¿Qué haría esta señora si alguno de sus 9 hijos e hijas fuera homosexual?

La asociación cristiana Profesionales por la Ética ha pedido a la Defensora del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional una ley contra la homofobia al considerar que “obliga a promover la homosexualidad en la escuela”.

Leonor Tamayo, (primera fotografía) presidenta de la asociación ultraconservadora Profesionales por la Ética, ha enviado un escrito a la Defensora del Pueblo para pedirle que recurra la ley catalana contra la LGTBfobia. Tamayo considera necesario derogar esta ley porque “presenta serias dudas de constitucionalidad, al menos en lo que se refiere a educación”.

La ley, aprobada por el Parlamento catalán, pretende promover “la acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género”, algo que para los conservadores supone incorporar “una valoración positiva de la conducta homosexual en los currículums, recursos formativos e itinerarios de formación de todo el alumnado, en los materiales escolares, en el plan de acción tutorial y reglamentos de convivencia en los centros, etc. Para Profesionales por la Ética, el hecho de promover la diversidad afectiva y sexual en el sistema educativo no obligatorio supone un acto inconstitucional porque obliga a toda la comunidad educativa a asumir este comportamiento –la conducta homosexual– como algo valioso”.

Según la asociación católica, “la promoción de la valoración positiva de una conducta es incompatible con la neutralidad ideológica exigible a los centros docentes de carácter público, pues en los mismos queda prohibida cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”. También consideran que esta ley “vulnera el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos” y piensan que la norma “afecta a la libertad de cátedra de los docentes y contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que habilita a los profesores a resistirse a cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada”. Por último, los conservadores denuncian que lo que según ellos es una “imposición de la ideología LGTB incluida en la norma catalana” vulnera el derecho de los centros docentes de iniciativa social a dotarse de un ideario, en la medida en que dichos centros quedan obligados a asumir unos contenidos que pueden ser incompatibles con el mismo”.

Fuente Cáscara amarga

Mudejarillo Homofobia/ Transfobia. Cataluña, España, Parlamento de Cataluña, Profesionales por la Ética