El fundador de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires murió a los 78 años

La Iglesia de la Comunidad Metropolitana  (MCC) nos envía el siguiente comunicado:

Con el más sentido pésame lamentamos informarles el fallecimiento de nuestro Amado Hermano, Rev. Roberto González, ocurrido el pasado lunes 8 de abril en Buenos Aires, Argentina.

González se formó religiosamente en la Iglesia Metodista. Trabajó en su juventud para el Ejército de Salvación donde fue Capitán, habiendo extendido su campo de acción al Paraguay. Tuvo dos hijos, María Isabel y Francisco -producto de su primer matrimonio- que le dejaron tres nietos y una bisnieta.

Posteriormente estudió en el ISEDET (Instituto Evangélico de Altos Estudios Teológicos), con sede en Buenos Aires, donde a pesar de la oposición que encontró por sus posturas teológicas, pudo culminar sus estudios.

En 1987, en su cumpleaños, fundó la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Argentina después de recibir un llamado de un ministro del CCM, John Doner (con su esposo Pepe Hernández). Roberto fue pastor de esa iglesia hasta el año 2005, mientras que también fue Pastor Asociado de MCC en Nueva York en el año 2007.

Roberto González y Norberto D’Amico son fundadores de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires. Imagen: Sebastián Freire

Paralelamente a su actividad como clérigo, González desarrolló un trabajo activista con la comunidad LGBT de su entorno, enfrentándose principalmente a la Iglesia Católica Romana por hechos homofóbicos que derivaron en protestas públicas y estableciendo alianzas con otras organizaciones de derechos humanos, y notablemente, para lograr el apoyo de otras iglesias por el fin de la violencia y la discriminación contra la diversidad de género, la promoción del matrimonio igualitario, el respeto a las personas trans y otros temas relacionados. Esto resultó en que Argentina finalmente abordara los derechos de las personas LGBTIQA+, incluido el matrimonio. Esta incidencia tuvo gran eco en la diversa sociedad argentina, para la que Roberto ha sido un referente en varios sentidos.

Persona muy estimada en los círculos clericales y laicos dentro de MCC, González siempre mostró gran elocuencia, posiciones apasionadas sobre una Divinidad inclusiva, radicalmente amorosa y que abraza permanentemente la Creación Diversa.

Luego de participar durante varios años en el CCM local que funciona en la Iglesia Metodista Flores de CABA, el pastor enfermó y estuvo hospitalizado durante varios meses, y tras complicaciones de su padecimiento falleció a las 8 de la mañana del lunes 8 de abril de 2024.

Nuestras oraciones de consuelo y fortaleza para su viudo, el Pastor Norberto D’ Amico, sus hijos, nietos y bisnieta, así como para la congregación que tanto amaba y ahora llora su partida. Gracias a Dios por su fructífera vida y obra.

Hoy falleció el Pastor Roberto González, un histórico militante #LGBT+ con quien tuve la fortuna de compartir muchos años de activismo, desde los inicios de la @FALGBT, hasta las conquistas de estos tiempos🌈
Junto a su compañero, Norber, nos enseñaron a vivir la fe en diversidad pic.twitter.com/Kuy2mYnTkS

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) April 8, 2024

Y lo completa con este enlace (Pagina 12 – “Adiós al pastor gay Roberto González, referente histórico lgbti“) que no nos resistimos a publicar:

El pastor Roberto González fue el primer religioso que participar activamente en defensa de los derechos lgbti, cuando muy pocas personas se atrevían. La misma valentía tuvo cuando desde 1973 participó en la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, que ayudaba a ingresar a la Argentina aún democrática a personas perseguidas por dictaduras vecinas.

 Por Adriana Carrasco

Podemos verlo en la fotografía más difundida de la primera marcha del orgullo gay en Argentina (2 de julio de 1992), al centro en la cabecera, con cuello ministerial y una gran cruz. El pastor Roberto González fue el primer religioso que se atrevió a dar la cara en las calles de Buenos Aires por sus hermanos que no podían participar con el rostro descubierto. La misma valentía que tuvo cuando desde 1973 participó en la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), que ayudaba a ingresar a la Argentina aún democrática a personas perseguidas por las dictaduras de Chile y Uruguay, y de ser posible, colaborar para que obtuvieran asilo en países seguros.

En una de las primeras marchas del orgullo en Buenos Aires

Roberto González, fundador de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en nuestro país y uno de los pioneros del movimiento lgtb argentino durante la década de 1980, falleció el lunes a los 78 años.

Se formó en teología y como pastor en el marco de las iglesias de la tradición protestante. Trabajó en ISEDET (Instituto Evangélico de Estudios Teológicos), donde luchó para que docentes y estudiantes comprendieran que las teologías que excluyen y discriminan no representan los ideales cristianos. Muchas pastoras y pastores escucharon el mensaje de Roberto González y entendieron que incluir a homosexuales, lesbianas y travestis en las iglesias significaba ampliar y enriquecer la comprensión de la experiencia humana.

Cuando Roberto González organizó la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires, pensó en un espacio de religiosidad donde gays y lesbianas pudieran manifestar su fe cristiana y luego incluyó también a travestis y trans. En sus inicios, la Iglesia funcionaba en un bar de la comunidad gay. Durante el día el pastor asistía como voluntario de la fundación Coinsida, en la sala de Infectología del Hospital de Clínicas.

En la década de 1990 se volvió invitado frecuente a programas de televisión junto con otros activistas/militantes gays y lesbianas. No les avisaban que era para cruzarlos al aire con curas fundamentalistas. Roberto González tenía un sentido del humor punzante y ácido, y para la última entrevista que le realizó Matías Máximo para Soy (10 de setiembre de 2021), eligió la siguiente anécdota. “El mejor momento fue cuando en un programa de televisión cordobés le preguntaron a Carlos Jáuregui cómo le gustaba que lo presenten, y Jáuregui dijo ‘puto’. Entonces, cuando estábamos al aire, el conductor le pregunta ‘¿cuántos putos hay en su organización?’”.

Roberto González y Norberto D’Amico: una historia de amor y fe

Entre 1995 y 1997 el pastor González y su compañero de vida, Norberto D’Amico, continuaron formándose en teología en la ICM de Nueva York. Al regresar a Buenos Aires participaron en la casa comunitaria lgtb de Paraná 157.

 La vida de Roberto González puede resumirse en medio siglo de arriesgar su vida y renunciar a las comodidades que pudo haber tenido al llegar a la vejez, para servir a la comunidad lgtb y defender los derechos humanos y la justicia social. Integrantes de las comunidades evangélicas en las que participó Roberto González y del colectivo lgtb lo despidieron en una emotiva ceremonia en la Iglesia Metodista de Flores.

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Dámaris “Biscochito” León migró desde Ecuador para vivir su identidad trans y cumplir su sueño de ser bailarina. Fue asesinada por un hombre.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

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María Felicitas Jaime (1950-2017) fue periodista, escritora y militante feminista. Integrante pionera de la CHA, escribió la gran novela lésbica del siglo pasado.

Es 1985. Hace apenas 3 años que Argentina recuperó la democracia. María Felicitas Jaime, escritora, periodista, lesbiana, se sienta y escribe.

“No es fácil ser homosexual en una ciudad como Buenos Aires que, pese a su cosmopolitismo, aún conserva resabios de gran aldea y aún tiene demasiado frescos los recuerdos de la última dictadura, durante la cual fuimos perseguidos como en cualquier caza de brujas que se precie”.

Escribe, pero no con su nombre. Firma con el seudónimo María No. El texto es para la revista Diferentes, dirigida, sobre todo, a varones gays. Y les dice que, si ser homosexual fue difícil para los varones, “mucho más duro fue para nosotras, no porque seamos más perseguidas: una estadística de entre casa demostraría que por una chica detenida hay o hubo 10 chicos. La persecución con nosotras trabaja de manera diferente, a la mujer en general se le niega el derecho a su sexualidad, existimos en tanto objeto para el goce del hombre”.

Una pionera 

María Felicitas Jaime (1950-2017) fue periodista, escritora y militante feminista. Trabajó como redactora de Radio Nacional, escribió para las revistas SuperHumor y Diferentes, también para el diario Los Andes de Mendoza. También fue guionista de televisión y secretaria de redacción del Semanario Diálogo. Escribió una colección en fascículos sobre educación sexual y cuentos en libros de bolsillo sobre temática erótica.

Según una entrevista inédita de Juan Queiroz a Marta Paz, Felicitas integró el primer grupo de «Mujeres de la CHA».

Teresa De Rito, la primera vicepresidenta de la CHA, la recuerda: “Fui la primera mujer y sindicalista en dar la cara, la segunda Celeste Carballo, Felicitas en una revista aportó lo suyo, luego Ilse Fuskova”.

Dentro de la redacción de Diferentes impulsaba la edición de ‘Diferentes Mujer’. Pero, aunque salió publicitada en la misma revista, el proyecto nunca se concretó. Como cuenta el archivo de Potencia Tortillera, en los últimos 10 números de Diferentes, María No fue la encargada de firmar las editoriales publicadas en la primera página.

Presentación de Diferentes Mujer, una edición que nunca salió. 
Archivo: Moléculas Malucas-Marcelo Reiseman, programa de memorias de la CHA

Una novela lésbica en los 90

Felicitas migró con Bea Albertini, su pareja, a Madrid en los ‘90. Allá publicó Cris & Cris, en 1992. La novela cuenta la historia de Mariana, una periodista lesbiana que vive en Buenos Aires y un día conoce a otra Cris, una abogada casada con un hombre.

“Cuando apareció la novela en España fue un boom, pues aunque ya estábamos en los noventa, casi no se hablaba de lesbianismo; apenas de gays. Se vendió muy bien. Gracias al éxito de la novela, intervino en varios grupos de lesbianas que la invitaban y caían rendidas a sus pies ya que llegaron a amar Cris & Cris”, cuenta Bea.

Dictaba talleres de lectura y escritura, algunos en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. El curso que dictó en la Universidad de Verano Maspalomas, Gran Canaria, tuvo récord de asistentes: hablaron del libro, de lesbianismo, de feminismo.

“Emigramos a España en parte por aventura, y en parte por la situación política y social. En lo social, parecía no haber sitio para nosotras, fue una sensación bastante fea que sientes en tu propio país”, dice Bea.

Para Bea, Felicitas no fue sólo su pareja, sino también una gran luchadora por los derechos de la gente oprimida, una persona a la que “le importaban todas las minorías silenciadas”. Cuenta que en notas periodísticas y en radio denunció el trabajo infantil, que hablaba de lesbianismo y de la opresión de la mujer, y que lo hacía con ironía y figuras retóricas para evitar la censura reinante durante el gobierno militar. Aunque, igualmente, la censura llegó en forma de amenazas y despidos.

“Felicitas fue una mujer estupenda, generosa, abierta. Estuvimos juntas treinta y pico de años, y desde el día que nos conocimos. Para mí fue toda una aventura”, dice Bea.

Felicitas recibió cientos de cartas en España tras la publicación de Cris & Cris. Lesbianas y madres de lesbianas le agradecían: el libro les había hecho comprender mejor a sus hijas.

A Cris & Cris le siguió Pasiones (Horas y Horas, 1994) y Cenicienta en Chueca (Edisco Editorial, 2003). También publicó cuentos, libros colectivos, y novelas eróticas de bolsillo bajo seudónimo. 

La militancia antes del exilio

En 1985 escribió en la revista Diferentes una nota titulada “Para un gay nada mejor que otro gay”, donde entrevista a cuatro lesbianas. Firma bajo el seudónimo María No. Era la única columna dedicada a lesbianas. La audiencia y el contenido de la revista era para y de varones gays.

María No cuenta ahí que, después de una intensa búsqueda, logró reunir «a cuatro chicas homosexuales para charlar sobre sus cuestiones específicas dentro de una organización mixta como la CHA, pero básicamente protagonizada por varones. Bien podrían esta entrevista y este testimonio representar un llamado a sus pares a organizarse para debatir acerca de la autoexclusión que les pesaba y sobre el silencio del feminismo heterosexual”, explica Moléculas Malucas, donde aparece este archivo.

En el texto, Felicitas escribe: “A nadie le preocupa que un hombre pasados los treinta no se haya casado, una está harta de las indirectas de tías que en cada fiesta o velatorio familiar le pregunta: “¿Y vos, para cuándo?”, y ya se sabe que tiene colgado el cartel de solterona, lo cual resulta un estigma así una logre el Nobel de algo”. 

Y sigue: “Estas sutiles formas de la represión paradójicamente, en vez de otorgarle más libertad, la sume en estado paranoicos. Cuando vive en pareja se siente señalada, en su laburo se relaciona lo menos posible con mujeres, se hace llamar veinte veces por algún amigo (…). Por esto llega un momento en que la conclusión parece obvia: Para un homosexual no hay nada mejor que otro homosexual. Aunque esto, hasta que las cosas cambien, signifique encerrarse en un ghetto y desde allí pelear por nuestros derechos y lograr la integración gradual y sana con el resto de la sociedad”.

En el año que Felicitas escribía ese texto, la CHA funcionaba a través de distintos grupos, que se reunían cada uno en casa de un miembro, en general una vez por semana. Ella integraba el grupo Oscar Wilde, que nació en 1983.

“Era un grupo chiquito que funcionaba también como espacio de contención, para compartir historias comunes. María Felicitas Jaime se sumó un poco después que yo. Hablábamos de todo un poco. Con el grupo hicimos algunos textos sobre la derogación de los edictos policiales”, cuenta Marta Paz en Nosotras, las homosexuales, del archivo Moléculas Malucas.

Se sentía muy bien en ese grupo que formaban unas 8 personas “todos bastante cultos y dedicados a la lucha a favor nuestro”, dice Bea. En ese espacio pudo militar con su nombre y apellido. Durante el festejo en Plaza de Mayo por los 100 días de democracia, Felicitas desfiló con su pareja bajo la pancarta de la CHA.

El rescate

En 2023 se publicó por primera vez en Argentina en la Editorial De Parado, que dirigen Mariano Blatt y Fram Visconti.

Mariano y Fram consideran que es “la gran novela lésbica del siglo XX”. ¿Por qué? “Porque no existen novelas lésbicas argentinas en el SXX que traten el tema de la sexualidad tan libremente, no como un problema ni como una carga. Para Mariana la protagonista ser lesbiana es parte de su vida, lo toma naturalmente. La mayoría de las novelas gays del siglo pasado son crueles con los personajes queer y con finales atroces para aquellos que se atreven a cruzar los límites de la heterosexualidad”.

Llegaron a ella por Juan Queiroz, un investigador y coleccionista que está a cargo, junto a Mabel Bellucci, de Moléculas Malucas, una revista digital y proyecto crítico cultural que recupera archivos queer.

“Dos novelas (incluyendo Cris & Cris) y un libro de cuentos fueron publicados en España en editoriales especializadas en literatura queer y nunca llegaron a nuestro país. Eso nos pareció rarísimo. Igual nos contó la viuda que el libro tenía una pequeña circulación en Argentina entre sus amigas y conocidas que la convirtió en novela de culto. Solo era cuestión de publicarla y acercarla a nuevas generaciones”, explicó Fram a Agencia Presentes. 

Felicitas murió a los 66 años en Mendoza. “Nos dejó en 2017; y también nos dejó una novela inédita y un libro de poemas inconcluso”, cuenta Bea.

El segundo libro, Pasiones, saldrá en abril, el mes que viene, en Argentina, publicado por la Editorial De Parado.

Rosario Marina

Fuente Agencia Presentes

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Entre las 610 víctimas totales del juicio había 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 de los cuales recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices, una madre secuestrada junto a su hijo y 8 mujeres trans y travestis.

El Tribunal Oral Federal N1 de la Plata condenó ayer a 10 represores de la dictadura a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Se trata de la Causa Brigadas, el juicio de lesa humanidad más grande de la región. También hubo una condena a 25 años. La lectura de la sentencia duró cuatro horas en una sala colmada de gente. Entre las 610 víctimas totales del juicio había 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 de los cuales recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices, una madre secuestrada junto a su hijo y 8 mujeres trans y travestis.

Es la primera vez en la historia argentina que militares fueron condenados por los delitos privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y reducción a la servidumbre a personas del colectivo travesti trans.

“Terminó esta etapa que tanto estaba esperando para por lo menos ya sacarme esta tensión. Esto para mí es una gran satisfacción: que pueda concluir. No solo para mí sino también para las compañeras. Estamos contentas que se nos cumplió”, expresó a Presentes Valeria del Mar Ramírez, sobreviviente de la dictadura y primera persona trans en ser querellante en un juicio de lesa humanidad.

En el marco de un genocidio

En un hecho considerado “histórico” por la comunidad y la militancia de Derechos Humanos, los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico del TOF N1 de La Plata afirmaron que “los hechos, además de resultar crímenes de lesa humanidad, lo fueron en el marco de un genocidio”.

Además reconocieron como víctimas de crímenes de lesa humanidad a las sobrevivientes trans Valeria del Mar Ramírez, Carla Fabiana “La Cañito” Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra “Trachyn” González, Analia Velázquez, Marcela Viegas Pedro, Judith y Claudia, todas detenidas en el Pozo de Banfield. Estas dos últimas fallecieron a lo largo del proceso judicial.

#Ahora
🇦🇷Estamos en el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata en el veredicto en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús.
📢Hasta ahora las siguientes condenas fueron pronunciadas:
⚖️Federico Antonio… pic.twitter.com/JkCzWEK049

— Agencia Presentes (@PresentesLatam) March 26, 2024

Sin precendentes en el mundo

“El punto nuevo en este juicio -es la primera vez que pasa no solo en Argentina sino en el mundo, no hay precedentes- es que se abordó las violencias a las que fueron sometidas un grupo de mujeres trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield, uno de los cuatro centros clandestinos que se analizaron en este juicio”, explicó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides.

También reconoció que “durante todos estos años esas violencias habían estado invisibilizadas en todos los planos” por lo que esta sentencia marca “un hito”. “Creo que viene a aportar un poco de justicia, aunque sea tarde y fragmentada para todo un colectivo que fue violentado no solamente durante el Terrorismo de Estado sino también antes y después”, agregó.

Cerca de las 14, el juez Basílico comenzó la lectura de una extensa sentencia que duró cuatro horas. La sala del primer piso del Tribunal estaba repleta de familiares de desaparecides, sobrevivientes del Terrorismo de Estado, militantes por los derechos humanos y personas interesadas que llevaban carteles para recordar rostros y exigir que haya “memoria, verdad y justicia”. Otras decenas de personas aguardaban en la parte externa del edificio y seguían el veredicto con pantallas y parlantes gracias a la transmisión de La Retaguardia. Cada tanto, en momentos clave de la lectura, en la sala se escuchaba el sonido de bocinazos desde la calle.

Los condenados

El Tribunal condenó a prisión perpetua a Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Antonio Bernés, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Carlos Gustavo Fontana y Horacio Luis Castillo. En tanto, Alberto Julio Candioti fue condenado a 25 años de prisión y Enrique Augusto Barre, absuelto.

El Juicio Brigadas comenzó en octubre de 2020 con el objetivo de juzgar los delitos perpetrados en cuatro Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense: Quilmes, Banfield, Lanús y luego San Justo. En un principio la causa contó con 18 imputados vivos, de los cuales doce continúan con vida y fueron juzgados. Entre los que murieron se encontraban Miguel Osvaldo Etchecolatz, Miguel Ángel Ferreyro, Ricardo Armando Fernández, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Herrero Anzorena y Eduardo Samuel De Lio.

Este juicio contó con el testimonio de casi 500 personas.

Esta sentencia viene a traer luz por primera vez sobre la persecución que vivió el colectivo travesti trans en dictadura, algo que se encontró invisibilizado durante muchos años en democracia.

“Esperamos 47 años para esto” 

“Esperamos 47 años para esto. Sinceramente las heridas que una tiene no te las borra nadie”, expresó Valeria del Mar. En sintonía, la sobreviviente “Trachyn” expresó, al final del veredicto: “Justicia hubiese sido que nunca pasara esto, pero pienso que igual es un hecho de justicia, que quede en la memoria de la historia argentina”.

Para la activista trans María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, que estaba presente en la sala, se trató de “un día histórico porque por primera vez incluyen a la comunidad trans en estos juicios, marcando que el genocidio no solamente fue heterosis y que la memoria, verdad y justicia tampoco es el hetero cis”.

“Los testimonios de las compañeras, de los cuales cuatro fueron agregados gracias al Archivo de la Memoria Trans y el compromiso de la fiscal (Ana Oberlin), fue fundamental para que hoy podamos estar acá en este momento histórico”, agregó. En este sentido, espera que el fallo “sea el puntapié inicial para que el resto de las compañeras trans también puedan empezar a declarar, que puedan entender que ellas pueden ser escuchadas aunque durante mucho tiempo la memoria era un privilegio”.

A lo largo del juicio quedó demostrada la violación sistemática de derechos humanos elementales que vivió el colectivo travesti trans perseguido durante la dictadura: desde torturas físicas y psicológicas, hasta abusos sexuales y trabajo forzado.

Los testimonios

“Sistemática y metódicamente todos los días me venían a buscar. Me ponían una capucha. No sé adónde iba. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me ponían 220 (electricidad). (…) Ellos querían que yo dijera los nombres de los chicos con los cuales salía, su domicilio y de qué hablaban, pero mi única relación con ellos era sexual, no conocía sus nombres. Además de eso también me violaban. Y después me volvían a la celda”, describió Marcela Viegas Pedro, con la voz temblorosa durante su declaración de abril del 2023.

También eran levantadas de la calle para llevarlas a “fiestas” que hacían las Brigadas. “Cuando querían nos sacaban de la celda y nos hacían hacer striptease, querían que bailáramos para ellos, a veces estaban alcoholizados. Recuerdo estar con una compañera y nos sacaban fotos y nos preguntaban cuál de las dos era más linda”, sostuvo Analía Velázquez.

“Contínuamente se sentía la muerte”

“Nosotras nos rompemos por las cosas que nos pasaron y nos hicieron. Que hoy se haga Justicia por nosotras es algo que ganamos después de tantos años de saber que no están más las chicas”, agregó Fabiana, con la voz quebrada.

A Julieta González la reconocieron en el fallo como una víctima del delito de reducción a la servidumbre, entre otros. Al respecto, había testimoniado: “Al Negro (Claudia Gómez) y a Judith los ponen a picar cascotes. A la mañana vemos que era grande el lugar. Tenían como dos fosas donde nos hacían lavar los autos. Tenían barro, pero adentro muchos tenían sangre. Siempre recuerdo mucha sangre en un Falcon amarillo. Nos hacían cocinar, lavar la ropa, lustrar borcegos”.

Las declaraciones de las sobrevivientes también sirvieron para conocer qué pasaba con les demás detenides. “Continuamente se sentía la muerte, se oían los gritos de las personas a las que les daban picana. Hombres, mujeres, señoras y chicos que lloraban. Mamá no me abandones, gritaban”, compartió Velázquez.

“En un momento escuchábamos llorar a una chica. Y después escuchamos llorar a un bebé. Y después la chica no se escuchó más y el bebé tampoco. Como que nació el bebe. Tenía unos re pulmones porque lloraba fuerte. Pensar que nosotros estuvimos en ese nacimiento, decíamos después”, dijo “Trachyn”, quien hasta el día de hoy reconoce que todos los días recuerda el rostro de esa chica.

Derecho a la vida  y reparación

En su alegato, la Fiscalía pidió, además de las condenas a prisión perpetua, una reparación para las víctimas y sus familiares. Durante la sentencia no se abordó el tema ya que se tratará en el ámbito administrativo, aclaró Oberlin. Desde el activismo travesti trans piden una reparación para todas aquellas adultas mayores que vivieron violencia institucional.

“Tenemos derecho a la vida, a proyectos de vida legítimos, deseables, amables. Tenemos derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Por todas las muertas, que ni siquiera tienen una lápida, pido que las reconozcan por lo que quisieron ser”, concluyó en su declaración la activista y psicóloga social, citada como testiga experta, Marlene Wayar.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

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Víctor Sajoza (izquierda) y Jorge Elías con sus seis hijos en su casa de Córdoba (Argentina). Ramiro Pereira 

En el país sudamericano, la mayoría de los inscritos en el registro de adopción desean bebés de hasta un año. Los chicos mayores de seis años tienen menos posibilidades de encontrar familia

MARIANA OTERO

Córdoba –

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“Los niños grandes tienen el mismo derecho que cualquier niño a ser adoptados y a crecer en una familia que los contenga y los acompañe, que les permita ver que pueden ser lo que deseen ser”, dice el argentino Víctor Sajoza, de 54 años, padre de seis hijos adoptivos mayores de seis años.

Lo expresa con énfasis porque en Argentina los chicos que cruzan la barrera de los siete años tienen menos posibilidades de ser adoptados porque los aspirantes suelen buscar bebés o niños muy pequeños. Lo mismo ocurre con los grupos de hermanos que no quieren ser separados o con quienes tienen alguna discapacidad. Y aunque algunas provincias han iniciado reformas que están acelerando los procesos de adopción a partir de la implementación de protocolos en materia de niñez y adolescencia, las adopciones múltiples o de adolescentes siguen siendo pocas en el país.

Víctor y su marido, Jorge Elías, de 53 años, son la excepción que confirma la regla: hace dos años adoptaron a media docena de hermanos de entre siete y 12 años de la norteña provincia de Salta que buscaban una familia que los quisiera a todos juntos.

Jorge Elías junto a su esposo, Víctor Sajoza. Ramiro Pereira 

“Creo que si hubiéramos pensado en nosotros no lo hubiéramos hecho nunca. Pensamos más en ellos. El miedo más grande era a no funcionar como familia, el rechazo de ellos o a algún nubarrón que generase entre nosotros un chispazo y dijéramos ‘hasta acá llegamos’. Por suerte, no sucedió”, cuenta Jorge.

Los hombres son pareja desde hace 24 años. Se casaron en junio de 2011, un año después de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina. Ambos soñaban con ser padres, sin imaginar jamás que algún día lo serían por seis.

La mayoría busca bebés

En Argentina existen 1.718 expedientes abiertos por personas interesadas en la adopción de niños, niñas o adolescentes, según las datos de enero del 2024 de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero solo uno de cada cien inscritos está dispuesto a recibir un niño adolescente.

En este sentido, el director nacional del Registro de Adopción, Juan José Jeannot, sostiene que en la actualidad existe “una situación de desencuentro” en la que los proyectos adoptivos de los adultos inscritos no condicen con las particularidades de la mayoría de los chicos que esperan una familia.

Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, a cargo de la oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, explica que el tiempo de espera de los candidatos adoptantes varía conforme a las edades y condiciones personales que hayan elegido; por ejemplo, estar dispuestos a adoptar niños con discapacidad. “Seguramente será más rápida la convocatoria por parte de los jueces a quienes se hayan inscrito para adoptar a niños mayores de seis años, por ser estas las edades con menos personas inscritas”, indica.

La TSJ de Córdoba lleva adelante una reforma única en el país para mejorar la respuesta judicial y otorgar mayor celeridad a los procesos. Según el último informe de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y Unicef del año 2020, en Argentina hay 2.199 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, muchos en condiciones de adoptabilidad.

Los organismos oficiales realizan campañas de difusión a favor de la adopción en el país y a ellos se suman otras organizaciones conformadas por familias adoptantes. Elías y Sazoja participan activamente en acciones de este tipo a través de Militamos adopción, una organización sin fines de lucro. Desde allí brindan asesoramiento, difunden convocatorias públicas, cuentan su experiencia y acompañan a los interesados.

“El acto de adoptar no es realizar el sueño de ser padre; si lo ves solamente de ese lado, se puede complicar. Siempre la prioridad tiene que estar en los chicos, en sus necesidades, en sus derechos”, destaca Sajoza.

El encuentro

Jorge Elías es productor de seguros y Víctor Sajoza, profesor de Francés en la Universidad Nacional de Córdoba. A 900 kilómetros de Salta, en su casa serrana de Agua de Oro, en la provincia de Córdoba, cuentan que la vida les cambió por completo aquel día de julio de 2021 cuando escucharon por TV la convocatoria pública para la adopción de seis hermanos que pedían permanecer juntos.

Los niños habían sido separados de su hogar a causa de problemas intrafamiliares en dos oportunidades. En la última, en 2019, la Justicia ordenó el distanciamiento a pedido de los propios niños. Desde entonces, y hasta que apareciera una nueva familia, habitaban en una casa-hogar con cuidados institucionales.

Elías y Sajoza -que en el pasado habían sido familia de acogida de una bebé durante dos años- no tenían todos estos detalles al momento de conocer la noticia, pero les conmovió el pedido de los chicos de mantenerse unidos. Se pusieron en contacto con el juzgado de Salta y, a partir de allí, todo fue vertiginoso. En cuestión de días, los convocaron a una “entrevista de despeje”, el inicio de todo proceso de adopción; siguieron con más trámites y los tests psicológicos hasta que llegó la audiencia para otorgarles la guarda de vinculación.

Los hermanitos en ese momento ya sabían que había una familia que los quería. “Les habían comunicado a los chicos que había dos papás; ellos festejaron que seamos dos varones”, recuerda Jorge.

En octubre de aquel año, en la sala más grande de los Tribunales de Justicia de Salta, y antes que nada, la patrocinante de los pequeños le entregó a la pareja unos dibujos hechos por los chicos donde los imaginaban musculosos, a uno calvo y a otro con melena, diciendo: “Papás ya los queremos conocer”.

“En ese momento, lloramos todos: nosotros, la jueza, los miembros de los equipos técnicos”, relata Jorge. Al concluir la audiencia, salieron en su búsqueda. Zoe, de siete años; Gonzalo, de nueve; los gemelos Valentino y Benjamin, de diez; Luana, de 11 y Tiziano, de 12 habían faltado a la escuela y se habían escondido en la casa para que Jorge y Víctor jugaran a encontrarlos. “Cuando abrimos la puerta no aguantaron y salieron todos corriendo a abrazarnos. Fue muy fuerte”, dice Elías.

Los Elías Sajoza en familia. Cuando los adoptaron hace dos años, los chicos tenían entre 7 y 12 años. Ramiro Pereyra

Los llevaron a un restaurante; era la primera vez que los niños iban a un lugar así. Pidieron milanesas con papas fritas para todos y cuando el camarero llegó para retirar el servicio se pararon para levantar la mesa. Les preocupaba quién lavaría tantos platos, cuentan los padres.

El 13 de diciembre de 2021 les otorgaron la guarda de adopción, y nueve meses después la adopción definitiva. El 17 de diciembre de aquel año llegaron a Agua de Oro, a la casa que los Elías-Sajoza estaban ampliando para acoger al “familión”.

“Fue la primera Navidad en familia. Fue lindo e intenso. Bravo al inicio, éramos muchos para organizarnos con el tema de comida, con los baños porque no teníamos terminada la ampliación. No conocíamos ni qué les gustaba”, recuerda Jorge.

Curar las heridas

Desde el primer día Elías y Sajoza fueron papá Jorge y papá Víctor. Los chicos votaron, incluso, el orden en que irían los apellidos en sus nuevos DNI: ganó la opción Elías Sajoza. Tres de los niños pidieron que se les retirara el segundo nombre, que les traía recuerdos del pasado.

“En la vida diaria nos pasa lo mismo que a cualquier familia que tiene dos adolescentes, dos preadolescentes y dos niñitos; son problemas propios de la edad poco asociados a lo que fue la adopción. Ellos estaban muy ansiosos por tener una familia, por cambiar el modelo de familia y lo encontraron, les gustó”, asegura Víctor.

Los chicos -es evidente- están orgullosos de ser hijos adoptivos. “Estos son nuestros papás”, dicen al mundo entero. Jorge se emociona al contarlo. “Nuestros ‘peques’ son resilientes. Han vivido más cosas de las que nos podemos imaginar. Pretender que vengan con una tabula rasa es imposible. Un bebé también tiene su historia previa y cuando crezca va a tener sus momentos mejores y peores”, piensa Víctor.

La pareja cree que hay que acompañarlos a curar sus heridas, a sanar el pasado. “También en una familia biológica hay problemas, dificultades. Lo gratificante es verlos superarse día a día”, agrega Jorge. Ya tienen ejemplos para contar. Zoe, que hoy tiene nueve años, cursó primer y segundo grado en la pandemia y cargaba con un diagnóstico de problemas de aprendizaje que desapareció al llegar a Córdoba y recibir la contención de la escuela y la atención de sus padres. “Lo más sorprendente es cuando ella descubre que sí puede; permanentemente lo está mostrando, y quiere su abrazo, su beso de recompensa”, cuenta Víctor.

En la casa, cada uno tiene su responsabilidad. “Nos dividimos las tareas entre todos”, dice Luana, hoy de 13 años. Cada uno lava su plato, tiende su cama y se encarga de su ropa. Luego cumplen con lo que les toca ese día: poner la mesa o limpiar la casa.

Se nota que están felices. Luana y Zoe, en nombre de todos, cuentan que deseaban con todas sus fuerzas ser adoptados e insisten en que jamás pensaron en separarse. “Desde chiquitos nos criamos juntos, separarse no sería tan conveniente… Ya compartimos cosas y queremos seguir compartiéndolas hasta que seamos grandes”, dice la mayor de las hermanas, con una sonrisa. “Tuvimos un tiempo esperando una familia, así que cuando llegó la noticia nos emocionamos un montón”, concluye.

Fuente América Futura (El País)

General, Historia LGTBI Adopción Homoparental, Argentina, Jorge Elías, Personas LGTBIQ, Víctor Sajoza

Por primera vez un Tribunal santafesino utiliza la figura de transfemicidio. Lo hizo para condenar al asesino de la activista Alejandra Ironici.

SANTA FE, Argentina. La vida de Alejandra Ironici estuvo marcada por la lucha y las conquistas. Sobre todo, por abrir caminos y hacer historia. Fue la primera mujer trans en recibir el DNI -antes de la Ley de Identidad de Género-, la primera en dar clases en una escuela, la primera en acceder a una vaginoplastía en un hospital público y la primera en muchas cosas más.

Por eso, la condena por su asesinato no podía menos que ser histórica. Por primera vez, la justicia santafesina reconoció el asesinato de una persona trans como transfemicidio. Además, también dio lugar al reclamo de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas –junto al Instituto de Políticas Públicas LGBT– de que se reconozca la responsabilidad del Estado y exhortando a los demás poderes a tomar medidas para reparar al colectivo travesti trans.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Busaniche (presidente) y Sebastián Szeifert y por la jueza Susana Luna dispusieron por unaminidad prisión perpetua de Héctor Barrero –pareja de Ironici. Se lo condenó por los delitos de transfemicidio agravado (por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género) y abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia se dio a conocer en el marco del juicio oral y público que finalizó este 22 de marzo en los tribunales de la capital santafesina.

Alejandra Ironici el día que recibió su DNI en el marco de la Ley de Identidad de Género.

Es transfemicidio

“El mayor logro fue conseguir la calificación de transfemicidio”, dijo la fiscal Alejandra del Río Ayala, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de Santa Fe, tras la lectura del veredicto. “No sólo es algo complejo, novedoso, implica un cambio de paradigma en las interpretaciones tradicionales de los tipos penales, sobre todo del inciso 4 del artículo 80 del Código Penal. También en términos probatorios porque no fue algo sencillo. Estamos conformes”, agrego.

También destacó que se haya quedado probado el abuso sexual porque fue un cargo que el condenado negó de manera sistemática. Aún después de reconocer el asesinato.

El caso contó, además, con dos querellas. Por un lado, el Centro de Acceso a la Justicia, que representó a la familia de Ironici, y, por el otro, la Colectiva de Abogadas y el Instituto de Políticas LGBT. La abogada Sofía Basso, representante de ese último grupo, expresó en diálogo con Presentes su satisfacción por el resultado. En especial porque el Tribunal dio lugar a su pedido de reconocer la responsabilidad estatal y solicitar medidas reparatorias para todo el colectivo travesti trans.

“Hoy solo conocimos el resultado, la parte resolutiva de la sentencia; pero falta conocer el alcance de los fundamentos, entender cómo logramos el convencimiento del Tribunal de la implicancia que tiene el Estado en el contexto de travesticidio social”, detalló. E insistió en que se trata de un precedente histórico en el país.

La voz de todes

En la plaza 25 de mayo, frente a los Tribunales santafesinos, se sumaron con sus banderas les compañeres de militancia de Alejandra, junto a referentes de distintos espacios políticos y de distintas ONG.

Con la mirada atenta a las pantallas de los celulares, el grupo seguía la transmisión en vivo de lo que ocurría dentro del recinto. “Prisión perpetua”, se escuchó en medio del silencio. Segundos después, las lágrimas y una celebración con sabor amargo: “Alejandra Ironici… ¡Presente! Ahora, y siempre”. Nada le devuelve a quien fue una de sus principales lideresas, pero se hizo justicia.

Noly Trujillo, sobreviviente trans y amiga de Alejandra, fue una de las primeras en expresar la conformidad con la sentencia y señaló: “Estamos conformes. Pero ahora pongan atención sobre nosotras, que haya perspectiva de género en las comisarías. Somos parte de la sociedad y nos están matando. A Alejandra la vamos a recordar con cariño, con amor, como compañera, como hermana y amiga, con lo mejor del corazón”, agregó.

Compañeras de Miser, organización que fundó Alejandra, piden justicia por su transfemicidio.

Priscila Martínez, presidenta de la Comisión Directiva del Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), sumó también: “De ahora en más, seguiremos con el legado de Alejandra. Esta organización, que ella presidía, trabajará para toda la sociedad”.

Dentro de Tribunales, escucharon la sentencia Mercedes y José Luis, hermanes de Alejandra. Llegaron desde Tostado, en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, localidad que Ironici abandonó hace muchos años huyendo de la discriminación. Solo José habló al finalizar la audiencia –su hermana estaba aún muy conmovida– y expresó estar conforme con la sentencia. Contó que, al menos él, recién conoció el enorme trabajo y recorrido de Alejandra luego de su muerte; cuando tomó contacto con decenas de personas cercanas a ella en Santa Fe.

El crimen

Alejandra había conocido a Héctor Barrero cinco meses antes del transfemicidio. Llegó a la casa de la mujer pidiendo trabajo y ella lo contrató para hacer unos arreglos de pintura. Jesús, el sobrino de Ironici, quien vivía con ella, contó al Tribunal que a la semana se pusieron de novios.

La mujer no encontró en Barrero una pareja. Él no la presentó a su familia ni amigos, se aprovechaba económicamente de ella y cuando alguien lo pasaba a buscar se alejaba una cuadra de la casa en la que convivían. A eso se sumaron una serie de hechos de violencia de género anteriores al asesinato.

Desde el primer momento del juicio, Barrero reconoció el asesinato, pero siempre negó el abuso sexual. Esa postura, según coincidieron la fiscalía y las querellas, era una muestra más del desprecio a la identidad y militancia de Alejandra. Lo mismo la saña con la que la atacó esa última vez. Aceptaba ser un asesino, pero “no quería que se ponga en duda su hombría”, dijeron las querellantes.

El 20 de agosto de 2022, Alejandra y Héctor cenaron en la casa de una pareja amiga. Alrededor de la 1 de la madrugada (ya del 21 de agosto), se retiraron. Dieron una vuelta por la Costanera y volvieron a su casa. Según el relato de una vecina cuya casa era contigua a la de Alejandra, cerca de las 3 de la madrugada algo pasó. Hubo un golpe seco, como el de alguien cayendo al piso, y luego, gritos. Alejandra pidiéndole que parara, gritando por ayuda. Nadie respondió y su voz se fue apagando.

Héctor la golpeó y la tiró al piso. Después fue hasta la cocina a buscar una cuchilla de carnicero. Con el arma la atacó 46 veces. La pericia determinó que sólo dos de esas heridas fueron mortales. El abuso se dio casi en simultáneo con el homicidio. Cuando ella no pudo más, Barrero limpió la cuchilla, la guardó, tomó el dinero, el celular y el auto de Alejandra, y salió de la casa.

Cuando Jesús volvió a la casa era tarde y no notó nada raro. La puerta de la habitación de su tía estaba cerrada. Al día siguiente, salió de la casa sin sospechar nada. Durante ese domingo, Barrero manipuló el celular de Alejandra para mostrar actividad. Cerca del mediodía volvió a la casa que habían compartido y le prendió fuego al cuerpo de la militante santafesina (las quemaduras se focalizaron en sus glúteos). Salió de la habitación y cerró la puerta, pero la falta de oxígeno hizo que el fuego se extinguiera.

Por la tarde, Jesús llegó nuevamente a su casa. Alertado por el olor a quemado, abrió la puerta de la habitación de Alejandra y encontró el cuerpo de su tía. La policía detectó que se trataba de un asesinato y comenzó a buscar a Héctor. No demoraron demasiado en encontrarlo y detenerlo en la casa de una trabajadora sexual. El auto de Alejandra estaba en la puerta. Su celular, en la almohada de su ocasional compañera.

Durante todo el proceso, la defensa de Barrero apuntó a su problema de consumo de cocaína como la razón principal por la que cometió el crimen. Sin embargo, tanto la fiscalía como las querellas remarcaron en reiteradas oportunidades que se trataba de una lectura estigmatizante sobre los consumos problemáticos.

Además, marcaron que Barrero arrastraba esa situación desde la adolescencia. En todo ese tiempo, él tuvo otras parejas (mujeres cis), incluso se casó y tuvo hijos, y en ningún caso ejerció violencia de género. Sólo lo hizo con Alejandra, una mujer trans.

El pedido por la responsabilidad estatal

Durante los alegatos de cierre, la querella que representó a organizaciones sociales solicitó para Barrero la misma pena por el delito de transfemicidio en contexto de travesticidio social. Agregó la importancia de que el tribunal declare al estado santafesino como responsable y se lo inste a cumplir con una serie de medidas que promuevan el acceso a la vivienda y el trabajo. También la sanción de leyes y la creación de programas de acceso a la Justicia.

Puntualmente solicitó al Tribunal que declare la responsabilidad estatal y dicte las siguientes medidas reparatorias:

1- Que se recomiende al Poder Legislativo la declaración de la emergencia social en violencia hacia las personas travestis y trans, siendo esta una deuda histórica para con el colectivo.

2- Que exhorte a los tres poderes del Estado provincial de forma urgente a dar pleno cumplimiento a la Ley N° 13.902 de Inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, promoviendo su contratación y empleo en el sector público y privado.

3- Que solicite al Poder Legislativo la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans y al Poder Ejecutivo la inmediata puesta en marcha la Ley de Reparación Histórica para Personas Travestis y Trans.

4- Que inste al Legislativo y Ejecutivo a diseñar e implementar políticas públicas concretas para dar respuesta al problema habitacional que viven las personas trans, promoviendo asimismo desde ese lugar la inserción laboral y la obtención de plena autonomía y de una vivienda propia.

5- Que imponga al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial, y/o al organismo que se haya conformado en su reemplazo, dentro del plazo de un año desde la notificación de la sentencia, efectuar un diagnóstico sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas trans en la provincia de Santa Fe y a crear un programa de acceso a la justicia y asistencia a personas del colectivo travesti trans.

Victoria Rodríguez

Fuente Agencia Presentes

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La justicia condenó a un influencer por discriminación en entornos digitales contra una mujer trans.

El ultraderechista Manuel Jorge Gorostiaga, conocido en las redes como Danann, ridiculizó y humilló a una mujer transgénero en redes sociales. Lo hizo el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El influencer deberá pagar una multa y no podrá mencionar a la víctima en ninguna plataforma digital.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. En un fallo histórico, el influencer libertario Manuel Jorge Gorostiaga (@danannoficial en redes sociales) recibió una condena por discriminación. Se trata de la primera condena por discriminación en entornos digitales.

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el influencer deberá pagar una multa en efectivo. Además, se le impuso la prohibición de volver a nombrar o referirse a la víctima en cualquiera de sus plataformas o medio de alcance público.

El caso fue llevado a juicio por la fiscala Andrea Scanga, titular de la Fiscalía especializada en Discriminación del MPF CABA.

En la denuncia consta cómo el posteo del influencer condenado incitó a “comentarios agraviantes y descalificatorios hacia su persona y colectivo que representa”. También explica que en más de una ocasión tuvo miedo “de ser agredida en la calle por desconocidos.”

Un fallo que sienta precedentes

El comunicado emitido por el MPF, explica. “Es la primera condena a un influencer por discriminación. Para llegar a eso la fiscalía tuvo en cuenta que el nombrado, haciendo abuso de su derecho a la libertad de expresión, viralizó la imagen de una mujer trans con comentarios despectivos negándole su condición de mujer y su posibilidad de autodeterminación”.

La jueza Paula Nuñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) 21, condenó al imputado por la contravención de discriminación, según el artículo 71 del código contravencional.

“Es un fallo histórico muy importante porque sienta un precedente. Respecto de la respuesta de la justicia a la violencia y discriminación en las redes sociales”, dijo María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

“La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo sobre libertad de expresión. Establece primero el principio de libertad de expresión. Pero después también dice que cuando estas expresiones lesionan los derechos o la reputación de terceros debe tener responsabilidades ulteriores fijadas por ley”, expresó Rachid. “Establece que no puede haber censura previa. Pero que si hay responsabilidades ulteriores, cuando esas expresiones lesionan derechos de terceros o la reputación de otra persona.”

En ese sentido, Rachid aclaró que en el ordenamiento jurídico de la Argentina hay legislación en donde se establecen las consecuencias de estas conductas. También que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece el delito de injurias y calumnias cuando se lesionan derechos como el derecho a la no discriminación, o el derecho a la identidad de género.

🗣️ “Danann fue un agente de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, se llama en realidad Manuel Jorge Gorostiaga y hace abiertamente campaña por Milei y por Bullrich, posa con un Falcón verde, posa con armas”, @arilijalad en #ElPase

Miralo acá 👉 https://t.co/5hU6CbNt3d pic.twitter.com/VVs0nvCHaA

— El Destape Radio (@eldestape_radio) October 17, 2023

Discriminación a gran escala

De acuerdo a la presentación que se realizó, la publicación realizada por el influencer fue vista por 75 mil personas y tuvo más de 700 comentarios de odio al momento de la denuncia, en 2023.

Esto fue puesto en consideración por parte de la fiscalía, al igual que se trata de una persona que tiene al menos 4 millones de seguidores y hasta recibió el premio Martín Fierro “Influencer de Opinion”.

En ese sentido, la fiscala Scanga sostuvo que hasta el momento de la agresión la víctima tenía un perfil social desconocido y fue expuesta en forma masiva. Y que la conducta del agresor en redes, atentó contra derechos personales como el honor, la dignidad, su imagen, su derecho a autodeterminarse y su identidad de género. Destacó que el posteo fue un acto de discriminación no solo contra ella en particular, sino contra todo el colectivo trans.

Hoy se hizo justicia!
Un popular influencer fue condenado por la Justicia porteña, a través de la decisión de la Jueza Paula Viginia Nuñez Gelvez, por sus dichos discriminatorios y odiantes hacia las personas trans. La condena representa un antecedente único, esperando que (+) pic.twitter.com/IvHumgDAss

— Federación Argentina LGBT+ (@FALGBT) March 12, 2024

Un límite para la violencia

Rachid dijo que era importante destacar el trabajo que desarrolló la Fiscalía Especializada contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la coordinación de la fiscal Scanga y la participación del Instituto Contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría LGBT.

“Desde el instituto emitimos dictámenes de opinión. En este caso participando en el juicio. Personalmente yo fui a declarar explicando cuál es el ordenamiento jurídico de la discriminación en Argentina”, manifestó Rachid. “También explicando por qué, qué efecto tienen este tipo de expresiones en la vida de las personas trans en nuestro país y en el mundo”.

Rachid resaltó por qué un fallo de estas características sienta precedente. “Explica también por qué constituyen violencia bajo distintos pretextos, entre ellos el de identidad de género. Es un fallo muy importante y esperamos que haya otros en el mismo sentido. Vamos a seguir trabajando para que haya un límite a tanta violencia y tanta discriminación en todos los ámbitos y esto incluye las redes sociales, por supuesto”.

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, FALGBT, INADI, Influencer, María Rachid, Personas LGTBIQ, Personas trans

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género -también llamados ECOSIG o “terapias de conversión”– aún acechan al colectivo LGBTI. Se camuflan en nuevas estrategias para reclutar personas, por ejemplo a través de las redes sociales de las instituciones, como consejerías de vida y coaching de espiritualidad. Santa Fe es la primera provincia de Argentina donde se instaló la conversación pública y profesional sobre el tema. Fue en 2022, a partir de la denuncia de un joven a un profesional de la psicología por forzarlo a cambiar su orientación sexual.  El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de esa provincia se pronunció y dijo que los ECOSIG equivalían a prácticas de tortura.

Campamentos *educativos*, grupos de ayuda, tratamientos psicológicos son algunas de las tácticas de los grupos religiosos conservadores para perseguir a gays, lesbianas, trans y travestis en el siglo xxi. Aunque en cada territorio adoptan sus particularidades, ciertos patrones en común se replican en todo el mundo.

Gastón, Dino, Stephan y Diego sobrevivieron a estas mal llamadas terapias de conversión y cuentan sus experiencias desde la provincia de Santa Fe. También convocan a otres a compartir sus historias, visibilizar los casos y lograr que se prohíban en todos los países. En esta investigación, las voces de las víctimas, los datos de las ECOSIG en el mundo, los avances de los países que lograron prohibirlas, el rol de los Estados y una caja de herramientas legales.

Quiénes ofrecen estas falsas terapias

Distintos grupos religiosos en todo el mundo siguen ofreciendo “terapias” para “curar” a las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Aunque no se trata exclusivamente de cultos. Los mecanismos básicos son los mismos que se utilizan desde hace décadas. Y pueden adoptar rasgos singulares en cada territorio para camuflarse de maneras más sutiles.

En esta investigación, exploramos cuáles son las nuevas tácticas con que operan las organizaciones en las redes sociales y los espacios virtuales.

Escuchamos los testimonios de personas que sufrieron  las presiones de los cultos y profesionales a lxs que se acercaron buscando contención en la provincia de Santa Fe. Y las contextualizamos con información acerca de cómo operan estas redes antiderechos a nivel transnacional. También consultamos el marco de derechos humanos que protege a las personas LGBIQ* de estas prácticas reaccionarias en la región y en el mundo. Y qué se está haciendo hoy para prevenir y prohibir las mal llamadas terapias de conversión.

Sólo en la provincia de Santa Fe, conocimos a Gastón Onetto, Dino Germani, Stephan Zambrano y Diego. Los cuatro relatos coinciden: en esos espacios a los que llegaron buscando apoyo, los mensajes en contra de las disidencias fueron socavando su autoestima, aislándolos y dejándolos en una situación de vulnerabilidad. Si bien los casos ocurrieron hace años, hoy pueden contarlas y transmitir algunas reflexiones a partir de ellas. En sus historias hay elementos cruciales que las conectan con las experiencias que afrontan otrxs hoy, y es que detrás de estas historias se mantiene el mismo mecanismo.

Explotar la culpa y prometer un falso bienestar suelen ser los primeros pasos para captar a quienes atraviesan un momento de afirmación de su identidad, de búsqueda de respuestas y acompañamiento.

Tácticas de captación en redes y espacios virtuales

La clave de esos mecanismos, que se reproducen en los espacios de captación en las redes sociales y en las webs de distintas organizaciones internacionales con sede en la Argentina, es casi siempre la misma: un supuesto planteo amoroso para acompañar a alguien que, “por sufrimientos de su infancia, ha perdido el camino”. Para eso ofrecen testimonios de personas “recuperadas” y ponen a disposición materiales de estudio e investigación.

“«Si me gusta alguien de mi mismo sexo, ¿significa que soy homosexual? No. La realidad es que la atracción por alguien del mismo sexo por lo general es algo pasajero»”, se lee en un apartado de enseñanzas bíblicas llamado Los jóvenes preguntan en la página web oficial de Testigos de Jehová. Continúa con una estrategia que se reitera en otras páginas y redes: una historia de vida, contada en primera persona, con un lenguaje que sugiere cercanía. Otros artículos del mismo sitio hasta recomiendan cómo contestar preguntas sobre homosexualidad de acuerdo a la Biblia.

También las redes sociales se convirtieron en una herramienta de acercamiento utilizada por estos sectores para convocar a quienes están conflictuados o no tienen espacios de contención real. En instagram, el grupo Juventud Evangélica Bautista Nacional convocó semanas atrás a un encuentro por Zoom bajo el título “Conflicto de identidad. Atracción sexual indeseada al mismo sexo”, donde disertaban Gustavo Schneir, Diego Sauan y Mauricio Montion.

En tanto, en el Facebook del Ministerio Restauración de Argentina se publicó un video sobre “Atracción al mismo sexo. Una mirada bíblica y compasiva” que a los pocos días fue eliminado de YouTube. Pero en la web de la organización están los testimonios de personas “recuperadas” y se puede acceder a un curso online, llamado Programa de Estudio Ministerial, “para todas aquellas personas interesadas en el tema de la restauración emocional, racional y sexual”.

En el módulo 7 indica qué hacer cuando “alguien que amas es homosexual” o “alguien que amas ora por ti, un ser querido homosexual”. También propone como ejes de estudio: Cómo interactuar con un ser querido homosexual; Comprendiendo la Homosexualidad y el Lesbianismo; ¿Cómo la Iglesia puede responder a los que están quebrantados?

Estos ejemplos son parte de antiguas estrategias de estas religiones o cultos vehiculizadas hoy por recursos tecnológicos más actuales pero que sustentan las mismas violencias hacia el colectivo LGBTI+ aplicadas desde hace décadas. Son tácticas que acompañan un trabajo en territorio facilitado por adeptos que circulan en todos los estratos sociales, que logran un menor o mayor impacto acorde a su formación y a la vulnerabilidad de sus víctimas.

Cómo operan las falsas promesas territoriales y transnacionales

LINK https://youtu.be/YQc6jH_fsV0

Algunas organizaciones operan en barrios populares de distintas ciudades, con “iglesias” montadas en pequeños inmuebles o hasta en salones de algún domicilio particular. Otras construyen redes internacionales de trabajo y anclajes como la iglesia Aguas Vivas, afiliada al movimiento religioso estadounidense Desert Stream. Cobró popularidad en la Argentina en 2012, tras convocar a un seminario de tres días en la ciudad de Paraná donde prometía «sanar las vidas quebrantadas» y «la homosexualidad indeseada».

En esa oportunidad, pentecostales, evangélicos, adventistas y otros grupos protestantes de la capital entrerriana organizaron con los norteamericanos el curso intensivo. En la misma línea operaba la organización Exodus Latinoamérica, que forma parte de Exodus Global Alliance y que se autodefine como “asociación interdenominacional de ministerios cristianos a nivel mundial, dedicada a proveer herramientas para comunicar el mensaje de salvación e integridad sexual a través del poder transformador de Jesucristo”.

Hoy, en la Argentina, se encuentra operativa una de las organizaciones mencionadas con anterioridad, el Ministerio Restauración, en la ciudad de Córdoba. Fue fundado y liderado por Mauricio Montion, también nombrado en párrafos anteriores, quien montó esa institución sobre las bases teóricas de Aguas Vivas. En su presentación él mismo describe cómo llegó a conocer a la organización internacional a través de una psicóloga cristiana en Buenos Aires, que había traído los libros y CDs desde Estados Unidos. Luego de ese contacto, él viajó a ese país en 1998 y dos años después abrió su propia organización en Córdoba.

El Ministerio Restauración no solo está activo en su web y en sus redes sino que continúa con una agenda completa de retiros, seminarios y encuentros virtuales y presenciales. Incluso organizan también en Chile, donde funcionaba en modo virtual con una web similar que hoy no está más en línea. Los ofrecimientos para ese país hoy los hacen desde la misma página argentina. Por ejemplo, convocan a un retiro de estas características para mayo de 2024. Esta situación se da más allá de que en territorio chileno hubo cambios legislativos en los últimos dos años. En 2022, se aprobó la ley 21.331 sobre el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, la cual prohíbe las “terapias reparativas” de la orientación sexual o la identidad de género.

El Ministerio Restauración opera en actividades con la Fundación y Ministerio Internacional Evangelistico Siloé, como organizadora. Al buscar la organización en internet aparece en primer lugar la radio Siloé, que funciona en el barrio Villa Unión de la capital cordobesa. Se ubica en Río Yuspe y Atilio Cattáneo en la ciudad de Córdoba, domicilio utilizado por la organización liderada por Montion para dictar seminarios (ver en las propias redes sociales).

Pero al ingresar a la web de la radio Siloé se encuentran también una serie de bloques que hablan de la Iglesia Siloé Internacional, fundada por una persona llamada Carlos Juárez; y un enlace para hacer estudios teológicos online. Al ingresar al enlace, se abre otra web: es la Universidad Teológica Internacional que ofrece formación para pastores, ministros, capellanes y otras denominaciones. Y allí tiene su aula virtual también la Universidad Cristiana Internacional El Shaddai, institución de tradición pentecostal.

Un punto en común en el abordaje de todas estas propuestas es que el planteo es siempre desde la escucha, el cariño y la búsqueda de sentirse bien con une misme. En tiempos de crisis social y económica, también hay otros temas que sirven como puertas de ingreso a estos espacios como capacitaciones sobre finanzas personales y desarrollo de una personalidad de líder.

EN PRIMERA PERSONA

En la búsqueda de testimonios acerca del accionar de este tipo de organizaciones surgieron las palabras en primera persona de Gastón, Diego, Dino y Stephan. Por distintos caminos y religiones y resultaron sometidos a esas prácticas culpabilizantes y violentas respecto de sus subjetividades. Cada historia es diferente pero el trasfondo del accionar de los grupos conservadores dentro de las religiones es siempre el mismo.

Gastón                          Diego                             Dino                                      Stephan

 

Gastón: En el diván con Dios

Diego: Un psicólogo religioso «para gente como vos»

Dino: Dos religiones y la misma trampa

Stephan: Migrar de país y de identidad de género

El primero de los casos testimoniales fue noticia en 2022, tras una resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe Primera Circunscripción en relación a una denuncia a un profesional de la psicología por forzar a una persona, Gastón Onetto, a someterse a estas prácticas con el fin de procurar modificar su orientación sexual.

Tras conocerse las definiciones del Tribunal, en diálogo con Presentes, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1ra. Circunscripción, Betsabé Caspani, se refirió a estas prácticas. Las calificó como “arrasadoras, con un impacto subjetivo desgarrador. Y de un orden traumático porque hay un desdibujamiento del deseo, de la elección, un sometimiento en cambiar su identidad sexual”.

Por ese impacto que generan estas prácticas tan violentas es que denunciar estos hechos es muy difícil para las víctimas. A veces requiere de un tiempo necesario para procesar lo ocurrido y traducirlo en palabras. Algunas personas nunca llegan a esa instancia.

Entre los puntos cruciales de realizar las denuncias correspondientes ante estas situaciones, está no sólo la visibilización de estas prácticas sino también la necesidad de activar mecanismos de reparación para las personas afectadas.

Qué son las ECOSIG

Las terapias de conversión – una expresión que preferimos evitar porque no hay nada que tratar ni curar- hoy se identifican en el mundo como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). Son prácticas que violan los derechos humanos. Quienes las sufren tienen consecuencias físicas y/o psicológicas por los abusos y violencias a los que fueron sometidxs. Pero aún no se han logrado grandes avances globales en su identificación, sanción y prevención.

Una de las organizaciones que más investigó sobre la legislación vigente al respecto es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo). La organización generó una caja de herramientas legales basada en normativas de diversos Estados. De acuerdo con el último informe que publicaron, solo 8 países prohíben de manera explícita las terapias de conversión. 

En diciembre de 2023, por primera vez colegios y gremios de profesionales de la salud mental de distintos países de América Latina y el Caribe realizaron un pronunciamiento para exigir las prácticas de conversión deben ser erradicadas. Fue el primer pronunciamiento de este tipo en Latinoamérica y llevó la firma de ocho entidades de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, la Alianza Caribeña de Asociaciones Nacionales de Psicología y la Federación Psicoanalítica de América Latina.

En 2020, ILGA Mundo además presentó un informe internacional acerca de las mal llamadas terapias de conversión. Quien estuvo al frente de la investigación fue Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.

Sólo 8 países en el mundo prohíben los tratamientos que intentan cambiar la Orientación Sexual e Identidad de Género de las personas LGBT*.

Fuente: Base de datos Ilga Mundo.

“Estas terapias se dan en un contexto de suma opacidad, en consultorios o campamentos donde está todo diluído. Ya se ha abandonado casi por completo, en la mayoría de los países, este discurso de que ‘Vamos a curar homosexuales’, así que no es tan fácil demostrar cuándo ha habido una terapia de conversión. Hay un rebranding, se presentan como consejerías de vida y coaching de espiritualidad. Y, sobre todo, entrando en el ámbito de las religiones institucionalizadas, hay muchas acciones para asistir a las personas en reconciliar su identidad sexual con su identidad religiosa y ayudarlos a hacer de eso algo coherente para poder llevar adelante su vida. Todo eso plantea una gran dificultad para denunciar y demostrar las prácticas”, explica Lucas Mendos, representante de ILGA, en diálogo con Presentes.

“Se dan en un contexto de suma opacidad, en consultorios o campamentos donde está todo diluído. Hay un rebranding. Otras veces se presentan como consejerías de vida y coaching de espiritualidad”.

Lucas Mendos, ILGA Mundo

Y detalla que, en los países en los que se ha avanzado, se lograron leyes que prohíben las terapias de conversión. “Hasta el momento, dentro del punto de vista legal, es lo mejor que se ha podido hacer. Son ocho los países con leyes específicas». Después, en un conjunto de países entre los que está la Argentina, hay leyes como la de Salud Mental. «Este tipo de leyes impiden que se diagnostique a una persona con base en su identidad de género o su orientación sexual» -dice Mendos-. «Es un paso a medio camino”.

Por qué los Estados deben accionar 

En diálogo con Agencia Presentes, Mendos destaca que, por una sumatoria de factores, en los últimos años hubo “una suerte de explosión en cuanto a las medidas que los Estados han empezado a tomar”. Aclara que antes de llegar a esas medidas concretas en todos los países donde se investigó “siempre ha habido, por un lado, víctimas que empiezan a conversar; y también profesionales de la salud recibiendo denuncias”.

En 2020, en el marco de la investigación, en ILGA detectaron numerosas asociaciones profesionales que habían tomado nota de que estos procedimientos todavía se siguen aplicando. Así se fue marcando el consenso y el sustento para que los Estados accionen al respecto.

En el ámbito de la Justicia, el escenario es diferente, porque “a los tribunales no han llegado históricamente denuncias por tratamientos que no sean los típicos que conocemos de manera más extrema, como torturas o sometimiento a la servidumbre, donde ahí claramente hay tipos penales para perseguir esas conductas”. “Es mucho más simple ver un caso ahí que cuando un juez recibe conocimiento de que a una persona le han estado dando terapia de conversión donde lo mandan un campamento, donde tiene Consejería semanal y que muchas veces viene desde un cura o un líder religioso y se vuelve una cosa mucho más difusa”, dijo Mendos.

“A los tribunales no han llegado históricamente denuncias por tratamientos que no sean los típicos que conocemos de manera más extrema, como torturas o sometimiento a la servidumbre, donde ahí claramente hay tipos penales para perseguir esas conductas”.

En ese sentido, lo que explicó es que -como relatan las víctimas en el informe central- estas terapias se dan en un contexto de suma opacidad, no en consultorios sino en campamentos o ámbitos similares donde todo queda muy diluido. “Ya se ha abandonado casi por completo en la mayoría de los países este discurso de que ‘vamos a curar homosexuales’, entonces no es tan fácil decir ‘acá hay una terapia de conversión’. Se presentan como consejerías de vida, coaching de identidad espiritualidad o entran en el ámbito de las religiones. Muchos están ahora planteando ‘cómo asistir a las personas en reconciliar su identidad sexual con su identidad religiosa’”, detalló.

En cuanto al marco legal que permitiría abordar la problemática con un foco más exacto, Mendos dijo que en los países donde más se ha avanzado, se han impulsado iniciativas puntuales, donde hay una ley que prohíbe las terapias de conversión. En otros, como Argentina con la Ley de Salud Mental, consideró que “es un paso de medio camino”.

¿Y desde lo penal? “La aplicación de penas de privación de libertad para perpetradores, en algunos países está en debate; porque hay quienes dicen que es mucho más productivo en términos de resultados concretos para las víctimas el poder tener instancias reparadoras; como exigir que haya trabajo comunitario o que haya pago de multas y esas multas estén puestas a la orden de asistir a organizaciones que deben apoyar a víctimas. Sería un trabajo más de Justicia reparativa», concluyó.

“En los países donde más se ha avanzado, se han impulsado iniciativas puntuales y hay una ley que prohíbe las terapias de conversión”, dice Lucas Mendos. En otros, como Argentina con la Ley de Salud Mental, se trata de un paso a medio camino”.

Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Bautista, Iglesias Evangélicas, Iglesias Pentecostales, Testigos de Jehová Argentina, Betsabé Caspani, Carlos Juárez, Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1ra. Circunscripción, Desert Stream, Diego, Diego Sauan, Dino Germani, Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), Exodus Global Alliance, Exodus Latinoamérica, Fundación y Ministerio Internacional Evangelistico Siloé, Gastón Onetto, Gustavo Schneir, Identidad de género, Iglesia Aguas Vivas, ILGA, Juventud Evangélica Bautista Nacional, Mauricio Montion, Ministerio Restauración, Ministerio Restauración de Argentina, Orientación sexual, Radio Siloé, Stephan Zambrano, Testigos de Jehová, Universidad Cristiana Internacional El Shaddai, Universidad Teológica Internacional

La activista trans y ex funcionaria Alba Rueda brinda datos jurídicos y de tratados internacionales para argumentar por qué la decisión del gobierno viola los derechos humanos.

El anuncio del gobierno argentino de prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública se une a lo que pasó la semana pasada con el anuncio del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Pero también con una resolución que sacó el ministro de Defensa que prohíbe el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género dentro de los usos del lenguaje. Dice que ratifica solamente la posición de la RAE como la única autoridad competente en el uso de la lengua. Por supuesto, la RAE  no representa los usos de la lengua de todos los países hispanohablantes. Representa la posición de ellos, o sea que la cita de autoridad también es cuestionable.

Entre otras cuestiones, esta posición del ministro de Defensa tiene mucho tufo a una posición colonial sobre los usos del lenguaje. Por un lado eso. Por el otro lado: ¿qué significa el anuncio de hoy? Es la prohibición de que los instrumentos del Estado tengan en cuenta el lenguaje inclusivo o el lenguaje con perspectiva de género. Pero también es una negación de una ciudadanía que está ya reconocida en Argentina y que la reconoce el propio Estado con la Ley de Identidad de Género. Es el reconocimiento de las identidades no binarias es algo contenido en la Ley de Identidad de Género. Pero también hace a la posición de fallos que la justicia ha reconocido después del 2016.

Un camino directo a la discriminación

Entonces, por un lado ya existe un reconocimiento de las identidades no binarias por parte de la justicia. Además por parte del Ejecutivo Nacional, existe un decreto que sigue vigente que es el 476 del 2021 que reconoce  a las identidades no binarias. Este decreto también se refiere al uso de la X para las personas no quieren declarar su género al Estado o que tienen un género fluido. Entonces, uno de los problemas gravosos al negar el uso del lenguaje inclusivo es que el Ejecutivo ratifica una posición binaria y además selecciona a qué tipo de ciudadanas y ciudadanos se está refiriendo y a quienes deja afuera no solamente del uso del lenguaje sino del acceso a los servicios.  Porque si no los nombrás lo que hacés es restringir el uso de bienes y servicios y productos que genera el Estado para ese grupo poblacional.

Esto se trata de una posición no solo negacionista de la diversidad de género y de las expresiones de nuestros géneros sino que además es una negación del uso de la ciudadanía seleccionando exclusivamente a ciudadanos que se inscriban de manera binaria. Esto es claramente un incumplimiento a la Ley de Identidad de Género a un decreto que se encuentra vigente que es el 476 del 2021 sino también a muchos de los tratados internacionales que reconocen justamente la identidad de género y sus expresiones como parte de los derechos humanos más fundamentales.

Prohibición del ejercicio de ciudadanía para la tribuna

En este sentido, no solamente ya los principios Yogyakarta se han referido a la importancia del reconocimiento de la expresión de género sino también otros instrumentos internacionales que reconocen a la identidad.

Lo gravoso de la posición argentina es que además de ser un retroceso en materia de derechos humanos es una prohibición del ejercicio de ciudadanía. Vos cuando sacás de la nominación a determinados ciudadanos lo que estás haciendo es restringir y esta es la posición hoy del gobierno nacional que tiene un claro enfrentamiento con la posición de género y diversidad.

Creo que esta posición de violación de los derechos humanos está alentada desde el eco de las redes sociales que celebra una parte de la población. Pero los derechos humanos no se pueden seleccionar por likes y esto es una clara violación a los derechos humanos.

Tomar medidas desde la Justicia

Hace falta que levanten la voz los ámbitos judiciales y que se inicien acciones legales ante el incumplimiento de los decretos vigentes y de la normativa vigente. Además también me parece que las organizaciones de derechos humanos todas en su conjunto tienen que expresar el repudio ante una posición como esta. No es solo un uso del lenguaje sino también es la generación o el reconocimiento de ciudadanías.

El anuncio del cierre del INADI no hace otra cosa que agravar esta situación. Entre otras cuestiones, porque el organismo de contralor del propio Estado tiene que ser un instituto autónomo, un espacio autónomo como el INADI, cosa que no cumple el Ministerio de Justicia, adonde supuestamente se trasladaron esas funciones.

Esta es una demostración más de que cuando se cierra un instituto autónomo no hay forma de defender los derechos de las personas de manera autónoma, sin complicidades. Porque el empleado de Milei, que es el ministro de Justicia, es quien debería investigar a su jefe o denunciar a su jefe. Y eso no va a suceder. Entonces, ahí se rompe la transparencia y la autonomía en materia de derechos humanos.

Queda clarísimo que el proyecto de Milei no es un proyecto libertario sino un proyecto conservador, represor, que anula las ciudadanías de las personas. Una auténtica libertad no viola los derechos humanos, y esto es un dato fundamental.

Acá también se demuestra que la batalla cultural de la habla Milei no es otra cosa que un ataque a los derechos de las personas.

Alba Rueda es activista trans y ex funcionaria. Fue subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad, además de Representante Especial LGBTI+ en Cancillería durante el gobierno de Alberto Fernández.

Alba Rueda

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Homofobia/Transfobia, Javier Milei, lenguaje Inclusivo, Mujeres, Personas LGTBIQ

Elsi San Martín, por Dan Damelio

Voces y experiencias de la historia lésbica local en los 70 y los 80

Lesbianas en dictadura es un archivo en proceso que combina herramientas antropológicas, audiovisuales y periodísticas, producido por Eleonora Sabarots y Dan Damelio. Busca rescatar las voces y experiencias de la historia lésbica local en los 70 y los 80. 

Por Miranda Carrete

Un proyecto interdisciplinario de investigación que combina herramientas antropológicas, fotográficas, audiovisuales, periodísticas y documentales, producido por Eleonora Sabarots (antropóloga) y Dan Damelio (fotoperiodista). A partir de entrevistas y lecturas, buscan recuperar las voces de lesbianas que vivieron la última dictadura en Argentina y aportar a la construcción de una narrativa lesbiana como parte de una comunidad y como activistas. Abren una pregunta inicial: ¿Dónde estaban las lesbianas en la última dictadura Cívico, Militar, Eclesiástica?

 Exploran, en ese camino, las trayectorias político-afectivas de mujeres y lesbianas que escaparon de la heteronormatividad en un contexto de persecución a la comunidad LGBTIQ+. Además, buscan visibilizar los recorridos de lesbianas adultas mayores, contribuyendo así a la construcción de archivos lésbicos y genealogías disidentes. El proyecto se gestó durante un posgrado en la Universidad de Tres de Febrero y en colaboración con la organización Tierra Violeta.

Una memoria colectiva

Eleonora destaca la ausencia de textos específicos sobre lesbianas durante la dictadura de 1976, una vacancia con la que se encuentran muchxs investigadorxs.

“Nuestra intención es aportar al archivo lésbico existente, construido desde los márgenes y autogestivo”, cuenta y enumera algunxs trabajos que sí pusieron el foco en las existencias lesbianas, aunque no en ese período dictatorial: Florencia Gemetro, Carlos Fígari, Laura Andrea González, Alejandra Sardá. Otro ejemplo fundante es “Cuadernos de Existencia Lesbiana”, la primera publicación lésbica de Argentina realizada por las periodistas Adriana Carrasco e Ilse Fuskova en 1986. También el archivo digital Potencia Tortillera y es un ejemplo de construcción colectiva. Nuestro Mundo (1969) es la primera experiencia de una organización homosexual en el país y en Latinoamérica.

“Héctor Anabitarte, uno de los fundadores, llevó la temática homosexual a sus espacios de militancia, después de eso lo rajan del partido, a muchos les pasó y es cuando se fundan estas primeras organizaciones”, explica Eleonora ilustrando una realidad que fue devastadora para muchxs militantes como se relata en el documental de Ernesto Ardito “Sexo y Revolución”.

En esa búsqueda dieron con Grupo SAFO, un misterio para muchxs investigadorxs, ya que se supone que eran lesbianas quiénes escribían pero nadie sabe con exactitud quiénes lo conformaron. Con ese nombre firmaban las publicaciones de la revista Somos (órgano de difusión del FLH) en las que reflejaban un cuestionamiento hacia los roles de género, el machismo y la estigmatización que se ejercía contra ellas.

“Se supone que el activismo lésbico empezó en la primavera democrática, ahí vino la pregunta por los orígenes. A veces parece que estamos siempre empezando, pero esto no es así”, afirma Dan Damelio. Las entrevistas incluyen a pioneras del activismo lésbico como Ana Rubiolo y Elsi San Martín, quienes comparten sus experiencias de formación política, discriminación y exclusión.

Voces protagonistas

La investigación inicial se centró en lesbianas organizadas políticamente, a medida que avanzaron las entrevistas, se amplió la perspectiva. En el encuentro con esas testigos vivas de una narrativa e historia lésbica, consiguieron recuperar las trayectorias vitales de cada entrevistada “puede que no existiese como categoría política el hecho de ser lesbiana en ese momento, pero tenían sus propias formas de nombrarse”, suma Ele. Sus historias ofrecen una visión más amplia de sus vidas en un contexto de patologización y represión.

“Una de las monjas me llevó a la Villa, a los 15 años, era la única que tenía padre peronista y militante. Gracias a eso conocí una gran diversidad política de grupos católicos tercermundistas, me formé con ellos. Mi coming out lo hice en la dictadura, pero siempre fui lesbiana, desde chiquita”, dice Ana Rubiolo en un fragmento de entrevista, es una de las pioneras de activismo lésbico, formó parte de Cuadernos de Existencia Lesbiana, la revista Codo a Codo y un espacio llamado Lugar de Mujer, en el que conformaron el grupo autogestivo de lesbianas en 1988. En la charla cuenta sobre su formación política y su salida del clóset.

Era estudiante de psicología y relata que fue discriminada y excluida por algunas de sus compañeras en cuanto supieron que era lesbiana. En su historia aparece una figura muy importante que allana el camino desde el cuidado y la escucha para una adolescente a la que señalaban por el vínculo que tenía con una compañera. Una directora del colegio, quien le sugiere que se resguarde, desde un lugar de complicidad, la cuida y la contacta con un grupo político que militaba en villas. Ahí empieza a formarse políticamente desde muy joven.

“Sentíamos la condena social sobre nosotras, eso siempre estuvo. Creo que sigue estando en varios sectores de la sociedad. Empecé a asistir a unas clases de Historia en un sindicato. Yo tenía siempre inquietudes políticas. Un día conocí a Safina Newbery y me alucinó”, dice otra entrevistada Elsi San Martin, teóloga feminista y ex monja, otra pionera. Ele y Dan se acercaron a ella por el recorrido desde el catolicismo, entendieron en las charlas que entrar al convento fue una forma de resguardarse, aunque al principio se trató de una búsqueda para entender qué le pasaba en términos de su deseo.

Las fuentes

La investigación se basa en fuentes bibliográficas como Fiestas Baños y Exilios de Alejandro Modarelli y Flavio Rapisardi, No soy un bombero pero tampoco ando con puntillas de Alejandra Sardá, y El Sótano de San Telmo de val flores; Fichados de Christian Prieto y Amorales de Ana Solari Paz, ambos trabajan con archivos de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en las que existían dispositivos concretos de que había destinado un presupuesto y policías para perseguir a homosexuales, lesbianas, travestis.

“Lesbianas en Dictadura“ se encuentra en proceso de investigación y producción, están trabajando en una presentación pública del registro audiovisual existente, para ampliar las voces involucradas y contribuir a la construcción de narrativas disidentes en el marco de un proyecto de memoria que aporte al archivo lésbico existente.

Fuente Página 12

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Javier Mikel con su vocero Manuel Adorni (Instagram de Adorni)

Se consumó la infamia…

Es parte de la reducción estatal de Javier Milei. Desde el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo dijeron que no fueron notificados.

El vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, anunció en su alocución matinal que el gobierno decidió cerrar el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como parte de la reducción de la estructura estatal del gobierno de Javier Milei.

«Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o se usan para generar empleo militante. El primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo”, dijo el portavoz. “No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde haya favores políticos. No podemos hacer que la gente siga sosteniendo con sus impuestos a la política”, dijo.

Anuncios sin notificación

Presentes se comunicó con el INADI y dijeron que no habían sido notificados. «Incluso ayer en el Boletín Oficial salió el nombramiento de la nueva interventora María de los Ángeles Quiroga. De todas maneras es algo que esperábamos, quieren ese trofeo para la tribuna».

El cierre del INADI era uno de los puntos del proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

«El INADI es el espacio al que recurrimos las personas de la comunidad LGBTI+ ante las múltiples situaciones de discriminación que perduran en nuestro país, ya sea en ámbitos laborales, educativos, en otras instituciones o en la vía pública. Estas herramientas
empoderan a las personas a vivir libremente su sexualidad e identidad de género, categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», dijeron desde un comunicado de Orgullo y Lucha, la agrupación de organización LGBTI+.

Al Ministerio de Justicia

A las pocas horas del anuncio de Adorni, desde el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado donde critican la eficiencia del INADI y anuncian que las tareas de «cuidar a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo» quedarán absorbidas por ese ministerio.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue creado en julio de 1995, a través de la ley 24.515. Fue luego del atentado a la mutual AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Su objetivo es “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”, según se indica en el artículo 2 de la ley sancionada el 5 de julio de 1995.

Entre sus funciones, el INADI tiene la tarea de diseñar e impulsar campañas educativas que apunten al pluralismo social y cultural. También de la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófóbicas o racistas, y la recepción y centralización de denuncias sobre conductas en este sentido.

Agencia Presentes

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, Homofobia/Transfobia, INADI, Javier Milei

BUENOS AIRES, Argentina. En una decisión que el activismo consideró “histórica”, el Poder Judicial porteño ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente en el plazo de 90 días un programa habitacional para personas trans. Además, lo instó a realizar un relevamiento de esta población que reside en la ciudad. El material probatorio, un dictamen de 65 páginas del fiscal y la insistencia de las organizaciones LGBTIQ+ fueron claves en la decisión.

Se trata de un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo que tuvo lugar el 1° de febrero de 2024. Fue firmado por los jueces Horacio Guillermo Aníbal Corti y Hugo Ricardo Zuleta, con el voto disidente de la jueza Gabriela Seijas.

“Los programas habitacionales del GCBA no contemplan las dificultades del colectivo actor para acceder a ellos, lo que ocasiona que dichas políticas no resulten adecuadas y no brinden un umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, asegura el escrito.

Un logro del activismo

Desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Defensoría LGBT celebraron la sentencia.

“Luego de unos años de batalla judicial logramos esta sentencia de Cámara que ordena al Gobierno de la Ciudad a desarrollar un plan habitacional para las personas trans en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, en diálogo con Presentes, María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Ya hemos solicitado al GCBA ponernos a trabajar lo antes posible en este plan y esperamos que así sea. Ojalá la Ciudad no apele. En definitiva es lo que tiene que hacer un gobierno: trabajar para que todos sus habitantes accedan a sus derechos”, continuó Rachid.

La causa inició en 2018 a partir de un amparo presentado por el Defensor oficial de primera instancia y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) contra el GCBA para obtener un alojamiento adecuado.

El proceso se transformó en una demanda colectiva a partir de una decisión del juez Roberto Gallardo. Así se adhirieron la FALGBT y la Defensoría LGBT, mientras la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos fue admitida como amicus curiae.

En aquella ocasión el gobierno porteño rechazó la demanda y luego, en agosto del 2022 el doctor Martín Converset rechazó la acción de amparo. Frente a esto, el Ministerio Público de la Defensa, la FALGBT y la Defensoría LGBT apelaron.

El desamparo de una gran población

Los jueces llegaron a la actual decisión a partir del material probatorio adjuntado a la causa. Ésta ilustraba “la experiencia negativa de personas integrantes del colectivo trans al intentar obtener ayudas adecuadas en materia de acceso a la vivienda”. Además, se sumaron informes socio ambientales, relevamiento de hoteles y entrevistas producidos por el Ministerio Público de la Defensa.

Los jueces Corti y Zuleta coincidieron con lo planteado por el fiscal Juan Octavio Gauna, quien elaboró un dictamen de 65 páginas. Allí describió de forma detallada los problemas que obstruyen el derecho a la vivienda de la población trans en el distrito y la necesidad de modificar o crear políticas acordes. Además, pidió que se revocara la sentencia que rechazó al amparo y que se hiciera lugar parcialmente a la demanda.

“(Las personas trans) en situación de vulnerabilidad que residen en la Ciudad no consiguen créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda local (IVC), al no contar con los ingresos estables exigidos, sin calificar tampoco dentro del esquema de prioridades estipulado por dicha autoridad que promueve el beneficio para las familias con hijos y personas con discapacidad”, sostuvo el doctor Gauna.

También quedó demostrado, según el fiscal, que el subsidio habitacional que brinda el gobierno porteño “no soluciona eficazmente el déficit en materia habitacional que sufren las personas integrantes del colectivo, al existir barreras para el acceso a los hoteles y pensiones que habitualmente se utilizan en esta clase de programas”.

Además, advirtió que no hay datos oficiales sobre la población trans en el distrito.  “Esta omisión de información es un factor que coadyuva a explicar por qué los programas sociales que lleva adelante la Ciudad en materia de vivienda no han dado una respuesta adecuada para los integrantes del colectivo trans”, aseveró.

Noventa días para presentar un plan

Los jueces hicieron lugar al recurso de apelación y revocaron la sentencia que había rechazado el amparo de las organizaciones. A su vez ordenaron al Ministerio de Desarrollo Social porteño a presentar un programa de acceso a los planes habitacionales para la población trans vulnerable que reside en la Ciudad en el plazo de 90 días. Este deberá “contemplar difusión, plazos de ejecución y organismo a cargo”, indicaron.

También ordenaron al GCBA a realizar un relevamiento del colectivo trans del distrito con relación a la vivienda y programas sociales en el mismo plazo.

La jueza Seijas votó en disidencia al considerar que no se probó que el Estado “haya dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias”. 

Al ser consultada por esta agencia, Pamela Malewicz, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del gobierno porteño, dijo que “somos conscientes del problema habitacional que en la actualidad sufren las personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires”. También reconoció que “la población trans ha experimentado históricamente un perjuicio significativo en cuanto a la cuestión habitacional”.

En este sentido compartió que la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría articula con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para “dar una respuesta inmediata a la demanda espontánea de refugio” en los paradores para personas en situación de calle o situaciones de violencia.

Y señaló que este trabajo “no se centra únicamente en la respuesta inmediata a la emergencia”, sino “en el acceso a derechos de las personas trans para mejorar las perspectivas a largo plazo”.

Las políticas actuales son insuficientes

A lo largo de su dictamen, el fiscal Gauna había advertido sobre la política de hogares y paradores que ofrece el GCBA. “Incluso limitando el examen a aquellos donde se admiten con un cupo a personas trans y travestis, no es adecuada al no representar una solución sostenible. Son ámbitos donde la intimidad de las personas no está debidamente resguardada, prevén estadías temporarias y la permanencia durante el día es excepcional”, sostuvo.

Para el fiscal, “si bien el GCBA cuenta en la actualidad con diversas normas, programas y organismos que se ocupan del problema de la falta de acceso a la vivienda digna en su jurisdicción, con enfoque en las personas más vulnerables de la población, (…) en lo que atañe al colectivo trans en situación de vulnerabilidad que reside en la Ciudad, dichas políticas públicas, cuando pueden llegar a sus destinatarios, lo hacen en forma desarticulada y sin contemplar sus particularidades”. 

“Ello provoca una situación de sistemática ineficacia de las apuntadas acciones, en tanto no logran brindar oportuna protección al grupo, en el umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, concluyó.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Comunidad Homosexual Argentina (CHA), FALGTB, María Rachid, Personas trans, Programa habitacional

En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.

A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.

Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.

Nació en la Honduras de la década de los 80, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad un trastorno mental. Su infancia transcurrió en Ocotepeque, un pueblo hondureño de montañas, fronterizo con El Salvador y Guatemala, en pleno Triángulo Norte de Centroamérica.

Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.

A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.

Una discriminación estructural

La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.

“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.

La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.

A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.

El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.

…

Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.

En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.

Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.

El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.

Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.

La noche del 28 de junio, un grupo de policías también asesinó a Vicky Hernández, una mujer trans, mientras ejercía su jornada como trabajadora sexual. Por este crimen todavía impune, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño en  2021.

Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.

De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.  

Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.

“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.

El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.

Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.

En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.

“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022. 

A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.

Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.

De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.

Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.

En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.

“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.

Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.

Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.

Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.

En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.

Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.

IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes. 

El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.

Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.

El informe Dejarlo todo atrás. Relatos de personas que se ven forzadas a huir de Centroamérica y México, publicado por ACNUR en septiembre de 2023, indica que, hasta 2020, 3.9 millones de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras han migrado hacia diferentes regiones.  

El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.

Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador.
Foto: Kellys Portillo.

En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.

La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.

Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.

«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.

El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.

En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.

Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.

En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.

De México a Sudamérica, las personas LGBTIQ+ son perseguidas por la familia y por sus comunidades, basadas en la religión; y en el caso de los activistas, por los Estados, señala Espinosa, de Rainbow Railroad. Algunas, dice la especialista, son sometidas a las “terapias de conversión”. Las denominadas “terapias de conversión” deberían prohibirse, ya que según afirma Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género en un informe de mayo de 2020 sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, pueden equipararse a formas de tortura.

En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.

La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS —Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.

En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.

«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.

Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.

En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.

“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.

El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.

Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.

En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.

Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.

En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.

Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.

“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.

Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.

…

Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.

De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.

A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.

Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.

La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.

Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.

Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.

Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.

Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.

En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.

Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.

«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.

María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.

El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.

“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.

…

De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.

Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.

No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.

La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.

Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.

En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.

Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.

En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.

Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.

En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.

Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.

La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.

Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.

“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.

Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.

Stanley Luna

Carlos Lara

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Mena, Alejandro Córdova, Argentina, Dennis Castillo, Diversidad sexual, ECOSIEG, El Salvador, FALGBT, Homofobia/Transfobia, Honduras, Iglesia Católica, Karla Guevara, La Taylor, María Fernanda Parada, Nayib Bukele, Osman Lara, Religión, Sexilio, Sigfredo Funes, Triángulo Norte de Centroamérica, Xiomara Castro

Como dice el refrán popular, “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”.  Esto que está aconteciendo en Argentina puede contagiarse por todo el Continente y ocurrir en España y Europa si ganan las elecciones los amigos y amigas de este psicópata como Trump, VOX, el Partido Popular, la AfD, el partido de Marine Le Pen… ya está ocurriendo en Italia con la vuelta del Fascismo, en Hungría, en Reino Unido con el vergonzante Partido Conservador, en El Salvador con Bukele… ¿Cómo tantas personas LGTBI y tantas mujeres han podido votar a Feijoo, Ayuso o Abascal? Es terrible que las víctimas voten a sus verdugos… y luego están las malas personas como Sor Lucía Caram que se dice cristiana pero que ha votado a Milei. Es necesaria la formación y la resistencia. No pueden pasar y No pasarán.

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«La patria no se vende»: imágenes y consignas del Paro Nacional en Argentina

El paquete de medidas enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, entre sus múltiples propuestas, propone modificar y restringir políticas de género y diversidad.

BUENOS AIRES, Argentina. En el paquete de medidas que busca reformar la Ley Ómnibus, el lenguaje en que están expresados esos cambios es en sí mismo una praxis política. El texto que el presidente Javier Milei envió al congreso el 27 de diciembre con el título “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” busca reformar temas y áreas de todo tipo: la economía, la salud, la educación, entre otras. De aprobarse, sus alcances afectarán profundamente la vida de las personas, y en especial de las mujeres y diversidades, mucho más allá de estos destacados. Aluden a las escasas veces que temas de género aparecen mencionados de modo explícito en el documento de 350 páginas que en esas pocas alusiones plantean retrocesos en términos de políticas y derechos ganados.

Lenguaje en clave antiderechos

La expresión violencia de género se reemplaza en el texto de la Ley Micaela por ejemplo por “violencia familiar y contra la mujer”. Este cambio de abordaje representa un grave retroceso. Por un lado, invisibiliza la diversidad al acotarla a la categoría “mujer”. Por otro, deja de lado que la violencia de género adopta diferentes dimensiones  y se perpetra en espacios que van mucho más allá del familiar, operando como base de desigualdad estructural.

El proyecto de Ley Ómnibus propone modificar, entre tantas cosas, la Ley de los Mil Días (Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia). Elimina la nominación «personas gestantes» -en el original- y la reemplaza por «madres embarazadas». Y hace mención en reiteradas oportunidades a «niños desde la concepción«, un concepto que es la base de los movimientos que se oponen al aborto.

También elimina las menciones al «respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de “autonomía progresiva” y a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”.

INADI en peligro

A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como entidad descentralizada del Ejecutivo

El INADI es una institución clave para impulsar políticas contra la discriminación y un espacio de denuncia federal, con una red en todo el país. Es el primer lugar al que acuden muchas personas de la diversidad sexual y cultural cuando sufren actos discriminatorios.

La Federación Argentina LGBT+ expresó ayer en un comunicado su repudio: “El cierre del INADI va en contra del respeto a la diversidad y a la libertad en nuestro país. No se puede ser libre si la respuesta a la libertad es la violencia y la discriminación. Y es el Estado quien debe velar por esa libertad”.

Sin Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades

Aunque no es parte de la Ley Ómnibus, el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades se convirtió a través de un decreto en Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Ahora depende del mega Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio de las Mujeres era la autoridad de aplicación por ejemplo de la Ley Micaela, también incluida en el paquete de reformas.

Restricciones a la Ley Micaela

La Ley Micaela (Ley 27.499) promulgada en 2009 estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En el proyecto de reforma que integra la Ley Ómnibus, se convertirán en capacitaciones «en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia«. De modo que su órbita será mucho más restringida.

Según el proyecto de ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Capital Humano.

Micaela García era una joven entrerriana, militante del Movimiento Evita y feminista, asesinada a los 21 años. Su victimario estaba en libertad condicional tras una condena por violar a dos mujeres. Su femicidio puso en agenda de manera urgente la necesidad de capacitar con perspectiva de género a todxs lxs que trabajan en la órbita del Estado.

Sin paridad de género 

En su proyecto de reforma electoral, la Ley Ómnibus propone, entre otras cosas, cambiar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en 254 circunscripciones que enviarían a un representante cada una. Así se tornaría imposible la paridad de género garantizada por la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley 27.412), sancionada en 2017.

Archivo Agencia Presentes,Ana Mombello, Ariel Gutraich

Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Diversidad Género, Diversidad LGTBIQ+, Federación Argentina LGBT, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Interrupción voluntaria del embarazo, Javier Miley, Ley de los Mil Días, Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, Ley Micaela, Ley Ómnibus, Mujeres, Personas LGTBIQ, Ultraderecha, “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”

Desde Cafayate, Salta, la mujer trans construye organización y comunidad entre las diversidades indígenas.

“¡Es histórico!”. Esta frase suena como una muletilla en la boca de Maby Ibañez. Sus amigas y compañeras se ríen por la repetición de la sentencia, en una asamblea, en una entrevista o alrededor de un fuego. La dice fuerte, acentuando las vocales. Y convence. Tal vez sea por la conciencia de que en su andar la realidad no le pasa por al lado, sino que ella junto a sus hermanas de la comunidad están escribiendo una nueva historia.

Maby Ibañez tiene 37 años y es una feminidad travesti del pueblo diaguita de Cafayate, localidad salteña de los turísticos Valles Calchaquíes. Es referenta de Mujeres Trans Argentina (MTA), activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir y hace más de diez años atiende su propia peluquería, a pocas cuadras del centro cafayateño. Junto a sus compañeras y otros grupos organizaron por primera vez la Marcha del Orgullo en esa ciudad y ya es reconocida a nivel regional y nacional como una referencia de las diversidades indígenas.

Una niña trans en el interior de Salta

“A nosotras se nos fue negada nuestra identidad como infancias travesti trans, y también nuestra identidad originaria, en la escuela y en otros espacios, y hoy tenemos que recuperarla”, dice Maby que, con la tenacidad de escorpio, nació un 24 de octubre de 1986, unos meses después que el seleccionado masculino de fútbol argentino se consagrara por segunda vez campeón mundial. Fue la primera de seis hijxs de un matrimonio de la clase media cafayateña.

El proceso de construcción de la identidad sexogenérica arranca desde que somos niñxs, por eso Maby ya era objeto de censura y represión desde pequeña. La maestra la retaba en el jardín por jugar con muñecas, lucir delicada con su melena de pelo lacio e insistir con el delantal rosa. Lo cuenta Maby, con su voz calma y serena. Reconoce que no lo tiene tan presente “porque la mente aprende a bloquear cosas que causan dolor”. Si bien siente que habrá sido complicado el proceso de aceptación para su familia, en su relato hay vastos reconocimientos al apoyo que le brindaron. Su transición se consolidó más fuertemente en “Bachi Corazón”, el nombre con el que se referían al secundario que hoy es la Agrotécnica de Cafayate – E.E.T. 3155.

“Ese proceso fue clave porque yo ahí ya decidí que no quería ser mariquita, quería ser una mujer y construir una imagen femenina. En la secundaria afianzamos ese proceso y pudimos llevarlo adelante en grupalidad y yo fui la primera trava en esa escuela. Fue un espacio que nos abrazó y nos dio fortaleza para lo que vendría.”

Las pibas y las maricas se empezaron a montar, se depilaban las cejas, uñas largas y maquillaje. Maby se ocupaba de los peinados de todas, su mamá había estudiado algo de peluquería y ella agarraba los libros y practicaba. Algo que había empezado casi como un juego se convertiría en su gran respaldo. Por esa época, un día una niña de dos años que estaba aprendiendo a hablar le dijo “Maby” y quedó ese nombre para siempre. Era Mika, la más chica de sus cinco hermanxs.

Peluquera de oficio

El tío de Maby era parte de una comparsa en Salta capital. Ahí solía vincularse con chicas trans y era un férreo defensor de sus derechos. Una tarde, llegó a Cafayate y le dijo a su hermano, Juan Carlos Ibañez: “Tenés dos opciones, ¿querés que tu hija estudie y se quede con ustedes o que se vaya lejos y ejerza la prostitución?” Al día siguiente su papá le preguntó qué quería estudiar. Para Maby su tío fue un apoyo importante para el proceso de identificación.

Maby viajó a estudiar en la escuela de peluquería Burgos en el centro salteño, se recibió en un año y se convirtió en la primera profesora trans de esa institución. Desde piba tenía el sueño de levantar su propia peluquería en su Cafayate natal. Cuando a Maby se le cruza algo por la cabeza no hay forma de detenerla. Empezó haciendo algo de lobby familiar: un salón de un negocio que había cerrado por acá, un préstamo de la abuela jubilada por allá, conseguir las herramientas de trabajo… Y así nació “Stylo Maby” a pocas cuadras de la plaza principal de su ciudad.

“Ya llevo trece años en esto. Reivindico ser peluquera de oficio, inventiva, resolviendo todo yo sola”, dice Maby. Reconoce que su profesión fue un gran respaldo para desarrollar su identidad de género en esa comunidad.

Lo que nos mueve

“Poder estar en Cafayate, cambiar las realidades de mis hermanas trans travestis y transformar vidas es lo que me mueve. Siento que caminar hacia un buen vivir es posible porque ya lo hemos habitado. Y eso es lo que me moviliza hoy con mucha fuerza”, sostiene Maby. Explica que, en la pandemia, justo cuando el mundo se detuvo, ellas se movieron para organizarse, y lo marca como su punto de partida personal en la lucha y la militancia. La crisis económica y la suspensión de trabajos que trajo aparejada la cuarentena en 2020 pegó fuerte en la comunidad diversa que se empezó a organizar por primera vez en Cafayate ante la necesidad básica de garantizar el alimento. Más en los lugares que viven del turismo como es esta ciudad.

Ella tampoco tenía clientes en la peluquería. Así que papel y lápiz, listado, agenda de contactos y a golpear puertas. Esa lista expresaba la necesidad alimentaria de más de treinta personas de la comunidad. Pero era mucho más que eso, de alguna forma era la visibilización como colectivo organizado. Es así como, además de lograr los módulos de mercadería para que las compañeras pasaran esos meses difíciles, decidieron conformar la sede local del Movimiento de Mujeres Travesti Trans de Argentina (MTA), con el apoyo de Luz Bejarano desde el MTA Salta. “La dificultad principal que encontramos era cómo íbamos a visibilizar a la comunidad LGBT en Cafayate y cómo íbamos a generar una aceptación sin confrontación ni choques. Y la estrategia, que después entendimos que era estrategia porque primero era el recurso a mano, fue lo artístico y lo cultural.”

Además de peluquera, Maby ya era una agitadora cultural en la región. Junto a copleras, artistas, dibujantes, empezaron a llenar las calles y la agenda cultural cafayateña de intervenciones, murales, cantos y peñas. En 2021 pusieron en cartel “Orgulloses, una varieté diferente”, un espectáculo íntegramente realizado por diversidades locales. Y además de generarse una fuente de trabajo, expresaban desde nuevos lenguajes a un colectivo históricamente negado.

Con la necesidad de afianzar una agenda de la comunidad diversa del Valle Calchaquí, comenzaron a celebrar las efemérides LGBT. Maby se encendió nuevamente porque siempre soñó con poder hacer la famosa Marcha del Orgullo en su ciudad natal y con rituales indígenas. Conformaron la comisión organizadora, reunieron y convocaron. “La primera sensación fue miedo, no sabíamos qué podía pasar. Articulamos con todas las instituciones y pensamos una marcha larga que atravesara toda la ciudad. Eso también habla de que somos un movimiento que atraviesa todos los espacios, debe ser transversal. La segunda en 2022 ya decidimos nombrarla PLURINACIONAL haciendo hincapié en la lucha por el territorio y por nuestros recursos naturales, entendiendo que nuestra lucha es reconociendo a los pueblos originarios y recuperando esa identidad indígena.”

Es noviembre de 2023, Maby es anfitriona en un hostel que alojó a las distintas comitivas del NOA para participar de la tercera Marcha Plurinacional del Orgullo de los Valles Calchaquíes. No se le escapa nada, está en todos los detalles, se toma el rato para recibir y hablar con cada unx, es cálida y pragmática a la vez. Se puede ver cómo todxs la respetan y la quieren.

El día previo a la marcha, alrededor de un fogón en una ronda de intercambio, Quillay Méndez, amiga y compañera jujeña expuso ideas contundentes. Y como en un discurso coral, que no importa en boca de quién esté, Maby la parafrasea y agrega: “Como dice la Quillay, nuestro orgullo es existir y resistir en nuestros propios territorios. Yo no me veo lejos de Cafayate, mi lucha y resistencia están acá, es el lugar que amo y defiendo, es un orgullo y una alegría estar y habitar este suelo, esa fuerza que necesito me la dan las montañas, el monte, el campo, los árboles.”

Este artículo fue publicado en el medio aliado La Nota de Tucumán

Gastón Wahnish / La Nota

Dafna Alfie / La Nota

Fuente Agencia Presentes

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Hace una década, la comunidad travesti trans inició una incansable lucha por una Ley de Reparación Económica que reconozca los daños sufridos durante la dictadura militar (1976-1983) y los primeros 28 años de democracia.

La historia de la comunidad travesti está marcada por décadas de discriminación y marginación, una realidad dolorosa evidenciada por numerosos testimonios de sobrevivientes y la investigación «La Revolución de las Mariposas», específicamente el capítulo «Envejecimientos y vejeces en travestis y personas trans, algunos asuntos pendientes», dan cuenta de la difícil situación que han vivido y que actualmente también padecen las personas travestis y trans mayores.

Norma Gilardi 28/10/2023 Entrevista Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Fotografía María Eugenia Azar.

Hace una década, la comunidad travesti trans inició una incansable lucha por una Ley de Reparación Económica que reconozca los daños sufridos durante la dictadura militar (1976-1983) y los primeros 28 años de democracia, que, según el colectivo, la democracia para la comunidad travesti trans comenzó con la promulgación de la Ley de Identidad de Género en junio de 2012.

A lo largo del tiempo, el camino legislativo hacia la reparación económica ha experimentado cambios significativos. Inicialmente enfocado en la violencia institucional, evolucionó para abarcar la violencia sufrida durante la dictadura militar, incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio. A continuación, se presenta un recorrido por varios proyectos de ley y esfuerzos (algunos exitosos) en distintas regiones del país para lograr la anhelada reparación económica o pensión no contributiva para la comunidad travesti trans sobreviviente, acompañado de conmovedores testimonios de personas mayores de 50 años, auténticas supervivientes de una lucha histórica que aún no ha concluido.

A lo largo del tiempo, el camino legislativo hacia la reparación económica ha experimentado cambios significativos. Inicialmente enfocado en la violencia institucional, evolucionó para abarcar la violencia sufrida durante la dictadura militar, incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio.

Los distintos proyectos y políticas

En los últimos años se ha hecho un recorrido por varios proyectos de ley y esfuerzos (algunos exitosos) en distintas regiones del país para lograr la anhelada reparación económica o pensión no contributiva para la comunidad travesti trans sobreviviente, acompañado de conmovedores testimonios de personas mayores de 50 años, auténticas supervivientes de una lucha histórica que aún no ha concluido.

La legisladora María Rachid presentó un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires para establecer una pensión no contributiva mensual para personas travestis y trans mayores de 40 años, solo podían cobrarlo quienes tuvieran ingresos menores a 5810. Este proyecto en sí mismo carecía de un espíritu reparador, además de exigir el cambio registral, contradiciendo el espíritu de la Ley de Identidad de Género.

Norma Gilardi, sobreviviente de la dictadura, relata: «Mi familia me marcó mucho, no podía creer que prefiriesen tenerme muerta antes que viva. No se podía andar en la dictadura, me acuerdo que el 13 de noviembre de 1976 esa misma noche me sacan del teatro, de ahí fui a parar a la cárcel y recuperé la libertad cuando asumió Alfonsín”

Nadia Natali Saavedra, sobreviviente de la Panamericana. 28/10/2023 Entrevista Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Crédito: Pili Cabrera

La diputada Diana Conti presentó un proyecto en el marco de la campaña «Reconocer es Reparar». Buscaba beneficiar especialmente a quienes sufrieron violencia policial. Aunque incorporó mejoras, como un aumento del 30% en casos de violencia sexual y tenía compatibilidad con toda prestación contributiva o no contributiva, el monto se regulaba de acuerdo a la categoría D, plana permanente del Sistema Nacional de Empleo Público.

En 2016 se lanzó la campaña para convertir en ley el proyecto Nº 8194 de pensión a travestis y trans víctimas de violencia policial, pero el expediente caducó el 28-02-2019.

«Las palizas que nunca voy a olvidar son las de mi madre»

Nadia Natali, sobreviviente de la Panamericana, comparte su experiencia de abandono y abuso: “Se entera mi familia y las palizas empezaron, porque no es como ahora que te aceptan todo, las palizas que nunca me voy a olvidar de mi madre, así que me cansé de tanto, tanto que me maltratara mi madre, de ser el puto de la familia, la oveja negra, me fui un día diciendo que me iba al colegio con algo de ropa en la mochila”, “desgraciadamente era una criatura y bueno para comer tenía que tener relaciones, siempre existió el hombre degenerado antes, ahora y va a estar siempre, entonces tenía que tener relaciones por sándwich, cosas, por lo que sea, trece años tenía”

Vigente desde el 2012, originariamente establecía una pensión para aquellas personas que fueron detenidas durante la última dictadura militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles, a partir de la fecha se incorporó a la orientación sexual y/o identidad de género esta ley sigue vigente al día de hoy beneficiando a unas 30 personas travestis y trans.

Reparación para sobrevivientes de la dictadura

Fanny del Valle Chamorro Franco foto del 27/10/2022 Crédito: Pili Cabrera

En 2023, se promulga la Ley de Reparación Histórica para las Sobrevivientes Travesti-Trans Post-Dictadura, alrededor de 140 compañeras travestis recibirán este beneficio.

Fanny del Valle Chamorro Franco, fue una de las reparadas por la Ley 13.298 de Santa Fe. Activista, fallecida recientemente, destacaba su incansable lucha por sus compañeras: “yo hice muchos reportajes, salí con José de Zer, con Silvia Fernández Barrio, hice muchas denuncias yo fui a la Panamericana adonde hacía los reportajes con los periodistas, fui a las revistas a todos lados cuando tuve que tocar puertas toqué, por mis compañeras porque era todos los días dos o tres muertas, todos los fines de semana tres o cuatro muertas”.

El gobernador Axel Kicillof firma el proyecto de ley que, establece un beneficio equivalente a tres sueldos básicos. Se toma el monto de la Categoría ingresantes del Agrupamiento Administrativo – Clase 4, A diferencia de otros proyectos la pensión es incompatible con el fallecimiento de la beneficiaria, por otro lado es si compatible con todo tipo de ingresos de parte de la beneficiaria sea sueldo, otra jubilación y cualquier otra indemnización, reparación que tuviese.

Karina Pintarelli 14/10/2023 en Casa Leonor de Merlo Provincia de Buenos Aires. Crédito: Pili Cabrera

Karina Pintarelli, 65 años, narra su experiencia y la lucha por la reparación: «Recién en 2018 pude, con el apoyo de Abosex, iniciar los trámites para pedir la reparación.»

Cómo avanza la pensión reparatoria

En la reciente reunión de la diputada Mónica Macha con las Históricas Argentinas, se discutió el proyecto consensuado entre las organizaciones del colectivo travesti trans. Un aspecto central fue el monto de la pensión, un tema debatido y resistido por las travestis mayores, quienes entendían que una jubilación mínima no cubría las necesidades de quienes enfrentaban una situación extrema de vulnerabilidad.

El último proyecto de ley establece que la «Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis, Transexuales y Transgénero» equivale a UNA (1) jubilación mínima abonada por la ANSES, con percepción mensual y sujeta al calendario de aumentos de la misma, no obstante existe la posibilidad de solicitar incrementos, dicho incremento se otorgará en la medida de las pruebas que se deberán presentar en cada caso.

Mónica Ríos

**Incrementos:**

– **En un 50% más:** A las personas privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género, tanto por las Fuerzas de Seguridad federales como por autoridades judiciales o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Esto incluye a quienes hayan sufrido las disposiciones del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina, así como a aquellas privadas de su libertad por causas similares a nivel provincial.

– **En un 70% más:** A las personas que cumplan con las condiciones del 50% y además hayan sufrido lesiones gravísimas según la clasificación de los artículos 90 y 91 del Código Penal, o hayan sido víctimas de delitos contra la integridad sexual (arts. 118 a 133 del Código Penal).

**Pruebas para la Solicitud del Incremento:**

a) **Prueba Inequívoca:** En casos en que a las personas alcanzadas por esta Ley se les hayan aplicado los incisos “f”, “h” e “i” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.

b) **Informe Oficial:** Los organismos oficiales deben proporcionar los informes solicitados por la autoridad de aplicación en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles para facilitar la presentación de pruebas.

c) **Prueba Adicional:** Se admite el ofrecimiento y producción de prueba testimonial, informativa, documental y cualquier otro medio idóneo para acreditar los hechos referidos.

d) **Prueba de Oficio:** En caso de falta de materiales probatorios suficientes por parte del solicitante, la autoridad de aplicación procederá a la producción de prueba adicional de oficio.

e) **Admisión de Prueba Adicional:** La autoridad de aplicación debe admitir la producción de prueba adicional de oficio cuando sea necesario.

Este proyecto representa un paso significativo hacia la reparación histórica para la comunidad travesti trans, abordando no solo el reconocimiento económico sino también la complejidad de las experiencias vividas por las personas afectadas.

Noelia Luna, Alma Fernández, la diputada Mónica Macha y Sandra Igor de Bariloche en el despacho de la diputada. Crédito: Pilar Cabrera

Pilar Cabrera

Pilar Cabrera

Fuente Agencia Presentes

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La docente trans Carla Rivero fue apartada de las aulas de la escuela de la que era directora desde abril. Fue luego de una broma que hicieron sus alumnos y filmaron con su teléfono.

En 2023, cuando Carla Rivero cumplía 28 años de carrera docente, pudo cumplir su sueño de dirigir una escuela. Ocho meses después, una broma fue la excusa para alejarla no sólo de su cargo sino también de lo que más ama en su vida: la docencia.

Carla Rivero había finalizado la hora de trabajo con sus alumnxs de sexto grado en la escuela República del Paraguay, de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Uno de sus alumnos le pidió el teléfono para filmar un video con un juego y la invitó a participar. La docente hizo la coreografía que le enseñaron lxs niñxs, recibió el teléfono, lo guardó y dio por terminada la hora de clase. Dos semanas después le iniciaron un sumario por ese video y suspendieron su labor en las aulas, con lxs chicxs.

Preguntó en la dirección de la escuela si estaban al tanto del motivo de la citación y le respondieron que no sabían nada. Sin embargo, cuando llegó al ministerio se encontró con que la denuncia contra ella por este video, había salido de la misma dirección de la escuela.

“Cuando me citan al Ministerio el 6 de diciembre, realmente no sabía por qué razón la supervisora de mi sección me convocaba. En ese instante me enteré que me iniciaban un proceso sumarial”, cuenta Carla Rivero a Agencia Presentes.

En el Ministerio, a la docente le informaron que le iniciaban el sumario y la trasladaban a la junta de escalafonamiento de docentes de nivel secundario. A “No tuve la notificación de los directivos, -que era lo que correspondía- para presentar mi derecho a defensa y mi descargo correspondiente. Tampoco en esa primera intervención directa de la supervisora tuve la posibilidad de presentarme con un abogado”, contó a un mes del hecho.

Carla no pudo despedirse de sus alumnxs con quienes venía atravesando todo un proceso educativo.

Un hecho de discriminación

No es la primera vez que Carla se enfrenta a una situación discriminatoria. Le pasó sobre todo en la década del 90 y cuando aún no existía la Ley de Identidad de Género.

Rápidamente pudo ver en estas acciones de colegas docentes, padres y personal del Ministerio una clara discriminación. “Ellos querían sacarme de las aulas”, comenta.

En esto coincide Marcos Peiretti, abogado que representa a la docente. Cuenta que desde que tomó el caso, intentan acceder a las actuaciones del sumario, pero no lo logran por cuestiones burocráticas. “La demora, no afecta al fondo de la defensa técnica de Carla, pero sí hay un perjuicio actual. Porque cautelarmente se apartó a Carla de las aulas, y se le vedó estar frente a niñas, niños o adolescentes”, agrega el letrado.

Además, aclaró que previo al inicio de sumario a la docente, no hubo ninguna llamada de atención ni sanción previa de ninguna índole, y que la escuela no escuchó a Carla. “Todo eso y los motivos que solo preliminarmente conocemos, hacen que a nosotros (los integrantes del equipo legal de Carla, compuesto también por Gustavo Feldman y Liza Feldman) nos parezca apresurado, con un cierto dejo de arbitrariedad la decisión”, explica Peiretti.

“La escuela prescindió absolutamente de escuchar a Carla antes de tomar esta determinación. Frente a una docente de más de 30 años de trayectoria, sin sanciones disciplinarias, que ha logrado instalarse en una comunidad educativa compleja, que se ha ganado el apoyo de padres que a su ingreso la han resistido solo por ser trans (cual será la pedagogía travesti que logró contar hoy con el apoyo de estos), y que en ese marco se la corra de las aulas, como si significara algún peligro para lxs niñxs. Y a sabiendas del penar que eso a ella le causa”, finalizó el abogado.

El procedimiento

El abogado que representa a Carla dejó en claro que el inicio del sumario parte de la misma escuela. “Por supuesto que debe ocurrir una investigación seria, para arribar a una conclusión justa. Pero lo que no creemos justo es que, mientras tanto, se quite a Carla de las aulas, y se la conmine a desarrollar tareas administrativas”, aclara.

Es allí donde existe una maniobra discriminatoria. “Vemos, entre lo apresurado lo sesgado y lo burocrático, el combo perfecto para desvirtuar la incomodidad que a algunos le genera una travesti dando clases y siendo querida por sus alumnos”, dice el abogado.

“Nuestra labor se encaminará en hacer que Carla retorne a las aulas, que el intríngulis se aclare, y que junto con la recomposición de la dignidad de esta docente; se desprenda un mensaje claro a toda la comunidad educativa”.

El abogado también contó a Presentes que las nuevas autoridades de la Secretaría de Género de la provincia se mostraron comprometidas desde un primer momento con Carla. “Las nuevas autoridades del Ministerio de Educación también frente a nosotros han asumido el compromiso de atender este asunto, con celeridad y seriedad, para que si está ocurriendo una situación injusta, esta sea corregida”.

Carla, la docente querida

“Arriba ese ánimo, marcaste el corazón de muchas generaciones”; “Te quería dar las gracias por ser como sos, fuiste la mejor seño siempre, Carlita”, fueron apenas dos de los mensajes de decenas que le llegaron a Carla de sus exalumnos. Incluso, lxs chicxs al enterarse de la situación que se provocó a partir del video, publicaron otro explicando que había sido una broma, que la docente había sido engañada y que no pensaron en que tendría esta consecuencia.

“Apenas hago pública la situación inmediatamente las redes comenzaron a estallar con mensajes, videos y llamadas de alumnos, exalumnos, padres, organizaciones, funcionarios y personas independientes. Mi celular no dejaba de sonar; ahí me di cuenta que no estaba sola y que no había hecho las cosas tan mal en estos casi 30 años. Mis redes se poblaron de mensajes positivos y de aliento”, cuenta la docente a Presentes.

El 21 de diciembre volvieron la citaron nuevamente al Ministerio. Allí le notificaron que el corrimiento de su cargo se hacía efectivo en la Junta de Escalafonamiento Secundario y que se negaron a dejar el descargo por escrito. “En todo momento ignoraron mis explicaciones”, comenta.

Ese mismo día se presentó a trabajar en la junta, que realiza un trabajo administrativo para el que hay que estar capacito. “Me recibieron cordialmente pero nunca me hablaron de la labor que voy a cumplir en esa dependencia”.  

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“Una persona trans en un aula es un cuerpo político disruptivo”

La situación que vivió en diciembre fue un deja vu para Carla. Le pasó hace siete años en Corrientes. “Esa vez no llegaron tan lejos a pesar de que la directora de la escuela en la que trabajaba convocó a una reunión con los padres de mis alumnos y les dijo: ‘La señora de tercer grado no es una señora es un señor’”, recuerda.

En esa oportunidad, gracias a la mamá de una alumna que grabó esa conversación, denunció a la directora ante el Inadi.

“Eso sucedió en 2016 y no me sorprendió. Pero que la persecución, el hostigamiento y la discriminación ocurra en Rosario es llamativo cuando es una provincia pionera en derechos LGTBIQ”, reflexiona. “Las causas de lo sucedido tienen que ver con intereses personales pujan dentro de la escuela con situaciones arbitrarias varias, destrato, una cooperadora donde han pasado cosas raras etc. Estuve unos meses en la dirección de la escuela y sé perfectamente las cosas que allí suceden”, agrega.

“El primer objetivo es el impedimento a acceder a cargos directivos y el segundo es barrerme del sistema. No hay otra explicación después de las innumerables muestras de afecto de los centenares de alumnos que pasaron por mis aulas. Una persona trans en un aula es un cuerpo político disruptivo y eso molesta a muchos docentes todavía”.

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Lo sucedido en la escuela República del Paraguay está también ligada al contexto político actual. “No lo considero casual que después de que ganó el nuevo gobierno nacional hayan salido a la luz varios casos similares al mío en dos semanas. Esto es un aleccionamiento para castigar y perseguir. Lo lamentable es que se use a la escuela como aparato represor del Estado”.

“Jamás responsabilizaría a un alumnx de lo que me pasó. Asumo mi responsabilidad de haber prestado mi celular. Pero ahí, al inicio de un sumario es un acto de complicidad entre la dirección de la escuela y la supervisión. Lo único que exijo es la restitución inmediata de mi cargo porque todo fue un proceso mamarracho, desprolijo y avasallando derechos laborales”.

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Carla Rivero, Escuela República del Paraguay, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ, Personas trans, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez

La mató una vecina del hotel donde vivía. Diva era dominicana y había llegado a la Argentina hace diez años.

BUENOS AIRES, Argentina. A Diva le gustaba decir que era la primera travesti migrante de República Dominicana que había logrado hacer su cambio registral. Hacía más de diez años que había llego a la Argentina y se había instalado en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires, donde el sábado 20 de enero fue asesinada.

La noticia llegó a las chicas de Casa Roja, donde Diva Reina de los Santos Contreras acudía al comedor y al psicólogo, en las primeras horas de la mañana. La policía ya había constatado su fallecimiento y vecinos y vecinas del lugar relataron el hecho.

Diva estaba atravesando un fuerte consumo problemático y estaba en tratamiento. Quien la mató era una vecina del hotel en donde vivía. Una mujer dominicana que también atravesaba una situación de consumo. Esa madrugada, una discusión entre ambas fue escalando en violencia y terminó con una puñalada por la espalda que llevó a la muerte de Diva.

Un huésped del hotel llamó al 911 alrededor de la 7 de la mañana alertando sobre un cuerpo en la verdad del lugar. Al llegar, la policía sólo pudo constatar la muerte de Diva.

La mujer que la mató fue detenida sin que ella ofreciera ningún tipo de resistencia. Confesó el crimen y continúa detenida. La causa está en el Juzgado Criminal y Correccional N°48.

El lugar de Diva Reina

Georgina Orellano es presidenta de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). La organización fundó en 2019 Casa Roja, en Constitución. Desde ese espacio se hicieron cargo de avisar a la familia de Diva Reina y completar los trámites correspondientes para retirar el cuerpo de la mujer y despedirla.

“Diva una compañera que atravesó muchas situaciones de violencia en su vida. Tuvo que desplazarse e irse de su país porque su entorno no aceptaba su identidad de género. Y acá ha sufrido situaciones de mucho abuso policial”, cuenta Orellano a Agencia Presentes.

La mujer atravesó situaciones de salud delicadas. Estuvo mucho tiempo internada y luego de articulaciones entre organizaciones sociales, lograron el seguimiento del tratamiento por parte del Hogar Cristo Rey desde donde la visitaban semanalmente para supervisar la medicación.

“Ella estaba muy contenta de que hubiera gente que se preocupara por ella. Que, siendo migrante, siendo travesti y viviendo en el barrio Constitución venían los médicos una vez por semana a su hotel para hablar con ella, para ver si se había alimentado y para ver si efectivamente seguía cumpliendo con su tratamiento”, dice Georgina. Y agrega, “su muerte habla de las precariedades de las personas, habla de la falta de políticas y habla de la ausencia del Estado”.

Una vulnerabilidad sin frenos

Diva Reina asistía al comedor de La Casa Roja y a la terapia que se brinda en el lugar. Era, según cuentan en el espacio, una persona asidua que accedía a los distintos servicios que se ofrecían en la casa.

El viernes anterior a su muerte, se había acercado para averiguar cuándo estarían los abogados porque necesitaba asesoramiento. Le dieron turno para el 5 de febrero.

Casa Roja es un espacio que cobija a decenas de mujeres y travestis trabajadorxs sexuales en situación de vulnerabilidad. Allí también encuentran refugio de la violencia institucional, acceden a un plato de comida y a lo que necesitan gestionar en términos legales y de salud. Fue un punto de entrega de alimentos durante los años de pandemia y también una de las postas de vacunación contra Covid-19.

Anmar y La Casa Roja también se hicieron responsables del cuerpo de Diva para darle una despedida digna. “Hablamos con el secretario del fiscal. Sobre todo, para dar cuenta de que ella no tiene acá ningún lazo familiar directo. Nosotras en estos casos, siempre como organización, intervenimos para poder hacernos cargo, para dar una despedida digna a la compañera. El fiscal entendió perfectamente la situación y nos facilitaron hacer los trámites teniendo en cuenta de que se trataba ni más ni menos de una muerte violenta”, explica a Presentes, Orellano.

Diva Reina tenía contacto con su mamá, que vive en República Dominicana. También tenía hermanos en distintos lugares del mundo. Georgina logró comunicarse con una hermana que vive en Italia. Agradecieron la intervención de Ammar, “tenían mucho temor que reclamara el cuerpo de Diva de la morgue, que no tenga ninguna despedida, que nadie ore por ella. Es una familia muy creyente al igual que Diva”, manifestó.

La estigmatización y el odio

Desde que se enteraron del asesinato de Diva Reina, las chicas que integran La Casa Roja no pararon de hacer trámites ni de resolver situaciones vinculadas a este dramático hecho. “Tal vez hoy que tenemos nuestro espacio de intimidad podamos empezar a hacer el duelo”, reflexionó Orellano.

No fue sólo la muerte de Diva lo que angustió a las mujeres. También todo lo que se dijo desde que se conoció el crimen. “A nosotras nos dolió muchísimo que en ese momento se haya presentado el canal Crónica TV, y que muestre en pantalla a nuestra compañera tirada en el piso. Todavía no había ido la ambulancia a retirarla y eso estaba pasando. Nosotras todavía no nos habíamos podido comunicar con la familia de Diva, queríamos que la familia se enterase por otro lado no y no viendo esa imagen”.

A la transmisión del canal se sumaron los comentarios de vecinxs del lugar. “Hay vecinos que aprovechan esa situación, decir cosas xenófobas y racistas hacia los distintos colectivos migrantes que viven en Constitución. Opera el racismo de decir que es un conflicto de personas con drogas, como justificando que merecía morir”, dice la referenta de Ammar. “En vez de denunciar la falta de políticas públicas o la violencia institucional que sufren esas compañeras a diario, aprovechan el micrófono para ser expulsivos y con una mirada de higienización social con respecto a un barrio donde nosotras vivimos, habitamos y tenemos ahí también la organización”.

El avance de la precariedad 

Orellano también resaltó que la persona que mató a Diva era otra mujer en situación de gran vulnerabilidad. “La persona que lamentablemente la asesinó también era una persona atravesada por un montón de precariedades, con mucha violencia en su vida, y como muy por fuera del sistema. Este crimen nos tiene que llevar como sociedad a profundizar que con la precariedad que hay hoy en nuestro país, éstas lamentablemente van a ser las situaciones que se van a presentar en los barrios”.

Respecto del crimen de Diva se dijo, entre otras cosas, que fue un ajuste de cuentas y que ambas mujeres eran “transas”.

“También se dijo que Diva había ido hasta ahí a comprar drogas. La verdad es que Diva era una vecina de Constitución. Desde que llegó a la Argentina vive en el barrio. Alquilaba una habitación en ese hotel. No era alguien que pasó y se encontró con la muerte, si no alguien que vivía ahí. Que era vecina del barrio, que era nuestra compañera”.

El cuerpo de Diva será sepultado en el Cementerio de la Chacarita, antes habrá un velatorio en Casa Roja. 

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

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Durante 35 años Abigail Galindo, mujer trans, anduvo por las calles, los escenarios y las fiestas con su cámara. Esas imágenes de la memoria LGBTIQ forman parte crucial del Archivo Honduras Cuir.

TEGUCIGALPA, Honduras. Las mujeres de la fotografía no sonríen a la cámara, pero se les ve felices. En la imagen, tomada en la capital de Honduras hace treinta años, en un parque, en una banca, bajo un árbol, cuatro trabajadoras sexuales esperan clientes. La noche es densa, sus miradas penetrantes. De izquierda a derecha posan Gaby Spanik, Bessy Ferrera, Abigail Galindo y Michelle: cuatro figuras importantes del movimiento trans en Honduras.

Flash. Un relámpago, la noche y, de repente, son inmortales.

En unos años, a dos de ellas las van a matar, otra va a migrar escapando de la violencia. Solo quedará Abigail para contar sus historias.

Pero en la fotografía —ahora un ícono— se les ve felices.

Tantas, tantas fotos. Cuelgan de la pared, se apilan en álbumes, reposan en retrateras. Al principio eran nada más la colección personal de Abigail Galindo, una mujer trans, defensora de los derechos humanos. Ella fotografió por 35 años sin saber, sin imaginarse. Ahora tiene 52, dejó el trabajo sexual hace 20 y sus imágenes son parte de la memoria colectiva de las personas LGTBIQ+ de Honduras.

Se digitalizan para Instagram, se imprimen tamaño póster, se exponen ante miles. De aquella Abigail  que recorrió las calles de la capital de Honduras con tacones, lentejuelas y furia queda una figura delgada, casi tímida, que avanza despacio en su silla de ruedas, con una pierna menos. Todavía se sorprende cuando encuentra a cientos de personas, reunidas a su alrededor, escuchándola.

Durante la mayor parte de su vida, la fotografía no fue más que un pasatiempo aficionado para ella. No esperaba, ni hubiera soñado, que sus fotos iban a ser parte de exposiciones ni que iba a guiar recorridos por los fragmentos de su vida. Su intención era atrapar memorias en la película de 60 milímetros, recordar junto a sus amigas las fiestas, los amores y las noches, una vez fueran ancianas.

—Siempre me gustó eso de andar tomando fotografías en todos lados —dice— . Andaba con un rollo de 36 películas. Cuando íbamos a algún evento o salíamos, lo primero que agarraba era la cámara, lista para tomar las fotografías a mis compañeras, a mis amigas.

En junio de 2022 Abigail conoció a un fotógrafo llamado Dany Barrientos. Él le habló de «memoria histórica» y de un proyecto para «reconstruir y deconstruir» la historia de personas como ella: el Archivo Honduras Cuir, una iniciativa que buscaba, a través de cualquier pedazo de papel que encontraban, evidenciar que las personas LGTBIQ+ existieron. Abigail, con sus fotos y con sus historias, iba también a convertirse en una pieza crucial de la memoria viva de las que quedaban y de las que ya no están. 

—Tomaba tantas fotos para tener mis recuerdos —dice—. Las fotografías son muy importantes porque son la historia reflejada en un papel. Si nosotros tenemos memoria y nos acordamos de todo, lo podemos explicar, pero sin una fotografía… Ninguna historia se puede contar sin tener una prueba, ¿verdad?

Las historias tras las imágenes de Abigail revelan lo que diversas organizaciones LGTBIQ+ han denominado un transgenocidio en Honduras, del que ella es una superviviente. El resto de sus amigas, como las que posan en la foto del parque, se fueron así: una noche dos hombres salieron de sus casas, les dijeron adiós a sus esposas, se subieron a un carro de vidrios oscuros y condujeron por la ciudad con la intención en la mano. A Bessy la mataron a balazos. Su cuerpo quedó tendido sobre la acera en la que trabajaba.

Un día un cliente le dijo a Michelle te llevo conmigo a Guatemala y ella dijo me voy a Guatemala con el cliente. Lo que pasó en medio no se sabe, lo que se sabe es que pudieron identificar los que quedó de Michelle por sus tatuajes. A Abigail le da un escalofrío cuando se acuerda.

—De ahí solo dos estamos vivas, la Campero (Gaby Spanik) que está en Alemania y yo, que estoy acá.

Acá: Honduras, según la organización TransRespect este pedacito de tierra entre el Caribe y el Pacífico es uno de los más violentos del mundo para las personas trans y en especial si son trabajadoras sexuales. Diferentes organizaciones se han dedicado a registrar los ataques, las armas homicidas, las resoluciones judiciales y todo lo que haga falta para explicar la complejidad de toda esa violencia, pero la conclusión es que en Honduras, como en otros países de América Latina, las mujeres trans no llegan a viejas.

— Yo siempre les digo a las chicas: «Tomémonos una foto, porque no sabemos si es la última». 

Las fotos de Abigail en el Archivo Honduras Cuir 

Cuando le preguntan a Dany Barrientos, el fundador del Archivo Honduras Cuir, qué es lo que ve cuando mira las 700 fotos de Abigail Galindo, no duda un segundo.

—La genealogía de la comunidad.

Dany Barrientos estudió arte contemporáneo en La Fototeca de Guatemala y tiene una trayectoria en fotografía documental y editorial. Y se inspiró en los proyectos de otros países, como el Archivo de Memoria Trans en Argentina, para contar «la otra historia»: la memoria de la población LGTBIQ+.

En los primeros meses de vida de su proyecto, escuchó de una extrabajadora sexual trans que había registrado gran parte de la década de los 80 y 90. No muchos años después de la última dictadura militar en Honduras, cuando las noches eran más largas, la policía controlaba las calles y se fundaron los primeros colectivos LGTBIQ+ en el país.

Abigail dice que el Archivo le salvó la vida. Tras un accidente con agua hirviendo, recibió serias quemaduras en su pie derecho y, por las complicaciones de su diabetes, perdió la pierna por debajo de la rodilla. La muerte, de la que se había escapado tantas veces, venía por ella. Se sentó a esperarla. Lo único que iba a dejar eran sus fotos y ahí estaba alguien que prometía cuidarlas.

— Tras el accidente, antes de la amputación, ella veía venir que algo malo le iba a pasar y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales me prestó las fotos —dice Dany.

Las fotos eran lo que estaba buscando.

El Archivo, que almacena todos los documentos relacionados a la población diversa en Honduras entre 1934 y 2015, no tiene un espacio físico. Al comienzo del proyecto, las fotografías y documentos que se habían recuperado se digitalizaban y subían a Instagram, con información que brindara contexto sobre lo que enseñaba la imagen: escenas de la cotidianidad, escenas de fiestas, cartas de amor, recortes de periódico con noticias discriminatorias, etc. Cientos de personas de la comunidad LGTBIQ+ de Honduras, empezaron, por primera vez, a ver su historia reflejada. Meses después de inaugurada la cuenta de Instagram, comenzaron diversos conversatorios en vivo donde se narraba la historia detrás de cada foto y las vidas detrás de cada nombre.

“Aquí tenemos una historia propia”

Grecia Ohara, activista trans y defensora de los derechos de la población LGTBIQ+, resalta la importancia del Archivo Honduras Cuir para la comunidad diversa del país. Permite recordar las vidas, las luchas y el trabajo que las generaciones pasadas hicieron para avanzar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos en Honduras. Pero, además, señala el cómo ayuda a construir una identidad LGTBIQ+ nacional.

—Siempre que aquí pensamos en derechos LGTB estamos consumiendo lo internacional: lo de Estados Unidos, lo mexicano, lo del sur del continente  —dice Grecia—. Aquí también tenemos una historia propia. Pongamos personas hondureñas, nuestra personas a quienes reconocemos como líderes para que, como comunidad, podamos sentirnos identificadxs con nuestra propia gente y con nuestro propio contexto.

Es por esa construcción de la identidad LGTBIQ+ hondureña que Dany Barrientos destaca el trabajo fotográfico de Abigail Galindo. Su colección de fotos, dice,  revela una fluidez en la mirada, soltura con el uso de la cámara y una pulsión por retratar las cosas que amaba y que componían su mundo.

— Me gusta cómo se yuxtapone la mirada que tenían los grandes consorcios de periodistas como La Tribuna o El Heraldo, que también la retrataron. Y la forma en que ella se mira a sí misma —dice Dany.

Muchas de las fotos más íntimas, como las que hizo a su familia o amantes, no son parte del Archivo Honduras Cuir, pero representan una parte del cuerpo fotográfico que, quizá, permiten entender mejor la figura de Abigail Galindo más allá de su papel como representante de la población LGTBIQ+, activista trans, showgirl o trabajadora sexual.

—Últimamente tengo mucho afecto por un tramo de los archivos de Abigail que son fotos de su familia —dice Dany—. En esas imágenes que hay una nostalgia, una melancolía muy linda, no puedo evitar preguntarme qué de la identidad de Abigail se contrapone a la identidad de su mamá como un peso en contra, como una rebeldía, y qué de la persona que fue su madre ella tomó para sí.

—Si no estuvieran las fotos, ¿cómo explicarías quién es Abigail Galindo?

—Diría que es un ser humano sorprendente con una gran capacidad de sobreponerse —dice Dany Barrientos— con un una furia ardiente por dentro que lo puede consumir todo y también una generosidad increíble.

El álbum familiar 

La casa de Abigail, en un barrio antiguo de Tegucigalpa, es un museo, una tienda de souvenirs y un derrumbe. De las paredes húmedas cuelgan cuadros desteñidos y un millón de artesanías. Flores de papel, de plástico y de goma. Un atrapasueños con plumas de colores y un retrato de su madre. Sobre las repisas hay fotos de su familia, velas aromáticas que nunca han sido usadas y velas de parafina a medio consumir. Hay figuritas de porcelana y un montón de águilas del Motagua, el equipo de fútbol del que es aficionada. A la par, colocada con mucho mimo está su compañera: una Canon Sure Shot 38-60 mm.

Abigail creció con cinco hermanos mayores y un hermano menor.  Hija de José del Carmen Galindo, un soldado de la Fuerza Aérea y de Eva Soto, una costurera a quien Abigail le dedicó una parte considerable de su obra. Los retratos de Eva Soto hechos por la menor de sus hijas destacan por la naturalidad de la vida hogareña, en contraste al resto de su obra, en que el artificio y el exceso eran parte del encanto.

—Me paraba en un lugar y mi mamá estaba distraída y yo le decía «¡Mami!» y ella volteaba a ver y flash, le tomaba la foto, distraída la agarraba… Me gustó porque se las tomaba así, sin posar.

Eva era una mujer chapada a la antigua: seria, hogareña y bajo el yugo militar de su marido, soñando con más. Un día Eva, quien había llegado hasta el sexto grado, intentó seguir estudiando, pero su marido le prendió fuego a los cuadernos.

“Siempre les cae como un balde de agua fría”

La personalidad y las vivencias de su madre, más los años trabajando en las calles de Comayagüela —la ciudad hermana de Tegucigalpa, precarizada y con altos índices de violencia— moldearon a Abigail de una niña retraída y hasta pasmada en una mujer rebelde, volcánica y con un sentido del humor ácido.

—Al principio ellos no me aceptaban… como siempre ¿verdad? —dice— En todas las familias siempre les cae como un balde de agua fría. Yo digo que muchas veces no es que no nos quieren nuestros padres… lo que quieren evitar es el rechazo de la sociedad hacia nosotros. Me acuerdo de que mi papá una vez me dijo «prefiero tener un ladrón, un asesino o un marihuanero que tener un maricón en la casa».

Su padre no se enteró por varios años, y su madre, quien descubrió la identidad de su hija por un chisme, hizo lo posible por ocultarlo. Fue en vano. A los 16 años Abigail se escabullía de su casa mochila al hombro, con un vestido y tacones ocultos y se reunía con sus amigas, varios años mayores, que paraban en las esquinas.

—La primera vez solo salí a ver cómo era la cosa, acompañar a las chicas en la calle, a conocer el ambiente. Nos íbamos para los chupaderos. Siempre he sido alta, entonces nos maquillábamos como con un poquito de edad más y nos dejaban entrar. Después las cipotas me regalaron una peluca y yo me miraba al espejo y me sentía bien. Sentía que esa era yo, y no la que estaba en la casa.

23 maridos y colecciones fotográficas 

Tres círculos de luz, flashes de cámaras o luces reflectoras, rebotan en un espejo detrás de ella. En la foto de principios de los 90s está parada sobre el escenario con un bikini azul y negro y un tocado de plumas a la cabeza. Se balancea sobre un tubo, sonriente. Detrás de ella, bien oculto entre las sombras, un guardia de seguridad vigila, cruzado de brazos y con expresión de te rompo la cara: su trabajo era evitar que clientes borrachos tocaran a Abigail en sus noches de espectáculo. La imagen decora su habitación, acompañada de los recuerdos de sus mejores años.

—Ese de ahí estaba enamoradísimo de mis huesos —relata— pero yo ni en cuenta. «No podemos tener una relación amorosa aquí», le decía yo, hubiera sido peligroso.

No es que el peligro hubiera faltado, pero tampoco le faltó el amor. Uno de sus álbumes está dedicado exclusivamente a sus 23 parejas que sobreviven congeladas en el tiempo. Se recuestan despreocupados y desnudos, sonriendo a la cámara, indefensos. Ella los recuerda como “mis maridos” y 22 de ellos están muertos.

Las fotos de sus noches de espectáculo son cada una su propia historia. Durante años Abigail dominó los bares y discos «de ambiente» en Comayagüela y Tegucigalpa, donde se convertía por unos minutos en Selena o Thalía a cambio de comida y todo lo que se pudiera beber. Ganaba más con sus clientes en la calle y a pesar de tratarse de una adolescente trans de 16 años ya era una figura nocturna.

En una de sus colecciones fotográficas dedicada a esa época se le ve en fiestas y espectáculos, recorriendo pasarelas en desfiles de belleza, desfilando por las calles en un traje de palillona o un un traje de plumas durante uno de sus shows.

—No voy a decir que todo fue oscuro, gris y negro. También ha habido momentos bonitos.

En esos momentos, dispersos en el tiempo inamovible de la pequeña caja azul en que guarda sus fotos, aparece  alguien sonriendo. Un disfraz de Halloween. Ropa militar. Un hombre desnudo. El rostro de su madre. Globos de colores. Un cigarro encendido. Un corsé. Un perrito de bolso. Un amante. Una reina de belleza con su tiara. Una mujer vestida de hombre. Un bautizo católico. Dos hombres dándose un beso. Una peluca imposiblemente rubia. Un almohadón con forma de corazón. El rostro de su madre. Un bebé regordete y rosado. Un muslo con un tatuaje de corazón. Una bandera arcoíris. Una camisa que dice «El de al lado es gay». Seis mujeres vestidas de hombre. Un poster de Pamela Anderson desnuda. Un desfile de palillonas. Un sostén de leopardo. Una persona bailando. Una persona que murió de SIDA. Una persona a la que mataron. Una persona que huyó del país. Alguien que se ríe. Otro amante. El rostro de su madre.

Memorias del trabajo sexual 

No hay fotos de los clientes.

Abigail cuenta que empezó a ejercer el trabajo sexual a los 17 años. En trece años le había ofrecido el servicio a todo tipo de hombres. Profesionales, diplomáticos, políticos, militares. Querían verla bailar mientras se masturbaba, hablar de sus problemas sin ser juzgados, acostarse con alguien del mismo sexo. También estaban los que llegaban con peticiones que, tantos años después, le siguen asqueando.

Y estaban los policías, los militares.

Encontrárselos podía significar una buena paga o pasar la noche en un calabozo. A finales de los 90, cuenta Abigail, la alcaldesa de Tegucigalpa, Vilma Castellanos, ordenó que sacaran a las trabajadoras sexuales de la zona del Hotel Honduras Maya, el más elegante de la época y donde los clientes pagaban más. En este tiempo la arrestaron 25 veces acusada de escándalo en vía pública.

—Nosotras andábamos como venadas corriendo para arriba y para abajo porque no nos dejaban trabajar —dice—; a cada rato llegaban las patrullas. Una vez me llevaron a la posta de la Ulloa en una paila civil. A mí y a otras ocho. Los policías también andaban de civil pero armados hasta los dientes. Nos subieron a la fuerza, nos secuestraron. Nos llevaron por Ciudad del Ángel. Era de tierra todo eso. Estaba oscuro, oscuro, y nos dijeron: «Aquí vamos a matar a todos estos culeros» —. La voz de Abigail se estrecha hasta ser un solo hilo, monocorde, por el que las palabras se deslizan entre los dientes—. Nos abrazamos todas —sigue—, empezamos a llorar y a despedirnos. Y los policías va de reírse. Pensamos que ni modo, que sólo quedaba agarrarnos las manos para que cuando estuviéramos muertas nos fuéramos juntas. Pero empezaron a disparar al aire. Y después, ¿qué hicieron? Nos subieron al carro otra vez y nos llevaron para la posta, donde nos violaron. Mientras nos violaban, nos dijeron que nos iban a matar, que éramos unos culeros, que no valíamos nada. Que la gente ni nos iba a llorar.

De nada de eso tiene fotos, pero no olvida.

Cómo recordar

Abigail piensa en cómo quiere ser recordada. Lo piensa porque, a sus amigas, suelen recordarlas por su fin. Ella quiere que la recuerden por lo que vivió, por el arte que creó, por los retratos de sus amores y también esas últimas fotos que tomó de amigas y compañeras antes de que ellas también se convirtieran en estadística y pasaran a vivir solo en sus fotografías y en su memoria.

Aunque ya no se dedica tanto a la fotografía como antes, Abigail Galindo ha empezado a explorar nuevos intereses: escribe un libro de memorias, guía un tour del Archivo, actúa en cortometrajes y comenzó a asistir a una iglesia de Los Santos de los Últimos Días donde encontró una nueva misión: cambiar 200 años de tradición mormona.

—Me dice el obispo: «No sé cómo tratarla». Aquí en la tierra todo se vale, le respondo, así es que usted me va a decir Abigail porque es como yo me siento bien. A mí no me diga de otro modo, a menos que me vaya a dar un cheque con dinero– se ríe.

( pincha sobre las fotografías para agrandarlas )

3 de enero de 2024

Daniel Fonseca

Jorge Cabrera y Archivo Honduras Cuir

Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

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De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

• El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
• El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
• El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

(Pincha en la imagen para ampliarla)

Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Asesinatos, Azerbaiyán, Bangladés, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Italia, LGTBIfobia, México, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Personas trans, Perú, Puerto Rico, Racismo, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Violencia LGTBIfoba, Xenofobia