Para Zerolo, según informa el PSOE, “es inaceptable que las autoridades españolas exijan pruebas de una situación conocida mundialmente y condenada en reiteradas ocasiones por el propio Parlamento español”. El dirigente socialista ha recordado al Gobierno las resoluciones aprobadas por unanimidad en el Debate del Estado de la Nación de 2014.

Entre ellas figuraba “instar al Gobierno español a buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas“.

También ha recordado que la Comisión de Asuntos Exteriores del 24 de septiembre de 2014 aprobó de forma unánime “instar al Gobierno a facilitar la posibilidad de admitir solicitudes de asilo del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que se encuentren en territorio español“.

Y es que Christelle Nangnou se encuentra en un  duro momento. Si el Ministerio del Interior se mantiene impasible y no da marcha atrás en la posible deportación a Camerún de esta mujer lesbiana, la estará enviando a la boca del lobo. Camerún es uno de los países africanos más beligerantes contra las personas LGTB y que menos respeto muestran por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel y, aunque solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”, aumentan las detenciones arbitrarias vinculadas a la orientación sexual. En este sentido, la FELGTB ha enviado una misiva a Interior en la que exige que “cumpla la ley” en el caso de Nangnou, a la que la policía camerunesa acusa de “lesbiana”.

“Estando en Camerún la policía fue a buscarme acusándome de lesbiana. Fue así como mi familia se enteró de mi orientación sexual. Mi propia familia me dijo que me repudiaba por ello. El asunto se extendió por toda mi comunidad de un día para otro, recibí cartas amenazantes, incluso con amenazas de muerte y por eso decidí huir”. Atemorizada por las amenazas y sin el apoyo de su entorno familiar, Christelle Nangnou decidió huir el pasado 25 de marzo. Para poder escapar, Nangnou camufló su identidad, utilizando la documentación de otra persona, pero no consiguió pasar la frontera aeroportuaria española. Emprendió rumbo a Madrid en busca de protección y en lugar de ello, se encuentra recluida en la zona de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y ya ha sufrido tres intentos de expulsión y devolución a su país. “Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Tengo un golpe en el ojo derecho, una uña arrancada, me duele todo el cuerpo y estoy mareada por todo el trajín. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida”, ha narrado entre lágrimas.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’

Christelle se encuentraba recluida en Barajas porque en el momento de su huida portaba un documento de identidad falso y a pesar de haber aportado pruebas de la persecución que estaba sufriendo en Camerún por causa de su orientación sexual, las autoridades le han denegado el asilo político. Su abogado ha explicado que han puesto sobre la mesa varios recortes de prensa de Camerún donde aparece la foto de Christelle junto con la oferta de una recompensa para quien la entregue a las autoridades para su detención por cometer “prácticas satánicas” pese a la posición del gobierno frente a la homosexualidad. “Pese a ello, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’ y que no les quedaba claro si realmente era perseguida en su país o no. Debe ser que tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea ‘creíble’”, lamenta el abogado. La defensa interpuso entonces el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional y solicitó junto a él, como medida cautelar, que Christelle no fuera expulsada hasta que se resolviera el recurso. Pero la Audiencia Nacional también denegó esa solicitud. El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha ordenado que se paralice temporalmente la expulsión. Christelle tiene hasta el próximo 17 de abril para aportar más documentación que demuestre el verdadero peligro que corre en Camerún.

Al parecer, uno de los argumentos esgrimidos por el instructor del caso para denegar el asilo político de Nangnou estaba estaba embarazada cuando solicitó el estatuto de refugiada.  Se trata de un argumento fácilmente desmontable ya que sabemos que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que esta (voluntaria o involuntariamente) se haya quedado embarazada”. La maternidad se utiliza, nuevamente, como una supuesta “prueba” de que en realidad la activista camerunesa no sería lesbiana. La misma acusación que sufre Aderonke Apata en el Reino Unido, tal y como se desprende del auto del juez John Bowers. Tanto en lo referente a Apata como a Nangnou, lo que sí parece probado es el desconocimiento de la realidad social y familiar de las personas LGTB por parte de los magistrados e instructores responsables de sendos casos. Vincular la maternidad exclusivamente a la heterosexualidad no hace sino reforzar la idea de que quien utiliza este argumentarlo ignora la diversidad familiar y afectivosexual del colectivo LGTB.

Movilizaciones sociales a favor de Christelle

Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para su expulsión, varias asociaciones y ONG por los derechos humanos se han movilizado para exigir al gobierno que proporcione asilo político a la joven camerunesa, dado el grave peligro que corre si la devuelven a su país. La propia Christelle ha hecho su petición: “Pido a Estrasburgo que no me devuelva a mi país, porque allí no voy a poder vivir. Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas. En Camerún iría a la cárcel por ser lesbiana y mi propio entorno me repudia”.

La FELGTB ha enviado una carta al Ministerio de Interior, responsable de las concesiones de asilo político, exigiéndole que cumpla la ley que ampara a Christelle Nangnou para que sea protegida en España. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha movilizado para evitar la extradición de Christelle Nangnou a Camerún. Además de presentar en el Ministerio del Interior una carta para exigirle que “cumpla la ley” en el caso de Christelle Nangnou (a la que la policía camerunesa acusa de lesbiana), la FELGTB ha pedido a los miembros que conforman la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se impliquen en el caso de Nangnou y no permitan que la devuelvan “a un país donde será excluida y posiblemente encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres”. A la carta de la FELGTB pidiendo al Ministro de Interior que cumpla la ley, se suma una acción de recogida de firmas a través de Change.org pidiendo la concesión de asilo. En el momento de redactar este post, se habían recogido más de 60. 699  firmas. La diputada socialista en la cámara autonómica madrileña Carla Antonelli es una de las muchas personas que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a la campaña.

Para la Fundación Triángulo, “la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior debe replantearse la decisión que ha tomado ante esta petición de Christelle, dado que devolverla a Camerún la condena a la cárcel, como mínimo, además de al escarnio público. Es inhumano deportar a una mujer que se sabe que está abocada a ser encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres. No podemos permitirlo”, ha afirmado José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación. En Extremadura, donde cuenta con un especial arraigo, Fundación Triángulo está además trabajando con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para instar a Interior “a que cambie su decisión de manera inminente”.

Patricia Bárcena, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado la mala praxis en cuanto a la gestión de las peticiones de asilo político en España. Bárcena lamenta que, a pesar de que la ley no exige una prueba plena de la situación de peligro, en la práctica sí que se está exigiendo. “Para aceptar la solicitud no hace falta que haya una amenaza concreta justo contra la persona demandante de asilo, sino una situación de guerra o persecución contra un grupo de gente que implica riesgo para esa persona“, ha explicado.

La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.

En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún. Cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido: dos hombres condenados a dos años y a un año de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de homosexualidad en julio de 2013, la detención de al menos tres mujeres lesbianas en febrero de 2012, cuatro jóvenes detenidos acusados de homosexualidad en enero de 2012, otros cuatro hombres arrestados en agosto de 2011. Y las detenciones siguen remontándose en el tiempo: en abril de 2011, en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables).

También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).

A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:

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Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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¿Hasta ahora era el PP quien representaba el supuesto voto católico? A este paso sólo les va a quedar la Falange y toda esa caterva de grupúsculos de extrema derecha… Por cierto, si él puede decir a sus diocesanos que no voten a tal o cual partido, ¿podrán decirle sus diocesanos que  les resbalan sus palabras?… Y a las pruebas nos remitimos…

El Obispo de San Sebastián pide a los católicos que no voten al partido popular

“Un católico no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“

Munilla: “Muchos se irán del PP tras retirar la reforma del aborto”

Lamenta la “deriva” del PP, que ha asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano”

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra el PP tras haber decidido retirar la reforma de la Ley del Aborto y ha asegurado que “muchos se darán de baja”, al igual que “un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas”.

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha lamentado que el Partido Popular haya asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano” y ha advertido de que en el marco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

En una carta publicada en la web de la Diócesis de Guipúzcoa, titulada ‘Voz de los sin voz’, Munilla califica de “decisión política” la retirada por parte del Gobierno central del anteproyecto de ley del aborto y advierte de que tiene unas “implicaciones morales muy graves”, ya que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos”.

Tras señalar que cuando lo que está en juego es “el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más”, Munilla critica que “cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas a las que se les niega el derecho a vivir“.

“Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano“, señala en referencia a la retirada del anteproyecto de ley.

En este sentido, afirma que “desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular” y subraya que “los hechos demuestran que la supuesta ‘izquierda’ es la que termina marcando el camino a la supuesta ‘derecha'” y cada vez existen menos diferencias ideológicas “reales” entre los partidos políticos, “dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género”.

“La decisión tomada por el presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del ‘mal menor’?“, se pregunta.

A su juicio, el tiempo ha demostrado que “por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor” y remarca que “la opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña”.

“De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del PNV se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular“, considera, para añadir que “hay que optar entre situar la ideología por encima de los valores morales o al revés.

Por todo ello, advierte de que los creyentes tienen un “serio problema” porque en el arco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

“Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“, insiste.

Texto íntegro de la carta pastoral de monseñor Munilla

Aborto: Voz de los sin voz

La retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.

El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta “derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente freudiano.

La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.

De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.

Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.

El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.

Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?

+ José Ignacio Munilla

Obispo de San Sebastián

Fuente Religión Digital

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