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Geraldine Roman ya es la primera diputada transexual de Filipinas

Sábado, 14 de mayo de 2016
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780x580-noticias-geraldine-roman-facebook-1Lo esperábamos y la ha conseguido:

«Me siento muy, muy feliz. Ha triunfado la política del amor, la tolerancia y el respeto», declara la que ya es la primera diputada transexual de Filipinas, Geraldine Roman.

En un país con un 80 % de católicos en el que la iglesia sigue siendo muy influyente, el triunfo en las urnas de Geraldine Roman, que ha obtenido más de 104.000 votos en representación del Partido Liberal, convirtiéndose en la primera transexual en el Congreso de Filipinas, es motivo de esperanza para el movimiento LGTB de Filipinas. «Estoy muy contenta, no ha sido fácil la campaña. Es una satisfacción inmensa», manifestaba al conocerse los resultados de las elecciones.

«Me doy cuenta de que la tarea será ardua debido a los estereotipos asociados al LGTB», declara esta político que a sus 49 años de edad entra en la Cámara de Representantes por su provincia de Bataan, después de que su padre, Antonio Roman, ocupara el mismo cargo entre 1998 y 2007. «Dicen que somos frívolos y que no tenemos nada importante que decir y tengo que demostrarles que se equivocan», declaraba Roman, quien se ha presentado en lugar de su propia madre, también reconocida político, que no podía repetir después de tres mandatos.

Defender los intereses de sus votantes y aplicar mejoras sociales son sus prioridades, pero también tiene la intención de revisar la ley sobre la transexualidad que lleva 16 años ilegalizada en Filipinas y desatascar un proyecto de ley contra la discriminación que lleva 9 años en el Congreso de los Diputados. «La propuesta surge para garantizar la igualdad de las personas sin tener en cuenta la raza, el género o la religión», ha declarado Roman, explicando que existe un artículo en su constitución que defiende este derecho, pero que actualmente está «muy poco definido y es muy vago».

Fuente Universogay

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Denuncian a una quincena de diócesis por incumplir la Ley de Memoria Histórica

Lunes, 13 de abril de 2015
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51708-san-lorenzo-de-el-escorial-basilica-de-la-santa-cruz-del-valle-de-los-caidosPor consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y el Franquismo

Pedirán la salida de los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y Gonzalo Queipo de Llano

Una quincena de Obispados y Arzobispados de toda España serán denunciados mañana, martes, ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener enterrados los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.

6432600701_23f3009b9cAsí lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentará este martes 14 de abril –coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República– ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.

Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas, a los que ha tenido acceso Europa Press, se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.

En el caso de Madrid, el abogado interpondrá este martes a las 11.00 horas ante el Arzobispado, situado en la calle Bailén, un escrito solicitando la retirada de la simbología de franquista y la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera que descansan en la Basílica del Valle de los Caídos. En este sentido, cita también la placa conmemorativa del fundador de la Falange Española en la basílica de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el barrio de Salamanca, en Goya, 26.

joseantonio_tumba“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica, y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos, explica el abogado, para añadir que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar estos símbolos.

 Por lo tanto, añade, el Arzobispado de Madrid, “con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, o han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.

Ranz, que pide al Arzobispado de Sevilla retirar la tumba del teniente general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra de la basílica de La Macarena, cita como precedente un caso de Alicante, donde la basílica de Nuestra Señora del Socorro eliminó una placa que contenía las palabras ‘José Antonio’, en conmemoración al fundador de la Falange.

ptquePor su parte, se ampliarán a 42 consistorios las denuncias penales por mantener estos vestigios. Entre ellos, varias denuncias se presentarán ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de sus regidores, como el de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

“Si en un tiempo prudencial no obtuviera respuesta, acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado”, advierte el abogado respecto a los obispos, para añadir que la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre este asunto en aplicación de los cánones del Código de Derecho Canónico.

Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

 

 

(RD/Ep)

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