Se cumplen tres años de legislatura de Rajoy y de recortes en derechos LGTB

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La amenaza del gobierno de Mariano Rajoy de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley integral de transexualidad aprobada con la unanimidad de todos los grupos representados en el Parlamento andaluz continúa despertando asombro e indignación. Asociaciones de transexuales de Andalucía e Izquierda Unida coincidían este martes en defender el anclaje jurídico de una ley “de la que no nos moveremos un ápice”. Y es que, como bien señalaba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, “lo que es inconstitucional es no equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en el Parlamento andaluz, Alba Doblas (portavoz adjunta del grupo de IULV-CA) aseguraba que ya en su momento los servicios jurídicos del Parlamento dieron su visto bueno al texto tras un trabajo arduo en el que no se dejó ningún fleco suelto. Doblas, eso sí, reprochó a la Junta de Andalucía no haber informado “desde el minuto cero” a los colectivos y a su fuerza política de la amenaza del Gobierno central, de la que al parecer no tuvieron conocimiento hasta que se hizo pública por parte de la Junta la creación de un grupo de trabajo mixto que ponga solución a los puntos de fricción e impida el recurso. No obstante Doblas aseguró que “se tiende la mano a la Junta para que entre todos, desde esa unanimidad de partidos y colectivos que hemos abanderado la defensa de la ley, podamos trabajar unidos para contrarrestar ese chantaje del gobierno del PP y defender la soberanía del Parlamento y del pueblo andaluz”. En este sentido, Doblas se mostró dispuesta a aclarar todas las dudas del gobierno, pero añadiendo que “no hay nada en este texto que pueda ser recurrido”.

Alba Doblas añadió, en referencia al PP (que apoyó la ley en Andalucía) que “una vez más se demuestra el nulo papel del PP andaluz ante el Gobierno de la nación” en tanto “el Gobierno de Rajoy ha demostrado que no le importa ni la unanimidad de la Cámara andaluza ni la opinión del PP andaluz”.

Mar Cambrollé, por su parte, tras agradecer la actitud de IU, aseguro que “nos sentimos molestos, también las familias de menores, por habernos enterado por el BOJA [Boletín Oficial de la Junta de Andalucía] y por la prensa y no por la Junta, de estas intenciones del Gobierno de Rajoy”. Para la presidenta de ATA, en cualquier caso, “lo único que hay inconstitucional es no reconocer el libre desarrollo de la personalidad del menor, el interés superior del menor, el derecho a la propia imagen, al honor y la dignidad de los menores” por lo que “inconstitucional es no querer equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”. Cambrollé dijo sentirse tranquila ”porque lo único que puede hacer el PP es el mismo ridículo que con el matrimonio igualitario” en tanto “se opone a cualquier avance en derechos civiles”.

María Orellana, vicepresidenta de la asociación de madres y padres de menores transexuales (Chrysallis Andalucía), recordó por su parte que “no pedimos que nuestros niños sean más que el resto de niños, sino que sean iguales” e invitó a los que tengan dudas a “venir a conocer la realidad de esos menores”.

Daniel González, coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA (ALEAS Andalucía), destacó finalmente que la fortaleza de la ley radica precisamente en que el texto original surgió del propio colectivo transexual y este estuvo presente en el proceso hasta el final, por lo que considera que la actitud del gobierno de Mariano Rajoy es, en último término, “un chantaje al colectivo de transexuales de Andalucía”.

PSOE-A y la Junta de Andalucía se mantienen firmes en la defensa de la Ley d Transexualidad

Por otra parte, la Junta no va a “cambiar de posición” sobre la ley en el grupo de trabajo que va a crear con el Gobierno de la Nación para proponer una solución a las “discrepancias” expresadas por el Ejecutivo central sobre varios artículos de la normativa.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo ha insistido en que las “discrepancias” que puedan existir por parte del Gobierno de Rajoy sobre varios aspectos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales no van a suponer “ningún cambio” en la posición del PSOE-A ni tampoco del Gobierno andaluz.

Asimismo, ha dicho que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario”, ya que, según ha explicado el socialista, es el paso previo que siempre se da cuando el Gobierno de la Nación plantea la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha subrayado Cornejo.

Gobierno y Junta decidieron poner en marcha este órgano el pasado 15 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según recoge un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En dicho acuerdo, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” en relación con los artículos 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4 de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Estos artículos regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la “identidad de género manifestada” por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores “con disconformidad de su identidad de género” a “utilizar libremente el nombre que hayan elegido” o la inclusión en la “cartera básica de servicios” sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.

Fundación Triángulo Andalucía lo considera una “desvergüenza”

También Fundación Triángulo Andalucía se ha pronunciado, denunciando que el PP actúa una vez más contra el colectivo LGTB “apurando los plazos, dilatando los procesos y generando indefensión y malestar en todas las poblaciones trans de Andalucía y del resto del estado español”. “No es nuevo, ya lo hizo en 2005 generando una situación de desamparo legal durante 8 años a todas las parejas del mismo sexo, y, por ende, sus familias a raíz de la ley de matrimonio igualitario; para después demostrarse lo que ya se sabía, que era legal. Pero durante 8 años mantuvo un recurso que para siempre quedará como el de la vergüenza”, expresa en un comunicado.

“Pero la desvergüenza de este partido en esta ocasión es incluso mayor, ya que todo apunta a que volverá a repetir la jugada, pero, ahora con la singularidad de que los diputados y las diputadas populares en el Parlamento andaluz votaron a favor de dicha ley. Cinismo en estado puro”, ha declarado Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía, que considera que “la utilización torticera de la Constitución del 78 y del Tribunal Constitucional ha sido sin duda lo que más ha debilitado a este país, y eso se lo tendremos que agradecer al Partido Popular”.

Triángulo Andalucía pide al PP explicaciones sobre “como puede ser que un día voten a favor y al día siguiente piensen que 6 artículos que apoyaron son anticonstitucionales”. “O hacen muy mal su labor parlamentaria o simplemente no piensan en Andalucía y sus ciudadanos, sino en los intereses de los lobbies ultraconservadores que, una vez más, demuestran el poder que tienen en el PP”, concluye la nota.

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“No se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo”. Así se expresaba Luciano Alonso, consejero andaluz de Educación, cuando presentaba el pasado mes de junio el protocolo de actuación para menores transexuales que deberán seguir los colegios e institutos financiados con fondos públicos. En este sentido, más de 30 familias andaluzas, con hijos transexuales que no han alcanzado la mayoría de edad, se han reunido este fin de semana en Sevilla. El objeto de la cita ha sido analizar el nuevo contexto legal, tras la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad, y manifestar la necesidad de apremiar la aprobación de la orden que obligue al cumplimiento del citado protocolo de actuación en todos los centros públicos y concertados de las diferentes etapas educativas de la comunidad autónoma.

El verano comenzó con buenas noticias para el colectivo LGTB de Andalucía, ya que el Parlamento regional aprobaba la proposición de ley para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA. Una relevante noticia en materia de igualdad y de derechos, fruto del esfuerzo y de la lucha del activismo de las organizaciones trans andaluzas. Solo unos días después de la aprobación de la ley, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunciaba el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

La finalidad del protocolo es poder establecer las oportunas orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual, así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. La norma, entre otros aspectos, recoge la necesidad de que el centro acuerde con la familia el nombre con el que dirigirse al alumno, además de respetar su libre elección de la indumentaria y el uso de los aseos en función de su identidad.

Por todo ello, ahora que se acaba el verano y comienza un nuevo curso escolar, ATA Sylvia Rivera (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la organización Chrysallis Andalucía, han celebrado una reunión en Sevilla, con más de 30 familias con menores trans, para exigirle a la Junta que acelere la tramitación de la orden para que el protocolo de actuación pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera, ha expresado sobre esto que “el libre desarrollo de la personalidad  y el respeto a la identidad de género de los menores trans, no pueden depender de la ‘gracia’ y la ‘voluntad’ de los centros educativos”. Por este motivo se justifica la “urgente la aprobación de la Orden que  obligue a su cumplimiento y convierta  el carácter ‘graciable’ que actualmente presenta este protocolo en un ‘derecho’ para todos  los menores trans de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, se ha lamentado de que el procolo no esté ya vigente, porque este hecho ha provocado “algunos problemas de desinformación a nivel de Centros y de toda la comunidad educativa” que, además, está generando “un gran desgaste  para estas familias”. En el encuentro entre familias y entidades LGTB también han partidipado la diputada de Izquierda Unida Alba Doblas, miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, y Juan Gavilán, antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga.

Impedir casos como el de la niña discriminada en Málaga

La ley integral de transexualidad en Andalucía es la tercera de estas características que se aprueba en España, tras las de Navarra y Euskadi, aunque es sin duda el marco legislativo más amplio y ambicioso que se desarrolla en una cámara autonómica, a falta de una norma de carácter estatal que garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su territorio de origen o de residencia.

Meses antes de la probación de la ley andaluza y del anuncio por parte de la Junta del protocolo de actuación en los colegios e institutos públicos y concertados, asistimos a lamentables sucesos tránsfobos como el de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género. La familia de Gabi deció llevar el caso ante los tribunales, basándose en que el centro ignoró los informes y “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente”. El colegio, además, se jactó de que, con independencia de cualquier informe, “nunca trataría a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

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El Parlamento de Andalucíaaprobó este miércoles y por unanimidad la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una normativa integral que busca dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio, que desde 2007 permite la legislación estatal. El proyecto, tercero que se aprueba en España de estas características (tras los de Navarra y Euskadi) es de todo ellos el más ambicioso, al recoger sin matices como principio fundamental el del derecho a la libre autodeterminación de género.

La nueva ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo. Situaciones tan lamentables como las vividas hace unos meses, cuando una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado en Málaga que se negó a respectar su identidad de género, tendrán mucho más difícil volver a repetirse una vez se proceda al desarrollo reglamentario de la ley.

Con la aprobación de la ley culmina un proceso que ni mucho menos ha estado exento de dificultades. Mucho han luchado los colectivos trans andaluces, huelgas de hambre incluidas, para ver este sueño hecho realidad. Pero por fin, después de más de un año y medio de debate, vacilaciones, esperas, discusiones, enfados y tensión, hace pocas semanas se producía el acuerdo de los tres grupos del Parlamento andaluz: los dos proponentes y el PP, que ha querido sumarse al proceso de discusión en su fase de tramitación parlamentaria y ha votado finalmente a favor de la ley. Una actitud que por cierto contrasta con la que ese mismo partido ha mantenido en la Asamblea de Madrid (donde hace pocas semanas se negó a tramitar un proyecto similar presentado por el grupo socialista).

¿Actuará ahora al Congreso de los Diputados?

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que fue luego aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU), si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales y a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

Curiosamente, también en Andalucía se ha hablado de elevar este tema a las Cortes, aunque el punto de partida es distinto: aquí ya hay una ley que protege y reconoce sus derechos a las personas transexuales en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, que es muy amplio. Lo ha hecho la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha anunciado que su formación va a presentar esta ley integral en forma de proposición de ley en las Cortes y ha pedido al resto de los grupos que la apoyen “con el mismo ímpetu” que en Andalucía para que pueda ser extensible al conjunto del Estado.

Merece la pena recordar que también el Parlamento canario ha llegado recientemente al acuerdo unánime de admitir a trámite un proyecto similar.

Un paso más en la larga lucha por la despatologización

La ley andaluza, además de su importancia práctica a la hora de luchar contra la discriminación, supone un paso muy significativo en la larga lucha por la despatologización de la transexualidad. Y es que hasta la fecha son todavía muy pocas las iniciativas legislativas que incorporan de forma plena ese principio. La pionera fue sin duda la magnífica leyaprobada en 2012 por Argentina, que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un ejemplo que hace pocos días seguía Dinamarca.

España, aunque dio un gran paso en 2007 con la aprobación de la ley que permite la modificación registral del sexo sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de cirugía de reasignación (sigue siendo de hecho una de las más avanzadas de Europa en esa materia) sigue manteniendo sin embargo el requisito del diagnóstico previo y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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En relación con las enmiendas del PSOE-A se ha aprobado suprimir tres artículos incluidos en el apartado de la ley que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales.

Cuatro horas y media que fueron “bien aprovechadas”, según ha declarado la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas. Doblas ha explicado que el texto ha incluido la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha afirmado. En aras del acuerdo también ha habido varias enmiendas que se han quedado fuera, aunque los grupos las consideran secundarias. El texto será previsiblemente debatido en el último pleno de este mes de junio (jueves 26). Una excelente forma, sin duda, de celebrar el Orgullo LGTB en Andalucía.

Según ha apuntado la parlamentaria, el texto del proyecto de ley ha sido mejorado incluyendo la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones, aunque muchas de ellas han sido transaccionadas. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha destacado.

IULV-CA ha renunciado a varias de sus enmiendas registradas. Una de ellas por entender que suponía una “desautorización” del sistema médico. En concreto, se pedía que en procedimientos de asistencia a los transexuales no podrán incluirse terapias aversivas o que supongan un intento de anulación o menoscabo del derecho de autodeterminación de género.

También se ha renunciado a la disposición adicional que se demandaba, en relación a la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de esta ley, que se reuniría periódicamente y contará con la participación de la Junta y de las organizaciones de transexuales. El grupo ha considerado que esta enmienda “no aportaba nada”.

Entre las enmiendas que sí han salido adelante de IULV-CA, destacan que los medios públicos promuevan el conocimiento de la realidad transexual, o la creación de programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.

Entre los cambios introducidos a la ley, destaca la supresión, a iniciativa del PSOE, de tres artículos incluidos en el apartado que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales, con el objetivo de desarrollarlos en un reglamento que se aprobará con posterioridad. Se mantiene en el texto, sin embargo, el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole, y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Si bien, continúa en el proyecto de ley el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole; y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Uno de los tres artículos suprimidos se refiere a que la administración quedará obligada a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para garantizar que en todos los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

El segundo de ellos, recogía que cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.

En el último, se incluía que la Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos y bases de datos de la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, Alba ha explicado que las enmiendas del PP-A que han sido rechazadas son las relativas a “ampliar la cartera de servicios”. Según ha manifestado, es inviable incrementar desde la Junta de Andalucía estos servicios, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “no nos deja margen económico para ello”.

Una vez aprobada, la ley será la más avanzada de las aprobadas en Europa en esta materia. Permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Nuestra felicitación, en este punto, a los colectivos trans andaluces que tanto han peleado por sacar adelante este proyecto, huelgas de hambre incluidas.

Canarias, muy posiblemente la siguiente

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi. La ley andaluza sería la tercera, pero no será previsiblemente la última. Hace solo dos semanas el Parlamento canario aprobaba, también con la unanimidad de todos sus grupos, admitir a trámite un proyecto similar.

Pero no Madrid

La que no tendrá por el momento ley integral de transexualidad es la Comunidad de Madrid, donde el PP, que dispone de mayoría absoluta, se negó hace pocas semanas a tramitar el proyecto presentado por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid pese a haber dado señales de que sí lo haría en los días previos.

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que era aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU) la semana pasada, si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales. El PP también se negó a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

En definitiva, Madrid se queda sin ley integral de transexualidad, aunque se hace un llamamiento al gobierno central a promover una ley de alcance nacional. Está por ver que tenga un resultado práctico…

Insertamos a continuación la reveladora intervención de la diputada socialista y activista transexual Carla Antonelli en el pleno de la Asamblea en el que se debatió la proposición:

Fuente Dosmanzanas y  Cáscara amarga

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Por fin hay luz al final del túnel para las personas transexuales en Andalucía. Por primera vez, las diferencias entre las sensibilidades políticas se diluían en el Parlamento y, en la sesión de ayer, todos los grupos se han puesto de acuerdo para dar el visto bueno a la proposición de la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género. El futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. De hecho, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

Esta proposición de Ley, que había sido presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA y en la que se ha tenido en consideración las aportaciones de los colectivos de personas transexuales a través de las asociaciones “Autonomía Trans” y la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, se encuentra en su fase constitutiva cuya aprobación esta prevista para el mes de junio.

Durante el debate en el Pleno, la diputada del PSOE-A, Soledad Pérez, ha manifestado: “No es una ley que dé derechos, sino que es una ley que solo da un derecho, el de autodefinirse”, quien ha recalcado que se pretende acabar con la “discriminación” que sufren actualmente estas personas.

Por su parte, la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, ha opinado que la sociedad tiene una “deuda” con estas personas, que hoy no eran “beneficiarias de la igualdad”. Ha señalado que las administraciones públicas tienen la obligación y el deber de remover los obstáculos que dificultan e impiden la igualdad.

En nombre del PP ha expuesto su postura la diputada y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, quien ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que “no tengan la tentación de excluir al PP-A” de las reivindicaciones de este colectivo porque se trata “de un problema exclusivamente de derechos humanos, del más básico de todos, del derecho a la vida completa”, algo que su grupo respalda y apoya. En su opinión, el objetivo de la normativa deben ser, entre otros, los de “recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior” y “desmitificar la operación de sexos”.

Entre las principales cuestiones que recoge la proposición destaca la creación de una tarjeta identificativa para este colectivo que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. No sustituye al Documento Nacional de Identidad (DNI) y servirá para acreditarse ante las administraciones andaluzas mientras que se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal.

De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera celebra que, la lucha por los derechos de las personas trans haya apartado diferencias políticas e ideológicas: “Este nuevo paso que Andalucía da en avances sociales supone un nuevo horizonte para miles de jóvenes y adolescentes transexuales que vivirán un futuro sin tener que enfrentarse a la discriminación en los centros escolares, institutos, universidades y sobre todo porque podrán tener una atención sanitaria normalizada sin segregación y sin la continua sospecha de ser “enfermos mentales”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera”, quien a continuación afirma, “la igualdad no es un derecho condicionado porque de ser así, no es igualdad”.

Fuente Ragap

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Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

En relación al protocolo específico para estos casos, la Junta manifiesta ser consciente de que los factores implicados en este tipo de casuística (psicológicos, de salud, de educación, de igualdad, de justicia) aconsejan la creación de una comisión interdisciplinar e interinstitucional.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha subrayado su disposición a desarrollar un protocolo específico de actuación a ejecutar en colegios con la presencia de menores transexuales, después de que a inicios del presente curso escolar se registraran problemas de adaptación de algunos de ellos en distintos centros educativos.

Así lo asegura el consejero del ramo, Luciano Alonso, en una respuesta parlamentaria tras una pregunta formulada por la diputada de IULV-CA Alba Doblas, en la que apunta como causa de la inadaptación a la negativa de algunos directores, “e incluso algún inspector“, a aceptar la identidad de género de varios de estos alumnos, situación ante la cual la Asociación de Transexuales de Andalucía propuso a esta Consejería la elaboración de un protocolo de actuación.

En su respuesta, Alonso recuerda que estos casos tienen ya cobertura legal, con lo que “la normativa actual es o debe ser suficiente para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de identidad de género en el sistema educativo público andaluz”.

De esta manera, la Consejería se remite a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, que incluyen preceptos, principios y objetivos que son “conculcados” cuando en un centro se produce un trato vejatorio, discriminatorio o de imposición de creencias religiosas con cualquier alumno o alumna que defiende una identidad de género concreta. “Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe con claridad ese tipo de conductas“, especifica.

Dada la existencia de protocolos en casos de maltrato infantil, casos de violencia de género en el ámbito educativo y acoso escolar, Alonso manifiesta que para abordar de manera específica el tema de la transexualidad la Consejería está pendiente de una norma legal que se tramita en la actualidad, la Ley para la no discriminación por motivo de identidad y de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que sentará los principios generales del Ejecutivo autonómico al respecto.

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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Cuenta Dosmanzanas que ha sido Registrado por fin en el Parlamento andaluz el proyecto de ley integral de transexualidad. Un proyecto que, tras un largo y complicado proceso, integra reivindicaciones históricas de los colectivos trans y aspira a convertirse en una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea por lo que se refiere al principio de autodeterminación de género y al respeto a la identidad de los menores transexuales. Aspecto este último especialmente necesario a la luz de episodios de discriminación como el que está viviendo una menor en un colegio de Málaga.

Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones que gobiernan la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz e IULV-CA, registraron el proyecto este jueves. Lo hicieron acompañados de la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, que dejando atras las críticas a versiones anteriores del proyecto se felicitó de que se hubiera alcanzado un consenso entre las formaciones políticas y los colectivos trans. “No se trata de una ley de privilegios, sino de una normativa que garantiza la no discriminación y la igualdad. Ole Andalucía y ole el Gobierno andaluz”, declaró. Cambrollé ha pedido al PP andaluz que se sume al consenso durante el proceso de tramitación parlamentaria si no quiere quedar “retratado” como un partido que antepone la ideología a los derechos humanos.

La futura ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad autónoma, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Ello se articulará a través de la creación de una tarjeta identificativa que se podrá presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo la educativa y la sanitaria. Dicha tarjeta no entrará en competencia con el Documento Nacional de Identidad, cuya emisión es competencia estatal, en el que para modificar los datos deben seguirse los trámites que marca la ley nacional de identidad de género (que data de 2007, y que aunque sigue por delante de buena parte de las legislaciones europeas mantiene la patologización de las identidades trans al exigir un diagnóstico de “disforia de género”). Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi.

Satisfacción de los partidos

El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, y especialmente por las diputadas Alba Doblas (IULV-CA) y Soledad Pérez (PSOE-A). Jiménez ha destacado especialmente el avance que supone el proyecto en materia de derechos de los menores transexuales. El diputado socialista ha lamentado el retraso en la presentación de proyecto, aunque también ha defendido que ahora el texto cuenta con suficientes garantías jurídicas como para resistir un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

También IULV-CA ha mostrado su “enorme satisfacción”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, ha destacado que Andalucía se convierte en un territorio puntero en Europa con esta normativa. “Ante una ola de demolición de derechos por parte del Gobierno del PP, Andalucía da diez pasos adelante en su defensa”, ha señalado. Desde ALEAS Andalucía (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA), que ha colaborado estrechamente con los colectivos trans para impulsar el proyecto, se ha insistido no obstante en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” de diálogo durante la tramitación parlamentaria para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible.

Un proyecto imprescindible, a la vista del caso de Málaga

La casualidad ha querido que la noticia prácticamente coincida en el tiempo con la decisión de  fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

Habrá que estar muy atento a los pasos que sigue ahora el contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto. La asociación de madres y padres del centro, que apoya su postura discriminatoria, ha asegurado sin embargo que por el momento ni el centro ni la fundación han recibido notificación del expediente administrativo.

Puedes descargar el proyecto en su integridad, ya sea desde la web del PSOE-A (pinchando aquí) o de ALEAS Andalucía (pinchando aquí).

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