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Uruguay estudia su Ley Integral Trans que plantea compensaciones económicas

Jueves, 17 de agosto de 2017

ley-integral-trans-uruguay-696x522El gobierno de Uruguay estudia una propuesta de Ley Integral Trans para acabar con la discriminación a las personas trans y compensarles por la discriminación sufrida en las últimas décadas.

Entre las medidas hay un programa de becas estudiantiles y el pago de una pensión mensual a las personas trans nacidas antes de 1975.

El gobierno de Uruguay quiere compensar a las personas trans por toda la discriminación que han sufrido durante las últimas décadas en el país y para hacerlo acaban de proponer una ley que supondría un cambio radical en la forma en que el gobierno ve a las personas trans y les ayuda a vivir una vida con los mismos derechos que los demás.

Hace unos meses el gobierno presentaba su proyecto de Ley Integral Trans, y ahora el Parlamento la está estudiando para su aprobación. Tania Ramírez, la ministra de Desarrollo Social del país, presentó ayer una propuesta de ley que plantea tres grandes ejes sobre los que trabajar para ayudar a la integración y la igualdad de las personas trans. Por un lado, simplificará el proceso que se aprobó en 2009 para que las personas trans puedan cambiar su nombre y su género en la documentación oficial.

Las otras dos medidas son de carácter económico. Por un lado se plantea un programa de becas para mejorar la media académica del colectivo. Los datos del censo de 2016 demostraron que en el país hay 873 personas que se identifican como trans, el 75% de esas personas no acabó el instituto y una cuarta parte no tiene relación con sus familias.

Por otro lado Uruguay plantea pagar a las personas trans nacidas antes de 1975 una pensión mensual tanto para compensarles por las dificultades económicas que vivieron durante las épocas más represivas de la dictadura como para ayudarles a tener una vida digna en un mercado laboral que aún a día de hoy les sigue discriminando.

En palabras de Tania Ramírez, “las personas trans no llegan a la tercera edad; son una comunidad vulnerable a la que la policía y el estado detuvo y torturó durante la dictadura de los 70 y los 80; y esas tácticas continuaron hasta la era democrática.

Una de las activistas que ha presionado al gobierno para conseguir esta legislación es Sandra Valin, que ha explicado a la prensa cómo la discriminación que sufrió en el instituto “por ser extravagante y femenina” no terminó con la dictadura: “continuó bien entrados los 90“.

Fuente | Market Place, vía EstoyBailando

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