El PP rechaza la Ley de Igualdad de Trato y argumenta que “una concepción expansiva” de la misma “puede lesionar otras libertades”.
El proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de mayo de 2011 y la entrada en vigor estaba prevista para después del verano de 2011 pero se retrasó por el adelanto de las elecciones. La norma pretende acabar con cualquier tipo de desigualdad por razón de aspecto físico, edad, orientación sexual, raza, discapacidad, género o creencia. Al contrario que las directrices de la UE, no sólo sería de aplicación en el ámbito laboral, sino también en otros ámbitos, como el educativo.
Pero tenemos una mala, muy mala noticia… El Congreso de los Diputados, con los votos de PP y UPN, ha rechazado tramitar el proyecto de Ley de Igualdad de Trato que fue elaborado por el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero pero que el adelanto electoral no permitió aprobar. El grupo socialista lo había presentado de nuevo este martes a discusión. Para el grupo popular, el proyecto establece “una concepción expansiva de igualdad de trato que puede lesionar otras libertades”.
En esos términos se expresaba la portavoz popular de Igualdad Marta González, que se refería, en concreto, a la supuesta lesión que a su juicio el proyecto suponía a la libertad de enseñanza porque “pretende privar de subvención a los colegios de enseñanza diferenciada”. La educación diferenciada ha sido, de hecho, el elemento más destacado del debate, y no tanto a las sanciones que el proyecto preveía frente a las discriminaciones por razones de orientación sexual o identidad de género, entre otras. Hace unos días, recordemos, el Tribunal Supremo daba la razón a los Gobiernos autonómicos de Andalucía y Cantabria que habían retirado la subvencion pública a dos de estos centros (aunque el Gobierno de Cantabria dio marcha atrás después de la victoria del PP en esa comunidad), una decisión que ha causado indignación en sectores ultraconservadores y que ha llevado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a anunciar una modificación legal que blinde las subvenciones públicas a este tipo de centros, la mayoría vinculados al Opus Dei.
“A quien siga pensando que la ley es innecesaria porque el derecho ya está en la Constitución, le diré que eso no significa que la discriminación no se produzca y quien frivoliza con los destinatarios de la ley, o no conoce la realidad o está conforme con la discriminación”, explicaba por su parte la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón.
Reservas aparte sobre su contenido concreto, la proposición socialista de abrir el proceso de discusión ha contado con el apoyo de BNG, Izquierda Plural (el grupo formado por IU, ICV y CHA) y UPyD, mientras que PNV y CiU se han abstenido, básicamente por considerar que el proyecto socialista invadía competencias autonómicas.
La FELGTB había pedido su tramitación
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) había pedido expresamente en un comunicado de prensa que el Congreso abriera el debate. “La Ley de Igualdad de Trato, u otra de similares características, reduciría las ambigüedades que se siguen produciendo en el terreno de la igualdad y protegería de manera firme e inequívoca a todas las minorías sociales de la discriminación. Por eso se trata de una norma que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales que, como la FELGTB, constatan la necesidad de una legislación que verdaderamente proteja a las víctimas frente a sus agresores”, expresaba el comunicado.
“Abrir el debate sobre este tema no debería desagradar a ningún partido político ya que lo que hace esta ley es recopilar toda una serie de normativas europeas sobre igualdad que, debido a su dispersión, en ocasiones resultan poco operativas. En un estado democrático como el español una ley así, que protege a toda la ciudadanía, es imprescindible”, finalizaba.
La presidenta de la FELGTB, Boti García Rodrigo, ha resaltado “una ley como ésta resulta más imprescindible tras haberse conocido los datos que ofrece el informe sobre acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB, que mostraba como el acoso sufrido por estos jóvenes ante la inacción del sistema lleva a un 43% de los mismos a pensar en el suicidio y a un 17% a intentarlo”.
La Ley de Igualdad de Trato, u otra de similares características, reduciría las ambigüedades que se siguen produciendo en el terreno de la igualdad y protegería de manera firme e inequívoca a todas las minorías sociales de la discriminación. Por eso se trata de una norma que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales que, como la FELGTB, constatan la necesidad de una legislación que verdaderamente proteja a las víctimas frente a sus agresores.
Abrir el debate sobre este tema no debería desagradar a ningún partido político ya que lo que hace esta ley es recopilar toda una serie de normativas europeas sobre igualdad que, debido a su dispersión, en ocasiones resultan poco operativas. En un estado democrático como el español una ley así, que protege a toda la ciudadanía, es imprescindible.
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