El gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, ha vetado una ley aprobada por ambas cámaras del estado que daba derecho a funcionarios y empresas que provean servicios relacionados con las bodas a rechazar a ciudadanos LGTB por motivaciones religiosas. McAuliffe ha criticado duramente la ley, al considerar que “aunque se formula como un proyecto de ley de ‘libertad religiosa’, esta legislación no es más que un intento de estigmatizar”.

El 12 de febrero del presente año, el Senado del estado de Virginia aprobaba el proyecto de ley 41, por un estrecho margen de 20 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. El proyecto de ley, cuyo ponente era el senador estatal del Partido Republicano Charles Carrico, permitía que quienes oficiasen matrimonios o prestasen servicios relacionados con las bodas pudieran rechazar a ciudadanos y clientes LGTB poniendo como pretexto “su sincera creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión entre un hombre y una mujer”. Eso no solo incluía a las confesiones religiosas, sino a los propios funcionarios del estado, que podrían rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, y por supuesto a todos aquellos negocios relacionados con las celebraciones nupciales.

El proyecto de ley pasó a la consideración de la Cámara de Delegados (la cámara baja del estado de Virginia), también bajo control republicano. Allí fue aprobado el 9 de marzo por 59 votos a favor y 38 en contra, por lo que fue enviado al gobernador para su promulgación definitiva.

Pero el gobernador Terry McAuliffe ya se había comprometido a vetar el proyecto de ley si era aprobado, por encontrar que no era más que “un intento de estigmatización” de las personas LGTB bajo la excusa de la protección de las creencias religiosas. Quizás por ello no hubo la misma escalada de protestas y amenazas de boicot que tuvieron lugar en estados como Indiana o Georgia. Pero el daño que pudiera hacer su aprobación a la economía del estado también estaba en la mente del gobernador, pues, según sus palabras “las empresas y los creadores de empleo no quieren ubicarse o hacer negocios en estados que parecen estar más preocupados por demonizar a las personas que por la creación de un fuerte clima de negocios”.

McAuliffe criticaba duramente el proyecto aprobado por las cámaras de su estado, por creerlo innecesario, inconstitucional y discriminatorio: “Cualquier protección legítima ofrecida por el proyecto de ley 41 es una duplicación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las demás protecciones adicionales están presentadas de tal manera que anteponen un punto de vista religioso, el que el matrimonio solo puede ser válido entre un hombre y una mujer, sobre todos los demás puntos de vista. Tal dinámica no sólo es inconstitucional, sino que equivale a discriminación bajo el pretexto de la libertad”.

Efectivamente, como ocurre en los casi 200 proyectos de ley diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos, se intenta legislar sobre la no imposición a iglesias y cultos de la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando ello ya está estipulado por la Primera Enmienda de la Constitución, por lo que es tan solo una excusa para introducir legislación claramente discriminatoria de manera mendaz.

Las asociaciones LGTB del estado, como Equality Virginia, se han felicitado por el cumplimiento del compromiso del gobernador. James Parrish, su director ejecutivo, lo expresaba con estas palabras: “El senador Carrico intentaba discriminar abierta y directamente a las parejas y familias homosexuales, con el pretexto de la libertad religiosa. Nos sentimos muy agradecidos por tener un gobernador que se opone a ello y que trabaja para hacer de Virginia un lugar más abierto y acogedor para todo el mundo, no menos”.

Aunque quienes respaldan la ley puede intentar levantar el veto del gobernador, la composición de las cámaras lo hace bastante complicado, pues difícilmente podrían alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria. Sin embargo, según avisa Equality Virginia, existen en el estado otros 9 proyectos de ley discriminatorios aún en trámite.

Fuente Dosmanzanas

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