridad de personas LGBTIQ+. Por ello, exhortamos a que se convoque un Consejo de Seguridad ampliado con la participación de la sociedad civil y organizaciones LGBTIQ+ para discutir las acciones concretas a tomarse sobre esta situación, especialmente la presencia de actores armados ilegales y/o delincuencia común que perfilan a personas LGBTIQ+.

Asimismo, solicitamos que se genere una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional de Colombia (DEATA), Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Victimas para ahondar en acciones direccionadas a la investigación de los hechos y su respectivo esclarecimiento, medidas de protección individual y colectivas, el reconocimiento de las víctimas y acompañamiento en el restablecimiento de los derechos.

Por último, hacemos llamado a la Defensoría del Pueblo, con énfasis en el Sistema de Alerta Temprana y la Procuraduría General de la Nación en su Dirección de derechos humanos, para realizar seguimiento sobre esta situación de violencia en el Atlántico y la priorización de estos casos por parte de la Procuraduría Regional Atlántico.

Fuente Caribe Afirmativo

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La magnitud de violencia usada en el crimen de Leider Alberto Salas Jiménez, de 33 años, asesinado con más de 20 puñaladas en El Barrio La Chinita y cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana de este jueves, le da a Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo, una lectura de que sus atacantes tenían la intención de causar el mayor daño posible, lo que se traduce en un “crimen de odio”.

“Esta es una mujer trans que tenía mucha visibilidad en el sector de La Chinita y por esa misma razón era muy hostigada por los actores ilegales que controlan ese territorio. Además nos estremece la sevicia de su crimen porque 20 puñaladas en su cuerpo da cuenta de una clara intención de parte del perpetrador, no solo de matarla, sino de general alto nivel de violencia como para mandar un mensaje de rechazo a lo que la víctima representa”, indicó Castañeda.

Para el director de conglomerado que representa la comunidad LGBTI en Barranquilla, las mujeres transexuales son las principales víctimas de los crímenes de prejuicio que se comenten contra esta población.

“De todo el universo de personas LGBTI, las más afectadas siempre son las personas transexuales porque son las más visibles, es decir, los gays y las lesbianas pasamos más desapercibidos porque no se nos nota nuestra orientación sexual, o la podemos disimular, pero en el caso particular de Paloma, siempre estaba de mujer. Ella evidencia y lo que quería los actores armados era precisamente que no evidenciara su identidad de género, pero ella no lo podía hacer porque era su esencia. La conclusión es que a mayor visibilidad, mayor riesgo”, comentó Wilson Castañeda.

Caribe Afirmativo reitera el llamado a las autoridades distritales para que le brinden protección a las personas trans porque la vía pública es justamente el escenario donde se cometen este tipo de crímenes contra ellas.

“Nosotros tenemos identificadas cinco zonas donde hay mayor riesgo de ataques contra la población LGBTI y son: el Paseo Bolívar, La Chinita, el sector que conduce hacia el puente Pumarejo, un sector entre las calles 70 y 72 y Soledad, que son donde estas personas suelen hacer uso del espacio público y el trabajo de las autoridades no debería ser retirarlas de ese espacio, sino protegerlo para que ellas puedan estar”, sostuvo el director de la corporación.

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*En medio de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio y límites a la circulación a raíz del COVID-19, el día de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de Paloma, mujer trans residente del barrio la Chinita al suroriente de la ciudad.

*Tercer homicidio contra una persona LGBT en el marco del aislamiento social.

16 de abril de 2020. En horas del mediodía, en proximidades al Caño de la Auyama en el barrio La Chinita al suroriente de la ciudad de Barranquilla, fue encontrado el cuerpo sin vida de Paloma, mujer trans de 33 años residente del sector. Acorde a las impresiones iniciales de las autoridades, el delito habría sido cometido en horas de la noche del día de ayer. Frente al suceso, se evidencia sevicia en la realización de la conducta al haber sido herida en múltiples áreas de su cuerpo con objeto cortopunzante.

Esta forma de violencia se ha configurado como un patrón dentro de los delitos de homicidio o feminicidio hacia personas con orientaciones sexuales, identidades de género o expresiones de género diversas, siendo ejemplo de ello casos como el de Alid, hombre gay residente de la ciudad de Cartagena y, José y Yojarvis, también hombres gais de la ciudad de Valledupar, casos todos documentados,  sumando  en lo que va del año 2020 (incluyendo el de Paloma), 11 homicidios contra personas LGBTI en la región Caribe, en contraste con 23, registrados a nivel nacional.

En 2019, se presentaron en el Caribe colombiano, 19 homicidios de personas LGBT: 10 hombres gays, 7 mujeres trans y 2 mujeres lesbianas; de ellos 7 se cometieron en la ciudad de Barranquilla. En los meses transcurridos del año 2020, en el caribe han sido asesinadas 11 personas LGBT: 3 de ellas en la ciudad de Barranquilla y todos durante el periodo de aislamiento social (23 de marzo, 31 de marzo y 14 de abril) y dos, de los tres, ocurridos en el barrio la Chinita.

Frente a esta situación, es necesario recordar que las mujeres trans configuran una de las poblaciones más vulnerables dentro de la sigla LGBT; los prejuicios hacia su vivencia del género y la visibilidad que las caracteriza, las posiciona fácilmente frente a múltiples formas de discriminación y abuso a raíz de los prejuicios en contra de sus identidades, cargas éstas, negativas que se reproducen en ambientes familiares, sociales e institucionales y,  por lo cual, en muchas ocasiones se ven obligadas a vivir en condiciones de violencia, precariedad, desigualdad, temor y sin poder acceder a la protección que el Estado debería brindarles; muy por el contrario, terminan siendo víctimas de discriminación ante las autoridades o uso excesivo de la fuerza policial, persecución y abuso.

La Fiscalía debe tener el feminicidio como hipótesis y buscar los hechos indicadores del prejuicio para verificar o descartar esa hipótesis, recordando que el feminicidio es aplicable cuando se da muerte a una mujer trans por su identidad de género. No es suficiente sacar medidas legislativas como la que creó el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo, puesto que la Ley 1761 de 2015, al establecer este tipo penal para favorecer y garantizar la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres con motivos de género, recordó también la obligación del Estado de trabajar para prevenir y erradicar toda forma de violencia o discriminación, obligación que nace en marco de la constitución e instrumentos internacionales como la Convención Belém Do Pará.

Además la Corte Constitucional en sentencia C-539 de 2016 y la C-297-2016, ha recordado que los asesinatos hacia mujeres por motivos de su identidad de género (que serían feminicidios agravados), deben ser analizados desde un contexto amplio de vulnerabilidad y opresión al que han sido sometidas históricamente las mujeres; las mujeres trans particularmente, se encuentran sometidas a procesos de marginalización y estigmatización, incluso luego de ser asesinadas, por parte de la sociedad, la institucionalidad y los medios de comunicación. Por tanto, reconocer este atroz acto como un feminicidio agravado resulta imprescindible para poder explicar el por qué ocurrieron los hechos tal como acontecieron.

Por todo lo anterior, desde Caribe Afirmativo, lamentamos y rechazamos el suceso ocurrido e instamos a las autoridades pertinentes a que adopten las medidas adecuadas con el propósito de esclarecer los presuntos móviles prejuiciosos, y evitar la repetición de casos similares, que se sumen a las filas de la impunidad judicial, ya tan colmada de casos de homicidios o feminicidios por prejuicio. Asimismo, recordamos a los medios de comunicación y periodistas en general, la obligación de reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans, ya que, el no hacerlo constituye un agravio hacia la dignidad de la víctima.

OFICINA DE COMUNICACIONES
CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO

Fuente Agencias/ Caribe Informativo

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La Corte Constitucional de Colombia ha fallado en favor de un ciudadano que ha sufrido constantes agresiones verbales por parte de sus vecinos en el marco de una disputa vecinal, al considerar que dicha acción se debe considerar discriminatoria. La sentencia, recogida por los medios colombianos con titulares del tipo “llamar ‘maricón’ a una persona es discriminación”, supone un importante precedente judicial a la hora de proteger los derechos de la población LGTB.

“Te voy a matar marica hijueputa, como sigas jodiendo vas a ver, te voy a joder maricón”, “ya empezó este marica a joder a revolver esto de nuevo”, “el maricón ese dice que nosotros somos hijueputas”, “mira pedazo de maricón, todos ustedes son unos hijueputas, todos ustedes, marica”, “te metes conmigo y te mato, te voy a joder maricón”, “vieja cachona ya vienen con el hijo maricón a joder [en referencia a la madre de la víctima]”, “¿Qué me vas a hacer mariquita? ¡No me puedes hacer nada!”… Son solo algunos de los insultos que la víctima, abiertamente gay, ha tenido que soportar por parte de sus vecinos de un conjunto residencial de Barranquilla (Colombia), que cuenta con ocho viviendas unifamiliares de dos pisos y varias zonas comunes.

El origen del conflicto no es otro que una prolongada disputa vecinal (los vecinos llegaron a promover una querella para que la víctima retirara una serie de plantas ornamentales que había situado frente a la vivienda) que la homofobia acabó por convertir en un infierno para la víctima, que ha tenido que soportar constantes amenazas verbales, daños a su propiedad  e incluso alguna agresión física.

No entraremos en el detalle de todos los hechos denunciados (la acción de tutela involucraba, además de a los vecinos de la víctima, a la Polícia de Barranquilla, a la que acusaba de supuesta vulneración del derecho al debido proceso por su comportamiento al respecto de la retirada de las citadas plantas), pero en lo que a los derechos LGTB se refiere es importante desgranar algunos de los argumentos contenidos en la sentencia, referidos en concreto a los insultos homófobos. “Se encuentra acreditado que en virtud de distintas controversias personales que se han gestado entre el accionante y los accionados, estos últimos han acudido a locuciones grotescas en contra del primero, con las que se alude a la orientación sexual del tutelante en un sentido abiertamente discriminatorio”, explica la Corte Constitucional. “La Sala pone de presente que la cotidianidad o naturalización de los usos discriminatorios del lenguaje en este caso tampoco integra una razón para validarlos desde el punto de vista constitucional, pues son éstos los que dan lugar, precisamente, a la incorporación social de estereotipos y prejuicios que tienden a la invisibilización de las conductas que imponen diferenciaciones arbitrarias. De hecho, ante esta situación es deber del juez de tutela, como garante efectivo y protector de los derechos constitucionales, develar esas manifestaciones sutiles de tratamiento diferenciado injustificado para propender de esta forma por su erradicación”, añade.

“Es evidente (…) que en el caso concreto el acto discriminación está atravesado por un criterio sospechoso, como lo es el de la orientación sexual del accionante, pues dado que él ha expuesto públicamente su homosexualidad, los vecinos han venido usando tal condición para hace un uso del lenguaje tal que consolida una evidente diferenciación arbitraria en su contra. De esta forma, considerando que (…) el uso del lenguaje obedece a la facultad racional de los seres humanos, no resulta admisible para esta Corporación que el mismo sea orientado de tal forma que se constituyan actos discriminatorios a través de expresiones verbales cuya motivación es la ofensa en razón de condiciones personalísimas, como lo es la orientación sexual diversa, que a su vez tienen una especial protección constitucional”, detalla la Corte Constitucional. El alto tribunal colombiano, además, valora que la víctima se encuentra en una situación de indefensión, ya que “los accionados se encuentran en evidente lugar de privilegio a la hora de manifestar sus expresiones discriminatorias en contra del actor”.

En resumen, más allá de lo alambicado de su lenguaje jurídico (puedes acceder a toda la sentencia pinchando aquí), la Corte Constitucional de Colombia considera en su sentencia que los insultos homófobos hacia la víctima constituyen una evidente muestra de discriminación al estimar que esta pertenece a un grupo poblacional sobre el que se ha reconocido una discriminación estructural “y con base en ello se funde la diferencia arbitraria de trato que se alega en la tutela”. Por todo ello, al margen de otras consideraciones, el fallo ordena a los vecinos de la víctima “cesar de manera inmediata cualquier acto de discriminación” y “abstenerse de hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender y/o agredir, a través del uso de epítetos insultantes y/o descalificatorios”.

En definitiva, una nueva sentencia que sienta un precedente positivo en Colombia. No es una sorpresa: en ese país, el avance de los derechos LGTB se produce a golpe de sentencia de la Corte Constitucional. Confiemos en que así siga siendo en el futuro, dada la negativa sistemática de su clase política a aprobarlos por vía legislativa y la fuerte oposición de los sectores conservadores cercanos tanto a la Iglesia católica como a los pujantes grupos evangélicos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Barranquilla, Colombia, Corte Constitucional (Colombia), Delitos de Odio, Discriminación, Homofobia

Y tienen el valor de decir que fue espontánea, cuando fue convocada por la Conferencia Episcopal colombiana basada en desinformaciones y mentiras… Ha sido encender la mecha por parte de Francisco y extenderse el fuego por todas partes…

“No vamos a implementar la ideología de género”, afirma el presidente Santos

“Fue una respuesta espontánea, generosa y muy consciente de las familias”

Los obispos de Colombia agradecieron al pueblo por su masiva participación en las marchas que expresaron la defensa de la familia y el rechazo a la imposición de la ideología de género en los colegios. Desde su cuenta en Twitter el cardenal Rubén Salazar Gómez felicitó la participación de los feligreses, mientras que el arzobispo de Bucaramanga, monseñor Ismael Rueda Sierra, calificó de extraordinaria y apoteósica la marcha que se realizó en su ciudad. “Fue una respuesta espontánea, generosa y muy consciente de las familias”, aseguró el prelado.

Por su parte el obispo electo de Soacha, monseñor José Daniel Falla Robles-también a través de su cuenta en Twitter- calificó de valiente la actitud de la población.

El obispo de Valledupar, monseñor Óscar José Vélez Isaza, aseguró que con las propuestas del Ministerio de Educación y el querer imponer la ideología de género en los colegios se ha tocado una fibra muy sensible de la población, por ello esto se expresó en estas manifestaciones multitudinarias.

Por su parte el obispo auxiliar de Barranquilla, monseñor Víctor Tamayo Betancourt, aseguró que la participación de la población fue espontánea. “El pueblo escucha la voz de Dios, y su voz hoy es que uniéramos mente y corazón para dar testimonio de unidad y una petición para que cambien de orientación quienes nos están dirigiendo”, dijo el prelado.

“No vamos a implementar la ideología de género”, afirma Santos

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer que su Gobierno no autorizará un manual sobre ambientes escolares publicado por las Naciones Unidas y que ha causado una polémica en el país por su contenido sexual.

Según el mandatario, ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno “han implementado ni han promovido ni promoverán la llamada ideología de género” que, según sectores conservadores, se busca implantar en los colegios desde los primeros años de la enseñanza primaria.

“El documento del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre ambientes escolares fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Ese documento no será autorizado”, afirmó Santos en una declaración en Bogotá.

La polémica comenzó esta semana por la difusión de unas cartillas con educación sexual para niños, supuestamente del Ministerio de Educación que, según padres de familia, tergiversan la sexualidad al afirmar por ejemplo que no se nace con un sexo determinado sino que eso se decide a lo largo de la vida.

Las cartillas llevaron el miércoles a miles de padres de familia, profesores y representantes de diversas confesiones religiosas a manifestarse ayer en al menos 14 ciudades del país pidiendo respeto por las familias, e incluso pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parody.

Santos dijo que hoy se reunió con los jerarcas de la Iglesia católica, encabezados por el cardenal Rubén Salazar, y el nuncio apostólico, Ettore Balestrero, para explicarles que el Gobierno no promueve la “ideología de género”.

El jefe de Estado dijo sin embargo, que “el respeto por la diferencia, la protección de los derechos de todos los colombianos, la convivencia y la búsqueda de la paz, son valores fundamentales de nuestra Constitución y son guía y norte en todas las actuaciones y decisiones del gobierno nacional”.

Agregó que la violencia, física o verbal, el matoneo y la discriminación “son comportamientos que, como sociedad, debemos rechazar y condenar, como bien lo discutimos hoy con los prelados”.

Santos dijo también que el Gobierno está obligado a acatar los fallos de la Corte Constitucional, y a cumplir con su deber de combatir la violencia, la discriminación de cualquier tipo y el matoneo en las escuelas.

A comienzos de semana la ministra Parody dijo que el material impreso que ha circulado en algunos colegios del país con contenido homosexual explícito no fue elaborado por esa cartera y que todo no pasa de una “manipulación”.

La discusión comenzó por un fallo de la Corte Constitucional que ordenó al Ministerio revisar los manuales de convivencia de los colegios, para que sean “respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género”, después de que el estudiante Sergio Urrego se suicidara en 2014 por presunta discriminación en su colegio debido a su orientación sexual.

Religión Digital/Conferencia Episcopal Colombiana/Efe

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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El colegio Guillermo Carey, de la localidad colombiana de Barranquilla, ha sido denunciado por una asociación por promover “actitudes discriminatorias” contra la población LGTB.

La asociación LGTB Caribe Afirmativo ha denunciado que el colegio Guillermo Carey, de Barranquilla, en Colombia, promueve “actitudes discriminatorias” contra el colectivo.

Según el comunicado emitido por la asociación, el centro educativo “incluye en su manual de convivencia una serie de conductas sancionables de acuerdo con las directrices institucionales, que deben ser acordes con la Constitución y los derechos de todos y todas, sin embargo, sorprende la siguiente conducta de reproche, evaluada como tipo III, es decir de las más graves: ‘Comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución. No te echarás con varón como con mujer, es abominación’, Levítico 18:22”.

Al parecer, el colegio también pretende, con el apoyo de los padres de alumnos, firmar un documento que rechace la adopción homoparental e impulse un referendum para negar el derecho de las parejas LGTB a adoptar. La dirección del colegio ha emitido un comunicado en el que niegan ser homófobos; “Somos respetuosos de la Ley y de las libertades individuales, por lo tanto, no hemos tenido en la historia de nuestra institución ningún caso que pueda mencionarse como probatorio de discriminación u homofobia. Jamás a ningún estudiante se la ha expulsado o negado su acceso a la institución por razón de su inclinación u orientación sexual”... pero sí defienden en el último punto que “Nuestra intención, al impulsar un referendo, no ha sido contrariar la ley, ni mucho menos alimentar actos violentos u homofóbicos contra la comunidad LGBTI, sino hacer uso de un recurso constitucional como lo es el “Referendo”, para defender el derecho de los niños a tener un papá y una mamá, y a conservar el concepto general y “natural” de familia, acorde con nuestra conciencia, y con pleno respeto de las opiniones que nos sean contrarias, aunque no las compartamos.”

Fuente Agencias

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Importante sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que ha estimado la acción de tutela presentada por un joven gay de Barranquilla que denunció haber sido maltratado por la policía por manifestar públicamente muestras de cariño hacia su pareja. El alto tribunal colombiano estima sin embargo que la policía no puede impedir que parejas de mismo sexo se expresen afecto en espacios públicos. El colectivo Caribe Afirmativo se felicita por la sentencia y espera un cambio de actitud hacia las personas LGTB por parte de la policía.

El joven que presentó la acción de tutela no solo denunció haber sido maltratado por la policía de Barranquilla sino que además se le prohibió realizar manifestaciones públicas de cariño con su pareja en el futuro así como transitar libremente por los alrededores del coliseo cubierto de la ciudad, lugar donde tuvieron lugar los hechos. La Corte Constitucional considera sin embargo que la policía metropolitana de Barranquilla no puede impedir que parejas del mismo sexo se reúnan en los alrededores de este recinto y se manifiesten públicamente su afecto, aunque sí considera que es legítimo interferir cuando se trate de comportamientos claramente sexuales “si se sobrepasan los límites de decoro y decencia”, sin importar en este caso la orientación sexual de la pareja.

El colectivo Caribe Afirmativo asegura en un comunicado tener conocimiento de numerosos casos similares de abuso policial y retiro del espacio público por manifestaciones de afecto entre personas LGTB en Barranquilla a lo largo de los últimos años. “Ya en 2012 ante un derecho de petición el comandante de la Policía Metropolitana, el general Segura, sostenía que ‘era su deber no permitir  esas conductas desviada en la ciudadanía’, situación que termina validando de forma errónea la  conducta de los policiales, implicados en  Barranquilla en una sistemática persecución hacia las personas LGBTI que ha pasado por golpizas, tratos inhumanos y degradantes y negación de sus derechos”, expresa en su comunicado Caribe Afirmativo, que espera no solo el acatamiento de la sentencia de la Corte Constitucional “por parte de toda la Policía Nacional y en especial de la Metropolitana de Barranquilla”, sino que además “se generen acciones de especial protección y de sanción ejemplar a conductas de miembros de la institución que ponen en riesgo los derechos de las personas de este grupo poblacional”.

“De la misma manera exigimos que la Asamblea del Atlántico [el departamento colombiano del que es capital Barranquilla] avance con celeridad a  modificar el Manual de  convivencia ciudadana del departamento que promueve acciones excluyentes y violatorias hacia las personas LGBTI y que la Procuraduría asuma su poder preferente para investigar y sancionar de inmediato conductas policiales en contravía de los derechos de personas por su orientación sexual o identidad de género”, añade el comunicado de Caribe Afirmativo.

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