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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rumanía por no reconocer a dos hombres trans si no se sometían a cirugía de reasignación

Miércoles, 27 de enero de 2021
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Tribunal-de-EstrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que condena a Rumanía por negar el reconocimiento de la identidad de género de dos hombres trans. Las autoridades rumanas condicionaban la modificación registral del sexo legal a una operación de reasignación genital a la que ninguno de los dos deseaba someterse. Los jueces de Estrasburgo obligan al Estado rumano a indemnizar a los demandantes con más de 25.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho a la privacidad de la que fueron víctimas.

Los dos hombres, que se encontraban en tratamiento hormonal y se habían sometido a mastectomías, solicitaron el reconocimiento de su identidad masculina ante el Tribunal de Distrito de Bucarest en 2011 y 2013. La respuesta de la justiciar rumana fue la misma en los dos casos: para obtener la modificación registral del sexo legal en los documentos de identidad y la partida de nacimiento, se requiere acreditar que la persona interesada ha pasado por una operación de reasignación de sexo. Una intervención a la que ninguno de ellos se quería someter.

El primero de los demandantes decidió finalmente transigir con el requisito y en 2017 se sometió a dos operaciones genitales. En consecuencia, en 2018 recibió un documento de identidad y un certificado de nacimiento acordes con su identidad de género. Ese mismo año, el Gobierno rumano rechazó modificar esta política de modificación registral del sexo legal. El segundo, mientras tanto, se trasladó al Reino Unido, donde obtuvo un permiso de conducción con sexo masculino. La incongruencia entre los datos de sus documentos británicos con los rumanos, sin embargo, le conllevaba problemas.

Los afectados decidieron llevar el asunto ante la justicia europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló el pasado martes a su favor. Los jueces de Estrasburgo consideran que la política de las autoridades rumanas contradice el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Los tribunales rumanos presentaron a los demandantes «un dilema imposible» entre someterse a una operación que no deseaban o renunciar al reconocimiento de su identidad de género.

El alto tribunal califica el requisito quirúrgico como «un enfoque rígido» que provocó a los dos hombres en «una posición de angustia durante un periodo de tiempo continuado y excesivo». El fallo condena al Estado rumano a indemnizarlos con un total de 25.908 euros por daños y perjuicios y los costes incurridos en el proceso. La sentencia supone un alivio para la comunidad trans del país. Según la asociación Accept, menos de 50 personas trans han conseguido el reconocimiento de su identidad de género en Rumanía. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han salido en los últimos años otras sentencias muy importantes para el colectivo como las que condenaron a Macedonia por no disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans o a Francia por exigir su esterilización como requisito para reconocer su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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El Senado de Rumanía rechaza dos proposiciones de ley de uniones civiles que incluían a parejas del mismo sexo

Jueves, 28 de marzo de 2019
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Coat_of_arms_of_the_Senate_of_RomaniaUna comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía sentencia que las parejas homosexuales han de tener igualdad de derechos

Miércoles, 3 de octubre de 2018
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200-bandera-RumaniaImportante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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El Constitucional de Rumanía consultará con la justicia europea sobre el reconocimiento de un matrimonio gay celebrado en el extranjero

Sábado, 3 de diciembre de 2016
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adrian-si-clabourn2El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso

Martes, 25 de octubre de 2016
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klaus-iohannisEl presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha efectuado unas declaraciones en las que ha defendido el derecho a la diversidad de los ciudadanos y el respeto a las minorias, además de condenar el extremismo religioso, cuando se le ha preguntado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no ha efectuado una defensa del matrimonio igualitario, ni mencionado explícitamente al colectivo LGTB, su actitud respecto a los derechos de las minorías le posiciona a una enorme distancia del habitual discurso a favor de la “familia tradicional”, del que recientemente hizo gala el propio primer ministro del país.

Rumanía está actualmente inmersa en un debate público sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Por un lado, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Tras el último aplazamiento, se espera que lo haga antes de que finalice este mes de octubre. Por otro lado, el grupo homófobo “Coalición por la Familia”, fuertemente alentado por la influyente Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir los 3 millones de firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum que prohíba constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Debido a esto, en la última conferencia de prensa ofrecida por el presidente Klaus Iohannis, el mandatario fue interrogado por su opinión al respecto. Sin ofrecer un apoyo explícito a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía, Iohannis sí que abogó por el respeto y la tolerancia hacia las minorías: “es importante reiterar algo en lo que creo”, declaraba, “que se debe volver a la tolerancia y la aceptación de los demás. No somos todos iguales, ninguno de los grupos étnicos o religiosos”.

El presidente sí que tuvo duras palabras para quienes quieren enfrentar la religión con los derechos civiles, al estimar que “es un error prestar obediencia y tomar el camino de la fe extrema. No lo apoyo. Yo creo en la tolerancia, la confianza y la apertura hacia los demás”. Es más, Iohannis considera que “el fanatismo religioso no ayuda a la sociedad. Si ser cristiano implica la tendencia hacia el fanatismo… se envía una señal equivocada”.

Quizás este alegato del presidente Iohannis a favor de la tolerancia puede estar fundamentado en su propia identidad. Él mismo es miembro de la minoría étnica de origen germano  y de la minoría luterana, si bien pertenece al Partido Nacional Liberal, muchos de cuyos miembros se han afiliado al conservador Partido Popular en el Parlamento europeo, un grupo que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos LGTB.

vlad-viski-pre-idente-de-mozaiq-rumaniaVlad Viski, presidente de la asociación de defensa de los derechos LGTB MozaiQ, considera que las declaraciones del presidente Iohannis son importantes, aunque demasiado comedidas: “Los comentarios de Klaus Iohannis son una primicia en Rumania. Por primera vez, un político importante se muestra en apoyo de la diversidad. Sin embargo, sus declaraciones no van tan lejos como quisiéramos, ya que Iohannis no especificó que se estuviera refiriendo a la comunidad LGBTI, sino que evitó el uso de una referencia directa a las personas LGBTI. El primer ministro de Rumania, Dacian Ciolos, sin embargo, ha salido hoy en apoyo de la llamada ‘familia tradicional’, lo cual es decepcionante y demuestra que la lucha de las personas LGBTI está lejos de concluir”.

A pesar de ello, según Viski la comunidad LGTB ha reaccionado a las declaraciones de Iohannis con satisfacción, mientras que los homófobos han expresado su ira. “Los partidarios de la ‘Coalición por la Familia’ han tomado una postura muy agresiva, de condena a Iohannis”, afirma el activista, “se han observado en todos los medios cientos de comentarios llenos de odio. Esto demuestra el discurso extremadamente homófobo y transfóbo que está siendo promovido por aquellos que tratan de prohibir el matrimonio homosexual en la Constitución”.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Como señalábamos, los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente.

Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conminaba a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que podía crear un importante precedente.

coalicion-por-la-familia-rumania-290x150El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía aplaza su decisión sobre el reconocimiento de un matrimonio gay celebrado en el extranjero

Jueves, 22 de septiembre de 2016
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adrian-si-clabourn2El Tribunal Constitucional de Rumanía ha pospuesto de nuevo la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. El fallo, que se aplaza al mes de octubre, podría ser determinante para el proceso de prohibición constitucional del matrimonio igualitario que tiene lugar en el país.

La pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Este martes, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conmina a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacen necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que puede crear un importante precedente, según el presidente de la sala.

El presidente de la organización LGTB MozaiQ, Vlad Viski, animó a armarse de paciencia ante el retraso en la resolución del caso y destacó como positivo que se vayan a oír de nuevo los argumentos a favor de la igualdad en la más alta instancia judicial del país. Según expertos legales citados por el Gay Star News, sin embargo, es muy probable que el Constitucional rumano rechace de todas formas la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía avala la convocatoria de un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario

Sábado, 23 de julio de 2016
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200-bandera-RumaniaEl Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

coalitiaPresentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. “Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa”, ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.

Fuente Dosmanzanas

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Más de 2.500 personas participan en el Orgullo LGTB de Bucarest mientras un grupúsculo de extrema derecha se contramanifiesta

Miércoles, 29 de junio de 2016
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Carla-Antonelli-en-el-Pride-Bucarest-2016El Orgullo LGTB de Bucarest ha reunido a más de 2.500 personas. Con una participación bastante superior a la de pasadas ediciones, el activismo LGTB ha exigido con más fuerza la igualdad de derechos. Carla Antonelli, activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, ha protagonizado una de las intervenciones, en la que animaba al activismo LGTB rumano a luchar contra el veto constitucional al matrimonio igualitario. En este sentido, hace solo unas semanas informábamos de la iniciativa homófoba de la Coalición por la Familia de Rumanía, que ha recogido tres millones de firmas para forzar al Gobierno a prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo. Como viene siendo costumbre, un grupo de parafascistas ha convocado una contramanifestación LGTBfóbica.

Las familias diversas han sido las protagonistas del Orgullo LGTB de Bucarest en su edición de 2016. Se trata de una elección de especial relevancia ante el reto de defender la diversidad, frente al posible veto del matrimonio igualitario en la Constitución del país. La organización Rainbow Families România (Familias Arcoíris de Rumanía) es una de las que ha llamado a luchar “por la familia que ya tenemos, la familia que queremos y la familia 3 millones de personas nos quieren negar”.

En la misma línea, ACCEPT, MozaiQ y PSI-Rumanía (las entidades convocantes del Orgullo LGTB de Bucarest) han advertido de que “la decisión de limitar los derechos civiles y las libertades puede dirigir a Rumanía hacia una camino radical de extrema derecha, cada vez más común en la región”. Las asociaciones igualitarias citan como ejemplos preocupantes casos próximos como los de Hungría, Polonia, Rusia o Turquía, y alertan que “vemos varias sociedades en la deriva hacia el autoritarismo”.

Las importantes reivindicaciones que activismo LGTB rumano tiene por delante han hecho que crezca la participación hasta superar el doble de la del año pasado. A la edición de 2014 apenas asistieron 400 personas, sobre todo por miedo a la fuerte LGTBfobia social existente en Rumanía.  Aquel año, la comunidad LGTB se enfrentaba a otro órdago discriminatorio: el Parlamento rumano bloqueaba una proposición de ley de uniones civiles que pretendía incluir a las parejas del mismo sexo.

Carla Antonelli: una voz del activismo español en Rumanía

La incansable activista Carla Antonelli se ha sumado a la manifestación del Orgullo LGTB de Bucarest, celebrada el pasado sábado 25 de junio en la capital rumana. Antonelli se dirigía a los asistentes para animarles a defender los derechos del colectivo LGTB, aduciendo que “son posibles, además de fundamentales, y que en España hubo un tiempo que los contemplábamos como inalcanzables”. Sobre la realidad de las personas trans en Rumanía, Carla Antonelli recuerda que solo pueden acceder al proceso sanitario de una cirugía genital tras la sentencia judicial de un tribunal y un largo periplo por todo por todo tipo de comités médicos y psiquiátricos. El cambio de la documentación solo es posible si se ha pasado por una intervención quirúrgica genital.

En su cuenta de Twitter, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid anunciaba el comienzo del Orgullo LGTB de Bucarest y se lamentaba de algunos insultos discriminatorios contra los manifestantes:

La extrema derecha vuelve a protagonizar una contramanifestación

extrema-derecha-rumana-300x188A las 12 del mediodía del sábado, poco tiempo antes del inicio del Orgullo LGTB de Bucarest, los militantes de Noua Dreapta (Nueva Derecha) se manifestaban en contra de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Tras pancartas como “3 millones reclaman la normalidad”, los parafascistas rumanos dejaron claro que apoyan la reforma constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no solo eso, los convocantes aprovecharon para “denunciar” el caso de los Barbu, la familia rumana en el Reino Unido cuyos hijos fueron dados en adopción a una pareja homosexual británica. Poco más de 100 personas dieron apoyo a estos radicales.

“Los niños rumanos no quieren caer en las manos de los homosexuales británicos ni holandeses o en las manos de los homosexuales franceses, por lo que es hora de unirse al partido Nueva Derecha, el principal promotor de los valores tradicionales de la familia”, aseguran en un comunicado.

Según el Eurobarómetro de 2015, del que ILGA se hace eco, un promedio del 58 % de los ciudadanos rumanos cree que la discriminación basada en la orientación sexual está generalizada en el país. Asimismo, el 56 % considera que la discriminación por identidad de género es habitual.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Chipre aprueba un proyecto de uniones civiles abierto a parejas del mismo sexo

Viernes, 8 de mayo de 2015
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20140603b-Gay-Pride-c-acceptLGBTCyprus-450x336-425x317Desfile del primer Orgullo gay en Nicosia

El Consejo de Gobierno de la República de Chipre ha dado el primer paso hacia el reconocimiento de los derechos LGTB aprobando un anteproyecto de ley de uniones civiles para todas las parejas. Ahora debe superar la tramitación parlamentaria.

El Ejecutivo de centroderecha liderado por el presidente Nicos Anastasiades ha dado este jueves el visto bueno a una iniciativa que persigue “traer la justicia social y responder a las necesidades de la gente”. La propuesta regulará aspectos como los derechos de propiedad, la disolución de la unión o las pensiones alimenticias; la adopción conjunta, sin embargo, seguirá excluida para las parejas no casadas. El ministro del Interior, Socratis Hasikos, ha calificado el anteproyecto de “demanda social” y ha manifestado su respeto ante las objeciones que, con toda seguridad, pondrá la iglesia ortodoxa griega, mayoritaria en el país.

Ya en 2010, un alto cargo del Gobierno del entonces presidente Demetris Christofias anunciaba que se estudiaría la posibilidad de introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en la república; una vía que no prosperó. El ejecutivo de Christofias sí aprobó, justo antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2013, un anteproyecto de ley de uniones civiles, cuya tramitación no prosiguió con el nuevo Gobierno de centroderecha de Anastasiades. El ministro Hasikos promovió entonces la redacción de un nuevo proyecto, cuya aprobación ha tenido lugar con un año de demora sobre la fecha prevista.

Que la iniciativa no haya caído en saco roto y haya superado su primer trámite, si bien con retraso, es mérito en gran parte de la persistencia de los activistas de Accept-LBGT Cyprus. Esta organización se ha felicitado por el anuncio del Gobierno y le ha pedido que apoye el proyecto también durante su andadura parlamentaria. Asimismo, ILGA Europe ha felicitado al Ejecutivo chipriota por cumplir con su promesa y aprobar una iniciativa en línea con lo estipulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la que “todas las familias estarán protegidas”.

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

En el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. Desde entonces, la situación ha evolucionado favorablemente, y el año pasado se celebró -con gran éxito de asistencia- el primer Orgullo LGTB en su capital, Nicosia. Un evento que tendrá lugar también este año, en concreto el próximo día 6 de junio.

La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía su ilegalidad (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía) hasta enero de este año, con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Se trataba del último territorio de Europa en el que la homosexualidad estaba penada.

Fuente Dosmanzanas

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El Orgullo de Bucarest se cierra con una Marcha que reivindica la diversidad

Miércoles, 11 de junio de 2014
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Orgullo-de-Bucarest-2014A pesar del mal tiempo, unas cuatrocientas personas han participado el pasado sábado en la Marcha del Orgullo de Bucarest, que servía de cierre a los actos que se han llevado a cabo durante toda la semana. El lema de la manifestación era la diversidad, siendo el principal contenido de los discursos que se pronunciaron cuando los manifestantes llegaron a la Plaza de la Victoria, declarada “zona libre de discriminación”.

La celebración del Orgullo en Bucarest ha tenido lugar apenas unos meses después de que el Parlamento rumano bloquease una proposición de ley de uniones civiles que incluiría a las parejas del mismo sexo. Por ello, los convocantes han querido nombrar a este último acto “Marcha por la Diversidad”, como reivindicación de un marco legal y social donde todos tengan cabida.

La manifestación transcurrió desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza de la Victoria sin incidente alguno. Al alcanzar durante el recorrido el edificio de la embajada de Rusia en Rumanía, algunos  manifestantes abuchearon y pitaron en su dirección, en muestra de su desacuerdo con las leyes homófobas rusas aprobadas el pasado año.

A ello quiso hacer referencia Florin Buhuceanu, director de la organización rumana de defensa de los derechos LGTB Accept, para quien Rumanía debe decidir a qué bloque quiere pertenecer. “Las políticas de los países de la Unión Europea representan un modelo funcional para fortalecer una sociedad próspera que  además es diversa e inclusiva, mientras que la clase política en Rusia y sus países vecinos genera intolerancia y homofobia“, afirmaba Buhuceanu, para concluir que, en su opinión, “Rumania y los rumanos, en la frontera entre el este y el oeste, deben elegir qué camino seguir”.

Fuente Dosmanzanas

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Chipre celebra el primer Orgullo LGTB de su historia con un éxito rotundo de participación.

Martes, 3 de junio de 2014
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PrideLogoLa comunidad LGTB de Chipre se ha volcado en la celebración del primer Orgullo de la isla mediterránea. La asistencia ha sido multitudinaria: varios miles de personas han tomado las calles de la capital Nicosia para reivindicar la igualdad, en una marcha que algunos grupos homófobos, ligados a la iglesia ortodoxa, han intentado boicotear sin éxito.

Frente a la multitud que se iba congregando en la plaza Eleftheria, el líder de la organización LGTB Accept, Costas Gavrielides, dio el pistoletazo de salida a las cinco de la tarde del sábado, agradeciendo a todos su colaboración. Muy especialmente, a los asistentes del norte de la isla (bajo ocupación turca), desde donde la asociación Kuir se unió a la manifestación. Gavrielides hizo un llamamiento a que se respeten las normativas europeas antidiscriminación porque “el derecho a la diversidad no es negociable”. La manifestación se dirigió al Parlamento y concluyó con una gran fiesta en un parque de Nicosia.

El éxito de la marcha seguro que no ha sido del agrado de la iglesia ortodoxa, que había arremetido contra la convocatoria tachando la homosexualidad de “caída en desgracia del ser humano”, “enfermedad” y “una manera no natural de vivir”. El sábado, 200 personas, incluyendo varios sacerdotes ortodoxos, se concentraron para intentar impedir la “vergonzosa” manifestación del Orgullo, pero la policía impidió que perturbaran el transcurso de la misma. Otro incidente, afortunadamente sin consecuencias graves, se produjo cuando un individuo atacó a varias hombres que acudían a la plaza Eleftheria portando banderas arco iris.

A la marcha asistieron representantes de varios partidos políticos, entre ellos el expresidente chipriota Georgios Vasiliou, de 83 años de edad. Vasiliou, que dirigió el país entre 1988 y 1993, es miembro del Consejo Europeo para la Tolerancia y la Reconciliación, una organización de lucha contra la discriminación, principalmente la xenófoba y antisemita. También estuvo presente ILGA Europa, cuya directora Evelyn Paradis calificó la jornada de “histórica” y atribuyó el éxito de convocatoria a los activistas locales. Entre ellos, el histórico Alecos Modinos, de 81 años, que luchó durante años por la despenalización de la homosexualidad en la excolonia británica, hasta conseguirlo por fin en 1998.

Este primer Orgullo ha contado además con el apoyo del alcalde de Nicosia, el independiente Constantinos Yiorkadjis, y de la embajada estadounidense, que el sábado ondeó la bandera arco iris, tal y como hiciera su homóloga española con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La manifestación culmina dos semanas de eventos culturales como proyecciones de películas, lecturas de libros y representaciones teatrales.

Una isla dividida

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

En el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía su ilegalidad (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía) hasta enero de este año, con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Se trataba del último territorio de Europa en el que la homosexualidad estaba penada.

Fuente Dosmanzanas

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