El órgano rechazo un recurso  de los diputados J.A Kast, Arturo Squella y Juan Antonio Coloma Álamos que buscaba declarar ilegal el acuerdo firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)

La Contraloría General de la República descartó que existiera alguna ilegalidad en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y calificó de vinculante los compromisos ahí asumidos, entre los que se cuentan impulsar y aprobar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la filiacióny  adopción homoparental, entre otras leyes y políticas públicas contra la homofobia y la transfobia.

De esa manera, la Contraloría rechazó un recurso presentado por los diputados José Antonio Kast Rist, Arturo Squella Ovalle y Juan Antonio Coloma Álamos, quienes alegaron que el Acuerdo y, en especial sus contenidos, eran ilegales, al igual que la firma de los ministros/as que sellaron el ASA con el Movilh.

Al respecto la Contraloría dictaminó que “los tratados internacionales forman parte de la preceptiva que en el desempeño de sus funciones los entes públicos deben observar”.

Explicó que los acuerdos alcanzados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como ocurre con el ASA firmado por el Estado y el Movilh “constituyen la aplicación de un medio de solución de controversias implantado bajo la jurisdicción de un organismo internacional, cuyas normas son parte del ordenamiento jurídico nacional, al tratarse de un tratado internacional suscrito, ratificado y promulgado por la República de Chile.” “Bajo tal predicamento, los acuerdos adoptados al alero de esa preceptiva -y por tanto, las obligaciones y derechos que emanan de esa convención-, resultan vinculantes para el Estado que los suscribe”, añadió la Contraloría.

“En cuanto al contenido del Acuerdo, se advierte que, en virtud del mismo, Chile se compromete a realizar una serie de acciones, tales como promover políticas y programas de gobierno relativas a medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito educacional, de salud, entre otros, inclusión de la diversidad sexual e identidad de género, así como también, promover una serie de iniciativas legales que busquen incorporar a la legislación interna derechos para las minorías sexuales -lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales-, como el matrimonio igualitario, todas las cuales se enmarcan dentro del ámbito de los derechos que reconoce esa Convención, como también propenden al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile al promulgar la CADH”,  dijo la Contraloría.

“Por consiguiente, cabe concluir que en el aspecto señalado no se advierte ilegalidad en la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa (…) firmado ante el comisionado de la CIDH por los ministros de Estado que en ese pacto se consignan”, apuntó el órgano contralor.

En relación a las atribuciones legales para que distintos ministros “concurrieran firmando a nombre del Estado de Chile el Acuerdo que se analiza”, aspecto cuestionado por los parlamentarios Kast, Squella y Coloma, la Contraloría también validó el procedimiento. “Esta Contraloría General no tiene reparos que formular en cuanto a la intervención de las autoridades que suscribieron el pacto en análisis”, apuntó el órgano.

Conviene recordar que el ASA fue firmado por la CIDH, el Movilh y los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; de Justicia; Javiera Blanco; de Educación, Adriana DelPiano; de Salud, Carmen Castillo y de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual.

“Estamos muy satisfechos con este pronunciamiento de la Contraloría, pues corta de raíz las intenciones de cualquier autoridad por desconocer el carácter vinculante del acuerdo y su legalidad. Es claro que, sea cual sea el Gobierno de turno, a todos los poderes del Estado les corresponde contribuir al más fiel cumplimiento del acuerdo en el marco de un trabajo conjunto y coordinado con el movimiento LGBTI, les guste o no”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. “El dictamen es particularmente relevante en momentos cuando el nuevo Gobierno aún no define cómo seguirá cumpliendo el ASA y está discutiendo leyes vinculada a la diversidad sexual, como la de identidad de género y reformas al Código Penal. Esperamos una definición y el trabajo conjunto en breve, tal cual se establece en el ASA”, dijo Jiménez.

Dictamen de la Contraloría aquí

Acuerdo de Solución Amistosa aquí

Fuente MOVILH

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La aclaración tuvo lugar luego de que el relator Gil Botero tomará nota de que el Minsal y el Mineduc están avanzando en puntos del acuerdo sin consultar al Movilh, ni considerar sus propuestas. Además, el  relator se mostró despreocupado por la arremetida de algunos parlamentarios contra el acuerdo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue enfática en señalar ayer al Estado de Chile que debe dar total cumplimiento al acuerdo de solución amistosa que firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para instaurar en el país el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y variadas políticas públicas contra la homofobia y la transfobia.

La aclaración del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero (en la fotografía), ocurrió ayer en Panamá en una reunión con una representante de la Cancillería, con los abogados del Movilh Ciro Colombora y Hunter Carter, y con los dirigentes  Rolando Jiménez y Ramón Gómez.

“Lamentablemente ayer sucedió un hecho muy desagradable e inesperado en la Comisión, pues el Estado chileno informó que estaba avanzando en la implementación de varios puntos del acuerdo que son competencia de los ministerios de Salud y de Educación. Pues bien, jamás se nos informó de aquello, sólo lo supimos ayer, pese a que el acuerdo exige que sus puntos deben concretarse sólo tras consulta a nuestra organización y considerando nuestras propuestas”, relató el presidente del Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que “nos enteramos entonces que además de atrasos en la implementación de algunas medidas, también habría incumplimiento en los compromisos asumidos por el Mineduc y del Minsal, a los cuales les hemos pedido participación, sin recibir respuestas. Ante ello, el relator Botero fue enfático en señalar que las medidas deben implementarse en coordinación con el Movilh, lo cual transmitirá por escrito al Estado”.

En concreto; y tomando nota de que el Movilh no ha sido consultado por el Mineduc, ni el Minsal; Botero instó en la reunión al Estado de Chile a respetar el punto V de la solución amistosa, el cual sostiene que “las medidas y acciones comprometidas en el presente acuerdo deberán ser efectivamente cumplidas”.

Otro aspecto abordado en la reunión fue el atraso en el acto por el matrimonio igualitario, donde deben participar los tres poderes del Estado. Tal acción estaba comprometida para septiembre, luego se postergó para noviembre y, en una reciente reunión del Movilh con la vocera de Gobierno, Paula Narváez, se acordó realizarlo en enero. A cambio, la ministra comprometió que transmitirá a los partidos de la Nueva Mayoría la relevancia de la Ley de Identidad de Género, en el marco del proceso de las prioridades legislativas que está definiendo el oficialismo.

“La CIDH tomó nota de que el plazo final y definitivo es enero para la realización del acto”, apuntó Gómez.

Por último, Colombara informó al relator que tres diputados (los UDI, José Antonio Kast , Arturo Squella, Juan Antonio Coloma, presentaron recientemente en la Contraloría General de la República un escrito que busca declarar ilegal el acuerdo.

“El relator se limitó a señalar que ello no le preocupaba, pues ya en el pasado habían sucedido situaciones similares en Chile y el país había respetado sus acuerdos internacionales en materia de derechos humanos”, finalizó Gómez.

La cita con la CIDH tuvo lugar en el Hotel Radisson Decapolis, de Panamá, en el marco del 159 Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fuente MOVILH

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Al recordar acuerdo que el Estado selló con el Movilh, organismo que ayer envió misivas los presidentes de todos los partidos y la ministra Paula Narváez para que las temáticas de la diversidad sexual integren las prioridades legislativas.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó ayer los compromisos sobre el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, al referirse al acuerdo de solución amistosa que el Estado selló con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En relación al matrimonio igualitario sostuvo que “estamos en eso dentro del tiempo establecido, para luego enviar el proyecto de ley al Parlamento, así que ahí no hay incumplimiento”.

Sobre la Ley de Identidad de Género, sostuvo que “entendemos que se ha presentado una serie de indicaciones de parte de la Oposición. Nosotros entendemos que las indicaciones son absolutamente legítimas desde el punto de vista del proceso legislativo, y el Gobierno seguirá adelante, respetando el trámite legislativo como el de cualquier proyecto de ley”.

Ayer el Movilh envió una misiva a la Nueva Mayoría y a la ministra Narváez donde solicitó que la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario sean incorporados en la lista de prioridades legislativas que definirán el próximo 1 de diciembre.

La carta fue enviada a los/as presidentes/as del PS, Isabel Allende, de la DC, Carolina Goic; del PPD, Gonzalo Navarrete; del PC, Guillermo Teillier; del PRSD, Ernesto Velasco; del Mas, Cristián Tapia, y de IU, Francisco Parraguez.

Y es que el diputado Kast pidió a la Contraloría que anule acuerdo entre el Estado y el Movilh por el matrimonio igualitario.  La odiosa arremetida es respaldada por los diputados Squella y Coloma. El Movilh acusó a Kast de utilizar los derechos de la diversidad sexual para posicionar su debilitada pre-candidatura presidencial.

El diputado José Antonio Kast (ex UDI) solicitó hoy a la Contraloría General de la República que declare ilegal el acuerdo de solución amistosa sobre el matrimonio igualitario que sellaron el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La homofóbica acción es respaldada por los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, y el ultraconservador movimiento Comunidad y Justicia, el mismo que entre el 2014 y 2015 perdió en tribunales todos los recursos que buscaban anular sentencias de los tribunales a favor de las familias homoparentales y del cuento “Nicolás tiene dos papás”.

Tras presentar la acción, Kast explicó a “Opine Chile” que “hemos levantado una solicitud a la Contraloría para que revise la legalidad de un acto de gobierno firmado por varios ministros junto con el Movilh que pasa a llevar las sentencias de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema”.

Añadió que “el gobierno ha vulnerado, a nuestro juicio, el Estado de derecho que nos rige, ha desconocido sentencias del máximo tribunal, frente a una presentación que hacen particulares a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile al no permitir que dos hombres fueran casados frente a un oficial del Registro Civil”.

El parlamentario redondeó que “ellos presentan esta reclamación y el Estado no se defiende. Perdón, primero sí se defiende y después llega a un acuerdo extrajudicial, siendo que ello no está dentro de las facultades de los ministros. Por tanto, esto sería como si Chile después de una demanda en La Haya por parte de Bolivia, llegara a un acuerdo extrajudicial y entregara el río Silala. Eso es inaceptable y aquí ocurrió lo mismo”.

Para Kast “se vulneran los derechos de cualquier chileno si es que no se respetan los tribunales de nuestro país. Aquí por así decirlo, el gobierno se dejó ganar, y eso no puede ser porque le resta seguridad a todas las personas en Chile. Cualquiera podría ver vulnerado sus derechos: si no queda conforme con las sentencias de la Corte Suprema, va a un tribunal internacional, reclama, demanda al gobierno y el gobierno le da la razón por una vía extrajudicial. Eso atenta contra la igualdad ante la ley, atenta contra el Estado de derecho y es una forma en que el gobierno ha ido manejándose en temas de derechos humanos. Cuando algo no le gusta, busca una manera de soslayar la ley y hacer acuerdos de este tipo”.

Puntualizó que “doy un defensor de los derechos humanos de las personas, soy un defensor de la legalidad y creo que todos deberían estar en contra de este tipo de situaciones. Son los activistas de ciertas causas los que están dispuestos a romper con la ley, para llegar a su fin. Aquí priman las ideologías más que las leyes”

Utilización política

En respuesta, el Movilh acusó a Kast “de utilizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays,, bisexuales, transexuales e intersexuales para publicitar su debilitada y a claras luces fracasada pre-candidatura presidencial”. “No somos ingenuos. No creemos que Kast desconozca sobre competencias para firmar soluciones amistosas y, por tanto debe saber, que los firmantes si están habilitados. También Kast debe saber que el Estado no cedió en nada que no solicitáramos y que el acuerdo no fue fácil. Si está usando argumentos que se caen por su propio peso, es claro que su único objetivo es figurar, antes que conseguir que sus homofóbicas posturas sean aceptadas por la Contraloría”, dijo el Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “Kast debería tener la decencia de dedicarse 100% a su labor parlamentaria, en vez de andar preocupado de su campaña presidencial, que también sabe no prosperará. Sus aleteos homofóbicos están destinados al fracaso, al igual que sus aspiraciones presidenciales”.

“Esperamos que el Gobierno haga una férrea defensa del acuerdo ante esta arremetida, pues el lo que corresponde hacer a la luz del compromiso firmado”, puntualizó el Movilh.

Fuent MOVILH (1, 2)

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José Antonio Gómez, ministro de Justicia de Chile

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia análisis del AVP

Ministro Elizalde apoya incluir derechos de nacionalidad, residencia y ciudadanía en el AVP

El Ministro de Justicia chileno, José Antonio Gómez, ha manifestado que una vez se apruebe el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), su ministerio trabajará para legalizar el matrimonio igualitario.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados inició el martes la discusión del Acuerdo de Vida en Pareja, contando para tales efectos con la presencia del potavoz de Gobierno, Álvaro Elizalde; del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez y del Movilh.

En la sesión, encabezada por el presidente de la Comisión Ricardo Rincón, Elizalde presentó los contenidos del AVP y destacó los cambios introducidos en el Senado, dándose así formalmente inicio al segundo trámite del proyecto de ley que en agosto del 2011 ingresó al Parlamento.

En la ocasión los diputados Arturo Squella y Marisol Turres, insistieron en ideas presentadas por la UDI previamente en el Senado en orden a que el AVP sea sólo para heterosexuales y regule incluso las convivencias de quienes no suscriban el acuerdo, lo que fue rechazado por el ministro Elizalde y por los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

“Pretender crear un estatuto especial para homosexuales no solo seria discriminatorio sino que dejaría sin marco legal a muchas parejas heterosexuales”, indicó Elizalde.

Durante la sesión destacó además acuerdo solicitado por Rincón para que las organizaciones de la diversidad sexual sean “invitadas permanentes” a los debates sobre el AVP, así como el pronunciamiento del ministro de Justicia sobre el matrimonio igualitario

“El ministro Gómez fue muy claro en señalar que tras la aprobación del AVP, su cartera trabajará por el matrimonio igualitario, previo debate público sobre la materia, lo que es una excelente noticia, pues da cuenta que se avanzará hacia la igualdad social y legal plena para la diversidad sexual”, dijo el Movilh.

El organismo valoró además “la gran voluntad de Rincón y de toda la Comisión por iniciar en forma rápida la discusión del AVP, sin burocracias. Este es una muy buena señal, pues deja clara la posibilidad de que el proyecto se transforme en ley este año”.

En la ocasión Rincón y el Gobierno acordaron quitar la suma urgencia al proyecto y dejarlo con urgencia simple, de manera que la Cámara tengan al menos un mes para debatirlo, un tiempo razonable al considerar que en el Senado la discusión se extendió por más de tres años.

La Comisión se reunirá todos los lunes y martes y se espera que el proyecto sea totalmente aprobada por la Cámara antes de fin de año.

Fuente Cáscara Amarga

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